Conversaciones KIX: Fortalecimiento de la Educación Pública en Haití
11 de febrero de 2022La entrevista fue realizada por la investigadora del KIX LAC, Maciel Morales Aceitón.
En la conversación con Thelusmond se enfatizó que la tasa de privatización de las escuelas es altísima y por tanto el concepto de educación pública y universal para todas y todos los niños es precario, lo que representa para el entrevistado el fenómeno central de los problemas de la educación en Haití.
En este contexto cabe recordar que Haití fue un país pionero en la región, instaurando una Ley de Educación Obligatoria, sin embargo, su sistema educativo es uno de los más privatizados. Alrededor del 90% de sus escuelas son privadas y se encuentran bajo la dirección de las iglesias, ONG o pequeños empresarios, donde estudian el 80% de la población escolar. La tasa de alfabetización adulta no llega al 60% y la de niños que asisten a un centro educativo no supera el 50% (ONU, 2018).
En referencia a su trabajo en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación llevada adelante por REPT en Haití, creado para promover el derecho a la educación en todos los niveles en consonancia con la forma del movimiento global, y defender y trabajar para la educación pública, Thelusmond asegura que la única manera de hacer realidad este derecho es mediante la educación pública, principalmente convocando y agrupando a los titulares del derecho a la educación, a sus socios, a las organizaciones y aliados que apoyan este objetivo. “Debe haber un compromiso claro para desarrollar escuelas públicas con buenos planes de estudio, buenos maestros y maestras, buenas condiciones de trabajo y de vida, buenos materiales e infraestructura”. En esta línea, el entrevistado destacó los principales ejes de la estrategia de REPT: la investigación sobre lo que ocurre en el sistema público, la difusión y concientización de sus condiciones, las alianzas con organizaciones de trabajadores de la educación, mujeres, jóvenes, y un cuarto eje referido a la realización de esfuerzos regionales e internacionales para apoyar los procesos en Haití.
Por último, nuestro entrevistado defendió la tesis de que “en Haití podemos ver como aumenta la desigualdad y la discriminación, por lo que la educación pública ayudará a promover la igualdad y la convivencia, a luchar contra la discriminación y a no producir categorías de ciudadanos”.
>> Documental Dignité The Human Right to Education in Haiti
Elaborado por la CLADE en alianza con la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití, presenta un conjunto de testimonios de haitianos y haitianas sobre la educación en su país. Estudiantes, docentes, directoras y directores, padres y madres, personas estudiosas, activistas, representantes de gobierno y de organismos internacionales, hablan sobre los desafíos de la educación nacional y plantean propuestas para la construcción de un sistema educativo garante de derechos. Fue lanzado el 24 de abril de 2015, en la Universidad del Estado de Haití, en Puerto Príncipe, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME).
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país. “Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas: 1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio. 2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa. 3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías. 4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo. 5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros. 6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo. 7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura. 8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
">Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
Ruta de Incidencia por el Derecho a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas – Guía para Organizaciones Sociales de Cara a la VII CONFINTEA
7 de febrero de 2022De carácter informativo y didáctico, esta publicación tiene el objetivo de apoyar a que las organizaciones de la sociedad civil interesadas en profundizar sobre los procesos de incidencia por la EPJA se involucren más fuertemente en el proceso preparatorio de la VII Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA).
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Educación para personas jóvenes y adultas migrantes y refugiadas en América Latina Contexto, experiencias y situación en el marco de la pandemia
28 de enero de 2022Este documento, que se elaboró a partir de la actualización y ampliación de un trabajo previo de la CLADE (2020), destaca no solo los marcos más recientes en la materia (jurídicos, políticos e institucionales), sino también una sistematización de experiencias de políticas públicas en torno a la educación de personas jóvenes y migrantes existen vivencias muy diversas en Brasil, Ecuador, El Salvador, Bolivia y México que ofrecen importantes elementos para la consolidación de ofertas educativas a las personas en movilidad). Asimismo, aborda los desafíos encontrados en el marco de la crisis sanitaria causada por la COVID-19 desde 2020 y formula una serie de recomendaciones en materia de políticas y prácticas acordes a los derechos de estas poblaciones.
