Foto: Jesper Andersen/GPE

Cumbre de la Educación Global: Se avanzó en compromisos con el financiamiento educativo, pero hay desafíos pendientes sobre deuda externa, justicia tributaria y austeridad

4 de agosto de 2021

Concluyó en el fin de la semana pasada la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación”, realizada parte presencialmente desde Reino Unido y Kenia, y parte desde plataformas virtuales. Durante el evento, que tuvo lugar los días 28 y 29 de julio, cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África.

En la ocasión, 19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo, especialmente en contexto de COVID-19. Así mismo, se logró recaudar donaciones de países ricos que suman 4 mil millones de dólares, de los 5 mil millones que son la meta para el abastecimiento de fondos de la Alianza Mundial por la Educación (AME) para el período 2021-2025.

Sin embargo, en entrevista de balance sobre la Cumbre, realizada con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales, se subrayó como un desafío y demanda pendiente, que los países más ricos usen su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que presentaron de realizar “donaciones a la ayuda”. Explica también que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.

Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.

El 97% de los ingresos para la educación en el mundo se recauda a nivel nacional, dependiendo de los sistemas fiscales, del cobro de impuestos por los gobiernos. En la mayoría de los Estados en desarrollo buena parte de los presupuestos públicos se dedica actualmente a pagar la deuda, sacando recursos que podrían ser invertidos en educación, salud y otros derechos.

“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”, destaca David Archer. Subraya además, que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, entre otras operaciones, lo que requiere un sistema internacional de redistribución de recursos.

“Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica”, enfatizó.


Nicaragua: El compromiso del gobierno con el 20% del presupuesto público para la educación no es suficiente

A pesar de que el país se comprometió, durante la Cumbre de la AME, en aumentar progresivamente los recursos invertidos en educación, hasta alcanzar el 20% de su presupuesto público total, eso está lejos de resolver los retos del financiamiento y del sistema educativo en el país. Nicaragua tiene serios problemas de criminalización y represión contra movimientos sociales, entre ellos los que defienden la educación, y fue de los pocos países del mundo que en ningún momento adoptó el cierre del funcionamiento presencial de las escuelas como medida de protección y seguridad a las comunidades educativas ante el avance de la pandemia COVID-19.

Alexander Reyes Guevara, activista de Nicaragua, afirma que: “sin lugar a duda la Cumbre sobre el Financiamiento a la Educación constituye un acto relevante para el futuro de la educación, su defensa y promoción. Que el Estado de Nicaragua haya asumido un compromiso de aumentar progresivamente el 20% del presupuesto a Educación es un noticia que toma por sorpresa, sobre todo porque durante los últimos tres años, en los segundos semestre ha habido reformas a la ley de presupuesto general de la república donde el sector educativo y de salud se ha visto grandemente afectado, sugiriendo por supuesto que la Educación no es un eje prioritario para el plan nación. Tomando la palabra de compromiso, no cabe duda que desde sociedad civil nacional y regional deberá existir un seguimiento y monitoreo cercano a dicha promesa para que esta no se quede en un plano discursivo y si se llegase a cumplir, la ejecución de dicho presupuesto se haga desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que se distribuya de manera equitativa y tome en cuenta las mayores necesidades o estado situacional de la educación sobre todo en las zonas y grupos mayormente vulnerables. De acuerdo a seguimiento y opinión de algunos investigadores de presupuesto, la mayor partida presupuestaria está asignada a temas administrativos y no de inversión social”. 

Añade que: “el financiamiento a la educación es un eje importante para garantizar la calidad de la educación, pues sin financiamiento pertinente, es más difícil garantizar el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación va mucho más allá del acceso a la educación, pasa incluso por la dignificación de los salarios al cuerpo docente que es un tema que debe de considerarse, así como la creación de ambientes habilitantes y programas de atención a la diversidad e inclusión en la educación de grupos vulnerados”.


Honduras: Voces de la sociedad civil del país estuvieron presentes en la Cumbre oficial

Como parte de la agenda oficial de la Cumbre, el 28 de julio, se presentó el video documental, elaborado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), intitulado “Voces del terreno: por qué el financiamiento educativo realmente importa”. En él, representantes de la sociedad civil, jóvenes, niñas y niños de Honduras, Nigeria, Paquistán y Senegal comparten sus desafíos para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, hacen un llamado por compromisos de los líderes globales con el financiamiento educativo. El video cuenta con la participación y testimonios de integrantes del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.

