Mirada crítica sobre el transporte escolar como brecha educativa
19 de abril de 2023La garantía del derecho humano a la educación va de la mano de las condiciones que sustentan el acceso y la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. En las zonas rurales una de las situaciones que representa una amenaza para que niños y niñas puedan asistir a los centros educativos es el transporte escolar, esto se traduce no solo en el propio servicio de traslado para la ida y el retorno, también que el mismo debe constituir, al igual que la propia escuela, un espacio seguro y libre de violencia.
La responsabilidad de las diversas instancias del Estado para planificar y coordinar acciones que garanticen el transporte escolar se ha visto con múltiples deficiencias en Colombia, profundizado en las zonas rurales.
Algunas alternativas para solventar el riesgo de exclusión educativas son analizadas en el artículo de opinión realizado por Katherine Tovar Briñez y Edwin Tovar Briñez, docentes con licenciatura en ciencias sociales por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, titulado “La brecha educativa rural: Apuntes críticos sobre el transporte escolar en Colombia”.
En el artículo se afirma que “según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) del 2016, titulado Bienes y servicios públicos sociales en la zona rural de Colombia: brechas y políticas públicas, la falta de una mancomunidad entre las entidades responsables por el transporte escolar ha dado lugar a varias problemáticas en las áreas rurales, como la duplicación de rutas, la falta de vehículos adecuados y la subutilización de recursos disponibles, así como la ausencia del servicio cuando se requiere”.
Lee el artículo publicado en Rebelión.
Isaac Ruiz, Marcha Global contra el Trabajo Infantil: Educación y prevención del trabajo infantil, una relación de ida y vuelta
5 de abril de 2023“Garantizar que niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar de todos sus derechos, que tengan una educación pública gratuita y de calidad, y que estén en la protección de realizar cualquier trabajo que pueda perjudicarlos o entorpecer su desarrollo” este es el trabajo de la Marcha Global contra el trabajo infantil, red de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, gremios de docentes, niños, niñas y adolescentes con competencia a nivel mundial que desde 1998 suma esfuerzos contra el trabajo forzoso y la trata. Es fundadora de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y también integra la CLADE como red regional.
La CLADE conversó con Isaac Ruiz, director de programa del Centro de Estudios Sociales y Publicaciones (CESIP) e integrante de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, sobre la iniciativa y el contexto actual de América Latina y el Caribe con relación a la lucha contra el trabajo infantil – avances y desafíos.
La educación es clave para acabar con el trabajo infantil
A través de la educación, la sociedad se vuelve más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. Según la Marcha Infantil el acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, siendo una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Un financiamiento de $39 mil millones de dólares podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños, las niñas y adolescentes para 2030.
Para el activista Isaac Ruiz, la vinculación entre educación y la prevención del trabajo infantil es de ida y vuelta. El trabajo infantil es una de las principales causas de la exclusión escolar, y a la vez las deficiencias del sistema educativo se convierten en una causa del trabajo infantil. Considera fundamental sumar esfuerzos para lograr una educación pública, universal, obligatoria y gratuita para los niños, las niñas y adolescentes sin ningún tipo de exclusión.
Cerca de 3.1 millones de niños y niñas, según el especialista, se quedaron fuera del sistema escolar. Pasada la crisis sanitaria, una parte importante regresó, aunque no se cuentan con datos precisos de quienes se quedaron a trabajar como una estrategia de sobrevivencia económica familiar, impidiendo su retorno a las clases regulares, una vez que se hiciera presencial en cada uno de los países de la región.
Las labores de cuidado como riesgo de exclusión escolar
La pandemia fue una grave crisis de derechos humanos. Con preocupación se señala que durante la pandemia los contextos domésticos de hogares se complejizaron, ya que en muchos casos aumentó el abandono escolar, de cargas y responsabilidades de cuidado por parte de niñas y jóvenes, así como el reforzamiento de tareas para la economía familiar desde el trabajo infantil, afirma Isaac Ruiz.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños y niñas, entre 5 y 17 años participa del trabajo infantil. Trabajan en labores domésticas en hogares, talleres y plantaciones. Las niñas tienen más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico, como se evidenció especialmente durante el tiempo de la pandemia.
El trabajo infantil “se define como el trabajo que priva a los niños y las niñas de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado. Se refiere al trabajo que es mental, física, social o moralmente peligroso y dañino e interfiere con su escolarización (bien por abandono, o rivalizando con carga horaria)”.
Se llama la atención sobre el trabajo que afecta la salud, desarrollo personal y/o que interfiere con la escolaridad de los niños y las niñas, con frecuencia se considera algo positivo, como ayudar a la subsistencia económica del hogar o ingreso fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.
La reducción sistemática del trabajo infantil que se había logrado antes del año 2020, vivió un rebrote con la pandemia. Isaac Ruiz menciona que pudiera tratarse de una generación perdida, ya que prácticamente durante 2 años la mayoría de las infancias estuvieron fuera de la escuela, apelando a los medios virtuales, enfrentando las consecuencias de la brecha digital.
El derecho humano a la educación como un pilar
Actuar en coherencia con un enfoque de derechos humanos implica garantizar la subsistencia de las familias, y que esto no constituya un riesgo para la exclusión escolar, así la garantía del derecho humano a la educación potencia las capacidades de niños, niñas y adolescentes, cuidando los escenarios de vulneración, especialmente de trabajo infantil.
Existen dos pilares claves para abrazar estas garantías de derechos, uno el derecho humano a la educación y el combate a la pobreza, afirma Isaac Ruiz. Al mismo tiempo exhorta a generar espacios de escucha atenta a los niños y las niñas como sujetos de derecho con perspectivas y enfoque propios.
Las demandas de la sociedad civil deben contemplar la lucha por un financiamiento justo para la educación, y políticas de protección de las infancias y juventudes con enfoques integrales, de acompañamiento y seguimiento de prevención del abandono escolar y de contextos de trabajo infantil.
