Artículo: Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
21 de diciembre de 2021¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? Esa y otras cuestiones sobre justicia fiscal y el derecho a la educación en América Latina y el Caribe son analizadas en el artículo “Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo”, escrita por Adrián Falco, miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
Según Falco, la realidad de la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis.
“La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte”.
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Lxs ciudadanxs contra la austeridad: Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público
19 de diciembre de 2021Autor: David Archer y Roos Saalbrink
Publicado originalmente por: Education International, ActionAid and Public Services International
Fecha de publicación: 12 de octubre de 2021
Título original en inglés: The Public versus Austerity: Why public sector wage bill constraints must end
Resúmen ejecutivo disponible en español: Lxs Ciudadanxs contra la Austeridad – Por qué hay que acabar con las limitaciones salariales del sector público.
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Justicia Fiscal y Derechos Humanos: Las 4 Rs y la realización de los Derechos Humanos
Autor: Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network)
Fecha: Julio de 2021
Título original en inglés: Tax Justice & Human Rights: The 4 Rs and the realisation of rights.
La continua negación de la justicia fiscal, tanto a nivel nacional como internacional, afirma las profundas desigualdades interseccionales que marcan nuestras sociedades.
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Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal
Autor: Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal (IPDHPF)
Año: 2021
La política fiscal es un conjunto de técnicas utilizadas para la gestión del gasto y de los ingresos públicos, y comprende todas las técnicas a través de las cuales los Estados obtienen y asignan recursos.
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Financiación Doméstica: Impuestos y Educación
Autor: David Archer
Publicado originalmente en: NORRAG Special Issue 05, pp. 8-11
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Domestic Financing: Tax and Education
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Vinculando la Nueva Crisis de Endeudamiento con los Impuestos y la Educación
18 de diciembre de 2021Autor: Jo Walker
Publicado originalmente en NORRAG Special Issue 05, pp. 94-97
Fecha de publicación: noviembre de 2020
Título original en inglés: Linking the New Debt Crisis to Tax and Education
Resumen: Cada vez es más difícil defender la ampliación de los ingresos fiscales como estrategia para aumentar la financiación de la educación y otros servicios públicos, especialmente cuando hay una nueva crisis de la deuda y grandes porcentajes de los presupuestos nacionales desaparecen en el pago de viejas deudas. Los defensores de la educación deben estar tan comprometidos en la crisis de la deuda como lo están haciendo ahora en la justicia fiscal.
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Monitoreo del Financiamiento Educativo en América Latina y el Caribe: videos para conocer algunos puntos clave
17 de diciembre de 2021Para apoyar el monitoreo y la actuación de la sociedad civil por la garantía de un financiamiento justo y adecuado para la educación pública y gratuita, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) ha mantenido actualizados los datos del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y Caribe.
La plataforma, lanzada en 2017 con apoyo de Oxfam Novib, Oxfam IBIS, Ayuda en Acción y Alianza Mundial por la Educación – GPE), presenta datos comparativos y análisis sobre el financiamiento educativo público en 20 países de Latinoamérica y el Caribe, para un período de más de veinte años, entre 1998 y 2019. La información recopilada puede ser consultada de manera individual para cada país, o de modo comparado a nivel regional. Además, se organiza en tres dimensiones de análisis: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos por persona en edad escolar y equidad en el acceso escolar.
En base a los datos encontrados en las fuentes oficiales que se adoptan para este monitoreo – Instituto de Estadísticas de UNESCO (UIS/UNESCO), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Mundial (BM), además de algunas fuentes nacionales – en el 2020, los miembros de la CLADE en diferentes países elaboraron este análisis regional sobre la situación del financiamiento educativo en sus contextos y también a nivel de América Latina y el Caribe en su conjunto.
Con miras a presentar estos datos de manera accesible y sencilla a personas que no sean expertas, sino interesadas en la temática, por entender su importancia para el derecho a la educación, ofrecemos a continuación algunos videos-animación, en los cuales se pueden conocer datos clave del panorama regional respecto al financiamiento educativo, con base en las informaciones encontradas en la última actualización del sistema, realizada en el 2020.
