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Ecuador: Corte Constitucional ratifica la constitucionalidad de la LOEI

12 de agosto de 2021

Mediante Sentencia realizada este miércoles, 11 de agosto de 2021, la Corte Constitucional de Ecuador ha emitido su dictamen respecto a la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y declara la constitucionalidad de la Ley reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

La sentencia absuelve todos los puntos impugnados por los recurrentes, quienes buscaron mediante varios argumentos jurídicos que se declare la inconstitucionalidad de todas las reformas a la LOEI.

Según la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador, la reforma modifica alrededor del 80% de la normativa que rige desde el año 2011. Ella tiene una visión incluyente e intercultural, incorpora el mejoramiento de instrumentos para enfrentar la violencia y el abuso sexual y para establecer una cultura de paz en los contextos educativos, contempla el cambio en los currículos, la reapertura de escuelas rurales, fomento de la Educación Intercultural Bilingüe, fortalecimiento de la etnoeducación, mejoramiento de condiciones para el desarrollo integral docente, entre otros. La Comisión de Educación de la Asamblea informó que recogieron aportes de diversos sectores para elaborar esta propuesta de reformas, entre ellos representantes de docentes.

La decisión de la Corte, que según especialistas legitima diversos avances en el derecho de la educación en Ecuador, solo fué tomada trás diversas protestas de organizaciones, activistas y educadores.

Historico

El mes de marzo de 2021 la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó el proyecto de Reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural – LOEI.

En el mes de mayo de 2021, la Corte Constitucional del Ecuador admitió para tramitar dos demandas de inconstitucionalidad en contra de la reforma a la LOEI. Los demandantes afirmaron que los cambios aprobados no son sostenibles económicamente, principalmente los que se relacionan con el aumento salarial y la jubilación sin límite de edad. Esta acción suspendió temporalmente la vigencia de la Ley y motivó a docentes, familias y estudiantes a expresar su protesta.

El 12 de julio de 2021 más de 30 docentes iniciaron una huelga de hambre en las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Cuenca, en defensa de las reformas a la LOEI, piden a la Corte Constitucional que disponga la implementación de la normativa. Actualmente esta protesta se ha extendido a 12 de las 24 provincias del país, con un total de 80 manifestantes. Otras medidas adoptadas por los educadores fueron el encadenamiento, cierre de vías, y movilizaciones masivas en las provincias.

Frente a esta situación la Asamblea Nacional del Ecuador instaló el 28 de julio una Mesa de Concertación con el objetivo de alcanzar acuerdos que permitan levantar la medida de hecho. La mesa se reunió en 3 ocasiones a día seguido, con la participación de delegados de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Unión Nacional de Educadores (UNE)

>> Mira el pronunciamiento completo de la organización El Contrato Social por la Educación Ecuador

 


Haití: “Estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización”

30 de julio de 2021

“La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones”, así explicó Willian Thelusmond, de la Reagrupación por la Educación para Todos y Todas al explicar el escenario que vivió los habitantes del país un día después del asesinato del presidente Jean-Bertrand Aristide, el 7 de julio de 2021. 

La entrevista fue realizada originalmente por Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE, en audio y hace parte del programa Cuatro Elementos, de Pressenza, el 8 de julio. 

Lee a continuación la entrevista completa: 

Nelsy Lizarazo: Hace un poco más de 24 horas del asesinato del presidente y quisiéramos saber, primero que todo, ¿Cuál es el clima que se vive en Haití? ¿Cómo están en este momento? ¿Cómo está la población?    

Willian Thelusmond: Humanamente es muy difícil entender. La población está en sus casas, hasta ahora no hay casi en las calles, no hay vehículos, realmente la gente no sale, se queda encerrada en su casa. La gente está muy inquieta, esperando lo que va a venir o no sabiendo lo que va a venir, porque generalmente cuando hay este tipo de cosa o golpe de Estado, ahí siguen las represiones.

Este gobierno tiene muchos grupos armados. Uno no sabe si este grupo va a salir a levantarse en contra de los miembros de la oposición, los miembros de la oposición del sector popular, en los barrios populares, entonces no sabemos por qué se ha hecho eso, y qué va a venir después.

La segunda preocupación, que viene desde hace unos días antes, es que hubo muchos grupos armados en las calles y estaban haciendo lo que querían y uno inmediatamente piensa si tal vez eso no es una preparación para una invasión militar, de otros países o para una nueva ocupación militar ya sea con la ONU o con los EEUU.

Si hoy hay una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno teme en casa desde ahora que decidan enviar otra misión. Esto puede suceder y lo rechazamos desde ahora y pedimos, también, solidaridad para que se diga “NO” a eso, a la ocupación militar que viene de allá. Solicitamos la solidaridad primero que todo. 

Las dos principales preocupaciones por el momento son: que por un lado haya la ocupación y la represión descarada y, por otro, el hecho de que estamos sin garantías constitucionales para la libertad de expresión, de organización porque los nuevos responsables políticos han decretado el Estado de Sitio.

