Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Subsídios para uma análise a partir de raça e gênero
13 de diciembre de 2021Año de publicación: 2021
Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Este cuaderno, que da continuidad al estudio “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do estado entre 2016 e 2021 na educação”, analiza las reformas realizadas en los últimos 5 años en Brasil y sus efectos en las políticas educativas, con enfoque en los marcadores de género y raza. En el documento se recogen diversos datos y perspectivas de esta situación. El documento también está disponible en inglés.
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Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’
7 de diciembre de 2021Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.
El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.
No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.
Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.
El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.
Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.
Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.
Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.
Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación
Con el propósito de identificar tendencias y rasgos en la región Latinoamericana y del Caribe en temas de privatización educativa, en un artículo publicado recientemente en la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expone la inserción de múltiples políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. Estos procesos han estimulado el crecimiento de industrias ligadas al lucro, así como la existencia de importantes brechas en las leyes que efectivamente permiten la realización de actividades lucrativas incluso en la etapa educativa obligatoria, creando una contradicción con la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, en la medida en que se mueve el rol del Estado a la iniciativa privada.
Este esfuerzo de investigación de la CLADE parte de un entendimiento amplio del concepto de privatización educativa, que extrapola la presencia del sector privado, incluyendo los procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los Estados a organizaciones privadas y también la subordinación de la educación pública a los intereses corporativos. Este artículo – realizado por Adelaida Entenza, Giovanna Modé, Laura Giannecchini y Nelsy Lizarazo – analiza documentos producidos por organismos multilaterales en 2020; páginas de ministerios de educación; y entrevistas con investigadoras/es y representantes de movimientos de la sociedad civil.
Según el análisis, en la región se dan diversas expresiones de privatización auspiciadas por múltiples agentes y actores que interactúan. Entre ellos está la influencia de organismos internacionales en las políticas educativas, como es el caso del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de proyectos de cooperación técnica y financiera, de procesos de recopilación de datos y de generación de conocimientos, y de sus condicionalidades (criterios definidos para otorgar préstamos), el BM y el BID logran influenciar las agendas sectoriales nacionales e incentivar la adopción de ajustes políticos y económicos estructurales en los países, determinando quiénes recibirán su apoyo, cuándo, a través de qué estructura operativa, y cuáles políticas o reformas políticas serán priorizadas en los países prestatarios. Tanto el BID como el BM actúan como actores políticos e intelectuales, con capacidad para formular y articular políticas, fomentando la participación directa del sector privado.
CLADE identifica que el proceso de control de la educación por parte de actores privados o no-estatales surge no sólo a través de formas tradicionales de alianzas público-privadas, pero también de estímulo al uso de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo y de fomento a nuevas empresas de educación, nuevos modelos pedagógicos y herramientas que debilitan el rol del Estado y de los sistemas públicos.
Ante este contexto pandémico, el estudio destaca tres ejes que han salido con más destaque en los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: las complejas formas de privatización relacionadas a la instalación de plataformas para la educación a distancia, el refuerzo a formas de transferencia de fondos públicos a centros privados, y el rol de bancos multilaterales, particularmente del BID, en las iniciativas educativas que vienen buscando responder a la pandemia.
En “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia” (publicado por CLADE en el 2021), se realizó un rastreo de las páginas web de Ministerios de Educación de la región sobre las principales respuestas educativas adoptadas durante la pandemia, identificando la presencia o ausencia de plataformas, recursos, aplicaciones, servicios y paquetes que dichos ministerios contrataron para responder a la emergencia. Este levantamiento reveló que en el 56.5% de los países figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft, mientras en en el 17% constan empresas o fundaciones privadas tales como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telefónica o The Private Sector Organisation of Jamaica, para mencionar algunas. El estudio también reveló que muchos contratos fueron establecidos de manera poco transparente, lo que puede abrir caminos para nuevos estudios que se concentren en las cláusulas establecidas por estos acuerdos, sus condiciones, tiempo de duración y montos acordados.
El relevamiento documental y las entrevistas de CLADE demostraron el fenómeno de privatización conocido en la literatura como subsidio a la demanda. Con la profundización inmediata de la crisis económica para muchos sectores y el crecimiento del desempleo, muchas familias se vieron afectadas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Ya que muchas familias no pudieron pagar las cuotas de las escuelas privadas, aumenta la presión sobre el Estado para que este ofrezca ayuda a estas instituciones. La respuesta positiva estatal se observó de manera concreta y rápida en algunos casos, en forma de transferencia directa de fondos públicos para escuelas privadas, o indirectamente, a través de exenciones de impuestos.