Sin embargo, el gobierno de Honduras no presentó compromisos con el financiamiento educativo e en el marco de la Cumbre. Según Juan Carlos Sánchez, del Foro Dakar Honduras, “conforme a la creciente población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza por medio de las políticas neoliberales, es fundamental un reajuste financiero en la educación para proporcionar recursos, metodologías y políticas públicas que vayan encaminadas a un libre acceso y reinserción escolar, para proporcionar talentos humanos con capacidades igualitarias sin distinción alguna en vista que la educación por su naturaleza es gratuita, pública y laica”.

Él añade que se debería invertir en las sociedades excluidas como las zonas rurales, indígenas, mujeres y migrantes, entre otras, con políticas enfocadas en género, para que tengan mayor impacto y se reduzcan indices de desigualdad.

>> Escucha también aquí el testimonio de Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras


Justicia tributaria, deuda y austeridad: temas profundizados por la sociedad civil en debates paralelos a la Cumbre

En el marco de la Cumbre, la Campaña Mundial por la Educación (CME), en conjunto con organizaciones y redes aliadas, realizó diálogos virtuales paralelos sobre la participación de las y los jóvenes en el debate sobre educación; la deuda y la austeridad en su relación con el financiamiento educativo; y la importancia de la justicia tributaria para asegurar recursos para los derechos.


Financiamiento, deuda y austeridad: miradas desde los movimientos feministas y de jóvenes

Te invitamos a ver los testimonios de Mónica Novillo, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM); de Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), y de Francisco Carranza, activista joven de México.


>> Lee también: David Archer sobre la Cumbre de la Educación Global: “Quedaron pendientes acciones respecto a los sistemas tributarios y políticas macroeconómicas sobre austeridad”


David Archer sobre la Cumbre de la Educación Global: “Quedaron pendientes acciones respecto a los sistemas tributarios y políticas macroeconómicas sobre austeridad”

Ante la conclusión de la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación 2021-2025”, que se realizó los días 28 y 29 de julio, conversamos con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales.

El objetivo de este diálogo fue hacer un balance analítico de esta edición de la Cumbre, que fue híbrida debido a la amenaza de contagio por una variante de la pandemia COVID-19, teniendo sesiones presenciales en Reino Unido y Kenia, y de manera simultánea paneles y debates virtualmente.

Cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África. A continuación, retomamos algunos resultados, retos y logros de la Cumbre que se destacaron en la entrevista realizada con David Archer, a través del Instagram de la CLADE. Entérate más a continuación y haz clic aquí para ver la entrevista completa.

Una Cumbre con presencia e interés dominante de los países de bajos ingresos 

Según Archer, esta edición de la Cumbre, con la presencia de más de 10 presidentes de países africanos, demostró el poder de países de bajos ingresos, sobre todo de África, para discutir y definir el financiamiento educativo en sus contextos. En contraste, ningún Ministro de Finanzas de los países ricos y donantes participó presencialmente de la Cumbre, sus autoridades acompañaron apenas de manera virtual. Fue, así, un espacio con sabor de la presencia dominante de los gobiernos de países de bajos ingresos, que en la ocasión presentaron compromisos en dedicar recursos propios a la educación.

19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo.


Retos pendientes: avanzar en compromisos con la justicia tributaria y el fin de la austeridad

David Archer explica que un grupo de la junta directiva de la Alianza Mundial por la Educación (AME) y representantes de grupos bilaterales, multilaterales, gobiernos y donantes están de acuerdo en que hay que tomar el tema de la justicia tributaria y fiscal más profundamente en los próximos meses, más allá de los resultados de la Cumbre.

Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.

En tiempos de pandemia, se nota que los presupuestos de educación van a caer a pesar de los compromisos de los gobiernos en aumentar sus porcentajes del presupuesto invertidos en educación.


Faltan compromisos de los donantes en resolver problemas estructurales del financiamiento

Según David Archer, los países donantes tienen que usar su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que hicieron durante la cumbre de transferir 4 mil millones de dólares en nuevos fondos para la Alianza Mundial por la Educación.

El director de participación y servicios públicos de ActionAid afirma que estos países donantes no lo están haciendo suficientemente, y que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.

Los países más ricos del mundo, reunidos en el G7, recientemente asumieron el compromiso con la  definición de impuestos que las corporaciones multinacionales deberán pagar, y alcanzarán el 15% de sus ganancias. Pero, según el acuerdo, estos impuestos se acumularán en los países ricos, sin que estén acompañados de un compromiso con la transparencia país a país, y la redistribución de estos impuestos por los diferentes países. Pero, podemos cambiar esta realidad, dice Archer. “[Este compromiso] es un paso más en la dirección que necesitamos, y el hecho de que los Estados estén tomando acción contra las corporaciones multilaterales es una señal positiva”.