Asesinaron al presidente y se quedó todo el aparato intacto y no hay ningún cambio, el control sigue y se podría decir que lo que pasó no viene de muy lejos.


Nelsy Lizarazo:¿Qué hipótesis hay sobre la responsabilidad de ese asesinato? ¿Qué se piensa al respecto? ¿Qué hipótesis hay en el escenario? 

Willian Thelusmond:  Hay dos escenarios que podrían ser verdaderos. Uno se inclina más a pensar que se podría tratar de una lucha interna para las próximas elecciones. Se trata de una coalición de poder muy heteróclita, con muchos grupos, de bandidos, de drogas (narcotráfico), hay de todo. Dentro de esta coalición, había un grupo que estuvo en el control por cinco años y hay dos integrantes en este grupo que quieren candidatearse a presidente para las próximas elecciones y parece que el presidente se estaba inclinando hacia uno, por eso quería hacer las elecciones muy temprano y lo más rápido posible.

El presidente acababa de darle, el domingo, la bendición a un grupo de ministros y ex primer ministro, diciendo que ya estaban libres y que podrían presentarse como candidatos. Es decir, que ellos ya no tenían deudas fiscales  y no tendrían que rendir cuentas de su gestión.  

Si el presidente no hubiera hecho eso, el primer ministro no podría ser candidato. Este hecho llamó la atención de que tal vez el asesinato puede tener origen del propio gobierno del presidente.

No creo que haya cuestiones para decir “mira, parece que es la oposición, la élite política”. Están buscando a los autores materiales, como decirle a un comando de extranjeros venezolanos y colombianos que hablaban inglés y español y vinieron con siete vehículos y ahora dicen que han matado a cuatro y han detenido a dos.


Nelsy Lizarazo: o sea, todo muy oscuro, muy raro 

Willian Thelusmond: Sí. La segunda hipótesis es que sí haya fuerzas en contradicción y entre el poder nacional y otros intereses extranjeros. El presidente no ha seguido las recomendaciones de la OEA [Organización de los Estados Americanos] por presión de la oposición, aunque la OEA lo estaba apoyando, así como los Estados Unidos. 

Pero lo que hizo en desacuerdo de la OEA fue algo muy tímido, como no haber hecho cambios en el consejo electoral. No creemos que para ellos hubiera sido necesario llegar tan lejos para conseguir del presidente lo que querían.

Nelsy Lizarazo: claro, por supuesto.

Willian Thelusmond: De cualquier manera, el grupo del poder que ha estado luchando contra es presidente no hubiera podido actuar totalmente solo, sin esa tolerancia, sin que se hayan hecho “a ciegas”, ¿verdad? 


Informe luz de la situación de la educación en Guatemala al 2021

28 de julio de 2021

Este documento analiza la implementación de la Agenda de Educación 2030 en Guatemala en el periodo 2015-2020, sugiriendo acciones y recomendaciones para acelerar su cumplimiento, ya que Guatemala se comprometió a realizar acciones en favor del desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 en el país, pero ha avanzado poco, especialmente debido a la insuficiente inversión realizada por el Estado en la educación pública.


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Arranca agenda de eventos paralelos al Foro Político de Alto Nivel de la ONU: momento clave de seguimiento a los ODS

5 de julio de 2021

Esta semana comienzan los eventos paralelos al Foro Político de Alto Nivel 2021 (FPAN 2021), organizados por la sociedad civil y agencias de la ONU. El Foro, realizado todos los años en el ámbito de las Naciones Unidas, en esta edición tiene lugar del 6 al 15 de julio. Es considerado la principal instancia de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación, en ámbito internacional.

Foros de sociedad civil nacionales miembros de la CLADE en Bolivia, Colombia, Guatemala, México y República Dominicana participarán activamente en los debates y/o presentarán informes luces, como contribución al seguimiento al ODS 4 en sus contextos, especialmente teniendo en cuenta que sus Estados presentarán informes nacionales voluntarios sobre el cumplimiento de los ODS en la presente edición del FPAN.

A continuación, ¡entérate de la agenda de eventos paralelos al Foro Político de Alto Nivel que tienen lugar esta semana, y participa! Las sesiones acontecen en modalidad virtual, con participación bajo registro previo, o a través de la TV virtual de la ONU: UN Web TV.


“Educación: pavimentando el camino postpandemia y dando forma a la ‘nueva normalidad”

¿Cuándo?: Martes, 6 de Julio, 7:30 a.m. (hora de Nueva York).

Organiza: Grupo de Educación y Academia de la ONU (Education and Academia Stakeholder Group – EASG)

El evento buscará analizar el rol de la educación para la ciudadanía y la alfabetización mediática y crítica en el aumento de consciencia sobre la defensa de los derechos humanos, la libertad de opinión y la participación de ciudadanas y ciudadanos durante la crisis sanitaria. Se abordarán medidas para mitigar los efectos negativos del COVID-19 en poblaciones vulnerables, estudiantes y docentes. Contará con ponencias de CME, ICAE, Internacional de la Educación, del investigador peruano Ricardo Cuenca y del Ministerio de Educación de Perú. La sesión se realizará en inglés, con traducción al español y francés.

