Brasil: no a los vouchers para la atención en las guarderías
24 de agosto de 2021“Más allá de las cuestiones jurídicas-constitucionales, los objetivos económicos que sostienen la propuesta necesitan ser desnudados, teniendo en cuenta el enorme interés del mercado de la educación en los recursos de una de las partes más grandes del presupuesto público en todos los entes federales. La idea propuesta, que quienes deben ser financiados son los estudiantes y no las escuelas, tergiversa los verdaderos intereses que serán financiados. En realidad, es la apertura jurídica para la implementación de la política de vouchers o charter schools”, dice la nota técnica publicada la semana pasada por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación.
Siguiendo el posicionamiento histórico de la red brasileña y sus activistas, el documento afirma que el intento de privatización de la educación a través del “Auxilio niños y niñas ciudadanos/as” – determinando el pago directo de vouchers a las guarderías credenciadas por el gobierno e instituciones privadas que garanticen plazas para estudiantes de cero a cuatro años – es inconstitucional y ataca el principio de calidad de la educación, además de favorecer procesos de exclusión social y segregación de estudiantes.
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SAME 2021: Más y mejor financiamiento para la educación latinoamericana y caribeña en la postpandemia
18 de mayo de 2021
La SAME 2021 arrancó en ámbito mundial y regional con una semana de actividades de comunicación, movilización, incidencia política y diálogo, del 23 al 30 de abril, a través de la cual se destacaron demandas por más y mejores recursos para la financiación de la educación pública y gratuita, frente al contexto de la pandemia COVID-19.
>> Entérate más sobre todas las acciones desarrolladas en nuestro especial sobre la SAME 2021.
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios. Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.">
Educación y pandemia: CLADE lanza documento exploratorio respecto a la actividad parlamentaria
11 de mayo de 2021
En un contexto marcado por la crisis sanitaria regional y global, en el marco de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, se consideró fundamental realizar una aproximación a la actividad parlamentaria, de forma de poder identificar más directamente el tratamiento y respuestas que desde los ámbitos legislativos se estaba dando a la educación.
El presente documento es el resultado de esta exploración, la que se llevó a cabo durante el año 2020 y abarcó el análisis de la actividad parlamentaria de 17 países de la región.
En términos generales, luego de la exploración de 17 sitios oficiales parlamentarios y más de 15 fuentes temáticas documentales, y para el período temporal en que se situó el estudio, es posible afirmar que no se evidencia un desarrollo normativo específico y focalizado en la protección del derecho humano a la educación.
Actividad parlamentária y la adopción de leyes generales de carácter urgente
Más allá de las particularidades identificadas a nivel nacional y/o desde la mirada por subregiones, el documento da cuenta de la preponderancia de una actividad parlamentaria supeditada a la adopción de leyes generales de carácter urgente (bajo iniciativa del poder ejecutivo), centradas en la declaración de la emergencia sanitaria, así como una marcada tendencia hacia la adopción de medidas legislativas de impulso fiscal y protección a la economía real. No se encuentra evidencia clara de que los parlamentos hayan integrado la protección del derecho humano a la educación como un factor decisivo en la gestión de la crisis provocada por el COVID-19, ni hacia un mayor compromiso de fortalecimiento de los sistemas de educación, ni leyes específicas que se hayan ocupado de dicho fortalecimiento integrando, en específico, el contexto COVID-19 y el manejo de los procesos de recuperación pospandemia.
Avance de una agenda prioritaria
Estas primeras exploraciones permiten afirmar la relevancia de un mayor liderazgo de los parlamentos en la protección del derecho humano a la educación. Se impone la urgencia de avanzar en una agenda prioritaria determinada por el contexto de pandemia y orientada a garantizar plenamente la educación y el fortalecimiento de los sistemas educativos públicos, incluyendo los aspectos presupuestarios.
Supone también la urgencia de considerar el abordaje del incremento de la desigualdad, la discriminación, la violencia, los particulares impactos desde la perspectiva de género, y otras brechas preexistentes agudizadas por el cierre de los establecimientos educativos, y los profundos impactos que ello representa en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes. Una especial priorización al tratamiento de los derechos digitales e igualdad de acceso, esencial para el cumplimiento del derecho a la educación en un escenario en el que prima el confinamiento y la educación a distancia. También el fortalecimiento del rol fiscalizador de los parlamentos para asegurar la debida protección y evitar la adopción de medidas o proyectos que implican una regresión.