Las condiciones de pobreza empeoran los entornos familiares
Los mecanismos de protección y de enfoque de derecho desde los Estados deberían fortalecer un camino de ida y vuelta entre el derecho a la educación y la lucha contra la pobreza.
En este contexto se impulsan acciones para enfrentar el trabajo infantil en todas sus formas, lo que incluye la adopción de los marcos jurídicos y tratados internacionales, así como los nacionales desde la garantía de derechos humanos. Por ello la Marcha Global acompaña los procesos de incidencia en las políticas nacionales de los países como mesas intersectoriales, comisiones de trabajo y planes de políticas públicas.
En la caracterización del trabajo infantil que ofrece el marco internacional se cuida la intención de proteger el interés superior de los niños y las niñas, especialmente en la prevención del trabajo considerado riesgoso o peligroso y que no constituya la interrupción de la trayectoria escolar.
A juicio de Isaac Ruiz, aunque exista un acuerdo promedio de 15 años, el hecho de que formas particulares de trabajo puedan o no llamarse trabajo infantil depende de la edad, el tipo de tarea, esfuerzo y las horas de dedicación.
Según el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “las peores formas de trabajo infantil incluyen todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la servidumbre, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; el uso, reclutamiento u oferta de un niño para la prostitución, para la producción de pornografía o para espectáculos pornográficos; el uso, reclutamiento u ofrecimiento de un niño para actividades ilícitas, en particular para la producción y el tráfico de drogas como se define en los tratados internacionales pertinentes; trabajo que, por su naturaleza o las circunstancias en que se realiza, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.”
Dentro de las peores formas de trabajo infantil que se constituye como delitos, se encuentra la trata de personas, bien con fines de explotación sexual, laboral u otras como mendicidad, servidumbre o matrimonio forzoso.
El trabajo doméstico es peligroso, en el análisis del especialista, en tanto que la mayoría de las veces en las legislaciones de los países de la región no está permitido para personas menores de 18 años, pero en la realidad se encubren con la figura de “ahijaditas o criaditas” que son acogidas supuestamente para apoyar en su desarrollo personal, siendo una condición de explotación frecuente en algunas comunidades.
Es importante diferenciar el trabajo rural que puede ser considerado como una actividad formativa familiar, siempre y cuando prevenga la no manipulación de productos tóxicos, cargas pesadas u horarios extendidos.
También se considera el riesgo del trabajo forzoso regularmente se hace con fines de explotación económica, la OIT reseña que al menos 26% de estas víctimas son niños, niñas y adolescentes estrechamente vinculados al trabajo infantil. Igualmente se menciona el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados.
La marcha global señala que “en todo el mundo, millones de niños, niñas y adolescentes realizan trabajos extremadamente peligrosos en condiciones nocivas que les impiden recibir una educación y perjudican su desarrollo físico, mental o social. Cada día, aproximadamente 152 millones de personas trabajan en granjas, campos, fábricas, casas, calles y campos de batalla. De estos, 64 millones son niñas y 88 millones son niños. De este total, la asombrosa cifra de 73 millones se dedican a trabajos peligrosos.”
Despedida de la entrevista: todos los derechos para que nadie se quede atrás
Para la despedida Isaac Ruiz, señala la importancia de “todos los derechos, para todos los niños y niñas, para que nadie se quede atrás” así como la consigna “más educación, menos trabajo infantil”.
Informe sobre el impacto de la pandemia en el trabajo infantil y educación
Con la pandemia, las medidas de distanciamiento evidenciaron las asimetrías existentes y las profundizaron, suponiendo un retroceso educativo que ha profundizado las desigualdades, principalmente por las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría de la población. No sólo en términos de situación económica, empleo, sino también en otros aspectos como el incremento del trabajo infantil y la violencia sexual y de género.
El informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica, publicado en 2021 por la Marcha Global Contra el Trabajo Infantil, tiene por objetivo la evaluación de los impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en Sudamérica, con siete países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, junto a la revisión de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
Sobre la Marcha Global
La marcha global ha sensibilizado sobre el trabajo infantil para abogar por la ratificación y aplicación universales de los convenios clave sobre trabajo infantil, es decir, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sus lineamientos institucionales afirman que procuran “cambiar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de las personas hacia los niños en el trabajo infantil, empoderar a una nueva generación de personas para decir no a esta forma de violencia contra los niños y promover el trabajo decente para jóvenes en edad laboral legal”. La Marcha está liderada por Kailash Satyarthi, quien es un activista de origen indio, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2014 junto a Malala Yousafzai.
La iniciativa reconoce la importancia crítica de garantizar la Agenda 2030, se ha comprometido particularmente con el logro del objetivo de desarrollo sostenible (ODS) en la meta 8.7 que consiste en “tomar medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados y para 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
Los irrenunciables para la Atención y Educación de las Primeras Infancias (AEPI)
2 de diciembre de 2022
Iliana Marina Lo Priore Infante
Doctora en Educación. Presidenta OMEP Venezuela. Comité Directivo CLADE
¡La lucha por la plenitud de los derechos de las Primeras Infancias es impostergable!
Partimos con la afirmación: “Todos los derechos de las primeras infancias son inalienables e irrenunciables”, sin embargo, existe una brecha significativa entre los compromisos establecidos por los Estados en su rol de garantes del cumplimiento de los derechos de las primeras infancias y las realidades de éstas.
Las primeras infancias en los contextos mundiales y de particular mención en la región latinoamericana y caribeña, han estado impactadas por las decisiones y acciones políticas, pedagógicas y sociales; impactos favorables cuando han constituido logros en el avance de las políticas públicas y desfavorables cuando hay omisión e inconsistencias en dichas políticas, no solo en su diseño sino en su efectivización. Siendo esto último una tendencia prevaleciente en la región.
Por ello, estamos ante una emergencia por la magnitud de niños y niñas en desprotección política y social. Más allá de los informes valorativos del estado de las primeras infancias, es evidente la embestida de desigualdades e injusticias, a las cuales ha estado sujeta esta población infantil. Si la niñez, en general, ha sido relegada, aún más lo es la primera infancia.
