Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
6 de marzo de 2023Publicación presenta datos regionales sobre la Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación, que implica movilizar los recursos, a corto plazo, para crear la simbiosis virtuosa entre ambos conceptos a largo plazo.
Las secciones del presente reporte desarrollan la relación bidireccional virtuosa entre justicia fiscal y derecho humano a la educación; despliegan a nivel regional las fuentes de ingresos, los gastos en educación y su comparación con otros rubros, para finalmente dibujar una propuesta destinada a duplicar el financiamiento educativo para América Latina y el Caribe a corto plazo.
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Sociedad civil demanda justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora
23 de febrero de 2023Para contribuir con el avance del derecho a la educación y el logro de los Objetivos de Desarrollo, especialmente el número cuatro, referido a la educación global, es necesario que los países de la región latinoamericana y caribeña establezcan acciones y medidas que amplíen su base impositiva y, al mismo tiempo, dote de mayores recursos a los sistemas educativos públicos.
LATINDADD, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe (RJFLAC) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) organizan un foro público virtual titulado “Justicia fiscal para financiar una educación pública transformadora”, para visibilizar la agenda conjunta de trabajo que busca la convergencia entre la justicia fiscal y el derecho a la educación. En el foro también se socializarán los principales hallazgos del estudio “Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación: Una mirada regional desde América Latina”.
Necesidad de sistemas fiscales comprometidos con la inversión social
Previo a la pandemia, los países de la región enfrentaban desafíos como la inclusión y la calidad educativa, mismas que profundizaron las brechas de desigualdad con la crisis sanitaria y global. Los países que tuvieron mayor disponibilidad de recursos y capacidades lograron dar mejores respuestas a la crisis, pero no fue una realidad palpable en la mayoría del continente.
Según la UNESCO, los países de América Latina y el Caribe ocupan el quinto lugar entre las siete regiones a nivel mundial en cuanto a la inversión del 4.4% de su Producto Interno Bruto (PIB) en promedio o el 15.6% de su gasto total en educación. Esta región invierte 3.8 veces menos por cada estudiante, en comparación con Europa y Norteamérica, donde los sistemas educativos son de mayor desempeño.
Los sistemas fiscales de los países latinoamericanos y caribeños se caracterizan por la predominancia regresiva, es decir, que el grueso de la carga tributaria recae en los impuestos a bienes y servicios frente a los impuestos a la renta y propiedad. Los primeros representaron el 11.2% del PIB mientras que los segundos el 6.2% del PIB.
La justicia fiscal es un camino para garantizar el derecho a la educación
Para generar un financiamiento público oportuno en educación es indispensable mecanismos de justicia fiscal. La promoción del acceso equitativo a una educación de calidad y la reconstrucción de los sistemas educativos de la región requieren presupuestos sostenibles y pertinentes. Uno de los mecanismos de garantizar los compromisos presupuestarios radica en mejorar los mecanismos de justicia fiscal, así la relación bidireccional entre la educación y la justicia fiscal es impostergable.
La justicia fiscal implica retornos sociales de la inversión en educación, porque permiten sostener la garantía del derecho humano a largo plazo. Un financiamiento que cuente con mayores ingresos fortalece a su vez la calidad educativa, las condiciones laborales de docentes y mejoramiento de infraestructura, lo que genera mayor compromiso contributivo de la ciudadanía en general.
Convocatoria a foro público sobre justicia fiscal y educación
El foro público abre su invitación para la participación de funcionarios y funcionarias públicas, congresistas, personas de la academia, integrantes de la sociedad civil y gremios de docentes para este viernes, 3 de marzo de 2023. El evento se realizará en español con traducción simultánea al inglés y portugués. Disposición del registro para inscripción aquí .
Horarios del foro
8 a.m. Guatemala
9 a.m. Colombia, Ecuador y Perú
10 a.m. República Dominicana
11 a.m. Argentina, Uruguay y Paraguay
Adrián Falco, Latindadd: Educación podría recibir 5% más del PIB si las corporaciones pagasen impuestos de manera justa
23 de enero de 2023¿Dónde está el dinero público?, ¿quién controla la inversión?, ¿en qué y cómo se invierte? Para Adrián Falco, co-presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), son algunas de las preguntas claves del debate público que orientan estrategias superadoras de la pobreza y ofrezcan garantías de la justicia social.
Según el especialista, la educación pública es uno de los derechos que sufren grandes impactos del sistema injusto de tributación. La región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%.