Sociedad civil atenta para resistir a los intereses del sector privado en la AME 

Otro resultado de la Cumbre anunciado fue el de que, través de “mecanismos innovadores”, empresarios, fundaciones, bancos de desarrollo y aliados movilizaron 1,1 mil millones de dólares más para que sean utilizados en cofinanciación con los recursos de la AME. 100 millones de estos fondos vienen de empresas y fundaciones privadas.

Sobre estas informaciones, David Archer resalta el logro de la sociedad civil por haber alcanzado años atrás una decisión de la junta directiva de la AME, que es contra la transferencia de recursos de esta Alianza al sector privado, pero considera que es importante que las y los activistas por la educación sigan vigilantes contra las interferencias del sector privado en esta instancia.

Por otro lado, se anunciaron en la Cumbre dos alianzas público-privadas con multinacionales de la educación, una para impulsar una campaña de marketing con el objetivo de garantizar la matrícula escolar de niñas y otra para la mejora de los datos de sistemas educativos. De acuerdo a Archer, probablemente, hay problemas con esas iniciativas, pero no son formalmente parte de la AME.

El director de participación y servicios públicos de ActionAid enfatiza también que, si estas corporaciones desean de hecho apoyar la educación, deben pagar los impuestos debidos en cada país donde están sacando ganancias, pues el pago de impuestos es lo fundamental y es lo que necesitan los países y las comunidades educativas.

Ante la Cumbre, organizaciones y redes de la sociedad civil, entre ellas la CLADE, instaron la AME a utilizar el dinero recaudado para la educación pública y gratuita, asegurando que no se dedique financiamiento para apoyar a los actores comerciales. Lee el posicionamiento.


Por un sistema internacional de justicia tributaria y redistribución de recursos

“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”. Archer defiende esta idea, e incluso subraya que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, etc. Eso requiere un sistema internacional de redistribución de recursos para que los países de bajos ingresos puedan beneficiarse.

Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario, según Archer, cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica. Añade que es problemático que la ONU no tenga un sistema para financiar su propio funcionamiento y dependa de donaciones de países ricos actualmente.

 


Articulación entre diferentes movimientos sociales y el derecho a la educación como corazón

David Archer recuerda que, en los últimos 20 años, creamos y fortalecemos coaliciones nacionales para defender el derecho a la educación: campañas que son miembros de la CLADE y de redes hermanas en África, Asia y otras regiones del mundo. Hay coaliciones que defienden la educación en más o menos 90 países, que forman parte de la Campaña Mundial por la Educación, y reúnen a sindicatos de maestras y maestros, colectivos y ONGs, entre otros actores.

“La mayoría del financiamiento de la educación en los países viene de los presupuestos públicos. Debemos, entonces, tomar estos argumentos a favor de la justicia tributaria y del fin de la deuda y la austeridad, llevándolos a nuevos espacios de poder” (David Archer)

Sin embargo, él refuerza que es necesario avanzar y buscar conexiones con movimientos de salud, justicia fiscal y tributaria, así como muchos otros, porque no vamos a tener un éxito profundo en la educación, si al mismo tiempo los países están violando el derecho a la salud, así como los derechos en otros campos de las políticas públicas.

“Es necesario juntar nuestras movilizaciones por la educación con otros sectores y poner presión, no más a Ministros de Educación, sino a los Ministerios de Finanzas y parlamentos. Pues, hay Ministerios que no tienen recursos suficientes. La mayoría del financiamiento de la educación en los países viene de los presupuestos públicos. Debemos, entonces, tomar estos argumentos a favor de la justicia tributaria y del fin de la deuda y la austeridad, llevándolos a nuevos espacios de poder”, afirmó.

Archer también destacó que es necesario fortalecer el rol del Estado como actor redistributivo de recursos, que asume y tiene esta responsabilidad, lo que no se hace con educación apenas, sino desde la conexión entre movimientos por la educación, indígenas, mujeres, jóvenes y otros sectores. “Juntar los esfuerzos y confrontar la ideología neoliberal que está internalizada en los Ministros de Finanzas es lo más importante en este momento. Tenemos 40 años de un sistema neoliberal, y estamos en un momento en que podemos confrontar y cambiar esta realidad, ante la coyuntura del COVID-19 y de la crisis del clima”.

En este escenario, afirma Archer, hay una oportunidad para imaginar el nuevo rol del Estado en controlar la corrupción del sector privado y del sistema internacional neoliberal. “Estoy optimista en que hay más espacio para hacer estas conexiones con otras luchas, y la educación puede ser un corazón para estos movimientos”, concluye.