>> Programa completo aquí

>> Registro acá

>> Acceso aquí


 

“Las voces de los pueblos: Informes luces de la sociedad civil en las Revisiones Nacionales Voluntarias – VNR”

¿Cuándo?: Jueves, 8 de Julio, a partir de 7:30 a.m. (hora de Nueva York).

Organiza: Campaña Mundial por la Educación (CME).

>> Programa disponible aquí.

Con la participación de CME, CLADE, ASPBAE, ANCEFA, ACEA, Coalición de Europa, se presentarán los informes luces sobre el cumplimiento de los ODS/del ODS 4, elaborados por las coaliciones de las distintas regiones. Habrá traducción a inglés, francés, español y árabe.

>> Acceso aquí


 

Edición 2021 de sesión de Aprendizajes, Formación y Práctica en los ODS

¿Cuándo?: De 6 a 12 de julio.

Organizan: División para los ODS de la ONU (DSDG), Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU (UN DESA/DSDG) e Instituto para Formación e Investigación de Naciones Unidas (UNITAR).

Una serie de formaciones e intercambios de aprendizajes, contando con ponencias y comentarios de especialistas de diferentes sectores en tópicos relacionados a la implementación de los ODS que están bajo revisión en el 2021. Serán 10 sesiones virtuales.

>> Más detalles acá

>> Registro acá


“Resiliencia, Recuperación y Esperanza”

¿Cuándo? De 6 a 12 de julio.

Organiza: DESA y aliados.

Laboratorio que busca ofrecer oportunidades de aprendizaje informal e intercambio de experiencias en una amplia variedad de temas relacionados a las revisiones nacionales en progreso sobre la Agenda 2030.

>> Más informaciones y registro


“¿Por qué un enfoque holístico de los ODS? De la teoría a la práctica”

¿Cuándo?: Miércoles, 7 de julio, de 7:30 a 9:00 am (hora de Nueva York).

Organiza: Grupo Mayor de Mujeres de la ONU – Women Major Group (WMG).
Se abordarán casos y experiencias de enfoques holísticos en diferentes niveles de la Agenda 2030, para contribuir a implementar los ODS de manera indivisible e intersectorial.

Participarán tomadoras y tomadores de decisión, así como especialistas en ODS y igualdad de género.

Habrá traducción a español e inglés.

>> Registro aquí 


Ruta hacia la 75ª Asamblea General de la ONU: Reformas de gobernanza sistémicas en comercio, tributos y deuda para hacer avanzar la Agenda 2030

¿Cuándo?: Miércoles, 7 de julio, de 7:00 a 9:00 am (hora de Nueva York).

En el Foro Global sobre Financiamiento para el Desarrollo (FfD) de Abril de 2021, gobiernos acordaron un documento retórico que no establece acciones claras. Frente a eso, se abordará, en este evento paralelo, la necesidad de establecer compromisos políticos y acciones claras para impulsar transiciones justas, descolonizadoras y feministas para las personas y el planeta, en un contexto de pandemia que aumentó la carga de las mujeres, obligadas a centralizar actividades no remuneradas. Se abordará la necesidad de una gobernanza económica global democratizada, respecto a la deuda, al comercio y a reformas tributarias. Participarán especialistas de sociedad civil y oficiales de gobiernos.

>> Registro aquí  


“Nuevo multilateralismo para el desarrollo sostenible: Un diálogo para construir nuestro futuro común y alcanzar los ODS”

¿Cuándo?: Miércoles, 7 de julio, de 1:00 a 2:30 pm (hora de Nueva York).

Organiza: iniciativa Together 2030.

El evento paralelo tendrá por objetivos: contribuir con los debates sobre cómo re-vigorar el multilateralismo como una herramienta para promover el logro de los ODS; traer la construcción de un nuevo multilateralismo como tema para un debate fuerte en el marco de la Agenda 2030, de su implementación y seguimiento; e intercambiar entre actores interesados las perspectivas sobre qué debería hacerse para alcanzar transformaciones en los sentidos mencionados.

>> Registro aquí 


“Miradas y prioridades de la sociedad civil, del sector privado y de otros grupos mayores y partes interesadas: realizando los ODS durante la recuperación del COVID-19”

¿Cuándo?: Viernes, 9 de Julio, de 3 a 5 pm (hora de Nueva York).

Sesión oficial de los Grupos Mayores y de otras partes interesadas de la ONU (MGoS Official Session).

Los grupos mayores y de otras partes interesadas de la ONU (MGoS), grupos de la sociedad civil que participan en los debates oficiales de la ONU sobre los ODS, son cruciales para la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030. Esta sesión, organizada en colaboración con el mecanismo de coordinación de los MGoS en el Foro Político de Alto Nivel, ofrecerá a sociedad civil, sector privado y otros grupos interesados, la oportunidad de destacar sus perspectivas y prioridades en la realización de los ODS durante la pandemia y en la postpandemia.