Estas niñeces que se asumen como sujetos históricos y sociales están siendo sometidas a abusos, maltratos, explotación infantil, abandonos, discriminaciones, situaciones de vulnerabilidad diversas, procesos migratorios, conflictos bélicos, y marginaciones por condiciones de discapacidad, género, religiosas, raciales, étnicas entre otras.
De este modo, se paga un precio muy alto al ser niño y niña de primera infancia en una región caracterizada por las asimetrías sociales.
Hay un abanico de razones que urge enunciar y denunciar como lo constituyen, entre otras, las insuficiencias en la inversión social y de financiamientos dirigidos a esta etapa; las ambivalencias en las políticas socioeducativas y su cumplimiento, las concepciones y acciones que fragmentan el cuidado y la educación; el insuficiente apoyo a los profesionales de la docencia y otras profesiones vinculadas a la Atención y Educación de las Primeras Infancias (AEPI); la endeble formación continua; la intermitencia en los procesos de monitoreo y acompañamiento de los planes, programas y proyectos de primeras infancias; la débil convocatoria a la participación familiar y comunitaria; el uso inadecuado de las tecnologías digitales/virtuales y demás aspectos que obstaculizan la garantía de la protección integral de nuestra niñez.
En atención a lo enunciado, no hay una única respuesta, ni recetarios, ni manuales, no obstante apremia partir del sentido común crítico para resguardar, proteger y cuidar a las primeras infancias.
Vivimos nuevos y dinámicos tiempos, contextos, relacionamientos, experiencias, incertidumbres, inseguridades, crisis que desorientan y desconciertan y que inciden en la aparición de nuevas consideraciones en torno a las infancias, las familias, la educación, la interseccionalidad, entre otros.
Ante esta situación y reivindicando la multiplicidad de experiencias y respuestas posibles proponemos los siguientes irrenunciables, asumidos como sentidos primordiales y no negociables éticamente en la defensa de las primeras infancias.
Identificar la correspondencia de las políticas públicas con los derechos y criterios de protección del niño y niña de las primeras infancias.
Irrenunciables en las políticas públicas para la atención y educación de las primeras infancias (AEPI)
- Priorizar en la agenda pública a las primeras infancias.
- La guía imprescindible para la planeación y seguimiento de las políticas públicas la constituye la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas y sus 17 Observaciones Generales.
- Resulta valioso incorporar las hojas de ruta pertinentes, como por ejemplo, las establecidas por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), específicamente el ODS4.
- Identificar la correspondencia de las políticas públicas con los derechos y criterios de protección del niño y niña de las primeras infancias.
- Repensar la concepción del niño y la niña de las primeras infancias para resignificar según los contextos socioculturales y en concordancia con las políticas públicas.
- Asumir a los niños y niñas como sujetos históricos y sociales protagonistas de su futuro en el presente.
- Reconocer la ciudadanía de las niñas y niños desde su nacimiento.
- Identificar y revisar críticamente los marcos normativos de políticas públicas dirigidas a las primeras infancias, tanto nacionales, regionales como locales.
- Definir, revisar y direccionar los planes, proyectos y programas de primeras infancias, para la garantía de su cuidado y formación integral y pertinente.
- Garantizar la igualdad y equidad de derechos humanos para la integridad dignificadora y realizadora de todas las infancias sin distinciones discriminatorias de clase social, cultura, ideología, género, raza, etnia, religión, territorio, procedencia migratoria, entre otras como: derecho a la alimentación integral, a la salud plena, a la educación reconocedora de su condición sociocultural diversa, al juego y la recreación, a su protección contra la violencia, maltrato o abuso de todo tipo, la explotación económica y la trata o tráfico de ellas.
- Considerar el enfoque de género en las políticas públicas de primeras infancias para avanzar en la superación de las discriminaciones que vulneran los derechos de niñas y niños.
- Exigir el respeto y valoración de la diversidad e inclusión en las políticas de primeras infancias, lo que implica “re-sentidizar” la diversidad con base a la dignificación de cada niño y niña.
- Valorar la efectivización de los derechos humanos de las primeras infancias.
- Asegurar la intersectorialidad o políticas intersectoriales vinculadas con las primeras infancias.
- Garantizar la participación de la niñez, profesionales docentes, familias y comunidad en el diseño y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la atención y educación de las primeras infancias.
- Monitorear y acompañar las políticas públicas de primeras infancias.
- Promover de forma consistente y continua el engranaje y articulación entre estado y sociedad civil organizada en pro de las AEPI.
- Fortalecer los órganos operativos y administrativos para la defensa y protección integral de los niños y niñas desde el comienzo de la vida.
- Crear y/o recrear políticas de protección integral para las primeras infancias, en el marco de la justicia y equidad.
- Evaluar de forma permanente las políticas públicas de primeras infancias en aras de redireccionarlas en función de sus logros e impactos.
- Evaluar la labor del Estado, los organismos rectores e instituciones garantes de la implementación como forma de contraloría social imprescindible para avanzar en la efectivización de las políticas de las AEPI.
La financiación también es una política pública, en aras de visibilizar su importancia en las AEPI, compartimos sus propias irrenunciables.
La 74ª Asamblea Mundial y Conferencia Internacional de la Organización Mundial para la Educación Preescolar - Derechos de los Niños, de julio de 2022 colocó un 10% del total de los presupuestos para las primeras infancias
Irrenunciables en las políticas de financiación para las AEPI
- Es imprescindible promover la ampliación y sustentabilidad de la voluntad política, con base en acuerdos con entes públicos y privados, para el aumento pertinente de la financiación de las AEPI en correspondencia con sus derechos humanos.
- Dilucidar la inversión social y financiación propia de las Primeras Infancias, esto pasa por precisar y defender la visibilización de esta población infantil para impedir que se diluya en la generalidad de la niñez y en otros grupos etáreos.