Durante la emergencia sanitaria diversos actores privados ganaron terreno en el campo de la educación, colaborando entre sí y participando, activamente, en la definición de políticas y “nuevas narrativas”. Esta invasión de actores privados en la educación demanda, con urgencia, más estudios y atención, pues amenaza el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.
Para conocer más sobre el impacto de los actores privados en los sistemas públicos de educación, puedes acceder al artículo realizado por la CLADE aquí: Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación.
El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo
En el periodo pos-retorno de la democracia chilena, la educación pasó progresivamente a un lugar más destacado en el proyecto político-social del país, expresado también en su relevancia presupuestaria. Las iniciativas educativas impulsadas en democracia demandaron una gran inversión fiscal ante el deterioro histórico de los indicadores educativos y sociales más relevantes del sistema. Desde entonces el gasto público del sector se ha triplicado en términos efectivos en las primeras dos décadas de democracia y más aún a partir del año 2014, producto de la implementación de leyes con gran impacto financiero que aumentaron las exigencias presupuestarias.
En este marco, el trabajo de Sebastián Donoso-Díaz, Daniel Reyes y Óscar Arias analiza la evolución del presupuesto público de educación en el país entre los años 1999 al 2018, identificando las principales tendencias en este campo. Además, se consideran las orientaciones privatizadoras y des-privatizadoras en la educación pública chilena, siendo que en el país se presenta un marcado y agresivo proceso de privatización educativa instalado desde los 80’. En Chile, los intentos por sacar al mercado de la educación fueron iniciados con gran sistematicidad en el año 2007 y fueron reiterados en el 2014.
Antecedentes
Las políticas educativas chilenas de 1990 al 2009 estuvieron sustentadas en una alianza política de centroizquierda socialdemócrata (Concertación), y posteriormente, del 2014 al 2017 por la misma coalición más la incorporación del Partido Comunista (Nueva Mayoría), en cuyo contexto se inclinó el hacer del Gobierno hacia la visión de la educación como un derecho social garantizado por el Estado.
A partir del año 1990 y hasta fines de 2020, el Estado en forma regular enfrenta en el campo educacional un conjunto de exigencias “de arrastre”, producto de la reducción significativa del gasto público en educación en la década de los 80’, la precarización salarial y laboral de las y los docentes, así como el deterioro de su formación profesional, impactando severamente la calidad de la educación. Todo esto, producto del evidente estímulo estatal a la privatización de la oferta educativa en todo nivel impulsada desde el 1981, que pauperizó la educación pública.
Cambios Presupuestarios
En materia de políticas educativas, el ciclo democrático inicial (1990-2006) realizó adecuaciones al sistema imperante, que significaron dictar el Estatuto Docente (1991), subir el valor de los subsidios escolares, impulsar la Reforma Curricular de 1995 en adelante. El ciclo político siguiente (2006-2011), marcó el avance del desgaste de las propuestas educativas de los gobiernos, alineadas con las manifestaciones sociales de las tensiones más significativas de la educación pública: la búsqueda de soluciones, y la persistencia de los efectos educativos negativos, a saber: su baja incidencia en reversar las grandes desigualdades educacionales de la sociedad, la alta segmentación socio-territorial y los problemas históricos de recursos financieros y calidad de la enseñanza. En el ciclo siguiente (2012-2018), se destaca la agudización de los conflictos públicos del sistema escolar; esencialmente transitando hacia el marco de derechos sociales de la educación, expresados en las políticas de inclusión en todas sus acepciones, de des-municipalización escolar y la gratuidad de la educación superior. Este fenómeno ha revitalizado el debate entre incremento presupuestario, rol del Estado, derecho a la educación y privatización de la enseñanza, marco en el que se desarrolla el texto.
En las décadas en estudio (1999 -2018), el presupuesto del Ministerio de Educación (MINEDUC) en términos efectivos se cuadruplicó, teniendo un crecimiento promedio anual de 7,8% para estas décadas, acorde con las políticas de universalización de la educación escolar y también por el acceso a la educación superior de grupos sociales medios. El gasto en educación se amplió en forma importante, y si bien el aumento en subvención escolar ha sido en menor proporción, corresponde a un ítem muy alto, que sigue creciendo a una tasa inferior. Por otro lado, en este periodo, el contexto chileno ha visto la implementación de otras políticas, como la gratuidad de la educación superior, que requiere muchos recursos. Mientras que en 1999 el gasto en subvención escolar era dos tercios del gasto total ministerial, el 2018 se registró un bajón al 49%, tomando en cuenta dos puntos de inflexión importantes el 2007 – periodo post-manifestaciones estudiantiles de 2006 – y el 2015 – inicio de mayor gasto en educación superior.