Se puede seguir el debate por UN Web TV.


Otros enlaces de interés

 


Organizaciones de América Latina y el Caribe promueven movilización por el Cuidado y la Educación en la Primera Infancia

1 de junio de 2021

Durante todo el mes de junio, organizaciones, redes y activistas que defienden el derecho a la educación se movilizarán para llamar la atención de la sociedad civil hacia el tema de la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia (AEPI) en América Latina y el Caribe.

De iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con EDUCO, OMEP y foros nacionales que forman parte de la CLADE, la Campaña “Junio por la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia” reunirá a especialistas, activistas, educadores y educadoras para discutir los retos y la situación de la educación y del cuidado de niños y niñas pequeños/as en la región, y además quiere poner el tema en la agenda pública de los países latinoamericanos y caribeños, presionando por un mayor compromiso de los gobiernos con esta etapa educativa. Talleres, intercambios de experiencias, lanzamientos de informes y en vivos en instagram  con entrevistas a especialistas son algunas de las acciones que se han planeado como parte de la campaña. 

La ampliación de la presencia y prioridad de la Atención y Educación de la Primera Infancia (AEPI) desde una perspectiva de derechos; el trabajo infantil; el alineamiento de la legislación y las políticas de AEPI; y la puesta en marcha de procesos formativos y de incidencia social para promover cambios en las prácticas educativas de la primera infancia son algunos de los temas que estarán presentes en acciones y difusiones de la iniciativa. 

A continuación, presentamos algunos de los principales eventos que serán realizados en el marco de la campaña. 

Encuentro Regional: Marco político y normativo de la Educación y Cuidado de la Primera Infancia
Fecha: 2 de junio
Hora: de 11:00 a 13:00 (Brasil/Argentina/Uruguay)
Organizadores: CLADE y EDUCO
Más información: En el evento se compartirán reflexiones sobre agendas, prioridades y retos nacionales; cambios normativos, así como financiamiento de la educación y del cuidado en la primera infancia en la legislación de Brasil, El Salvador y República Dominicana.
Inscripciones: http://bit.ly/inscripcionInfancia

Encuentro Regional: Experiencias locales de la Educación y Cuidado de la Primera Infancia
Fecha: 9 de junio
Hora: de 11:00 a 13:00. (Brasil/Argentina/Uruguay)
Organizadores: CLADE y EDUCO
Más información: El encuentro analizará las acciones, programas y proyectos generados desde y en los territorios, además de debatir la importancia estratégica de los actores locales, en particular gobiernos. Esta sesión tendrá la presencia de autoridades locales y se formulará un pronunciamiento colectivo.
Inscripciones: http://bit.ly/inscripcionInfancia

Evento virtual de presentación de información sobre trabajo infantil, educación y pandemia en países de Sudamérica
Fecha: 9 de junio
Hora: 12:00 (Brasil/Argentina/Uruguay)
Organizador: Marcha Global contra el Trabajo Infantil
Más información: El evento tiene el objetivo de presentar información y dialogar sobre el impacto de la pandemia de la COVID-19 en el incremento del trabajo infantil y la exclusión educativa de niños, niñas y adolescentes en países de Sudamérica, así como sobre la respuesta política e institucional.
Inscripciones: http://bit.ly/inscripcionInfancia

Encuentro Regional: La Educación y Cuidado de la Primera Infancia – respuestas a la pandemia
Fecha: 16 de junio
Hora: de 11:00 a 13:00. (Brasil/Argentina/Uruguay)
Organizador: CLADE y EDUCO.
Más información: El encuentro presentará experiencias, acuerdos y respuestas de los países frente a la pandemia, desde una mirada que se centra en las oportunidades y respuestas positivas.
Inscripciones: http://bit.ly/inscripcionInfancia

Diálogos estratégicos por la educación y cuidado de la primera infancia
Fecha: 23, 24 y 25 de junio
Organizadores: CLADE, OMEP e IIN.
Hora: 11:00 (Brasil/Argentina/Uruguay)
Más información: Poner la educación y el cuidado de la primera infancia en el centro del debate es el objetivo de los diálogos estratégicos, que contarán con la participación de especialistas en el tema para debatir los principales retos para garantizar el derecho a la educación inicial de niños y niñas en América Latina y el Caribe.
Inscripciones: http://bit.ly/inscripcionInfancia

Live: Lanzamiento de estudios de caso/experiencias de primera infancia en contexto de pandemia
Fecha: 29 de junio
Organizador: CLADE
Hora: 17:00 (Brasil/Argentina/Uruguay)
Más información: En formato de entrevista, la Live tiene como objetivo presentar estudios de caso/experiencias de primera infancia en contexto de pandemia.