Para Adrián Falco, es fundamental “regular para capturar la renta y volcar a la inversión pública a través del sistema tributario, que es la mejor manera de romper con la desigualdad endémica qué afecta a nuestra región”, y exigir “el rol del Estado como garante de la inversión, de los servicios públicos de calidad y de los derechos es central.”
Transformar los modelos tributarios exige comprenderlos
Comprender la génesis de la desigualdad, para transformarla, y así acortar o cerrar las brechas que impiden el desarrollo humano, implica a su vez conocer las causas y características del sistema tributario, así como las pérdidas que llevan aparejados dichos modelos. Según él, para concretar esta transformación se debe “mejorar la progresividad tributaria, quitar las exoneraciones, hay que trabajar en que los ganan más aporten más y lo que tienen menos en proporción” afirma el especialista, adicionalmente como sociedad civil sugiere “fortalecer nuestras narrativas para dialogar sobre el derecho humano a la educación a la hora de considerar la justicia fiscal”.
La región latinoamericana y caribeña tiene un sistema tributario absolutamente regresivo, colocando la carga impositiva en los sectores más vulnerables, grava el consumo y no el patrimonio. Esta situación exige fortalecer las narrativas desde la sociedad civil para encaminar los temas presupuestarios y fiscales que pueden articularse para favorecer el derecho humano a la educación.
Caminos para implementar la justicia fiscal
Es posible reorientar el dinero público para mejorar la inversión en educación proveniente de las pérdidas del sistema regional tributario. Esto se traduce en salarios dignos del personal docente, infraestructura escolar y otras condiciones de garantías de derechos en el ámbito educativo.
Adrián Falco subraya que se pierden cerca de 26.000 millones de dólares por cada año por impuesto a las grandes fortunas y especifica que el monto invertido en educación se va por tributos a las grandes empresas que equivale a “los 500 mil millones de dólares por año que perdemos por elusión fiscal, los 320 mil millones de dólares por año perdemos por evasión, el 5% de nuestro PIB (Producto Interno Bruto).
Iniciativas de justicia fiscal para el derecho a la educación
Dado el contexto, es indispensable profundizar un proceso de exigencia para sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes que reconduzca los recursos públicos para la consecución del derecho a la educación en los países de la región.
CLADE, junto a la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe impulsan el proceso de exigencia por sincerar la justicia fiscal, con modificaciones urgentes de al menos tres impuestos, a saber, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Escucha a Adrian Falco, Co-Presidente de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) en su intervención del evento: la Educación con justicia fiscal ¿dónde están los recursos para la educación?
Marcela Browne, CADE: “El Estado debe incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos”
20 de enero de 2023Las empresas multinacionales evaden en Argentina un total de 1.200 millones de dólares anuales operando en paraísos fiscales. Según datos de Tax Justice Network, si se destinara esta cantidad a salarios docentes, se podrían incrementar las remuneraciones en un 45%.
Argentina cuenta con diversos mecanismos que establecen un porcentaje en los presupuestos de las provincias, sin embargo la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) observa en los datos desde 2015 una tendencia general de disminución de la inversión educativa.
Juan Colicigno (JC), de la CADE y del grupo de trabajo de comunicación de la CLADE entrevistó a Marcela Browne (MB), coordinadora de educación de Fundación SES y secretaria de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Las convergencias entre la educación y la justicia fiscal
JC: ¿Qué es la justicia fiscal y cómo se relaciona con la educación?
MB: La justicia fiscal es un enfoque de derechos que permite la redistribución de ingresos y de riquezas para promover la equidad y la inclusión social. Esta distribución es posible a partir del aporte fiscal que realizan las personas y empresas.
El sistema tributario argentino es sumamente regresivo. Por ejemplo, los bienes personales, que son los impuestos más progresivos, sólo representan el 2% de la recaudación total del Estado Nacional, mientras que el 40% recaudado proviene de impuestos al consumo, que son los más regresivos.
Garantizar el derecho humano a la educación requiere una mayor inversión educativa, que podría lograrse con modificaciones impositivas que permitan una redistribución más equitativa de los recursos.
JC: ¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos?
MB: El rol del Estado debe ser incluir políticas que garanticen la redistribución de ingresos y que aquellas personas que tienen mayor cantidad de recursos paguen proporcionalmente más. Lo cual se volvió aún más relevante en el contexto actual, donde la desigualdad aumenta. La evasión tributaria profundiza las desigualdades sociales y desfinancia al sistema educativo.
