Fundeb 2020: vitória da escola pública e da Campanha Nacional pelo Direito à Educação
13 de diciembre de 2021Año de Publicación: 2020
Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Este documento registra el proceso de aprobación del nuevo y permanente Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y Valorización de los Profesionales de la Educación (Fundeb), promulgado bajo la forma de la Enmienda Constitucional número 108, el 26 de agosto de 2020. El proceso es un hito histórico para el movimiento por el derecho a la educación porque por primera vez una propuesta de financiamiento educativo elaborada por la sociedad civil, en la cual la Campaña Nacional participó activamente, fue constitucionalizada.
Descargar
Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do Estado entre 2016 e 2021 na educação. Subsídios para uma análise a partir de raça e gênero
Año de publicación: 2021
Publicado por: Campanha Nacional pelo Direito à Educação
Este cuaderno, que da continuidad al estudio “Não é uma crise, é um projeto: os efeitos das reformas do estado entre 2016 e 2021 na educação”, analiza las reformas realizadas en los últimos 5 años en Brasil y sus efectos en las políticas educativas, con enfoque en los marcadores de género y raza. En el documento se recogen diversos datos y perspectivas de esta situación. El documento también está disponible en inglés.
Descargar
El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?
Año de publicación: 2020
Publicado por: Fundación SES y Universidad Nacional Pedagógica (UNIPE), en alianza con Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo
El estudio busca señalar cuáles son los recursos necesarios para realizar los objetivos educativos presentes en la Agenda 2030 en Argentina, considerando toda la diversidad y el contexto del país. El objetivo del documento es aportar insumos a las y los tomadores de decisión sobre políticas públicas educativas en el país.
Descargar
Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’
7 de diciembre de 2021Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.
El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.
No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.
Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.
El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.
Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.
Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.
Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.
Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación
Con el propósito de identificar tendencias y rasgos en la región Latinoamericana y del Caribe en temas de privatización educativa, en un artículo publicado recientemente en la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) expone la inserción de múltiples políticas que introducen lógicas mercantiles en el campo educativo. Estos procesos han estimulado el crecimiento de industrias ligadas al lucro, así como la existencia de importantes brechas en las leyes que efectivamente permiten la realización de actividades lucrativas incluso en la etapa educativa obligatoria, creando una contradicción con la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, en la medida en que se mueve el rol del Estado a la iniciativa privada.
Este esfuerzo de investigación de la CLADE parte de un entendimiento amplio del concepto de privatización educativa, que extrapola la presencia del sector privado, incluyendo los procesos de transferencia de actividades, activos y responsabilidades de los Estados a organizaciones privadas y también la subordinación de la educación pública a los intereses corporativos. Este artículo – realizado por Adelaida Entenza, Giovanna Modé, Laura Giannecchini y Nelsy Lizarazo – analiza documentos producidos por organismos multilaterales en 2020; páginas de ministerios de educación; y entrevistas con investigadoras/es y representantes de movimientos de la sociedad civil.
Según el análisis, en la región se dan diversas expresiones de privatización auspiciadas por múltiples agentes y actores que interactúan. Entre ellos está la influencia de organismos internacionales en las políticas educativas, como es el caso del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A través de proyectos de cooperación técnica y financiera, de procesos de recopilación de datos y de generación de conocimientos, y de sus condicionalidades (criterios definidos para otorgar préstamos), el BM y el BID logran influenciar las agendas sectoriales nacionales e incentivar la adopción de ajustes políticos y económicos estructurales en los países, determinando quiénes recibirán su apoyo, cuándo, a través de qué estructura operativa, y cuáles políticas o reformas políticas serán priorizadas en los países prestatarios. Tanto el BID como el BM actúan como actores políticos e intelectuales, con capacidad para formular y articular políticas, fomentando la participación directa del sector privado.
CLADE identifica que el proceso de control de la educación por parte de actores privados o no-estatales surge no sólo a través de formas tradicionales de alianzas público-privadas, pero también de estímulo al uso de las tecnologías de información y comunicación en el campo educativo y de fomento a nuevas empresas de educación, nuevos modelos pedagógicos y herramientas que debilitan el rol del Estado y de los sistemas públicos.