La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la <strong>“libertad de enseñanza”. </strong>Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. <a href=[1] Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas - en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente - fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2] Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3] Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno. Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4] ¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener. ¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido. El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5] ¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur. El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar. Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional. Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.
[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución? [2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261. [3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran. [4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia. [5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728. [6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs. [7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.  ">
Artículo sobre el derecho humano a la educación en Chile, escrito por Juan González, del Foro por el Derecho a la Educación Pública y del Foro construcción del poder constituyente en Chile

Educación y poder constituyente en Chile

20 de mayo de 2021

La Constitución política vigente promulgada en 1980 en dictadura (7 años después del golpe donde la elite toma el poder) tiene dos aspectos estructurales que permiten que el sistema educativo se haya puesto al servicio del proyecto político –económico neoliberal.  El primero, relega al Estado a un rol subsidiario respecto los privados.  El Estado pierde su iniciativa  educativa y sólo acude como apoyo y ayuda a otros agentes sociales que son los que impulsan la labor educativa en nuestro territorio: en consecuencia el Estado no garantiza el Derecho a la Educación a las personas.

Lo segundo, instala una determinada concepción de lo que se ha llamado históricamente en Chile la “libertad de enseñanza”. Así se consagra en la Constitución “el derecho de los padres a escoger el establecimiento de enseñanza para sus hijos” y también “el derecho a cualquier ciudadana/o de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. Este doble principio sí está garantizado por el Estado, no así el derecho la educación, que no está garantizado. [1]

Esta “libertad” tiene larga data en Chile, desde finales del siglo XIX. En esos tiempos, la elite terrateniente conservadora y latifundista (quien aliada a la iglesia católica mantenía el control del país) no quería que las escuelas católicas – en ese entonces el 70% de la matrícula aproximadamente – fuera supervisada por el Estado durante los primeros estertores del estado docente en Chile. Tal principio perduró en la siguiente Constitución de 1925 y permitió a la elite cierta autonomía a su labor educativa: de esta forma, el proyecto educativo de la elite seguía disputando conciencias, incluso con fondos del Estado. Sin embargo, como en casi toda Latinoamérica, el sistema educativo público se fortaleció, ya hacia el año 1970 el Estado sostenía directamente aproximadamente el 70% de la matrícula aproximadamente… en crecimiento.[2]

Antes de la Reforma Neoliberal, la educación pública en Chile venía consolidándose, no sólo a través de la gestión del Estado, también a través de las propuestas que las organizaciones sociales (principalmente docentes) que venían construyendo a través de sus luchas. La historia social en Chile muestra como durante el siglo XX sucesivos movimientos de docentes, de estudiantes y trabajadores fueron amalgamando un proyecto educativo popular. Un proyecto pedagógico laico, democrático, comunitario que fue en gran parte recogido por el proyecto de la Escuela Nacional Unificada, reforma educativa que el gobierno  de la Unidad Popular presentaría, junto a un proyecto de reforma constitucional,  en un  fatídico día de septiembre, cuando una oleada de sangre cayó sobre nuestro país. [3]

Con la Constitución del 80 la fórmula quedó a la medida del proyecto educativo religioso – empresarial. Combinó el Estado subsidiario con la libertad de elegir y ofertar, constituyéndose el mercado como patrón de funcionamiento para el sistema educativo chileno.

Sobre la base de la retracción de la iniciativa educativa estatal y la liberalización de una oferta subsidiada se diluyó la educación pública hasta  borrar incluso su significado histórico. En 30 años la matrícula de la educación obligatoria pasó al control de los privados. De un 22 % en 1982 a un 42% en 1990 a casi un 70 % (quizás más) en la actualidad. Durante los gobiernos democráticos el sistema subsidios a la oferta se extendió a la educación superior, la cual está en un 85 % controlada por los privados. Similar proceso se espera ocurra con la creciente cobertura de la educación parvularia.[4]

¿Qué es hoy la educación pública con estos porcentajes de matrícula? ¿Qué sentido de construcción social puede tener? El sentido de la educación, tema tan relevante para pensar la educación que queremos quedó, hace años, en manos de los privados ¿Qué privados son? ¿Representan lo público?  No son organizaciones comunitarias, sociales, menos populares las que gestionan las escuelas en Chile. En los años ochenta muchas de estas escuelas comenzaron a ser gestionadas por pequeños comerciantes que vieron en el “mercado educativo” una oportunidad de negocio. Un mal negocio, que sin recursos, sin alianzas y lo peor de todo sin proyecto, tenía un costo social y humano que muchos ya no quieren sostener.

¿Quién se hace cargo? No ha sido el Estado. La Constitución no lo promueve, ni lo permite.  Se “ha hecho cargo” en gran parte, el empresariado, que a través de fundaciones, corporaciones,  agencias,  programas, donaciones, subsidios y un complejo entramado de  alianzas público-privadas ha imprimido el sello mercantil al sistema educativo en Chile. Tras la retórica de la calidad han manipulado el sentido común de las personas, incluso de los mismos profesores, haciendo que la educación sea desde su propio origen una mercancía más en el proyecto político y económico empresarial. En este proyecto competimos por la educación, requerimos libertad de elección, porque si la educación no se traduce en un mejor empleo, no tiene ya ningún sentido.