Recomendaciones para América Latina y el Caribe a partir del análisis regional
Los contextos nacionales
Argentina
Según el estudio “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?” (2020), elaborado por la Fundación Ses y Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo de UNICEF, la CADE Argentina y el GFE, la volatilidad económica argentina hace que la referencia del porcentaje del PIB que debe invertirse en educación no resulte una garantía para la asignación presupuestaria requerida.
Es por ello que se requieren nuevos instrumentos normativos en el país en base a un Acuerdo Educativo que tenga como centro al sujeto – estudiante y la justicia educativa como orientadora de la inversión requerida.
Brasil
En 2020, se incluyó el nuevo Fundeb (Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valorización de Profesionales de la Educación) en la Constitución Federal de Brasil. La Campanha Nacional peloDireito à Educação colaboró para mejorar esta propuesta de enmienda a la Constitución Federal cuyo texto aprobado contempló los puntos propuestos y defendidos por la Campaña, como el Costo Alumno-Calidad (CAQ) y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).
En un momento de profundos recortes de presupuestos en áreas sociales, con la implementación de políticas de austeridad, el nuevo Fundeb representa una esperanza para la educación pública, ya que a partir de 2021 el porcentaje de contribución federal para el Fondo sube de 10 para 12%, y seguirá aumentando hasta alcanzar el 23% en 2026.
Chile
Hasta el día de hoy no se terminó con el copago en la educación en Chile. Así, se hace competir a los establecimientos públicos entre ellos y con los privados por obtener matrículas, los que comienzan a administrarse bajo la lógica empresarial. Servicios de alimentación y limpieza, los materiales educativos y las capacitaciones docentes, pasan a ser ofrecidos por empresas privadas.
El arancel que se paga a los establecimientos educativos en la enseñanza obligatoria fue establecido de forma arbitraria y es insuficiente. En Chile no existen estudios sobre los costos actuales del funcionamiento de las instituciones educativas ni de los de una educación ajustada a derecho.
Colombia
El Censo Nacional Agropecuario (CNA) de Colombia de 2014 encontró que solo el 2.1% de las personas que residen en zonas rurales tienen formación universitaria y de postgrado. La educación media, por su parte, presentó los niveles más bajos de cobertura y diferencias evidentes entre zonas, por ejemplo, en zonas urbanas alcanza el 48%, en la zona rural el 35%, en las zonas rurales dispersas el 26% y en las zonas de posconflicto el 30%.
Los datos demuestran una alta cobertura, tanto bruta como neta, en primaria, pero un esfuerzo insuficiente en preescolar, secundaria y media. Se hace necesario subrayar también que el conflicto interno colombiano ha tenido un impacto decisivo en todos los aspectos del desarrollo económico y social del país, incluida la educación. Las oportunidades educativas en zonas de conflicto y para las personas desplazadas son limitadas, y en algunas partes, nulas.
Costa Rica
Costa Rica se mantiene en una posición de rezago relativo cuando se compara con naciones de similar desarrollo económico y social en indicadores clave, como la tasa neta de cobertura educativa del ciclo diversificado, todavía por debajo del 40%. Los desafíos establecen un ciclo, pues sólo podrán acceder a dicha educación quienes hayan recibido una mejor educación en secundaria o quienes puedan pagar una educación privada.
Ecuador
El Salvador
En el país, la demanda clave de la sociedad civil es alcanzar una inversión del 6% del PIB nacional para la educación, obteniendo así un financiamiento adecuado para la mejora educativa y la superación de los desafíos pendientes del sistema de educación nacional.
Guatemala
Se demandan en Guatemala cambios en la legislación y la Constitución para que el presupuesto sea fijado según una nueva organización del Estado. En este contexto, el Colectivo de Educación para Todas y Todos logró, tras una intensa campaña pública y de incidencia, que el gobierno mantuviera el mismo presupuesto para la educación este año, a pesar de las presiones para su disminución en un contexto de pandemia.
Haití
Para el país, es un gran desafío la producción, el reporte y difusión transparente de datos sobre la asignación de recursos y el gasto público para la educación nacional.
Honduras
La situación de la inversión educativa en Honduras es congruente con la tracción de la oferta educativa pública y gratuita y con el sacrificio de las familias para brindar educación a sus hijas/os a través de la educación privada.