- Exigir el aumento y cumplimiento de los porcentajes dedicados a la atención y educación de las primeras infancias, en las diferentes escalas nacional, regional y local y en las distintas instituciones. La 74ª Asamblea Mundial y Conferencia Internacional de la Organización Mundial para la Educación Preescolar – Derechos de los Niños, de julio de 2022 colocó un 10% del total de los presupuestos para las primeras infancias.
- Crear fuentes alternativas a los estadales para el aumento significativo de la financiación de los presupuestos requeridos o necesarios para la garantía de los derechos en las AEPI.
- Ejercer la contraloría social y el seguimiento de los presupuestos, financiamiento, inversión social, que estén destinados al ejercicio del derecho a la educación de niños y niñas de primeras infancias.
- Revisar y evaluar junto con las dependencias a cargo la asignación presupuestaria periódica para ajustarlas en razón a las necesidades y derechos de las primeras infancias.
- Establecer criterios y normativas para la asignación y contraloría de los presupuestos, garantizando que la inversión se oriente priorizando la atención y las necesidades más urgentes de los niños y niñas desde el inicio de la vida.
- Exigir la realización de rendimientos públicos de las inversiones ejecutadas en las políticas para las primeras infancias, ya que constituye una de las vías para ejercer la fiscalización, orientación y optimización de la financiación de las políticas públicas para las primeras infancias.
Garantizar la integración del cuidado en la educación. Esto incluye el cuidado de sí, el cuidado de las otras y de los otros, así como el cuidado de la naturaleza.
Irrenunciables en el cuidado y la educación para las primeras infancias
- Asumir la educación de las primeras infancias desde las pedagogías críticas que favorezcan su recreación, contextualización y pertinencia.
- Proponer los cambios, reformas y transformaciones educativas en las primeras infancias atendiendo a la pluralidad de la niñez, familias y contextos y diversidad sociocultural.
- Incidir en la pertinencia de las pedagogías de las primeras infancias, y por ende en todas sus posibilidades de transformaciones. Esto pasa por revisar y reconstruir los paradigmas de actuación pedagógica del docente.
- Propiciar el desarrollo de la profesionalidad docente, concebida como actuación éticamente comprometida.
- Sistematizar y comunicar las buenas prácticas en la educación y el cuidado ecoprotector de las primeras infancias.
- Reconocer en el cuidado y educación la dignidad de la niñez con base en la promoción de las expresiones autónomas de la cultura que portan.
- Reivindicar la diversidad en las AEPI con base en la equidad e inclusión dignificadora a través de la convergencia de proyectos y experiencias variadas.
- Favorecer los procesos de construcción de las identidades y singularidades de las primeras infancias.
- Lograr la pertinencia cultural e Intercultural en los currículos que orientan las AEPI.
- Dinamizar las libres expresiones de los movimientos corporales propiciando de forma continua experiencias de juego, música, literatura, lenguaje, danza y otras.
- Garantizar la integración del cuidado en la educación. Esto incluye el cuidado de sí, el cuidado de las otras y de los otros, así como el cuidado de la naturaleza.
- Alojar las voces, los sentires, los pensares y los haceres de las primeras infancias en la cotidianidad de la atención y educación de las primeras infancias.
- Promover la participación libre de sus expectativas e intereses a través de la manifestación de sus deseos.
- Asegurar la corresponsabilidad familiar y comunitaria promoviendo la participación en los procesos de cuidado y educación.
- Favorecer encuentros éticos que dignifican a la niñez aceptando su alteridad u otredad como iguales-diferentes.
- Propiciar interacciones mediadas por la lúdica convivencial para construir entre sí sus propias normas de intersubjetividad.
- Valorar más la conectividad empática interpersonal subordinando la valoración de la conectividad tecnológica per se.
- Priorizar experiencias densas de relación social para sentir, pensar, y actuar juntas y juntos, para captar y aprender la resonancia afectual entre los cuerpos.
- Promover procesos de formación docente inicial y continua que además de integradores, contextualizados, pertinentes, críticos y propositivos, incidan en la necesidad de establecer la sintonía empática con las primeras infancias.
- Asumir el cuidado y educación como un círculo ético y social donde las experiencias de formación y cuidado de los sujetos impliquen salir de sí a un encuentro con la otra, el otro y otredades, y regresar siendo otro/a.
- Sistematizar las pedagogías potenciadoras y realizadoras del ser integral de las primeras infancias.
Y para cerrar, es clave asumir la flexibilidad para incorporar, recontextualizar y reflexionar estos irrenunciables en aras de potenciar la promoción y garantía de los derechos humanos de las primeras infancias.
La atención y educación de las primeras infancias tiene que re-crearse en función de una nueva trascendencia y la exigibilidad de los derechos que implica es una hoja de ruta decisiva.
Tendencias de las Evaluaciones en la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en América Latina y el Caribe
13 de diciembre de 2021Documento busca aportar en el debate sobre las tendencias evaluativas en la AEPI de América Latina y el Caribe que muestre la pluralidad de las infancias y la adecuación a los contextos para reorientar las políticas al respecto. Para ello, se han tomado como referencia las políticas y/o praxis evaluativas de cuatro países distribuidos en la región latinoamericana y caribeña: Argentina por el Cono Sur, Panamá por Centroamérica, Perú por la región Andina y República Dominicana por el Caribe.
Teoría en la Práctica No. 3
Año de publicación: 2020
Publicado por: OMEP
Esta tercera edición de la revista “Teoría en la Práctica” se dedica a analizar la situación de las y los educadores de primera infancia, y contribuir al empoderamiento y el desarrollo profesional de esos actores.
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La Educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años. Una mirada desde los diseños curriculares
Año de publicación: 2021
Publicado por: OMEP
Este documento es el resultado de una investigación realizada por expertas/os sobre la educación de niñas y niños de 0-2 años. Se estudió un panorama sobre la educación y las recomendaciones curriculares para esa franja etaria y se reunieron, en ese documento, las conclusiones, recomendaciones y reflexiones adquiridas a partir de la investigación.