El proyecto educativo neoliberal pasó de la pinochetista Constitución al sentido común nacional.  Las sistematizaciones existentes sobre las discusiones constituyentes hechas en los últimos años muestran una realidad compleja. Si bien la educación sigue siendo una amplia demanda ciudadana, la calidad y su gratuidad son la principal demanda mencionada por las asambleas y cabildos sistematizados hasta la fecha. Educación cívica y no sexista aparecen en forma muy secundaria.  Otros temas como la inclusión, la participación, el sentido de la educación, o lo comunitario prácticamente no aparecen. [5]

¿Qué cambio constitucional podría revertir esto? O mejor dicho, ¿es posible pensar una constitución sin un proyecto educativo que se oponga al proyecto de la elite?  No podemos repetir recetas anteriores y debemos apropiarnos del contexto. Para esto es importante cuestionar el norte educativo  del proyecto educativo de la elite. La lucha por la educación debe tener un nuevo Sur.

El “pacto por la paz” que dio origen a este cambio constitucional no tomó en cuenta los tiempos que requiere este proceso. Peor aún, no consideraron el tremendo error que puede significar lanzarse a legitimar un entramado constitucional sin haber avanzado conjuntamente en un proyecto popular anti neoliberal. En el caso de la Educación. el proyecto educativo popular neoliberal debe apostar a sacar a los empresarios y la Iglesia del control de la educación, pero para eso debe poner sobre la mesa un proyecto educativo que  vaya más allá de la calidad y la gratuidad, que portan en si  la reproducción de la competencia como un virus endémico del sistema escolar.

Este proyecto educativo popular para el siglo XXI debe basarse en las luchas de los movimientos sociales, tal como lo hizo el casi triunfante proyecto educativo popular que se fraguó en las luchas del siglo XX. Son las organizaciones de actores educativos, las que no firmaron ningún acuerdo son las que deben dar continuidad a este proceso.  ¿Educación y poder constituyente? El poder constituyente en educación comenzó con el siglo. El 2001 los estudiantes secundarios protagonizaron el mochilazo, el 2006 el pingüinazo[6] y el 2011 abrió un nuevo período de luchas intersectoriales que sacudieron el sentido común neoliberal con la revuelta popular en Octubre del 2019. Este período nos dejó una serie de propuestas[7] sobre las cuales las organizaciones debemos trabajar, difundir y formar (nos) para que, en un lapso más largo que los tiempos que da el pacto convencional, podamos conquistar el sentido común nacional.

Propuestas que hablan de una educación pública garantizada por el Estado, por supuesto que gratuita y de calidad, pero con un proyecto educativo popular, más allá del mercado, con sentido democrático y comunitario. Que permita a las comunidades repensar y construir los sentidos de la educación ante los desafíos del siglo XXI. Solo así podremos ejercer auténticamente poder constituyente, poner freno al desarrollo proyecto educativo de la elite y por fin realmente escribir la historia a nuestra manera.


[1] Más en detalle Folleto N° 1 “LA EDUCACIÓN ANTE EL MOMENTO CONSTITUYENTE -Foro por el Derecho a la Educación Pública ¿Qué dice la actual constitución?

[2] Entre el año 1925 y el año 1973 la Educación Pública aumentó de 500.000 a más de 3 millones de matriculados (Manuel Riesco). Riesco, M. (2007). La necesidad de reconstruir el sistema nacional de educación público desmantelado por la dictadura y la LOCE. Revista Pensamiento Educativo, PUC, 40, 243-261.

[3]  Algunos significados asociados a la Libertad de Enseñanza en la reforma constitucional propuesta por la Unidad Popular el año 1973: “La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista, y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, (…) Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos tendrán libertad para elegir los que prefieran. (….)El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica se hará tomando en cuenta su capacidad y aptitudes. El personal académico es libre para desarrollar las enseñanzas conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes. Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran.

[4] A pesar de la tenaz oposición de las funcionarías de la Junta Nacional de Jardines infantiles, este sistema de subsidios se aprobó pase recientemente en el parlamento para aumentar la cobertura en la educación parvularia.

[5] Unidad Social, Universidad de Chile, Universidad Católica del Norte, Universidad de Tarapacá, Universidad de Tarapacá, Universidad Arturo Prat, Universidad de Santiago, Universidad Tecnológica Metropolitana, Universidad de Valparaíso, Universidad de Concepción, Universidad de La Frontera, Universidad de Los Lagos y Universidad Austral de Chile. (2021). Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente: sistematización de 1.233 cabildos ciudadanos .disponible en https://doi.org/10.34720/wk9d-dp94 . ver también las sistematizaciones hechas a los encuentros locales autoconvocados realizados en todo Chile el 2016. Un buen artículo sobre el tema es Ihnen, C., Millaleo, S., & Soto, F. (2020). El debate constitucional sobre el derecho a la educación y su impacto en la ciudadanía. Revista de ciencia política (Santiago), 40(3), 699-728.