Ante este contexto pandémico, el estudio destaca tres ejes que han salido con más destaque en los procesos de privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: las complejas formas de privatización relacionadas a la instalación de plataformas para la educación a distancia, el refuerzo a formas de transferencia de fondos públicos a centros privados, y el rol de bancos multilaterales, particularmente del BID, en las iniciativas educativas que vienen buscando responder a la pandemia.
En “Privatización y comercialización de la educación en América Latina y el Caribe: aproximación y alertas en tiempos de pandemia” (publicado por CLADE en el 2021), se realizó un rastreo de las páginas web de Ministerios de Educación de la región sobre las principales respuestas educativas adoptadas durante la pandemia, identificando la presencia o ausencia de plataformas, recursos, aplicaciones, servicios y paquetes que dichos ministerios contrataron para responder a la emergencia. Este levantamiento reveló que en el 56.5% de los países figuran explícitamente espacios promovidos por Alphabet Inc, principalmente Google, Google Classroom y Microsoft, mientras en en el 17% constan empresas o fundaciones privadas tales como la Fundación Carlos Slim, la Fundación Telefónica o The Private Sector Organisation of Jamaica, para mencionar algunas. El estudio también reveló que muchos contratos fueron establecidos de manera poco transparente, lo que puede abrir caminos para nuevos estudios que se concentren en las cláusulas establecidas por estos acuerdos, sus condiciones, tiempo de duración y montos acordados.
El relevamiento documental y las entrevistas de CLADE demostraron el fenómeno de privatización conocido en la literatura como subsidio a la demanda. Con la profundización inmediata de la crisis económica para muchos sectores y el crecimiento del desempleo, muchas familias se vieron afectadas desde el comienzo de la emergencia sanitaria. Ya que muchas familias no pudieron pagar las cuotas de las escuelas privadas, aumenta la presión sobre el Estado para que este ofrezca ayuda a estas instituciones. La respuesta positiva estatal se observó de manera concreta y rápida en algunos casos, en forma de transferencia directa de fondos públicos para escuelas privadas, o indirectamente, a través de exenciones de impuestos.
Durante la emergencia sanitaria diversos actores privados ganaron terreno en el campo de la educación, colaborando entre sí y participando, activamente, en la definición de políticas y “nuevas narrativas”. Esta invasión de actores privados en la educación demanda, con urgencia, más estudios y atención, pues amenaza el ejercicio pleno del derecho humano a la educación.
Para conocer más sobre el impacto de los actores privados en los sistemas públicos de educación, puedes acceder al artículo realizado por la CLADE aquí: Privatización de la Educación en el Contexto de la Pandemia y Postpandemia: viejos y nuevos rostros que desafían la realización del Derecho Humano a la Educación.
Financiamiento Educativo y Justicia Fiscal
18 de noviembre de 2021La publicación abre un proceso de investigación escalable en América Latina y el Caribe sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos de dos países de la región: Argentina y Guatemala.
Descargar
Vernor Muñoz: “La educación necesita, en primer lugar, financiación estatal y no caridad o filantropía”
12 de noviembre de 2021“La Declaración de Incheon establece que todos los países deben asignar eficazmente al menos el 4 – 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y al menos el 15 – 20% del gasto público total a la educación. A pesar de ello, existe un déficit de financiación externa de 39.000 millones de dólares, pero este cálculo ignora el déficit de financiación interna, mucho mayor”. Fue lo que afirmó Vernor Muñoz, director de políticas e incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), durante su participación en el Segmento de Alto Nivel de la Reunión Mundial sobre la Educación 2021 (GEM, por su acrónimo en inglés), encuentro organizado por la UNESCO que reunió a líderes de educación de 40 Estados del mundo este miércoles (10/11) para adoptar la Declaración de París.