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“Creemos que otra educación es posible y solo tendremos esa otra educación si hay otra evaluación”
10 de diciembre de 2021“Hemos querido reflexionar y también regenerar una provocación para generar alternativas evaluativas desde otras perspectivas de la educación en la primera infancia. Creemos que otra educación es posible y solo tendremos esa otra educación si hay otra evaluación”, afirma Iliana Lo Priore Infante, investigadora que realizó el documento de trabajo Tendencias de las Evaluaciones en la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en América Latina y el Caribe, organizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), con el apoyo de EDUCO, el cual acaba de ser lanzado.
Según la investigadora, para que la evaluación en la primera infancia logre analizar niñas y niños desde una perspectiva de derechos y que no sea homogeneizadora, es necesario evaluar la política pública educativa. “La perspectiva que estamos proponiendo en el estudio es que, más allá de la evaluación de niños y niñas en la primera infancia, debemos evaluar las políticas públicas. Nosotros no podemos evaluar a los niños y niñas desconociendo el contexto social, político, pedagógico, cultural, en el cual está inserto el niño y la niña y donde se desarrolla, construye, produce su conocimiento, donde despliega toda su capacidad”, explica.
>> Descarga la publicación completa: Tendencias de las Evaluaciones en la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) en América Latina y el Caribe
>> Mira a continuación la entrevista completa con Iliana Lo Priore, en la cual aborda la evaluación en las primeras infancias, el rol docente en esta etapa de vida, entre otros temas.
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El Estudio Internacional sobre Aprendizaje Temprano y Bienestar Infantil de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: ¡Ya están los resultados!
6 de diciembre de 2021
Peter Moss
Institute of Education, University College London, UK
Mathias Urban
Dublin City University, Ireland
Resumen
Este es el cuarto coloquio de Problemas Contemporáneos de la Primera Infancia sobre el Estudio Internacional sobre el Aprendizaje Temprano y el Bienestar Infantil de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y marca la reciente publicación por parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos de los informes sobre la primera ronda de este estudio. En él, los autores analizan lo que nos dicen los resultados, lo que no nos dicen y lo que podría venir después. Concluyen apoyando la necesidad de realizar estudios comparativos sobre la educación infantil, pero sostienen que el Estudio Internacional sobre el Aprendizaje Temprano y el Bienestar Infantil no es el camino por seguir.
Introducción
Después de cuatro años de trabajo de desarrollo, de realizar pruebas a 7.000 niños y de gastar millones de dólares, libras y euros, los resultados de la primera ronda del Estudio Internacional sobre Aprendizaje Temprano y Bienestar Infantil (IELS, por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se publicaron en marzo de 2020 con tres informes nacionales -uno por cada país participante (Inglaterra, Estonia y EE.UU.)-, un informe completo y un informe resumido (OCDE, s.f. b). Las principales conclusiones también se presentan en la grabación de un seminario web (EduSkills OCDE, 2020).
Para recapitular, el IELS es una evaluación transnacional de niños y niñas de cinco años en cuatro “dominios de aprendizaje temprano” (habilidades tempranas de alfabetización y aritmética, autorregulación y habilidades sociales y emocionales), basada en “historias y juegos interactivos apropiados para el desarrollo y entregados en tabletas” (OCDE, 2020a: 96) y complementados con información (antecedentes individuales, entorno de aprendizaje en el hogar, experiencia en educación y cuidado de la primera infancia, habilidades de los niños) del personal y los padres mediante cuestionarios. Este es el cuarto informe sobre el IELS con el que contribuimos a Problemas Contemporáneos de la Primera Infancia, con el objetivo de proporcionar a los lectores información y una perspectiva crítica sobre esta iniciativa tan consecuente de la OCDE (para informes anteriores, véase Moss et al., 2016; Moss y Urban, 2017, 2018). En él, analizamos lo que nos dicen los resultados, lo que no nos dicen y lo que podría venir después.
La OCDE afronta las críticas y los cuestionamientos simplemente ignorándolos.
¿Qué nos dicen los resultados?
La respuesta, en pocas palabras, es algo que no supiéramos ya: no hay nada nuevo. Al leer los informes, descubrimos que:
- Existen diferencias de género y socioeconómicas en los resultados de las pruebas: las niñas obtienen mejores resultados en la alfabetización emergente y en las habilidades socioemocionales, y los niños más pobres obtienen peores resultados en todas las medidas, lo que reitera muchos trabajos anteriores (por ejemplo, Burger, 2010; Voyer y Voyer, 2014).
- “Lo que hacen los padres es fundamental para sus hijos” (OCDE, 2020a: 12), y “los niños de familias favorecidas, en promedio, tienen más oportunidades de aprendizaje”; por ejemplo, los niños de “familias favorecidas” tienen cuatro veces más probabilidades de vivir en familias con más de 100 libros infantiles (OCDE, 2020c: 7). Esto reitera de nuevo gran parte del trabajo anterior (por ejemplo, Smees y Sammons, 2018).
- Existen diferencias en el rendimiento de los niños y niñas en los tres países, siendo los niños de Estonia los que obtienen mejores resultados en general. Estonia también “presentaba las menores diferencias entre los niños en función de su origen socioeconómico, mientras que las mayores diferencias se daban en Estados Unidos” (OCDE, 2020c: 6).
- Existen diferencias sustanciales entre los tres países participantes en cuanto a los indicadores demográficos y socioeconómicos, y también en cuanto a las políticas y la prestación de servicios a la primera infancia, siendo Estonia el país con menor población (con sólo 54.000 niños de cinco años o menos, frente a los 24 millones de Estados Unidos), pero con los niveles más bajos de desigualdad y pobreza infantil, y con las políticas y la prestación de servicios mejor desarrolladas.
