Brasil: reclaman más recursos para escuelas, estudiantes y docentes
21 de julio de 2020Con el hashtag #FundebpraValer, a través de las redes sociales, estudiantes, docentes, activistas, educadoras y educadores y todos y todas quienes luchan por garantizar el derecho a la educación en Brasil reclaman a los políticos del país que se vote en el Congreso el texto del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb) presentado por la diputada y profesora Dorinha, sin modificaciones.
La movilización brasileña se da en el marco de la votación del nuevo Fundeb en la Cámara de Diputados, ya que el plazo de vigencia del fondo actual termina en diciembre de este año.
La falta de definición de una propuesta adecuada para la renovación del fondo ha generado un contexto de incertidumbre y riesgos para la educación pública brasileña, que culminó en disputas sociales. Por ello, más de 200 organizaciones y movimientos sociales, liderados por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), defienden que se aplique el Costo Alumno Calidad (CAQ) y el Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), mecanismos desarrollados por la coalición que calculan la inversión adecuada por estudiante, para que todas y todos tengan acceso a la educación básica de calidad. Este mecanismo considera las diferentes etapas y modalidades educativas, y además tiene en cuenta los costos de mantenimiento.
“Este texto presentado por la profesora Dorinha amplía la complementación de recursos de la Unión, garantiza las condiciones de calidad a través del Costo Alumno Calidad y la valoración de los profesionales de Educación a través de la distribución de un sistema híbrido que no desestabiliza las redes [educativas], fortaleciendo [la construcción de] un sistema más equitativo”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora de la CNDE, en un video.
Especialistas reclaman un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe
17 de julio de 202044 millones de personas sin empleo, 230 millones de personas en situación de pobreza y 96 millones viviendo en condiciones de pobreza extrema. Ese fue el escenario presentado por Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al analizar los impactos de la pandemia en la región.
Bárcena expuso en el evento paralelo al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas 2020 (HLPF, por sus siglas en inglés), que se desarrolló virtualmente en julio y se denomina “La Agenda 2030 en el nuevo contexto global y regional: escenarios y proyecciones para América Latina y el Caribe en la crisis actual”. El evento fue organizado el 10 de julio por la CEPAL y la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La secretaria ejecutiva de la CEPAL instó los Estados a garantizar el acceso a la información, a la participación y a la justicia con respeto a los derechos humanos y con base en una gobernanza democrática, y subrayó la importancia de extender el apoyo financiero a los países de ingreso medio a través de mayor liquidez (derechos especiales de giro), financiamiento concesional y alivio a la deuda, especialmente a los países del Caribe. “Debemos avanzar hacia una mayor integración regional frente a una geografía económica global distinta”, subrayó.
Junto a Alicia Bárcena también participó del evento Laura Giannecchini, coordinadora de Desarrollo Institucional de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en nombre del Mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda 2030 y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Laura Giannecchini: “Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”
Para Laura Giannecchini, la pandemia del COVID-19 desnudó y profundizó tendencias que la CLADE y otras organizaciones y movimientos sociales habían observado en la región, como el estancamiento o regresión económica, el aumento de la pobreza y de las desigualdades, el debilitamiento de los sistemas públicos de educación, salud y protección social, y el crecimiento de tendencias autoritarias.
“Creemos que esta crisis sanitaria, que es también económica, social y política, pone en evidencia la urgencia de un cambio radical en la acción de nuestros gobiernos, camino a la adopción de nuevos modelos de desarrollo. Esta pandemia es también una oportunidad para que los Estados implementen acciones urgentes contra el deterioro del planeta y en favor de la promoción de vidas dignas”, afirmó.
En su exposición, elaborada a partir de reflexiones colectivas que tuvieron lugar en el Marco del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil y que culminaron el la declaración “América Latina y el Caribe: Pocos avances y nuevos desafíos para la Agenda 2030, lanzada en mayo del 2020″, Giannecchini destacó la importancia de realizar ocho cambios para mitigar los impactos de la crisis a la hora de garantizar los derechos humanos. Entre ellos están: la necesidad de fortalecer los sistemas democráticos, incorporando a los movimientos sociales, colectivos de la sociedad civil y poblaciones históricamente excluidas del debate y de la toma de decisión en las políticas públicas; la necesidad de fortalecer los sistemas públicos de educación, salud y protección social; la contención del avance de los fundamentalismos religiosos en los espacios políticos, que niegan evidencias científicas, fomentando el odio y dificultando la implementación de políticas con perspectiva de derechos; y el establecimiento de un compromiso financiero, político y normativo de largo plazo, y de cooperación internacional, para asegurar el cumplimiento integral de la Agenda 2030.