Medidas y recomendaciones para la justicia fiscal y educativa
JC: ¿Cuáles son las medidas necesarias?
MB: Es posible alcanzar el objetivo educativo si combatimos la opacidad global tributaria, promoviendo el fin de las guaridas fiscales, la eliminación del secreto bancario y la penalización de la utilización de sociedades offshore (empresa multinacional que debido a la ubicación de sus fuentes de riqueza está sujeta a varias jurisdicciones, con frecuencia utilizadas para evadir normativas fiscales en los países de origen).
Es necesario incorporar más voces a estos debates para plantear las batallas necesarias que fortalecerán la acción coordinada que mejore las condiciones de vida ciudadana, sin apelar a endeudamientos irresponsables o al ajuste irrestricto de los programas sociales con la participación de los gobiernos, congresistas, sindicatos, sector académico, las organizaciones y los movimientos sociales.
JC: ¿Cómo se puede conseguir el presupuesto necesario para garantizar el derecho a la educación?
MB: Las distintas organizaciones que expresamos la necesidad de justicia fiscal aseguramos que, con modificaciones impositivas es posible una redistribución más equitativa de los recursos y acercarse al cumplimiento del derecho universal a la educación.
Proponemos modificaciones para mejorar un 16% el presupuesto educativo nacional anual:
- Incremento del 10% el impuesto a los bienes personales.
- Anualización del 50% del impuesto a las grandes fortunas.
- Reducción del 20% gastos tributarios.
Estudio sobre el financiamiento educativo y la justicia fiscal
La investigación sobre Financiamiento Educativo y Propuestas de Justicia Fiscal para el derecho a la educación de iniciativa de la CLADE en alianza con la Fundación SES, la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE), Latindadd, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe determinó que la educación pública argentina lograría recibir más en su financiamiento anual si las acciones de justicia fiscal fueran realizadas dentro del país. Este proyecto es coordinado por Marcela Browne y Adrián Falco, con la participación de las investigadoras Marisa Álvarez, Natalia Gardyn y Eva Sacco.
Video: Financiamiento de la educación
13 de diciembre de 2022En el marco de la XII Asamblea CLADE, María Ron Balsera, coordinadora de Alianza y Justicia Fiscal y Educación de ActionAid, hizo una presentación sobre el financiamiento de la educación.
En su video, María Ron Balsera analiza el origen del financiamiento educativo, los cuatro ejes importantes para que un financiamiento educativo garantice el derecho a la educación: presupuesto justo, impuestos, asignaciones en la educación centradas en la equidad, y escrutinio necesario para que el dinero llegue en la práctica.
Al fin de su presentación, ella explica la importancia de garantizar la justicia fiscal. Según ella, la justicia fiscal aumenta la sostenibilidad, la rendición de cuentas democrática, la transparencia, etc.
Mira el video completo:
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Webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal?
7 de septiembre de 2022La Campaña Mundial por la Educación (CME) convocó este 31 de agosto el webinario ¿Por qué vincular la educación y la justicia fiscal? con la intención de facilitar el debate sobre la necesidad de una financiación adecuada para la educación y los progresos realizados hasta la fecha. En el evento también participaron Vernor Muñoz y Grant Kasowanjete del equipo de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Rene Raya de Asociación de Asia y el Pacífico Sur para la Educación Básica (ASPBAE), Boaz Waruku de la Campaña de la Red Africana de Educación para Todos (ANCEFA), junto a David Archer, Maria Ron Balsera, Caroline Othim y Maria Ron Balsera.
Laura Giannecchini del equipo de CLADE afirmó durante el panel que “si los sistemas de educación pública estaban infrafinanciados y sometidos a presión antes del 2020, seguramente, la pandemia de COVID-19 agudizó este escenario. Se estima que en 2020 el PIB de ALC cayó un 7.7%. Según la CEPAL, fue la mayor caída en 120 años, lo que produjo una caída en el nivel de recaudación de los Estados”.
En tal sentido la pandemia generó un escenario de mayor endeudamiento para los países de la región latinoamericana y caribeña, “la crisis produjo una reorientación de los fondos acorde a las emergencias detectadas, como el fortalecimiento de los sistemas de salud, acceso a servicios básicos y programas de protección social – lo que está bien. Pero la educación no fue priorizada” subrayó en su intervención.