Más sobre la publicación
Invitamos a leer la publicación que además abarca elementos del contexto regional y mundial, del panorama económico y social, así como el debate, participación y movilización social por la defensa del derecho a la educación en el contexto de pandemia y las reivindicaciones claras y firmemente planteadas en torno no solo al derecho a la educación¹; y que también nos invita a reflexionar sobre el necesario e inminente rol estratégico de la educación en la fase de recuperación y la gestión integral de los impactos del contexto COVID 19.
¹ Entre otras, la necesidad de asegurar políticas sociales progresivas con estrategias de protección social y seguridad alimentaria; la importancia de la salud psíquica y del rol de la educación en la cohesión social; la necesidad de invertir más y con mayor calidad y del rol de fiscalización de los parlamentos para asegurarlo; la incorporación de la educación para la primera infancia como estrategia prioritaria; el aseguramiento de los sistemas públicos educativos e incluso la ampliación de sus coberturas con modalidades pedagógicas diversas; la agenda pendiente con el cierre de brechas educativas con los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodescendiente; la agenda de género en la educación pendiente y profundizada por las violencias y las prácticas nocivas naturalizadas.
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">Bolivia: “Observamos con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional”
10 de mayo de 2021Desarrollo de plan educativo integral e intersectorial; inversión – por parte del Ministerio de Educación – en conectividad, equipamientos y formación a los y las docentes y desarrollo de directrices para la distribución de insumos, adecuación de infraestructura y protocolos de bioseguridad que permitan a las y los estudiantes, educadores/as y al personal de los Centros Educativos el retorno a las clases de manera presencial y semipresencial de forma segura y paulatina. Esas son algunas demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) afirma como fundamentales para la garantía del derecho a la educación durante la pandemia.
Las demandas fueron presentadas en un pronunciamiento publicado en la última semana de abril, durante la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME). “Ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país por la pandemia COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los 2.9 millones de estudiantes del Sistema Educativo Plurinacional y la respuesta escasa y poco pertinente del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema y garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad”, afirma la Campaña Boliviana en su pronunciamiento.
Según el comunicado, “el periodo de crisis sanitaria desnudó la falta de acceso a la educación libre y gratuita, así como el acceso a las nuevas tecnologías y desde el Estado no se pudo garantizar conectividad a Internet en gran parte del territorio nacional”.
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Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4
4 de mayo de 2021Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.
Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF.
Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta.
Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas.
El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica.
El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar.
Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.
Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.
Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados.
El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe
28 de abril de 2021La presente publicación resulta de una investigación con el propósito de evidenciar si y en qué grado los marcos legales de la región permiten el lucro en la educación en su etapa obligatoria. El estudio incluyó a nueve países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Haití, Honduras, México, Paraguay y Perú. Nuestro punto de partida y referencial para realizarla es el marco de los derechos humanos y su reafirmación por encima de los intereses económicos.
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Lógicas de privatización y desigualdad en la educación colombiana: un análisis desde la perspectiva del desfinanciamiento del derecho humano a la educación
23 de abril de 2021La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Colombia ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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Chile: Encuentro de organizaciones para transformar la educación como derecho
16 de abril de 2021Con más de 80 organizaciones de seis regiones de Chile se realizó el pasado 20 de marzo, el II Encuentro Nacional de Educación “Organizadxs para transformar la educación como un derecho social. Comunidades Educativas y del territorio en resistencia ante la radicalización del modelo mercantil”. El evento fue coordinado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública, una coalición de actores sociales educativos, como continuidad al Encuentro desarrollado en 2020, al inicio de la pandemia.
El escenario de este II Encuentro se da en medio de un proceso constituyente y de alta represión y criminalización de movimientos sociales, una pandemia que no cesa y el despliegue de un Estado policial y autoritario, con asesinatos, mutilaciones, torturas, detenciones arbitrarias y violencia política sexual que se suman a la desprotección y el abandono del gobierno hacia las poblaciones más necesitadas durante las cuarentenas. La propuesta de la elite y el gobierno para este nuevo período histórico tiene rasgos dictatoriales, con un alcalde de Santiago dirigiendo una red de espionaje y delación de estudiantes en el INBA y el control militar en todos los territorios.