Banco Mundial: lineamientos para educación y proyectos financiados en América Latina y el Caribe

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XI Asamblea de la CLADE trata de los desafíos de la educación en la post-pandemia en América Latina y el Caribe

8 de octubre de 2020

Del 13 de octubre al 26 de enero, foros nacionales, redes regionales y organizaciones internacionales, docentes, estudiantes, investigadores y activistas que integran y son aliados a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), estarán reunidos en la XI Asamblea CLADE para debatir los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en la actual coyuntura. Están en el programa temas como privatización en la educación, juventudes, educación de personas jóvenes y adultas, primera infancia, criminalización de organizaciones estudiantiles, exclusión y desigualdades, entre otros.

El encuentro, que tiene como tema “Derecho Humano a la Educación: horizontes y sentidos en la post pandemia”, busca analizar el actual escenario regional e internacional y trazar estrategias para la efectiva implementación del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe en el contexto de la post pandemia. 

Esta es la primera vez que una Asamblea de la CLADE será realizada en formato totalmente en línea. Los eventos son abiertos al público, para participar y saber más sobre la XI Asamblea, basta hacer tu inscripción a través de la página de la iniciativa.


<span style=Con el objetivo de sistematizar los principales puntos para comprender qué es el Costo Alumno-Calidad (CAQ), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) lanzó la nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?”.  El documento, disponible en portugués, destaca la importancia del CAQ ‒mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña‒ para el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), además de presentar sus 18 años de historia, sus investigaciones y debates públicos, y deshacer mitos e incomprensiones sobre el mecanismo. “Al considerar los insumos necesarios para garantizar un patrón de calidad, el CAQ pauta las inversiones que cubren los costos de mantenimiento  de las guarderías, pre-escuelas y educación primaria y secundaria, en sus distintas modalidades, conforme lo previsto en la Constitución Federal, en la Ley de Directrices y Bases de la Educación de Brasil (Ley nº 9.394/1996) y en el Plan Nacional de Educación (Ley nº 13.005/2014), entre otras leyes”. La inserción del CAQ en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 26/2020 que institucionaliza el nuevo Fundeb fue aprobada en la Cámara de los Diputados de Brasil. El Senado brasileño debe votarla en esta semana, pero los legisladores que apoyan al gobierno y otros partidos conservadores se han resistido a mantener el CAQ en la PEC. Al publicar la nota técnica, la CNDE subraya la importancia del CAQ para garantizar la calidad de la educación pública brasileña. “La implementación del CAQ para mejorar el financiamiento de las escuelas públicas brasileñas se justifica por al menos tres razones: 1) la persistencia de una enorme desigualdad de acceso, condiciones dispares de permanencia y calidad educativa entre personas de diferentes clases sociales; 2) evidencia de condiciones insuficientes en las ofertas en las escuelas públicas; y 3) las limitaciones de la actual política de financiamiento”, se explica en el documento. >> Nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?” (disponible en portugués)   ">
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Brasil: ¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno-Calidad?

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Con el objetivo de sistematizar los principales puntos para comprender qué es el Costo Alumno-Calidad (CAQ), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) lanzó la nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?”. 

El documento, disponible en portugués, destaca la importancia del CAQ ‒mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña‒ para el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), además de presentar sus 18 años de historia, sus investigaciones y debates públicos, y deshacer mitos e incomprensiones sobre el mecanismo.

“Al considerar los insumos necesarios para garantizar un patrón de calidad, el CAQ pauta las inversiones que cubren los costos de mantenimiento  de las guarderías, pre-escuelas y educación primaria y secundaria, en sus distintas modalidades, conforme lo previsto en la Constitución Federal, en la Ley de Directrices y Bases de la Educación de Brasil (Ley nº 9.394/1996) y en el Plan Nacional de Educación (Ley nº 13.005/2014), entre otras leyes”.

La inserción del CAQ en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 26/2020 que institucionaliza el nuevo Fundeb fue aprobada en la Cámara de los Diputados de Brasil. El Senado brasileño debe votarla en esta semana, pero los legisladores que apoyan al gobierno y otros partidos conservadores se han resistido a mantener el CAQ en la PEC.

Al publicar la nota técnica, la CNDE subraya la importancia del CAQ para garantizar la calidad de la educación pública brasileña. “La implementación del CAQ para mejorar el financiamiento de las escuelas públicas brasileñas se justifica por al menos tres razones: 1) la persistencia de una enorme desigualdad de acceso, condiciones dispares de permanencia y calidad educativa entre personas de diferentes clases sociales; 2) evidencia de condiciones insuficientes en las ofertas en las escuelas públicas; y 3) las limitaciones de la actual política de financiamiento”, se explica en el documento.

>> Nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?” (disponible en portugués) 

 


<span style=“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo.  El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país.  En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.

>> Comunicado de la CLADE completo

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En comunicado público, la Campaña se suma a movimientos y organizaciones de la sociedad civil para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva a favor de la suspensión

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22 de mayo de 2020

“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo. 

El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país. 

En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.

>> Comunicado de la CLADE completo