A partir de 1999 el presupuesto para la educación superior (ES) crece 7 veces en términos reales, destinándose principalmente al financiamiento de créditos y becas estudiantiles, vinculados a la expansión de la matrícula. Por otro lado, el gasto total en Gestión y Administración ha aumentado 5,7 veces desde 1999, mientras que el gasto en personal lo ha hecho 3,5 veces. Los programas de alimentación escolar en estos años corresponden al 6% del total del gasto del Ministerio En el 2018, el 84% del gasto principal en este ítem eran los programas netamente enfocados en la alimentación, representando un 5,6% del total de gasto del MINEDUC.
El presupuesto nacional de educación creció en el periodo 1999-2018 del 3,4% al 5,9% del PIB, ratificando la importancia política y social de la educación. Los datos sostienen que esto es un elemento decisivo para el sistema educativo nacional, incluso frente al aporte municipal que es menor (2% aproximadamente). Este incremento presupuestario no implica que se haya dado pleno cumplimiento a las demandas sociales. Los sucesos de la década que finaliza exponen que, en varias de estas exigencias, sigue una insatisfacción profunda con las reformas impulsadas por los diversos gobiernos en el periodo.
En el periodo estudiado por los autores, se notan esfuerzos para “sacar a la educación del mercado” mediante un diseño muy progresivo de transformaciones que requieren el fortalecimiento del sector público. Sin embargo, aún existen procesos de privatización encubierta, por medio de la externalización de la alimentación escolar, la gestión de becas y créditos en educación superior, el diseño y aplicación de pruebas escolares nacionales e internacionales, y otras, reduciendo la visibilidad de las inversiones y el rol del sector público. El caso de Chile ocurre en un entorno lleno de tensiones políticas internas en las tres décadas de democracia, donde las políticas de educación han transitado desde un marco pro-privatización desregulado – herencia de la dictadura– hacia una regulación gradual del mercado.
Para saber más y conocer la expansión presupuestaria en Chile, puedes acceder al artículo aquí: El Presupuesto Público de Educación Chileno en el Siglo XXI y la Política de Expansión Inclusiva del Sistema Educativo.
Financiamiento Educativo y Justicia Fiscal
18 de noviembre de 2021La publicación abre un proceso de investigación escalable en América Latina y el Caribe sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos de dos países de la región: Argentina y Guatemala.
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Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”
12 de noviembre de 2021“La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París.
Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.
Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó.
“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también.
>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.
1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes.
“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.
Declaración de París: frente a las desigualdades educativas
“Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.
En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.
Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.
>> Lee la Declaración de París completa.
CLADE impulsa consulta a la sociedad civil sobre educación y endeudamiento. ¡Participa!
4 de noviembre de 2021La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando una encuesta para conocer la relación entre el derecho humano a la educación y los procesos de endeudamiento en nuestra región.
Se buscan respuestas desde todos los países de América Latina y el Caribe, especialmente de organizaciones de la sociedad civil y colectivos que abordan la temática en su relación con luchas por los derechos humanos y el financiamiento de estos derechos.
Sin embargo, todas las respuestas son bienvenidas, de todo nivel educativo, de todo ámbito social. Las respuestas a la encuesta son anónimas. Los resultados serán oportunamente difundidos por la CLADE.
La encuesta está disponible en distintos idiomas y la versión en español se responde en este enlace. Se recibirán respuestas hasta el 14 de noviembre.
Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil
19 de octubre de 2021Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.
Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.
Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.
El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.
La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.
“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.
>> Descarga el estudio completo aquí.
Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:
Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género
Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].
El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.
En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.
Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.
Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes
Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.
El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.
“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.
El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.
>> Lee más aquí (en portugués).
Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal
Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.
Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.
>> Lee más aquí (en portugués).
Derecho a la educación pública en Chile: un debate popular necesario
15 de octubre de 2021Para ello, el FODEP divulgó una declaración e impulsa una campaña de comunicación, así como una serie de diálogos con la sociedad civil, con el objetivo de hacer un llamamiento en desarbolar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan las élites del país como forma de defender la privatización educativa.
“El artículo 19.11 de la Constitución chilena actual establece que la libertad de enseñanza es, básicamente, la ‘Libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales’. Esta definición de ‘libertad de enseñanza’ puede ser caracterizada, más bien, como una ‘libertad de empresa’. Es esta la libertad que defienden los argumentos conservadores en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de participar en la enseñanza, etc”, afirma el FODEP.
