Panel en el CIES discute el rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4
4 de mayo de 2021Los hallazgos de la evaluación externa del Fondo de la Sociedad Civil para la Educación (CSEF, por su acrónimo en inglés) fueron tema de debates de un panel realizado en el marco de la 65a Conferencia Anual de la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES 2021). Organizada el día 28 de abril del 2021, la mesa “Rol de la sociedad civil para alcanzar el ODS4: Lecciones aprendidas y caminos hacia futuro”, contó con las participaciones de Jenny Price, investigadora de National Foundation for Educational Research, que realizó la evaluación externa del CSEF; Ram Gaire, coordinador de NCE-Nepal; Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE; y Vernor Muñoz, Jefe de Políticas de la Campaña Mundial por la Educación (CME). La moderación del panel quedó a cargo de Luis Eduardo Pérez Murcia, asesor de políticas e investigación de la CME.
Jenny Price abrió el panel, explicando que la evaluación externa se concentró especialmente en la última etapa del CSEF (2016-2019) y adoptó una metodología participativa, que cruzó en análisis de documentos producidos por la iniciativa con grupos focales, encuestas y entrevistas a los participantes del CSEF y actores externos. Entre los principales resultados del programa, ella destacó: la ampliación de la diversidad de actores que integran el movimiento el derecho a la educación, tanto al interior de cada una de las coaliciones nacionales como de las coaliciones regionales y de la propia CME; la ampliación de la credibilidad y legitimidad del movimiento para presionar a los gobiernos por el cumplimiento del DHE; la ampliación de la cohesión social del movimiento; la buena coordinación para difusión de mensajes al interior del movimiento; y la importancia de hacer incidencia a partir de la evidencia, destacando la multiplicidad de investigaciones elaboradas por las coaliciones con el apoyo del CSEF.
Asimismo, ella apuntó que el financiamiento de largo plazo ofertado a las coaliciones, especialmente para elementos institucionales, así como el apoyo que recibieron de las coaliciones regionales y de la CME, y los procesos de intercambio y colaboración Sur-Sur, fueron fundamentales para alcanzar dichos resultados. Por otro lado, consideró que la participación significativa de las coaliciones en la toma de decisión sobre las políticas públicas y la promoción de cambios concretos fue un desafío, porque en el periodo analizado hubo un incremento de tendencias conservadoras en todas las regiones, que restringieron la participación democrática y aumentaron la criminalización de la protesta.
Ram Gaire destacó que otro elemento que complejizó la acción política de la sociedad civil que actúa en la defensa y promoción del derecho a la educación es la entrada del sector privado en el campo educativo y su creciente articulación con los gobiernos en los últimos años, sea a través de alianzas público privadas o de su influencia en la definición e implementación de las políticas.
El activista subrayó que este nuevo elemento viene debilitando la educación pública en su país y destacó que, para hacer frente esa tendencia, es fundamental aumentar la movilización ciudadana, generar mayor solidaridad entre movimientos más allá del campo educativo, y hacer incidencia en base a la evidencia científica.
El desarrollo de investigaciones para contrarrestar mitos difundidos por actores que no trabajan la educación desde la perspectiva de derechos humanos, como las ideas de que la educación privada es siempre mejor que la educación pública o de que la mayoría de los países de América Latina y el Caribe ya invierten suficientes recursos en la educación también fue destacada por Laura Giannecchini. Ella presentó la experiencia de desarrollo del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, una plataforma en línea que reúne información sobre la inversión educativa de 20 países de la región, entre 1998 y 2018. El Sistema, que contó con el apoyo del CSEF y otros financiadores, recoge datos reportados por los Estados a las bases de datos de UNESCO, CEPAL y Banco Mundial, analizándolos bajo tres dimensiones: esfuerzo financiero público, disponibilidad de recursos y equidad en el acceso escolar.
Dicha plataforma permitió a la CLADE identificar, por ejemplo, que todos los países analizados invertían menos de la mitad del monto asignado por persona en edad escolar en los países más pobres de la OCDE. Algunos países, como Nicaragua, incluso invertían 20 veces menos, lo que puso en evidencia la necesidad de seguir presionando los gobiernos de la región para ampliar el financiamiento doméstico para la educación, y aún más en contextos de crisis, como la actual pandemia del COVID-19.