El panorama educativo es desconcertante, por el inicio de clases presenciales en el peor momento de la pandemia, con algunos establecimientos en clases y otros en teleeducación y con una importante desventaja en las condiciones que tienen estudiantes de menos recursos, sin acceso a Internet ni computadores, deserción escolar y una ausencia de participación efectiva de actores y actoras educativas organizadas.
Bajo este contexto, el Encuentro buscó avanzar en lo propositivo, fortaleciendo los vínculos con las organizaciones presentes y planteando propuestas para disputar el sentido común de los pueblos que habitan este territorio y desde las bases sociales incidir en el proceso constituyente. Las y los participantes se agruparon según temas de interés en: Derecho a la Educación, Sistema de Educación Pública, Financiamiento y Currículum; para enfatizar y ampliar las propuestas señaladas en el I Encuentro, como que la Educación debe ser garantizada y financiada por el Estado y que las condiciones que debe reunir para ser un derecho social son: Educación Pública gratuita, laica, integral, democrática, territorialista, no sexista, feminista, intercultural, pluricultural, anti–colonial, comunitaria, valoradora de la memoria histórica y comprometida con la defensa de los derechos humanos, garantizada a través de una asamblea constituyente, popular y/o soberana. Los documentos que sirvieron de base del trabajo de grupos fueron la Sistematización del I Encuentro Nacional de Educación y cuatro folletos elaborados por el Foro por el Derecho a la Educación Pública como aporte al debate constituyente sobre: Nuevo Sistema de Educación Pública en todos sus niveles (inicial, básica, media y técnico-superior), Derecho a la Educación y Libertad de Enseñanza, Financiamiento de la Educación en Chile y Currículum Comunitario por una Vida Digna.
Mira a continuación la grabación del “II Encuentro Nacional de Educación”
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Movilización hacia otros territorios en Chile
Durante el encuentro, integrantes del Foro chileno utilizaron materiales educomunicativos para alimentar el debate. Además del encuentro, el Foro está desarrollando un trabajo junto a otras organizaciones del país para que la iniciativa se proyecte más a los territorios de Chile.
Foro Construcción del Poder Constituyente en Chile
Ayer, 15 de abril, el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, en alianza con OPECH, CEAAL, Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER) y otras organizaciones, realizó un foro virtual para discutir y reflexionar sobre la experiencia social de Chile en relación a la construcción de una nueva Constitución junto a líderes y lideresas de ese movimiento ciudadano y político. Mira la grabación a continuación.
Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil: con la pandemia, mundo se aleja todavía más del cumplimiento de los ODS
30 de marzo de 2021Los gobiernos de América Latina y el Caribe se han alejado bastante del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La economía de la región tuvo una caída del 9,1% en el marco de la pandemia. La emergencia sanitaria y el neoliberalismo confluyeron en la región y la desocupación alcanzó en promedio más del 11%.
Fué lo que presentaron especialistas y representantes de organizaciones, redes y movimientos sociales de América Latina y el Caribe durante el Panel “Los desafíos de la sociedad civil ante el COVID-19 y la década de acción para el desarrollo sostenible”, encuentro realizado el 15 de marzo por el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ante el Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible en el marco de su 4ª sesión.
“Existen evidencias y denuncias de violación a derechos como vivienda, acceso a agua, a una vida libre de violencia. Sin trabajo y sin educación la violencia crece. Preocupa el aumento de la violencia contra las mujeres, personas mayores, pueblos indígenas, población LGTB+ y las personas viviendo con VIH. América Latina y el Caribe es la región más letal para las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente. Los/as activistas están desprotegidos”, afirmó Jair Brandão, representante del grupo de activistas con VIH.
“Es clave que se declare la conectividad [de internet], el acceso a competencias digitales y a equipamientos digitales como bienes públicos. En cuanto a la salud, la meta 3.8 [de los ODS] nos hablaba de la necesidad de cobertura sanitaria universal, la pandemia puso en evidencia la falta de generosidad de los países”, afirmó Marcela Browne.