[6] Pingüinos se les llama en Chile a lxs estudiantes secundarixs.

[7] Para revisar algunas de ellas en la web del Foro por el Derecho a la Educación Pública. Libro:  Una década de luchas y propuestas por el derecho a la educación. Revisar Además documentos de sistematización. Encuentro Nacionales de Actores Educativos 2020-2021 y Folletos para el debate constituyente en la misma web.

 


<span style=Desarrollo de plan educativo integral e intersectorial; inversión - por parte del Ministerio de Educación - en conectividad, equipamientos y formación a los y las docentes y desarrollo de directrices para la distribución de insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permitan a las y los estudiantes, educadores/as y al personal de los Centros Educativos el retorno a las clases de manera presencial y semipresencial de forma  segura y paulatina. Esas son algunas demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) afirma como fundamentales para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia.  Las demandas fueron presentadas en un pronunciamiento publicado en la última semana de abril, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). “Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional y la respuesta escasa y poco pertinente del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema y garantizar el derecho a una  educación inclusiva, equitativa y de calidad”, afirma la Campaña Boliviana en su pronunciamiento.  Según el comunicado, “el periodo de crisis sanitaria desnudó la falta de acceso a la educación libre y gratuita, así como el acceso a las nuevas tecnologías y desde el Estado no se pudo garantizar conectividad a Internet en gran parte del territorio nacional”.

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Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación demanda al Ministerio de Educación de su país acciones para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia

Bolivia: “Observamos con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional”

10 de mayo de 2021

Desarrollo de plan educativo integral e intersectorial; inversión – por parte del Ministerio de Educación – en conectividad, equipamientos y formación a los y las docentes y desarrollo de directrices para la distribución de insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permitan a las y los estudiantes, educadores/as y al personal de los Centros Educativos el retorno a las clases de manera presencial y semipresencial de forma  segura y paulatina. Esas son algunas demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) afirma como fundamentales para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia. 

Las demandas fueron presentadas en un pronunciamiento publicado en la última semana de abril, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). “Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional y la respuesta escasa y poco pertinente del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema y garantizar el derecho a una  educación inclusiva, equitativa y de calidad”, afirma la Campaña Boliviana en su pronunciamiento. 

Según el comunicado, “el periodo de crisis sanitaria desnudó la falta de acceso a la educación libre y gratuita, así como el acceso a las nuevas tecnologías y desde el Estado no se pudo garantizar conectividad a Internet en gran parte del territorio nacional”.



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Foto: AP_Colombia

“Alerta por una Colombia en paz: exigimos un alto a la militarización y el respeto a la protesta social”

4 de mayo de 2021

Garantías y libertades democráticas constitucionales a la movilización y la protesta; desmilitarización de las ciudades; el fortalecimiento de una masiva vacunación y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad y salud son algunas de las demandas que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación presenta en su pronunciamiento recién publicado. 

Firmado por más de 20 organizaciones y redes de la sociedad civil nacionales e internacionales, el comunicado también denuncia el Estado Colombiano por los casos de represión contra los y las manifestantes que llevan seis días de protestas en las principales ciudades y campos del país, especialmente en oposición a las reformas tributaria y de salud que impulsa el gobierno nacional. La represión violenta de las protestas ha resultado en 21 personas asesinadas, 208 heridas, 18 con mutilación por lesiones oculares, 10 casos de violencia sexual y violencias basadas en género, al menos 503 personas detenidas y 42 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros/as independientes. 

“Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos (DDHH), como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes”, dice el posicionamiento.

Lee el comunicado completo:

COMUNICADO A LA OPICIÓN PÚBLICA

ALERTA POR UNA COLOMBIA EN PAZ, EXIGIMOS UN ALTO A LA MILITARIZACIÓN Y RESPETO A LA PROTESTA SOCIAL

Desde el 28 de abril el pueblo colombiano se está movilizando en el gran Paro Nacional frente a la Reforma Tributaria, que pretendía incrementar los impuestos a la población más empobrecida, precarizando aún más la vida de la ciudadanía en medio de  la actual crisis sanitaria por Covid-19; otras causas de la movilización han sido el hartazgo frente a la corrupción, la violación de los derechos humanos elementales, las políticas extractivistas, el desempleo, el incremento de la pobreza y del hambre, la privatización y pésima atención de la salud, que se evidencia con mayor fuerza en la pandemia, los recortes presupuestales a los programas sociales incluidas la educación y la salud, los asesinatos a líderes y lideresas sociales y el abuso del poder.