Desde el Foro se insta a repensar el Derecho a la Educación Pública, especialmente ante el actual proceso constituyente por el que pasa el país. En su posicionamiento y su campaña, FODEP convoca a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a que se formen y a que discutan en cada espacio y territorio el Derecho a la Educación Pública.
“Como organizaciones defensoras al derecho a la educación pública, inclusiva, emancipatoria y no sexista, debemos organizarnos y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. De esta manera, evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en deterioro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas”, afirma el Foro.
Para leer el llamamiento realizado por El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, haz clic aquí: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO.
Seminario Internacional: Nudos problemáticos de la educación como derecho social en Chile
Para aportar al debate constituyente en Chile, buscando promover que en él se garantice el derecho a la educación pública y gratuita, el FODEP impulsa un seminario virtual que se realiza en tres sesiones, los días 21 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre.
“Con este seminario se espera animar el debate popular en las escuelas y en las organizaciones de actores educativos, en las familias ¿Que educación queremos? Esto es fundamental para construir un proyecto educativo que haga sentido a las mayorías, que no se construya dentro de cuatro paredes o por un comité de expertos, como nos tenían acostumbrados en estos últimos 40 años de neoliberalismo y como muchas fuerzas políticas tradicionales están funcionando hoy en día, incluso dentro de la misma convención. Este debate requiere masividad y tiempo, quizás más que los escasos meses que le quedan a la convención, sin embargo, la coyuntura constituyente permite avanzar en instalar ciertas preguntas fundamentales en el debate público y, porque no, algunos de nuestros como horizonte de los cambios que requiere nuestro pueblo”, afirma Juan González, del FODEP.
“Los movimientos sociales por la educación en Chile han sostenido una lucha creciente contra el modelo extremo de mercado, competencia y privatización que ha impedido el ejercicio pleno del derecho a la educación. Los y las estudiantes secundarios/as han sido parte central de estos movimientos desde hace 20 años (2001, 2006, 2011) y fueron ellos y ellas quienes, con sus movilizaciones de protesta contra la represión en las escuelas y las alzas del transporte, alentaron al conjunto de los sectores populares chilenos a protagonizar la gran revuelta social de octubre de 2019. Gracias a estos intensos años de movilizaciones Chile está hoy debatiendo qué país queremos y se apronta a redactar una nueva constitución en reemplazo a la actual impuesta en dictadura en 1980”, afirma el Foro en nota conceptual elaborada para guiar los debates.
Mira a continuación la grabación del seminario:
Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
>> Lee aquí la nota conceptual del seminario.
>> Más información sobre el seminario.
>> Enlace para enterarte más sobre la campaña y las acciones que mueve el Foro Chileno aquí.
Reporte: La Red Koch y la Captura de la educación K-12
Según la investigación “Reporte K-12: La Red Koch y la Captura de la educación K-12” (2021), a nivel mundial, el recorte de fondos a las escuelas públicas ocurre debido a crisis financieras como las recesiones y el COVID-19, pero los presupuestos escolares también son atacados por fuerzas externas que impulsan programas de privatización de la educación. Cuando estos recortes ocurren, se da paso a que florezca la educación privada. De acuerdo con el estudio, elaborado por UnKoch My Campus y SOS Arizona, en los Estados Unidos, las escuelas privadas tienen poca o ninguna regulación, lo que permite que se enseñe prácticamente cualquier cosa, incluyendo contenidos que terminan beneficiando a las grandes corporaciones fuertemente involucradas en la financiación de la educación. La Red Koch es el influyente conjunto de grupos financiados por el multimillonario industrial Charles Koch y más de 600 personas adineradas que comparten su visión económica proempresarial y antirreglamentaria y sus posiciones en política social, como la negación del cambio climático.
Con el fin de influir en la educación pública desde el jardín de infancia hasta la secundaria, la Red Koch ha financiado mecanismos locales, estatales y nacionales para crear múltiples crisis – sólo para dar la vuelta y citar estas mismas crisis como razones para adoptar sus soluciones de libre mercado. La Red Koch no ha ocultado el papel fundamental que desempeña la educación pública como escenario ideal para influir en la política y la cultura de Estados Unidos. A través de una variedad de tácticas – escuelas concertadas, vales, planes de estudio, libros de texto, formación, utilización de políticos estatales para participar en la guerra cultural contra las ideas progresistas y más – la Red Koch es capaz de asegurar la difusión de sus ideas, incluyendo la desinformación sobre el clima y la filosofía económica que favorece el libre mercado.