El encuentro reunió representantes de organizaciones de la región para demandar una mejor rendición de cuentas y la apropiación democrática de la Agenda 2030, para poner en marcha las verdaderas y necesarias transformaciones políticas, sociales y cambios en el paradigma del desarrollo, punto de partida para el progreso del desarrollo sostenible.
Entre las y los participantes, estaba Marcela Browne, miembro de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, integrante del comité directivo de la CLADE, y representante de esta red regional en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil. En la ocasión, Marcela presentó un análisis sobre el contexto educativo en la región. Para ella, la crisis actual ha generado un gran vacío social, que reside en las políticas de educación. “Es clave que se declare la conectividad [de internet], el acceso a competencias digitales y a equipamientos digitales como bienes públicos. En cuanto a la salud, la meta 3.8 [de los ODS] nos hablaba de la necesidad de cobertura sanitaria universal, la pandemia puso en evidencia la falta de generosidad de los países. Pedimos especial atención a las personas migrantes, a quienes viven con VIH, a las personas con discapacidades, trabajadores sexuales, cuidadoras, docentes”, afirmó.
El evento fue una iniciativa del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil del Foro Regional de Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que constituye un espacio de diálogo entre representantes de gobiernos y de sociedad civil para el monitoreo del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Durante el encuentro, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil apuntó para la importancia de fortalecer los sistemas democráticos, realizar reformas a los sistemas fiscales que garanticen una justicia redistributiva e implementar políticas públicas tendientes a fortalecer los sectores de la salud y de la educación que han sufrido el mayor deterioro y falta de presupuesto desde hace años, entre otras cuestiones.
La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) que integra el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en el Foro.
>> Lee la declaración final del evento organizado por la sociedad civil
Sesionó en el Foro Social Mundial 2021 la Asamblea “Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos”
1 de febrero de 2021Con la participación de un centenar de delegadas/os de organizaciones que convergen en torno a la educación como derecho humano, se realizó este sábado (30) en el marco del Foro Social Mundial (FSM) 2021 la asamblea autogestionada «Hacia una agenda global: el derecho humano a la educación desde los movimientos».
La actividad fue organizada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), el Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), la Agencia Pressenza, la Red Espacio sin Fronteras, la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (Omep) y Fe y Alegría.
En la apertura, abrió el diálogo Grant Kasowanjete, coordinador global de la Campaña Mundial por la Educación, quien puntualizó en la necesidad de asegurar un mayor financiamiento para la educación pública en los países del Sur global como uno de los principales desafíos para efectivizar el derecho humano a la educación.
De manera certera, señaló que “por cada dólar que llega en concepto de ayuda desde el Norte global, diez dólares son sustraídos a través de la deuda externa y otros mecanismos”, lo cual erosiona los erarios públicos y desfinancia el sistema, ya que el 90% de los presupuestos para la educación provienen de recursos propios.
Por su parte, Nelsy Lizarazo, desde la coordinación general de CLADE, enfatizó en la profundización a partir de la pandemia de la brechas de desigualdad preexistentes y un refinamiento de la estratificación y exclusión del trayecto educativo en sectores sociales con carencias de acompañamiento, conectividad o equipamiento adecuado, destacando las poblaciones rurales, migrantes, indígenas y personas con discapacidad, entre otras.
A su vez, indicó cómo ante la situación los gobiernos han entregado millonarias sumas de dinero y datos a las corporaciones, información que alimentará el negocio ya enorme de estas multinacionales de tecnología. Agregó además que la emergencia ha supuesto una mayor precarización de la condición docente con reducciones de presupuesto, disminución de salarios, una mayor carga laboral a lo que se suma la presión psicológica producida por el esfuerzo de los educadores para dar respuesta y superar las dificultades que supuso el reto tecnológico y pedagógico de educar a distancia.
A partir de estas caracterizaciones, se lanzó a modo de disparador la pregunta sobre los aprendizajes, fortalezas y desafíos identificados en este transcurso.
En una primera ronda de intervenciones se señalaron aspectos claves como la falta de infraestructura y la necesidad de desarrollo tecnológico comunitario con independencia de las grandes plataformas corporativas, el daño generado por la exclusión de millones de niños del proceso educativo o la disfuncionalidad de una planificación educativa homogénea ante la complejidad de realidades diversas.