Con su intervención, Muñoz hizo un llamamiento mundial para aumentar la inversión en educación, especialmente tras la crisis de la COVID-19.
Según el director de políticas e incidencia de la CME, para que el financiamiento educativo sea garantizado, la comunidad internacional debería considerar la cancelación de la deuda y el alivio de la misma para desbloquear fondos en los presupuestos de los países en desarrollo. “Los bancos no deberían estar facultados para hacer negocios a costa de cualquier emergencia económica o humanitaria”, subrayó.
“La Campaña Mundial por la Educación recomienda la creación de sistemas fiscales nacionales progresivos y ampliados. La elaboración de presupuestos nacionales para la Educación requiere aumentar: el tamaño de los presupuestos en general, la proporción de los presupuestos para la educación, la sensibilidad de los presupuestos para responder a los más marginados y el escrutinio de los presupuestos, para que los gobiernos rindan cuentas a la gente”, destacó también.
>> Lee la intervención de Vernor Muñoz completa.
1.600 millones de niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
Según la UNESCO, en el fragor de la pandemia, 1.600 millones de niños, niñas y adolescentes quedaron fuera de la escuela. De ellos y ellas, 500 millones de estudiantes, principalmente en países del Sur, no tienen acceso a la enseñanza a distancia. Actualmente, de acuerdo con la institución, las escuelas siguen cerradas total o parcialmente en 65 países, lo que afecta a 750 millones de estudiantes.
“Estos riesgos para la escolarización de los niños se inscriben en un contexto mundial de falta de inversión en educación. Desde 2015, los Estados Miembros de la UNESCO acordaron financiar la educación a un nivel de entre el 4 y el 6% del PIB o entre el 15 y el 20% del gasto público, pero la mayoría de los países aún no han alcanzado este umbral. Además, parece que sólo el 1% del importe de los paquetes de estímulo posteriores a la COVID-19 se destina a la educación en los países de bajos ingresos y sólo el 2,9% en los países desarrollados”, afirma UNESCO en su página web.
Declaración de París: frente a las desigualdades educativas
“Hacemos hincapié en la urgencia de hacer frente a las crisis y a las desigualdades educativas exacerbadas por la pandemia del COVID-19, que amenazan el avance arduamente logrado hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y hacen que los grupos y los estudiantes marginados y vulnerables queden aún más rezagados, especialmente los que viven en la pobreza, en áreas remotas y rurales, las mujeres y las niñas, los afectados por las crisis y los conflictos y las personas en situación de discapacidad”, afirman líderes mundiales en la Declaración de París, adoptada durante la Reunión Mundial sobre la Educación 2021.
En la declaración final del encuentro también se afirma que la educación es una inversión que requiere una financiación sostenible. “Reconocemos que los recursos nacionales, en particular a través de los ingresos tributarios, son esenciales y siguen siendo la principal fuente de financiación de la educación. Nos basamos en los llamados a la acción precedentes para priorizar, proteger y aumentar la financiación nacional de la educación, incluida la Declaración del presidente Kenyatta y de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países en desarrollo asociados a la Alianza Mundial por la Educación”.
Además, la carta insta a todos los gobiernos a cumplir sin demora con los compromisos que asumieron en el Foro Mundial de la Educación, celebrado en Incheon en 2015 y en las Reuniones Mundiales sobre la Educación de 2018 y 2020, como el de asignar a la educación al menos el 4-6% del PIB y/o al menos el 15-20% del gasto público total.
>> Lee la Declaración de París completa.
CLADE impulsa consulta a la sociedad civil sobre educación y endeudamiento. ¡Participa!
4 de noviembre de 2021La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) está realizando una encuesta para conocer la relación entre el derecho humano a la educación y los procesos de endeudamiento en nuestra región.
Se buscan respuestas desde todos los países de América Latina y el Caribe, especialmente de organizaciones de la sociedad civil y colectivos que abordan la temática en su relación con luchas por los derechos humanos y el financiamiento de estos derechos.