Propuestas para reformular el sistema de impuestos
Durante el webinario se resaltó que la región latinoamericana y caribeña pierde cerca del 5 % del Producto Interno Bruto (PBI) en exoneraciones a grandes corporaciones, esto equivale al compromiso que deben asumir los Estados para el financiamiento educativo, marcado internacionalmente en al menos 6%. Por ello es necesario sincerar el incremento potencial estimado de la recaudación en la modificación urgente de 3 impuestos a nivel regional, reformulando el impuesto predial, impuesto a grandes fortunas y la fiscalización – regularización de recursos corporativos.
Adrián Falco de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe compartió información sobre la alianza estratégica con la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) a través de una iniciativa que aporta en la generación de respuestas conjuntas de alcance nacional y regional, que sirvan de manera eficaz al posicionamiento de una agenda de trabajo con espacios gubernamentales claves, y que fortalezca las demandas por más y mejor financiamiento educativo sostenible vía la implementación de políticas tributarias progresivas.
La reducción de los recursos públicos en las economías de América Latina y el Caribe ha afectado la consecución del derecho a la educación. Parte de esta problemática responde a una baja recaudación tributaria, ocasionada por prácticas de evasión y elusión fiscal de megacorporaciones y por la reaparición de las políticas de austeridad.
Justicia fiscal, retos ante la evasión y la elusión de impuestos
Todos los impuestos que no se pagan a los gobiernos amenazan la democracia, ya que son montos que podrían representar mayor financiamiento para protección de derechos como la salud, la educación o la infraestructura pública en general. La evasión de impuestos erosiona entonces la capacidad de financiamiento de cuestiones públicas por parte de los gobiernos.
La justicia fiscal es un elemento clave para la justicia financiera global, implica un sistema tributario que traduzca criterios de justicia para todos los países del mundo.
Uno de los temas para concretar la justicia fiscal considera los impuestos, ya que se estima que las corporaciones transnacionales evaden impuestos a través de las llamadas ayudas para el desarrollo, sin embargo estos recursos no se destinan con la prioridad y atención que los países y, la mayoría de la población, necesitan.
Una oportunidad crítica de la justifica fiscal amerita revisar cómo los países del Sur y Norte global pueden proteger las finanzas públicas a través de mecanismos de transparencia y equilibrio financiero.
A veces las empresas para evadir impuestos encuentran estructuras internas complejas para encontrar lagunas de leyes fiscales que les permita lo que se conoce como elusión fiscal. Además las empresas multinacionales con frecuencia se valen del secreto financiero, los paraísos fiscales, la manipulación y actos de corrupción con personas que ejercen funciones gubernamentales para que las acciones del sistema tributario están favorablemente sesgados.
Las empresas multinacionales son responsables de alrededor de un tercio de la producción económica mundial, de la mitad de las exportaciones mundiales y de una cuarta parte del empleo mundial.
Se estima que 783 millones de personas viven por debajo del umbral de pobreza internacional, con 1,90 dólares diarios según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sin duda una de las estrategias para revertir las desigualdades estructurales en el ámbito global implicaría la justicia fiscal y tributaria así como políticas globales, regionales y nacionales redistributivas.
Informe sobre Justicia Fiscal
El Informe sobre el estado de la Justicia Fiscal (disponible en inglés) publicado en 2021 por la Alianza Global por la Justicia Fiscal, la Internacional de Servicios Públicos afirma que las pérdidas de ingresos debido a los abusos fiscales transfronterizos de las empresas multinacionales y de los particulares que ocultan activos y flujos de ingresos en el extranjero llegan a 483.000 millones de dólares anuales. De este monto 312.000 millones se pierden por abuso del impuesto de sociedades transfronterizas por parte de las empresas multinacionales y cerca de 171.000 millones de dólares se pierden por la evasión por parte de personas ricas.
El informe señala que “esta evasión pública de las responsabilidades sociales por parte de los actores más destacados también socava la moral y el cumplimiento fiscal en toda la sociedad. Las pequeñas empresas ven la desigualdad de condiciones a la que se enfrentan, cuando sus competidores más grandes y multinacionales se benefician de los gastos fiscales y del abuso fiscal transfronterizo, y se preguntan por qué deben ser las únicas que cumplen con sus responsabilidades en su totalidad. Los hogares con menores ingresos se hacen la misma pregunta, mirando a los hogares de renta alta con participaciones en paraísos fiscales”.