Entre los aprendizajes se valoró la capacidad imaginativa de los educadores que lograron sobreponerse a condiciones adversas, la propensión al conocimiento de las niñas y niños más allá de la institucionalidad, la importancia del diálogo y el trabajo conjunto entre la escuela, padres y comunidad, el rol de la educación comunitaria junto a la incidencia favorable de los proyectos políticos progresistas frente al fracaso del sistema neoliberal.
La asamblea continuó su reflexión colectiva en relación a la agenda prioritaria de las regiones y lo común en dichas agendas.
En diálogo fluido y propositivo, los participantes indicaron que la lucha debe conducir ante todo, ante la violencia imperante en distintos territorios, a garantizar el derecho a la vida. Asimismo, a superar la inequidad en los niveles educativos entroncados en el sistema social, a ofrecer espacios educativos seguros, libres de agresión y abuso para niñas y niños al tiempo de fortalecer un nuevo relacionamiento social no depredador.
También se señaló la necesidad de impulsar una revolución política-pedagógica frente a las agendas neoliberales, potenciar el diálogo intergeneracional, en especial en relación a los adultos mayores y la importancia de implementar la Educación Sexual Integral como mecanismo para superar la violencia sexual que se ejerce contra niñas, adolescentes y las mujeres en general.
Por otra parte, se recalcó entre las prioridades globales la lucha para que el Derecho a la Educación no sea minimizado, la defensa y fortalecimiento del sistema público y contrarrestar la falacia de que los sistemas privados son mejores, la superación de la desigualdad y la discriminación educativa y la garantía de un adecuado financiamiento para la educación desde una perspectiva de derechos humanos.
A la hora del análisis de posibles ejes transversales para la acción común, se puso el acento en la indivisibilidad de los derechos humanos y en consecuencia, se propuso promover alianzas amplias entretejiendo luchas con las agendas de los demás derechos al tiempo de contribuir a fortalecer la organización y movilización social. Por otra parte, se remarcó la trascendencia de continuar con la generación de conocimiento conectándolo con mensajes y campañas que movilicen demandas.
Del mismo modo, se deslizó en el debate la sugerencia de un mayor intercambio sobre las modalidades utilizadas para visibilizar las buenas prácticas y lograr incidencia efectiva en relación a las reivindicaciones planteadas.
Entre las propuestas de acción conjunta se sugirió la creación de un observatorio, promover la educación liberadora en presencia del centenario de Paulo Freire, abrir los espacios para la expresión de las nuevas generaciones y la idea del Buen Vivir. Es preciso una sacudida de la acción política para repensar la educación en clave feminista y de equidad socioeconómica y articular las fuerzas para superar la enfermedad no solo física sino también de carácter mental que sufre la humanidad.
Finalmente la Asamblea aprobó un texto para ser propuesto e incluido en la declaración final del Foro Social Mundial 2021.
“En el marco del presente FSM 2021, nos sumamos a la agenda de transformación en el ámbito global, articulada a los diversos campos de la lucha social y por derechos, reconociendo el rol catalizador que tiene la educación. La pandemia evidenció las desigualdades históricas dentro y fuera de los sistemas educativos, afectando a mujeres, niñas; personas con discapacidad; personas refugiadas y migrantes; comunidades indígenas; poblaciones rurales, entre otras. Evidenció asimismo la brecha digital y las respuestas de los gobiernos a ella, así como la necesidad de la construcción de una estrategia de soberanía digital.
A través de sistemas públicos de educación fortalecidos, es necesario resistir a las amenazas de las políticas de austeridad fiscal, endeudamiento de los países y al recorte del financiamiento de la educación, bien como a las múltiples tendencias de privatización. Desde la primera infancia, pasando por las juventudes y garantizando la educación de personas adultas, es imprescindible, en la post pandemia, replantear el sentido y finalidad de la educación, en un horizonte de búsqueda por los derechos de los pueblos y superación del patriarcado. Un modelo heterogéneo e intercultural, transformador e inclusivo; basado en el diálogo y seguro para las comunidades; valorando sus conocimientos y saberes locales, así como la colaboración solidaria y el compromiso con la protección de la vida.”