En Colombia, durante este gobierno los niños, niñas y jóvenes también han sido víctimas de distintas estrategias de deshumanización por parte de grupos armados ilegales y del Estado mismo. Las movilizaciones pacíficas de la ciudadanía colombiana, hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos, y el derecho a la reunión y manifestación pública, consagrados en el artículo 37 de la Constitución Política Nacional. En ese sentido, el uso desmedido de la fuerza por parte de algunos integrantes de la Fuerza Pública es inaceptable.

En medio de las manifestaciones, entre el 28 de abril y el 10 de mayo se han presentado los siguientes casos de vulneración de los derechos humanos por parte de  la fuerza pública del Estado  colombiano hacia los y las manifestantes en las principales ciudades y campos, que según la organización “Defender la Libertad Asunto de Todas”, han dejado a 52 personas asesinadas presuntamente por el accionar de la fuerza pública, 489 personas heridas, 33 por lesiones oculares, 48 personas lesionadas por armas de fuego, 15 víctimas de violencias  basadas en género, 435 personas presuntamente desaparecidas, 69 agresiones intencionales a defensores/as de derechos humanos o reporteros independientes , 1365 personas han sido detenidas, gran parte de ellas por medio de procedimientos arbitrarios, siendo sometidas a torturas y o a tratos crueles e inhumanos, 709 denuncias por abusos de poder, autoridad, agresiones y violencia policial.

El Comité Nacional de Paro manifiesta su decisión y orientación de seguir en el paro y la movilización nacional levantando como objetivos centrales para este momento: Garantías y Libertades Democráticas, garantías constitucionales a la movilización y a la protesta.

Desmilitarización de las ciudades, cese de las masacres y castigo a los responsables. Y, así mismo, el desmonte del ESMAD.

Negociación con el Comité Nacional de Paro y con las organizaciones del Pliego de emergencia así resumido:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y el fortalecimiento de una masiva vacunación.

2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes, empleo con derechos y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.

4. Matrícula cero y no a la alternancia educativa sin condiciones de seguridad, salud y vacunación contra el COVID – 19 a toda la comunidad educativa del país.

5. No a la discriminación por razones de género, diversidad sexual y étnica y

6. No a las privatizaciones de los bienes públicos y la derogatoria del decreto 1174. Además, detener las erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y las aspersiones aéreas con glifosato; y el retiro de la fuerza pública, ESMAD y GOES de las movilizaciones sociales.

Por ello, como organizaciones de la sociedad civil solicitamos al Estado colombiano adoptar de manera urgente medidas de protección a la vida, integridad personal, libertad personal, debido proceso, libertad de expresión, libertad de asociación, derecho de reunión, derecho a la participación y demás derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, los cuales se encuentran en grave riesgo por los hechos anteriormente descritos.

Solicitamos a los organismos internacionales de Derechos Humanos, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de ONU, Misión de Verificación al Proceso de Paz de la ONU, Cruz Roja Internacional, MAPP OEA, Comisión Interamericana de DDHH, Misión Diplomática Acreditada en Colombia, y demás organizaciones internacionales, brindar el acompañamiento necesario al pueblo colombiano e instar al Estado y al gobierno de Colombia a respetar y garantizar la vida e integridad física y cultural de los y las manifestantes y servir de garantes en la negociación del pliego arriba descrito.

¡POR EL DERECHO A UNA VIDA DIGNA!

4/5/2021
Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación

Apoyan y acompañan esta declaración:

  • Action Aid
  • Agencia Pressenza
  • Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica
  • Asociación para el Desarrollo Campesino (ADC) – Colombia
  • Asociación Tierra de Esperanza
  • Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE)
  • Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
  • Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación
  • Campaña Lationamericana por el Derecho a la Educación (CLADE)
  • Campaña Mundial por la Educación (CME)
  • Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE)
  • Campaña por el Derecho a la Educación de México (CADEM)
  • Coalición Panameña por el Derecho a la Educación
  • Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala
  • Contrato Social por la Educación en el Ecuador
  • COPROBA – Argentina
  • Educare – Argentina
  • Federación Internacional Fe y Alegría
  • Foro por el Derecho a la Educación Publica de Chile
  • Foro Venezolano por el Derecho a la Educación (Fodeve)
  • Fraternidad Franciscana Sembradores de la Palabra
  • Fundacion SES
  • Fundación VOZ
  • Instituto Edesio Passos
  • Jovenes Solidarios
  • Liderezas de Suba
  • Marcha Global contra el Trabajo Infantil – Sudamérica
  • Mujeres Indígenas de Pueblo Tolupan
  • Organización Mundial de Educación Preescolar – Región América Latina (OMEP-Latinoamérica)
  • Oxfam
  • Psinergia
  • Reagrupación Educación para Todos y Todas (REPT) Haití
  • Red Estrado Colombia
  • Red Global/Glocal por la calidad educativa
  • Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) – Colectivo Nacional de Colombia
  • Natalia Cogliati
  • Susana Papale
  • Luz Marina Peña
  • Diego Arévalo Ligarda
  • Isabel Moyano Rojas

 

 


El derecho humano a la educación en México: las heridas desde la violencia

23 de abril de 2021

La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que México ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.


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