Asiste el webinario completo aquí:
Nelsy Lizarazo: con justicia fiscal, la inversión educativa puede cuadruplicar en América Latina y el Caribe
11 de agosto de 2022Si hubiera una política fiscal justa que cobrara las grandes riquezas no declaradas, los impuestos de la propiedad y acabara con el abuso de las empresas y corporaciones multinacionales países como Guatemala y Argentina lograrían aumentar la inversión educativa en tres y cuatro veces, respectivamente. Guatemala podría contratar más 35 mil maestras y maestros, Ecuador, 3 mil maestros y El Salvador podría matricular más de 1 millón de estudiantes. La información fue presentada por Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE en su intervención en el panel Recuperación post-Covid: impactos de las políticas fiscales, realizado el martes (8/8) durante la Conferencia Regional de LATINDADD y la Red de Justicia Fiscal: Tras la pandemia, La guerra. América Latina y El Caribe.
“Con estos ejemplos, se puede ver claramente que hay una conexión concreta entre la recaudación justa de impuestos y el ejercicio de derecho a la educación: el derecho no se puede ejercer si no hay escuelas, si no hay infraestructuras, si no hay maestros, si no hay acceso universal y eso tiene que ver con lo que, por ejemplo, las grandes corporaciones han dejado de pagar a nuestros países desde siempre y que han ganado muchísimo en la pandemia”, explica Nelsy Lizarazo.
Mira su presentación:
Además de Nelsy Lizarazo, en la mesa también se presentaron Nathalie Beghin, Inesc (Brasil), Verónica Serafini, Latindadd (Paraguay), Gabriel Casnati, ISP (Brasil), con los comentarios Noel Pérez, Cepal (México) y David Archer, TaxEd (Reino Unido) y la moderación Adrián Falco, RJF-ALC (Argentina)
Camino contrario
Según la coordinadora de la CLADE, la región está yendo hacia otro camino. Un estudio de UNICEF publicado en junio de este año muestra que ningún gobierno latinoamericano y caribeño ha mencionado esfuerzos para generar y fortalecer políticas fiscales progresivas para financiar la educación. “Los esfuerzos fueron para la deuda, por la redistribución del presupuesto público o por el apoyo de la cooperación internacional”, dice.
Como resultado, en términos de financiación educativa, la región está muy lejos de lo que fue establecido globalmente. “Dado la contracción económica, la inversión que se está haciendo en nuestra región no solo no va a aumentar, sino que va a disminuir. El cálculo es que en un 9%. En ecuador, para mencionar un caso, ha disminuido 12% en 2022”, explica.
Educación en América Latina y el Caribe: todavía muy lejos de los compromisos internacionales
A pesar de los compromisos asumidos pos los países de América Latina y el Caribe en la Declaración de Incheon para garantizar un mínio de 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional a la educación, medida fundamental para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación de la Agenda 2030, son pocos los países de América Latina y el Caribe que se acercan a esta meta.
Según la coordinadora de la CLADE, apenas Barbados, Costa Rica y Cuba logran cumplir con el compromiso. La educación en la región, además, también enfrenta el desafío de abarcar una enorme diversidad en términos de PIB y presupuesto. “Es decir, no representan lo mismo esos porcentajes en Guatemala que en Brasil. Y sumamos a ello la diferencia de condiciones básicas de la educación en uno y otro país”, explicó.
Sobre la Conferencia
Convocada por la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJF-ALC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd), la conferencia fue realizada entre el 8 y el 9 de agosto de 2022 y reunió representantes de organizaciones sociales, de la sociedad civil, gremios, autoridades, dirigentes, activistas, integrantes de la academia, etc. de la región y del mundo a la a fin de analizar y proponer rutas de acción en medio de la crisis multidimensional que afrontamos como humanidad.
Impactos del endeudamiento en la realización del derecho humano a la educación – resúmen ejecutivo
8 de abril de 2022Este resúmen ejecutivo destaca los principales allazgos del informe que analiza la relación entre las deudas y el derecho humano a la educación, proponiendo comprenderla en el marco de la financierización de la vida —esto es, la creciente gravitación de actores y lógicas financieras en nuestra cotidianidad—, proceso en curso durante las últimas cuatro décadas.
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“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
9 de marzo de 2022En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
Artículo: Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
21 de diciembre de 2021¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? Esa y otras cuestiones sobre justicia fiscal y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe son analizadas en el artículo “Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo”, escrita por Adrián Falco, miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Según Falco, la realidad de la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis.
“La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte”.
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