- A pesar de ser un país rico y de producir abundantes investigaciones y publicaciones sobre la educación y la atención a la primera infancia, en las que se basan en gran medida los informes de la OCDE, la política y la oferta para la primera infancia en EE. UU. y las condiciones de los niños pequeños en ese país son deficientes. Por citar sólo algunos ejemplos del informe nacional de los Estados Unidos (OCDE, 2020b) la distribución de la riqueza es “muy desigual” (22); el país es “único entre los países de la OCDE por no tener derecho a un permiso de maternidad o paternidad remunerado” (24); “el panorama de la primera infancia está muy fragmentado” (26); “el cuidado de los niños es caro” (27), y sin embargo “muchos [educadores de la primera infancia] tienen sueldos tan bajos que pueden optar a ayudas económicas públicas o las reciben” (28); y “la asistencia a los programas de Educación y Cuidados de Primera infancia en centros es mayor entre los niños de familias con ingresos altos” (31).
Pero los informes, y todo el ejercicio del IELS, llevan a otras dos conclusiones. En primer lugar, si se dispone de suficiente tiempo, experiencia y dinero, es posible construir y realizar pruebas estandarizadas de niños pequeños en diferentes países; la cuestión no es si podemos hacerlo, sino por qué. En segundo lugar, al igual que a lo largo del desarrollo del IELS, estos últimos informes no hacen referencia ni responden a las numerosas y variadas reservas planteadas sobre el estudio (incluso en nuestros tres informes de coloquios anteriores); no ofrecen ninguna discusión sobre por qué tan pocos países aceptaron participar; y no ofrecen ninguna explicación ni justificación del posicionamiento paradigmático y disciplinario del IELS (que se analiza más adelante). En resumen, la OCDE afronta las críticas y los cuestionamientos simplemente ignorándolos.
¿Qué no nos dice el reporte?
La respuesta, de nuevo en pocas palabras, es un montón. Leyendo los informes, no descubrimos nada sobre:
- La justificación de la selección de los tres países participantes, cuyos niños de cinco años se encuentran en diferentes tipos de entornos (por ejemplo, la escuela primaria en Inglaterra, el preescolar en Estonia y la escuela o el preescolar en los Estados Unidos). ¿A qué preguntas útiles podría dar respuesta la comparación entre ellos?
- Cuántos niños fueron seleccionados para las pruebas en cada país, y cómo se llevó a cabo la selección de los niños en los EE.UU. – una consideración importante dado el tamaño de ese país, su estructura federal y las grandes diferencias existentes entre los 50 estados (el informe nacional de los EE.UU. se refiere vagamente a “una muestra representativa de los niños de cinco años de edad matriculados en la escuela registrada o entornos preescolares en cada país participante” (OCDE, 2020b: 19), lo que plantea más preguntas de las que responde).
- Posibles explicaciones del “comportamiento perturbador”, que, según los informes, es más frecuente en los niños que en las niñas. Atribuirlo a la “falta de autorregulación” y a la “capacidad de inhibición” individualiza un fenómeno sin ninguna indicación de posibles explicaciones sistémicas o contextuales. ¿Qué es exactamente lo que estos niños “perturban”? ¿Qué prejuicios culturales y/o de clase y limitaciones institucionales subyacen a las expectativas sobre lo que caracteriza el comportamiento aprobado (no disruptivo)?
- Cómo funcionan los sistemas generales de educación y atención a la primera infancia en cada país, ignorando así un emergente “giro sistémico” mundial y el reconocimiento de la importancia de los “enfoques sistémicos integrales”. La iniciativa Systems Approach for Better Education Results (SABER) del Banco Mundial, aunque es objeto de críticas fundamentales (por ejemplo, Klees et al., 2020; SteinerKhamsi, 2013), reconoce que cualquier programa para la primera infancia está integrado en complejos sistemas culturales, económicos y políticos, que deben tenerse en cuenta al evaluar su impacto (Powers y Paulsell, 2018). También la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte se compromete a crear “un consenso internacional sobre la responsabilidad de los gobiernos en relación con un enfoque de “sistemas integrales” para las políticas de DPI/CEP [desarrollo de la primera infancia/educación y atención a la primera infancia]” (Think20, 2019: 4; Urban et al., 2019).
- La “cultura” de la educación y la atención a la primera infancia en los tres países, que se ha descrito como “un intrincado tejido de tradiciones e influencias, teorías y conceptos, construcciones sociales e imágenes (del niño, del trabajador, de los padres, del centro), procedimientos y prácticas, que dan forma a la comprensión de lo que son los servicios y lo que constituye un “buen” trabajo en ellos” (Moss, 2018: 25).
- Cómo abordan los sistemas de la primera infancia las cuestiones relativas a la diversidad y la (des)igualdad entre los niños, las familias y las comunidades, más allá del modelo de déficit imperante en el que la diversidad se considera un problema que hay que arreglar, por ejemplo, el multilingüismo enmarcado como una deficiencia en la lengua dominante.
- ¿Qué podría explicar las diferencias nacionales en los resultados de los exámenes, por ejemplo, por qué “Estonia presenta las menores diferencias entre los niños en función de su origen socioeconómico, mientras que las mayores diferencias se dan en Estados Unidos” (OCDE, 2020a: 12)? ¿Podría deberse a que Estonia tiene un estado de bienestar más fuerte y una menor desigualdad, como sugiere el trabajo de Wilkinson y Pickett (2009)? En términos más generales, el informe completo no contiene ningún capítulo final que ofrezca un debate y conclusiones.
- Cómo podría ocurrir realmente la justificación declarada por la OCDE para el IELS, según la cual “los países avanzarán más rápidamente en la mejora de las experiencias de aprendizaje temprano de los niños si son capaces de aprender de otros países y sistemas” (OCDE, 2020a: 26). ¿Cómo y qué podrían aprender los países de la primera ronda del IELS? Por ejemplo, ¿qué podría aprender Inglaterra de Estonia y viceversa? ¿Cómo podría el Departamento de Educación federal de EE.UU. informar al Presidente Trump?
Es inquietante ver cómo el IELS forma parte de un vasto proyecto de la OCDE: una creciente red de evaluaciones internacionales a gran escala que miden el rendimiento educativo nacional aplicando indicadores comunes y descontextualizados.