México
Según la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), urge una política educativa en el país con el financiamiento necesario para trabajar contra la deserción escolar, garantizar los medios digitales y de conectividad, y para que haya un modo diferente de asignación directa de recursos a las escuelas, junto con la mejora de la infraestructura escolar. Se deben mejorar también las condiciones laborales de las personas que sostienen a la población en los procesos educativos.
Nicaragua
Para el año 2021 se estima que ha habido una inversión por estudiante en Nicaragua de US$83 en la educación preescolar; US$284 en la educación primaria; y US$198 en la educación secundaria. En la educación primaria, la matrícula se sitúa cerca del 95%, aunque el porcentaje de permanencia es un 89%, es decir, que el 6% de niñas, niños y adolescentes (NNA) abandonan las clases.
En secundaria, el porcentaje de matriculación es del 70%, con una tasa de repitencia del 13.4%. El acceso a la educación de calidad en las zonas rurales de Nicaragua es más escaso: el 26.4% de las y los NNA entre 7 y 17 años enfrentan dificultades graves para asistir a la escuela, sobre todo en la educación secundaria.
Panamá
La Coalición Panameña por el Derecho a la Educación demanda que se establezca un instituto de estadísticas y censo del Ministerio de Educación de Panamá, para que así se presenten de manera transparente datos sobre la deserción escolar y la inversión en educación, entre otros aspectos del derecho a la educación y de las políticas educativas.
Actualmente, los recursos públicos que se destinan a los centros educativos se transfieren de acuerdo a la cantidad global de estudiantes que tiene cada centro, lo que ha sido insuficiente e inadecuado.
Del 2016 al 2019, la brecha respecto al presupuesto asignado a la educación y su ejecución en Paraguay varía entre un 12% y 10%. Por otra parte, la Ley N° 4995/13 de Educación Superior establece que los recursos destinados a la educación superior, de carácter público, no podrán ser inferiores al 7% del gasto total asignado a la Administración Central, excluidos los préstamos y las donaciones. Pero, la estimación del gasto total en la educación superior en 2019 fue del 4.1% del gasto total de la Administración Central.
Perú
En Perú, actualmente, se buscan y se discuten estrategias más equitativas para distribuir de manera más justa e igualitaria los recursos públicos entre instituciones educativas, atendiendo especialmente a estudiantes en zonas rurales andinas y amazónicas.
Estudios demuestran que el incremento en cobertura en la educación básica, mayor inversión por estudiante y mejores logros de aprendizaje en general, se producen paralelamente a una mayor profundización de las desigualdades en educación en el país. También se llama la atención por el hecho de que el Ministerio de Educación peruano ejecuta, en promedio, apenas el 85% de su presupuesto anual.
República Dominicana
Existe cierto grado de estancamiento de la inversión pública en educación en el país, con una rigidez presupuestaria que no pasa del 4% del PIB desde 2013, cumpliendo solo con el mínimo legal de la Ley de Educación.
Venezuela
Según el Foro Venezolano por el Derecho a la Educación, falta en Venezuela un marco conceptual del financiamiento educativo que determine cómo la educación se insertará en el contexto social y económico global, y, en especial, cuál será la estructura del gasto según los tipos de enseñanza que se desee privilegiar, así como los recursos que se le asignarán dados la estructura institucional, el sistema fiscal y los agentes sociales comprometidos.
El tema salarial también es una arista en la inversión educativa nacional.
Justicia Fiscal y Financiamiento Educativo
15 de diciembre de 2021
Adrian Falco
Miembro de Fundación SES y secretario ejecutivo de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y El Caribe.
¿Cuál es la relación entre la apertura de una cuenta o empresa con nombres falsos en la Isla de Man (un paraíso fiscal) y la falta de calefacción en una escuela en cualquier país de nuestra América Latina y Caribeña? ¿Qué vincula a la evasión de impuestos de las mega corporaciones y los ricos globales con el financiamiento de la educación pública y de calidad? La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red de Justicia económica y social Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC) han unido esfuerzos y agendas para responder estas preguntas y revelar, finalmente, el estrecho vínculo entre justicia fiscal y financiamiento educativo.