La Red Koch propone las escuelas concertadas como la solución a la crisis de la educación pública que ha fabricado e incitado. Las escuelas concertadas son independientes de los sistemas escolares estatales existentes y su popularidad ha aumentado enormemente en los últimos tiempos, en gran medida como respuesta a la financiación filantrópica. Las familias se ven tentadas a enviar a sus hijas e hijos a una escuela concertada o a utilizar un vale financiado con fondos públicos como expresión de “elección de escuela”, inyectando una “competencia al estilo del mercado en la educación pública”.
La Red Koch también crea currículos escolares para promover los ideales conservadores del capitalismo de libre mercado entre jóvenes de Estados Unidos. Dado que los años K-12 (término usado para definir la primaria y secundaria en Estados Unidos) son los años formativos de la vida de los y las estudiantes, la manipulación del plan de estudios es particularmente peligrosa. Según la investigación, un plan de estudios imparcial y basado en la investigación es esencial para que los niños y las niñas entiendan con precisión el mundo que les rodea, por lo que no es de extrañar que la alteración de esta información sea atractiva para la Red Koch.
Hay varios ejemplos que exponen la realidad de la influencia de Koch en los planes de estudio de la enseñanza desde el jardín de infancia hasta la secundaria (K-12). En “Ética, Economía y Emprendimiento (EE&E)”, un libro de texto de David Schmidtz propuesto para su uso en el Distrito Escolar Unificado de Tucson (Arizona), abundan las afirmaciones históricamente inexactas. Schmidtz es el director del Centro para la Filosofía de la Libertad de la Universidad de Arizona, un centro de estudios que ha recibido más de 17 millones de dólares de financiación de la Red Koch.
Entre las numerosas afirmaciones históricamente inexactas figuran las siguientes: Los neandertales se extinguieron porque “no eran emprendedores”; Jamestown fracasó porque los colonos no tenían derechos de propiedad privada; los nativos americanos despeñaron a los bisontes hasta casi extinguirlos; las ciudades se fundaron antes que la agricultura; y, por supuesto, que el capitalismo de libre mercado es el mejor sistema económico. Cabe destacar que no se mencionan los devastadores desplomes del mercado de 1929 y 2008.
La Red Koch de legisladores, comités de acción política y grupos de reflexión están amplificando y astroturfizando la actual reacción nacional contra la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés). Esta campaña está diseñada con el objetivo de proteger la base ideológica de una economía de mercado ultra-libre impidiendo que las y los educadores enseñen sobre las fuentes estructurales del racismo en Estados Unidos. En este momento, hay un esfuerzo coordinado en los estados de todo el país para aprobar proyectos de ley que intentan prohibir la enseñanza de la CRT en las escuelas públicas. La Fundación Heritage, financiada por Koch, está liderando la campaña, alegando que la CRT “es destructiva y rechaza las ideas fundamentales en las que se basa la república constitucional de los Estados Unidos de América”. En su afán por controlar lo que se enseña en las escuelas, Heritage Action for America, una filial del grupo de especialistas de la Fundación Heritage, creó un conjunto de herramientas para que la gente impulse la legislación contra la CRT en sus estados.
La infiltración de los Koch en la educación K-12 perjudica a las y los estudiantes, docentes y la democracia en general. Las y los estudiantes están perdiendo el acceso a una educación pública de calidad. Docentes pierden el acceso a los recursos y el apoyo necesario para crear un ecosistema escolar público sano y generador. Por último, las fundaciones democráticas de un país se ven perjudicadas cuando se enseña a las y los estudiantes con planes de estudio financiados por los Koch, que promueven ideologías regresivas y ahistóricas que contribuyen a los mitos de la meritocracia, normalizan las prácticas económicas extractivas que desprecian nuestro clima y justifican la violencia estructural histórica.
UnKoch My Campus es una campaña cooperativa dedicada a interrumpir el poder corporativo en los campus y en las comunidades en todo el país. La agenda de la Red Koch afecta la educación pública en los Estados Unidos, situación que se ve replicada en todo el mundo. Si deseas conocer más sobre la influencia de los Koch en el gobierno estadounidense, que afecta a los fondos de las escuelas públicas, el plan de estudios y los libros de texto respaldados por los Koch, y el rechazo a la CRT, puedes acceder al reporte The Koch Network – The Capture of K-12 Education (disponible en inglés). El reporte cuenta con un estudio de caso en Arizona, estado donde se han proliferado de manera masiva las ideologías de la Red Koch, y muestra cómo un estado y su educación K-12 pueden ser capturados por un ataque bien coordinado contra la educación pública a expensas del bien común.