¿Y ahora qué?
El IELS, como se ha señalado anteriormente, no intenta explicar o justificar su posicionamiento paradigmático o disciplinario, que es, respectivamente, el positivismo y la psicología del desarrollo. También está, como señalamos en un artículo anterior (Moss y Urban, 2018), impregnado de una fuerte orientación “anglófona”, ya sea considerando los contratistas que realizan el trabajo, los expertos que asesoran el estudio o los países que participan. Para nosotros, todo el ejercicio confirma la opinión de Loris Malaguzzi sobre la “testología anglosajona”, “que no es más que una simplificación ridícula del conocimiento, y un robo de significado de las historias individuales” (Malaguzzi, 1990, citado en Cagliari et al., 2016: 378).
Igualmente, es inquietante ver cómo el IELS forma parte de un vasto proyecto de la OCDE: una creciente red de evaluaciones internacionales a gran escala que miden el rendimiento educativo nacional aplicando indicadores comunes y descontextualizados. La ambición es incluir cada vez más países y más edades en esta red, que, además del IELS, incluye:
- El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (comúnmente conocido como PISA), es un programa internacional trienal que evalúa a los alumnos de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias, que comenzó en el año 2000 y ya va por su séptima ronda; los resultados de esta ronda de pruebas de 2018 se publicaron en diciembre de 2019. Pone a prueba a una muestra de medio millón de estudiantes que representan a 28 millones de jóvenes de 15 años en 80 países y economías. PISA está ahora firmemente establecido, con una amplia participación y altos niveles de interés en sus resultados por parte de los políticos, los responsables políticos y los medios de comunicación.
- La Prueba para Centros Escolares basada en PISA, una prueba “similar a PISA” que puede utilizarse para “comparar” el rendimiento de un centro o distrito escolar individual con otros o con los países que son “ganadores de PISA”.
- PISA para el Desarrollo, una versión de PISA que utiliza “instrumentos de encuesta de PISA mejorados que son más relevantes para los contextos encontrados en los países de ingresos medios y bajos, pero que producen puntuaciones que están en las mismas escalas que la evaluación principal de PISA” (OCDE, 2018). En este proyecto, la OCDE también define competencias supuestamente válidas a nivel mundial que son necesarias para los jóvenes de todos los países en desarrollo. Se pretende que los resultados se utilicen también como puntos de referencia para la ayuda al desarrollo del Banco Mundial y otros donantes. Hasta ahora, la OCDE ha ignorado cualquier crítica a PISA para el Desarrollo, incluida la forma en que sus pretensiones de universalidad contradicen los derechos de las diversas comunidades a la autodeterminación en la educación, tal como se consagra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (Naciones Unidas, 2007).
- El Estudio sobre Habilidades Sociales y Emocionales, una evaluación de las habilidades sociales y emocionales entre los niños de 10 y 15 años en los “cinco grandes” dominios: desempeño de tareas, regulación emocional, colaboración, apertura mental y compromiso con los demás. Tras las pruebas de campo realizadas en 2018, el estudio principal, que se llevará a cabo en diez ciudades de nueve países, está previsto para 2019-2020 (OCDE, s.f. d).
- La Encuesta Internacional de Enseñanza y Aprendizaje Comenzando Fuerte (TALIS Starting Strong), una evaluación del “desarrollo profesional; las creencias y prácticas pedagógicas; y las condiciones de trabajo, así como otras cuestiones relacionadas con el liderazgo, la gestión y el lugar de trabajo” para el personal de la primera infancia (OCDE, s.f.). Forma “parte de la estrategia a largo plazo de la OCDE para desarrollar datos sobre la educación y la atención a la primera infancia” (OCDE, s.f.), y nueve países participan en la primera ronda de recogida de datos en 2018, lo que dará lugar a un primer informe publicado en 2019.
- El Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias de los Adultos (PIAAC), un programa de evaluación y análisis de las competencias de los adultos, incluye una Encuesta sobre las Competencias de los Adultos que mide “la competencia de los adultos en competencias clave de procesamiento de la información -alfabetización, aritmética y resolución de problemas- y recopila información y datos sobre cómo los adultos utilizan sus competencias en el hogar, en el trabajo y en la comunidad en general” (OCDE, s.f.). El primer ciclo recogió datos de la encuesta entre 2011 y 2018 en 38 países/economías, y la recogida de datos para un segundo ciclo está prevista para 2021-2022 en 30 países.
A través de esta creciente colección de evaluaciones internacionales a gran escala, la OCDE se esfuerza por establecerse como árbitro y gobernador mundial de la educación, definiendo normas, midiendo indicadores, estableciendo comparaciones y fomentando la evaluación comparativa, y ofreciendo prescripciones para mejorar el rendimiento. La OCDE no tiene ningún poder legal formal sobre la educación. En cambio, ejerce una gran influencia mediante el uso creciente de comparaciones, estadísticas e indicadores, un ejercicio de lo que podría llamarse “poder blando” (Sjøberg, 2019).
Para que esta red de mediciones funcione y garantice la posición de la OCDE como el rey mundial de la educación, cada nueva evaluación internacional a gran escala debe crecer, añadiendo países hasta que la evaluación logre una amplia cobertura y un alto perfil público, siguiendo la trayectoria de PISA. Desde este punto de vista, el IELS ha tenido un comienzo inestable, con sólo tres países inscritos. Por lo tanto, el objetivo inmediato de la OCDE tiene que ser un mayor número de firmas para el “próximo ciclo del IELS”, que, según el sitio web de la OCDE (n.d.), está previsto que comience a prepararse en 2020. De hecho, en uno de los seminarios web organizados por la OCDE para presentar los resultados del IELS, Andreas Schleicher, Director de Educación de la OCDE, habló de cómo el propio PISA empezó siendo pequeño, de cómo la ronda inicial del IELS es una invitación a otros países a participar, y de cómo ahora “depende de otros países aceptar el reto de ver cómo les va a sus niños [de cinco años]”. Así pues, es de esperar que la OCDE presione a los gobiernos nacionales para que participen en la próxima ronda del IELS.