Sin embargo, todas las respuestas son bienvenidas, de todo nivel educativo, de todo ámbito social. Las respuestas a la encuesta son anónimas. Los resultados serán oportunamente difundidos por la CLADE.
La encuesta está disponible en distintos idiomas y la versión en español se responde en este enlace. Se recibirán respuestas hasta el 14 de noviembre.
Fiscalidad y Educación: las dos caras de la inclusión educativa
29 de octubre de 2021La asignación, distribución y ejecución de los presupuestos en educación está íntimamente relacionada sobre el impacto de los flujos financieros: los lícitos y también los ilícitos.
En el marco del Congreso Regional de Experiencias Educativas 2021, se presentará el informe sobre “Financiamiento educativo y justicia fiscal” que comprende un acercamiento al tema y fue realizado gracias al trabajo conjunto entre CLADE, Latindadd y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.
Este trabajo busca instalar el debate y abrir un proceso de investigación escalable a nivel regional sobre el impacto que tienen los flujos financieros ilícitos (FFI) y el abuso fiscal corporativo sobre los presupuestos educativos
“En los países latinoamericanos, la necesidad de disponer de recursos adicionales para financiar los servicios sociales, la infraestructura y la inversión educativa ponen de manifiesto la urgencia de vincular fiscalidad y educación en las discusiones sobre las políticas públicas”, plantea el informe.
A su vez afirma que “para incrementar la inversión social en educación es necesario que la comunidad educativa regional considere activamente la relevancia que la actual estructura tributaria y en específico el impacto que los flujos financieros ilícitos (FFI) tienen sobre el desfinanciamiento de la inversión social, ya que significan pérdidas cuantiosas en términos de ingresos tributarios no recaudados”.
El panel se realizará el 18 de noviembre, a partir de las 14:00 (hora de Argentina), y contará con especialistas, entre ellos, Esteban Serrani, investigador del informe; Luis Moreno, Coordinador de Justicia Fiscal en Latindadd y miembro de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe, Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, y Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (Resalde), cuya persona representante, a confirmar, compartirá hallazgos de un estudio sobre deuda y financiamiento educativo en El Salvador.
El evento se realizará en español, con traducción simultánea a portugués, francés e inglés, además de interpretación en lengua de señas internacional.
➡️ ¡Conoce el programa completo, e inscríbete para participar en este y otros paneles, a través de nuestra web! http://experiencias-edu2021.fundses.org.ar/
Accede a la publicación original.
El Salvador: Un financiamiento justo para la educación
13 de octubre de 2021La investigación responde a procesos que la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha desarrollado en siete países a nivel Mundial sobre mecanismos de alivio de la deuda y financiamiento de la educación, por lo que RESALDE como miembro de la CME ha colaborado en la misma. El estudio es producto de la sistematización y el análisis de datos aportados por instituciones oficiales, nacionales e internacionales, así como investigaciones académicas y de organismos no gubernamentales y tiene como base el alivio de la deuda y el financiamiento educativo en El Salvador.
Para RESALDE el estudio tiene como eje principal garantizar el pleno derecho a la educación y para el caso de El Salvador, es urgente y requiere de recursos financieros adicionales que permitan el retorno a clases, recuperar los aprendizajes, reorientar la base curricular y replantear el horizonte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS 4, Educación de calidad.
Así mismo, el documento revela que “el canje” de deuda y la cooperación financiera han sido mecanismos favorables para la ejecución de proyectos específicos de educación o salud para la niñez y la juventud. Los canjes de deuda e incluso préstamos específicos han sido efectivos en la medida en que se orientan directamente a programas y proyectos educativos, pero a su vez tienen condiciones especiales como la transparencia, la participación, la contraloría y la rendición de cuentas.
RESALDE mantiene una campaña permanente enfocada a garantizar el derecho a la educación y asegurar los recursos fundamentales para su logro consignados en las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tratados internacionales.
Por lo que, consideran que el estudio deja una hoja de ruta para “la protección a la inversión social”, “educación y salud”, “reprogramaciones de canje de deuda”, entre otros.