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Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas
Con la realización del Encuentro Nacional de Colombia hacia la Confintea VII en 2022: “Necesidades y demandas de la sociedad civil colombiana en torno a la educación y aprendizaje a lo largo y ancho de la vida para personas jóvenes y adultas”, realizado en septiembre 25, en el Salón Constitución del Capitolio Nacional del Congreso de la República de Colombia, buscamos visibilizar y sensibilizar acerca de la situación de la EPJA en Colombia, y construir un marco de recomendaciones, a ser incluidas en los documentos que surjan de la CONFINTEA VII que se realizará en 2022, evento mundial de educación de personas jóvenes y adultas, que desde UNESCO convoca
a los gobiernos de los países de diferentes regiones del mundo para revisar las políticas de la EPJA y que se realiza cada 12 años.
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Derechos humanos, comunicación y liderazgo – pistas para defender el derecho humano a la educación
La Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación en conjunto con la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas y la sociedad civil ha dado la lucha para que el Estado garantice que todos y todas puedan acceder a la educación, y en este marco se vio la necesidad de fortalecer a los y las estudiantes en el acercamiento y apropiación tecnológica y en el conocimiento de herramientas o acciones constitucionales para defender su Derecho Humano a la Educación.
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Informe sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el trabajo infantil y educación en países de Sudamérica
23 de diciembre de 2021Año de publicación: 2021
Publicado por: Marcha Global Contra el Trabajo Infantil
Este documento, escrito durante la crisis sanitaria causada por COVID-19, tiene el objetivo de evaluar cuáles fueron sus impactos en la educación y en el trabajo infantil. Para ello, recopiló información en siete países de Sudamérica (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú), a partir de fuentes secundarias de organismos multilaterales, organizaciones Internacionales, no gubernamentales, sindicatos y redes de sociedad civil.
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La situación de la Educación con Personas Jóvenes y Adultas en América Latina y el Caribe en contexto de pandemia
El estudio ofrece una mirada descriptiva y analítica de las iniciativas impulsadas en América Latina y el Caribe en Educación con Personas Jóvenes y Adultas durante el ciclo pandémico. Encargado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), tiene como propósito contribuir, desde la región, al proceso de la Conferencia Internacional de Educación de Adultos (CONFINTEA VII), que a nivel de América Latina y el Caribe fue realizada en julio y a nivel internacional tendrá lugar en Marruecos durante el año 2022.
>> Mensajes clave del documento.
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Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc. “Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó. Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación. “En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó. También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”. Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos. “La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4. “En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”. ">América Latina y el Caribe refuerzan su presencia en la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030
17 de diciembre de 2021Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4.
Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.
Grabación del evento:
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc.
“Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó.
Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación.
“En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó.
También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.
Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”.
Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos.
“La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.
Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4.
“En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”.
Comunicación estratégica es tema de formación para la red CLADE
16 de diciembre de 2021Para reflexionar sobre la importancia de la comunicación en el fortalecimiento de las acciones y conquistas de los objetivos de su membresía, la CLADE realizó su primera formación sobre Comunicación Estratégica para aproximadamente 40 comunicadoras, comunicadores y otres representantes de organizaciones, foros y movimientos que hacen parte de esta red.
Realizado el 3 de diciembre de 2021, este encuentro de formación se fundamentó, no solo en el contexto y tendencias de la comunicación, sino en las informaciones enviadas por 20 foros pertenecientes a la CLADE sobre su opinión acerca de la importancia de la comunicación, su labor diaria, demandas, desafíos e infraestructura. También fueron invitadas personas de otras organizaciones y áreas para hablar sobre comunicación estratégica, movilización, articulación e incidencia política, con el objetivo de abrir horizontes hacia nuevas formas de comunicar.
Para la CLADE, los medios de comunicación también son instancias educadoras, y en ese sentido es un rol de la educación y una tarea cotidiana de la ciudadanía pensar críticamente la comunicación y lo que se difunde a través de los medios y las redes sociales digitales. “A partir de la comunicación y la educación, se pueden promover narrativas y modelos alternativos hacia la diversidad de otros mundos posibles. La comunicación, en su relación con la educación, permite la construcción colectiva de escenarios distintos y posibles para el continente (socio-políticos, educativos, culturales, tecnológicos, entre otros)”, defiende la CLADE en su publicación Educar para la Libertad: por una educación emancipadora y garante de derechos.