Para que la educación de la primera infancia contribuya de manera significativa a la sostenibilidad y a la justicia social y ecológica, tendremos que cambiar nuestro enfoque, pasando de la evaluación de los "resultados del aprendizaje temprano", estrechos y predeterminados, a las pedagogías de la incertidumbre, la exploración y, tomando prestada la expresión de Freire (2004), la "viabilidad no probada".
Conclusiones
En conclusión, volvemos a los argumentos que hemos expuesto anteriormente. Creemos firmemente en la importancia de los estudios comparativos de la educación infantil, pero también creemos firmemente que el IELS no es el camino por seguir. Porque, aparte del reproche de Malaguzzi a la “testología anglosajona”, el IELS es también un ejemplo de la comparación como “modo de gobierno”, y de lo que Nóvoa (2018: 551) denomina “dataísmo”, la religión de los datos, que conlleva la creencia en “soluciones globales impuestas por los datos y las pruebas sobre “lo que funciona” y “dónde están los mejores resultados”. . . [un enfoque] basado en la falsa idea del consenso sobre los objetivos de la educación y las vías para alcanzarlos”. Nóvoa pide, en cambio, que los estudios comparativos formen parte de una “ciencia de la diferencia”, un esfuerzo que debería provocar la reflexión y el reconocimiento de la rica diversidad y complejidad del mundo; una ciencia, también, que debería recordarnos que la educación no es principalmente un esfuerzo técnico (de normas e indicadores, medición y gestión), sino un esfuerzo político sobre significados, propósitos, valores y ética. Lo que confirman los informes del IELS es la reticencia de la OCDE a ahondar en la complejidad y la diversidad que Nóvoa, y muchos otros, valoran, prefiriendo reducir la educación a unos resultados comunes fáciles de medir (y gobernar), y ejemplificando lo que Orr (1996: 699) llama una “cultura del conocimiento rápido” en la que “sólo lo que se puede medir es el verdadero conocimiento”.
La publicación de los informes del IELS llega en un momento de crisis mundial sin precedentes y de rápido desarrollo. Las cuestiones sobre cómo asegurar la supervivencia de la humanidad en un planeta finito han pasado de ser hipotéticas a urgentes con la convergencia de la crisis climática y la pandemia mundial. Para que la educación de la primera infancia contribuya de manera significativa a la sostenibilidad y a la justicia social y ecológica, tendremos que cambiar nuestro enfoque, pasando de la evaluación de los “resultados del aprendizaje temprano”, estrechos y predeterminados, a las pedagogías de la incertidumbre, la exploración y, tomando prestada la expresión de Freire (2004), la “viabilidad no probada”.
Con este espíritu, agradecemos las respuestas de los lectores al IELS, a la agenda más amplia de evaluación global de la OCDE, y a este y otros artículos anteriores que hemos aportado a la revista.
Publicación original en inglés:
Moss, P., & Urban, M. (2020). The Organisation for Economic Co-operation and Development’s International Early Learning and Child Well-being Study: The scores are in! Contemporary Issues in Early Childhood, 21(2), 165-171. doi:10.1177/1463949120929466 https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1463949120929466
Traducción al español a pedido de CLADE: Ana Raquel Fuentes.
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OMEP: “Los problemas de los niños y niñas están postergados y poco visibles”
10 de septiembre de 2021La garantía de la protección integral de los derechos humanos y de los presupuestos suficientes para la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia (AEPI); la participación de educadores, familias, mujeres y comunidades; la consideración de las perspectivas de los niños y niñas, en la construcción de respuestas y planes de recuperación post-pandemia; y la ampliación del acceso y de la calidad de los centros de AEPI, asegurando programas complementarios que sostengan una verdadera inclusión para cada niño y cada niña. Estas son algunas de las demandas que la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) publicó en la Declaración Final de su Asamblea Mundial, que concluyó el 28 de agosto de 2021.
Según la organización, debido a la pandemia, el mundo atraviesa una crisis sanitaria, económica y social que, junto con los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático, puede impedir que se alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El COVID-19 profundizó la situación de vulnerabilidad social y económica preexistente; se verifica un aumento de las desigualdades, la pobreza y la miseria que afectan especialmente a las mujeres con hijos e hijas pequeños/as.
“Los problemas de los niños y niñas están postergados y poco visibles. Las políticas públicas se construyen desde una mirada adulto-céntrica y fuertemente sanitaria, caracterizada por la fragmentación y las desigualdades de acceso y calidad a la AEPI. Las experiencias e interacciones sociales de la infancia están alteradas como efecto de la pandemia y el confinamiento, limitando las posibilidades de aprendizaje, juego y movimiento. La asistencia a los centros de AEPI y a la atención primaria de la salud ha sufrido restricciones, desatendiendo patologías crónicas, enfermedades frecuentes en la infancia, discapacidades, calendarios de vacunación y necesidades de nutrición”, destaca el posicionamiento.
Según la OMEP, en gran parte de los países del mundo, la AEPI está fragmentada por edades, por gobernanza y por otras variables. Las divisiones persistentes entre servicios de “cuidado” y “educación” no contemplan el interés superior del niño, cuando la educación y el cuidado son prácticas sociales inseparables.
“Las políticas que priorizan los cuidados en relación con el trabajo familiar responden a las necesidades de los adultos ligadas a la economía, el mercado laboral, el aumento de la pobreza y la exclusión, entre otros factores. La sobre-escolarización, concibe que la función primordial de la educación infantil es la preparación para las etapas de escolarización posteriores. La AEPI debe ser aceptable, es decir, adecuada a las características evolutivas de la primera infancia haciendo efectivo su derecho al juego, generando ambientes de bienestar, ofreciendo seguridad para la exploración del entorno, promoviendo interacciones sociales y vínculos afectivos”, subraya la OMEP.
Lee la declaración completa aquí