Nuestra realidad en la región latinoamericana y caribeña en términos de falta de recursos, de incremento de la desigualdad y de falta de oportunidades no es un fenómeno reciente, no es un fenómeno que refiera a unos gobiernos en particular o que se circunscriba a una simple crisis. La sujeción de nuestros países a procesos de endeudamiento, desindustrialización y, como consecuencia, el deterioro de indicadores sociales, es producto de un proceso de décadas en las cuales la globalización financiera que comenzó en la década de los ´80, la deslocalización de la producción económica, la designación de roles específicos en las cadenas de valor globales y el incremento incesante de enclaves offshore para el manejo de los negocios fueron los principales arietes del neoliberalismo para sostener y fortalecer una agenda global de transferencia incesante de ingresos del sur al norte.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen.
De este proceso al que hacemos mención nos interesa el desarrollo vinculado con las prácticas de evasión, elusión y movimiento de flujos financieros ilícitos desde nuestra región hacia la cadena de guaridas fiscales en el norte global. La importancia de la construcción de datos e información que nos ayuden a comprender mejor cómo la falta de recursos para mejorar la educación pública y de calidad emerge de una estructura de manejo de la economía global que privilegia a unos pocos y perjudica severamente al resto.
América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta y es además la que tiene los sistemas tributarios más regresivos. En proporción los que menos tienen pagan más impuestos que los que más tienen. Para el caso de Guatemala, el 51,3% de la recaudación de impuestos está explicada por impuestos al consumo, son ingresos tributarios indirectos. Este tipo de impuesto es pagado por todos y todas sin distinción de ingresos y por eso perjudica a quienes menos tienen. Por otro lado el 31,2% de la recaudación de impuestos en el mismo país se explica por ingresos tributarios directos, impuestos a la ganancia, al patrimonio, etc. Estos impuestos son de carácter progresivo porque gravan de acuerdo con la ganancia y a la posesión de bienes (casas, autos, acciones, etc.)
Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.
En el caso de Argentina, el 46,8% de la recaudación se explica por impuestos indirectos, impuestos al consumo. Como en el caso de Guatemala pagan más, en proporción, los que menos tienen. De la misma forma los impuestos progresivos o impuestos a la renta o al patrimonio explican el 27,9% de la recaudación. Una vez más los que aportan más recursos a los Estados son los que menos tienen. Como mencionamos más arriba, nuestros sistemas tributarios en la región son altamente regresivos y esa es una limitante a la hora de hablar de incrementar el presupuesto educativo. Tenemos que invertir esta lógica regresiva de los sistemas y bregar por un aumento de los impuestos de carácter progresivo.
En muchos foros globales se debate abiertamente sobre la necesidad de incrementar la llamada “Ayuda Oficial al Desarrollo” (AOD) como una posibilidad latente que permitiría incrementar el presupuesto público y de esa manera favorecer las mejoras que los sistemas educativos en nuestra región tanto necesitan. De este estudio que realizaron Latindadd, CLADE y RJFLAC es posible identificar como esta ayuda no ha representado un avance importante para las aspiraciones de miles de organizaciones que luchan por el Derecho a la Educación y la Justicia Fiscal. En el caso de Guatemala la AOD neta recibida como porcentaje del PBI entre 2010 y 2019 pasó de 0.098% a 0.522% del producto y en el caso de Argentina se redujo del 0.320% el 0.004%. Es evidente que para aumentar los presupuestos públicos educativos la AOD no ha representado un camino posible.
Desde CLADE, Latindadd y RJFLAC se busca innovar y proyectar nuevos espacios desde los cuales poder extraer el financiamiento para una educación de calidad en la región. La propuesta anida en la implementación de tres diferentes impuestos existentes en ambos países pero subvalorados o poco explorados por acción u omisión. Estos son el impuesto a la propiedad, el impuesto a las grandes riquezas y el incremento de tributación sobre los abusos corporativos.
