Nueva investigación pone en evidencia las tendencias de privatización de la educación en Argentina
31 de enero de 2017
Recientemente publicada, la investigación “Tendencias privatizadoras “en” y “de” la Educación en la Argentina”, analiza y reflexiona sobre el avance de las tendencias privatizadoras en este país, abordando para ello la distribución de la matrícula entre el sector público y el sector privado, el financiamiento educativo y las subvenciones públicas a la educación privada, la gestión privada de la educación y la creciente presencia de empresas y fundaciones en el campo educativo. Asimismo, profundiza en el estudio de las tendencias privatizadoras en la formación y el trabajo docente.
Más allá de los avances de los procesos de privatización exógenos (o privatización “de” la educación, vinculada a la apertura a la participación de actores del sector privado en el campo educativo) y endógenos (o privatización “en” la educación, vinculada a la introducción de lógicas del mercado en el sistema educativo público), la publicación destaca: la falta de transparencia y monitoreo en materia de subsidios públicos a la educación privada; el debilitamiento de lo público como espacio de materialización de derechos y construcción de ciudadanía; cómo se ha venido acentuando la gestión privada de lo público y el rol subsidiario del Estado; y las “re-configuraciones del derecho a la educación desde los procesos de individualización y mercantilización de lo social”, instaurando una perspectiva de la educación al servicio del mercado y erosionando en consecuencia, la concepción de la educación como derecho humano fundamental.
La investigación se llevó a cabo desde el Instituto de Investigaciones Pedagógicas Marina Vilte, de la Secretaria de Educación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), bajo la coordinación general de Miguel Angel Duhalde y Myriam Feldfeber.
Acceda a la publicación: Tendencias privatizadoras “en” y “de” la Educación en la Argentina
Brasil: Justicia suspende llamado a organizaciones de la sociedad civil para la gestión de escuelas públicas en Goiás
19 de enero de 2017Con informaciones del Ministério Público de Goiás
A pedido del Ministerio Público de Goiás, la jueza Eliana Xavier Jaime determinó la suspensión del proceso del llamado Público (Edital de Chamamento Público nº 3/2016, en portugués) para la selección de organizaciones de la sociedad civil (OSs) con el fin de que asumieran la gestión de 23 centros escolares de la red pública estatal de Anápolis, ciudad del estado brasileño Goiás.
La decisión se fundamenta en la falta de acatamiento del Gobierno del Estado de Goiás y de la Secretaria de Estado de Educación, Cultura y Deporte (SEDUCE) a las recomendaciones emitidas por el Ministerio Público del Estado de Goiás, el Ministerio Público Federal y el Ministerio Público de Cuentas junto con el Tribunal de Cuentas del Estado de Goiás, en relación al documento del llamado público para la selección de organizaciones de la sociedad civil.
Los principales cuestionamientos que surgen de estas recomendaciones, apuntan a la ausencia del principio de gestión democrática de la educación, la posibilidad de un uso indebido de los recursos del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de la Valoración de los Profesionales de la Educación (FUNDEB), el plazo excesivo de los contratos (12 años en total, cuando para el caso de licitaciones se prevé un plazo máximo de 5 años), además de la ausencia de la debida acreditación e idoneidad de las OSs hasta entonces seleccionadas.
La jueza expresó que aunque los contratos de gestión no sean sometidos formalmente a licitación, “se deben llevar a cabo de forma pública, impersonal y por criterios objetivos, como consecuencia de la incidencia directa de los principios constitucionales que rigen la administración pública”.
Asimismo señaló que el poder público debe realizar un procedimiento objetivo de selección entre las organizaciones sociales calificadas en su ámbito de actuación y que las referidas instituciones deben poseer todos los requisitos legalmente exigidos.
Para el caso de no cumplimiento de esta decisión, la jueza fijó como sanción el pago de una multa diaria de R$ 1 mil (unos 310 dólares por día) a ser pagados directamente por la titular de la SEDUCE, Raquel Teixeira.
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