Finalmente, Vernor Muñoz destacó que muchos de los actuales sistemas educativos en el mundo están caracterizados por la exclusión y la discriminación. Vernor remarcó que la educación es un derecho fundamental habilitador de la realización de los demás derechos humanos y que el sentido de la educación debe responder a los modelos de sociedad que aspiramos. También recordó que, aunque la CME apoye la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la perspectiva de educación como derecho humano es más amplia que dicha Agenda, e incluye las dimensiones de asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad, aceptabilidad, gobernanza y participación en la educación.
Luego de las presentaciones, se dio una discusión con la audiencia sobre el sentido de la educación y del desarrollo que deseamos y la necesidad de construir narrativas potentes que permitan superar una mirada única de desarrollo, pautada en el modelo de desarrollo de los países industrializados.
Desigualdades educativas en América Latina: tendencias, políticas y desafíos (Resumen ejecutivo)
23 de abril de 2021Resumen ejecutivo del informe regional que presenta un diagnóstico general de las distintas políticas educativas implementadas por los Estados de América Latina en los últimos 20 años.
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Desigualdades educativas en América Latina: tendencias, políticas y desafíos
Este informe regional presenta un diagnóstico general de las distintas políticas educativas implementadas por los Estados de América Latina en los últimos 20 años, con miras a comprender en qué pudimos avanzar como región, qué elementos nos hacen falta y qué es necesario cambiar radicalmente para avanzar hacia una región más igualitaria y democrática.
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El currículo regionalizado de la nación Quéchua: una experiencia emancipadora para erradicar desigualdades en Bolivia
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Bolivia ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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Los efectos de la inversión en educación en Brasil: Un análisis de las dos últimas décadas
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Brasil ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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Lógicas de privatización y desigualdad en la educación colombiana: un análisis desde la perspectiva del desfinanciamiento del derecho humano a la educación
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Colombia ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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La educación y desigualdades de género en Guatemala: un estudio aproximado
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que Guatemala ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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El derecho humano a la educación en México: las heridas desde la violencia
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Más recursos para la educación para reducir desigualdades: la experiencia de República Dominicana
La investigación revela una gama heterogénea de políticas educativas que República Dominicana ha puesto en marcha en las dos últimas décadas para reducir las desigualdades educativas y contribuir a la universalización del ejercicio del derecho a la educación.
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CME: “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos”
30 de junio de 2020La Campaña Mundial por la Educación (CME) divulgó la semana pasada una declaración sobre el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo), publicado por la UNESCO el 23 de junio. El informe evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas.
Según la CME, el GEM 2020 -que este año se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención sobre las personas excluidas de los sistemas educativos- es esencial para comprender las causas y los obstáculos estructurales que deben ser superados para la realización del ODS 4 y también proporciona una perspectiva que se aplica a toda la Agenda de Desarrollo Sostenible. “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos y, por lo tanto, requiere mayores y mejores compromisos de los Estados. Es una condición sine qua non impulsar un cambio positivo en las sociedades e instituciones y convertir la retórica en acciones afirmativas y prácticas concretas para llegar a aquellos que están excluidos por sus antecedentes o habilidades”, declara la CME.
El informe de la UNESCO hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que muchas veces no abarca a todos los grupos marginados. Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación.
Para la Campaña Mundial, la inclusión en la educación requiere la garantía de una educación de calidad gratuita y la eliminación de los costos directos e indirectos, así como el fortalecimiento de la financiación pública. Así mismo, depende de la mejora de la sensibilidad del presupuesto, de modo que las comunidades que han sido históricamente excluidas, como las personas con discapacidad, puedan contar con infraestructura, docentes bien formadas y formados, así como adaptaciones razonables.
“Las y los docentes capacitadas/os, calificadas/os y bien apoyadas/os abren las puertas de la diversidad y continúan siendo los mejores socios y socias para construir oportunidades para todos y todas, por lo que la CME llama a un diálogo continuo con ellas y ellos cuando toman decisiones sobre políticas de educación inclusiva”, subraya la Campaña Mundial en su declaración.
>> Declaración completa (disponible en inglés)