De la lectura del cuadro N°1 es posible determinar la importancia de gravar sobre estos tres impuestos que aportaran en el caso de Guatemala un incremento del 1% del PBI Nacional y en el caso de Argentina el 2%. Logrando así incrementos del 34% del presupuesto educativo en Guatemala y del 41% en Argentina. Sin AOD, sin endeudamiento, sin ajustes económicos a otros sectores, solo volviendo más progresivos nuestros sistemas tributarios.
Resultados:
En relación a los resultados de la posibilidad de aumentar la progresividad de los impuestos en ambos países, en el caso de Guatemala el resultado redundaría en un incremento de la inversión educativa por estudiante de USD 134 para alcanzar la inversión total por estudiante de USD 528.
Para el caso de Argentina el incremento de la inversión educativa por estudiante, por año, se incrementaría en USD 821, alcanzando una inversión final del USD 2.802 por estudiante por año.
Ambos ejemplos se proponen en un escenario de recaudación del 100% de los impuestos mencionados.
Conclusiones:
Nuestros sistemas tributarios están hechos a medida de las grandes corporaciones y los ricos globales. Esto representa grandes pérdidas por otorgamiento de beneficios tributarios cercanos al 5% del PBI regional superando con creces la inversión regional en educación pre pandemia. Esto es dinero que los países dejan de recaudar y que pasa a formar parte de los activos de las mega corporaciones. Esto último es alarmante porque se complejiza con la caída de la recaudación impositiva producto de la pandemia y el cese de mucha actividad económica.
América Latina y el Caribe pierden anualmente recursos muy necesarios. Las pérdidas regionales anuales estimadas por diferentes organismos y OSC arrojan que, producto de la elusión fiscal, dejamos de recaudar 500 mil millones de dólares por año, según un informe de la red global Tax Justice Network en conjunto con ISP y Global Alliance for Tax Justice. Se pierden también por evasión fiscal: 320 mil millones de dólares por año según CEPAL. Se pierden además, por incentivos tributarios, 5% PBI regional y por no gravar a las grandes fortunas perdemos, actualmente, 26 mil millones de USD por año según un informe de Latindadd, RJFLAC y Fundación SES.
Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.
Tenemos que terminar con la red de servicios financieros offshore, las guaridas fiscales, las jurisdicciones opacas de la economía global. Redes sostenidas por una articulación de abogados, contadores (muchos de ellos hijos de la educación pública) y grandes firmas de auditoría que ofician de facilitadores elaborando complejas arquitecturas para el fraude para que miles de ricos globales y empresas evadan impuestos en sus países, mintiendo y defraudando a las administraciones tributarias. Mientras el mundo presencia el debate entre la vida y la muerte de millones de personas producto de la pobreza, marginalidad, falta de empleo, de condiciones de vida digna, maximizadas por la pandemia del Covid-19, líderes globales y megacorporaciones esconden sus fortunas y sus ganancias para evitar pagar impuestos y contribuir, de esa manera, a pagar las consecuencias del desastre humanitario a nivel global tal como quedó evidenciado una vez en la mega filtración de los papeles de pandora.
Mientras la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) siga dictando las reglas de lo que se puede o no hacer en materia de transparencia fiscal y financiera, muy pocas cosas cambiarán. Urge democratizar los espacios de debate, y los países más afectados por estas estafas deben ser parte de la mesa de discusión. Abogamos por la creación inmediata de un cuerpo intergubernamental de crisis, con presencia amplia de la sociedad civil, que funcione en el seno de Naciones Unidas para denunciar y generar propuestas para terminar de una vez por todas con la estafa tributaria a escala global.
Registros públicos de beneficiarios finales, intercambio automático de información financiera entre países, reportes de actividades de empresas país por país, fortalecimiento de la capacidad regulatoria y verificadora de las administraciones tributarias, fortalecimiento de las regulaciones sobre los mercados de capitales, son algunas de las medidas que deberían tomarse y/o profundizarse para evitar que este fraude sistemático continúe creciendo y de esta manera afectando seriamente nuestras posibilidades de contar con más recursos para la educación pública, gratuita y de calidad.
Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”
12 de noviembre de 2021“La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París.
Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.
Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó.
“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también.
>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.
1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes.
“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.
Declaración de París: frente a las desigualdades educativas
“Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.
En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.
Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.
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