“Consideramos que es hora de establecer un nuevo pacto de justicia socioambiental y económica para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Un pacto de desarrollo inclusivo, que coloque a las personas en el centro, e inste a los Estados a la acción, de manera que podamos salir de esta pandemia con nuevos paradigmas, basados en la solidaridad, la felicidad y en el bienestar de todas y todos”, subrayó.
Además de Bárcena y Giannecchini, intervinieron en el evento el embajador Juan Ramón de la Fuente, representante permanente de México ante la ONU; Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica; Luz Keila Gramajo Vílchez, secretaria de Planificación de Guatemala; y Markova Concepción Jaramillo, comisionada presidencial para el Examen Nacional Voluntario y representante permanente designada de Panamá ante la ONU. Participaron también Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y Rochelle Whyte, asesora técnica superior del director general del Instituto de Planificación de Jamaica.
Mira la grabación del panel con la exposición de todos los participantes:
- La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
- La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
- La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
- Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas.
- Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
- Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.
>> Grabación del Encuentro Nacional
">Chile: Encuentro nacional debate acciones para transformar la educación en derecho humano en el país
14 de julio de 2020Representantes de más de 60 organizaciones educativas, sociales, populares y territoriales -del Sur, Centro y Norte de Chile- participaron del “Encuentro Nacional Organizados/as para transformar la educación como un derecho social”, que discutió las problemáticas y propuestas educativas que las comunidades impulsan desde la Revuelta Popular hasta la actual crisis sanitaria en Chile.
Organizado por el Foro por el Derecho a la Educación Pública el 20 de junio, el encuentro contó con la participación de la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Camilla Croso, quien enfatizó la importancia de que los movimientos sociales reflexionen en este contexto de pandemia sobre la educación pública y de acercarse a los otros movimientos sociales que trabajan en los ámbitos de salud, economía alternativa y de derechos humanos para la transformación de la sociedad.
Posteriormente se presentaron los informes de la Mesa de Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile y del Comité Educacional de la Coordinadora Feminista 8M, que presentaron las diversas vulneraciones que han sufrido las comunidades educativas desde el 18 octubre en adelante.
Los informes muestran que las vulneraciones al derecho a la educación han sido sistemáticas. “Durante la revuelta fueron miles los y las miembros y miembras de comunidades educativas reprimidos/as y encarcelados/as a lo largo de todo Chile. En el contexto actual de pandemia está siendo vulnerados/a de igual forma el derecho a la educación pública de los y las niños/as y jóvenes, visibilizando una vez más la brecha económica y las desigualdades existentes”, afirmó el Foro por el Derecho a la Educación Pública.
En el encuentro se manifestó que:
- La educación debe ser pública, laica, democrática y pluralista, centrada en la comunidad educativa y controlada por esta.
- La construcción de currículos debe considerar a los distintos pueblos y territorios que conviven en Chile, desde los pueblos ancestrales hasta los migrantes, y debe ser pluralista, vinculada al país que queremos, pluridiverso.
- La educación como derecho social debe estar en el proceso constituyente, el cual a su vez debe construirse desde los territorios.
- Es preciso eliminar la Ley Aula Segura, que promueve la criminalización de los estudiantes y de las comunidades educativas.
- Es necesario consagrar la igualdad en los diferentes derechos sociales, por ejemplo, el ámbito de la salud pública debe contar con herramientas para que se pueda acceder a ella como derecho básico.
- Es fundamental poner fin a la represión policial y militar de la protesta social en todos los territorios. En particular, acabar con la represión en el Wallmapu y a todos nuestros pueblo originarios.
>> Grabación del Encuentro Nacional
Foro Político de Alto Nivel: ¿Qué impactos está teniendo la pandemia del COVID-19 en la educación a nivel mundial?
13 de julio de 2020En el marco del Foro Político de Alto Nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 2020, el Grupo de Educación y Academia (Education and Academia Stakeholder Group – EASG por su acrónimo en inglés) realizó el 9 de julio el evento online: “Educación: el camino para la transformación durante y después de la crisis”. El grupo compone la estructura de participación de la sociedad civil en los debates sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Naciones Unidas. El encuentro, que contó con más de 75 participantes, buscó discutir cómo la pandemia del COVID-19 viene impactando en la educación a nivel mundial.
Según el último balance de la UNESCO, al menos 850 millones de niños, niñas y jóvenes tuvieron sus clases suspendidas en más de cien países debido a las medidas adoptadas por los gobiernos para combatir el brote del nuevo coronavirus. En ese contexto, las y los participantes fueron invitados e invitadas a reflexionar sobre la necesidad de una acción acelerada para volver a garantizar el derecho a la educación a todas y todos.
Refaat Sabbah, presidente de la Campaña Mundial por la Educación, destacó que, en momentos de crisis, la educación, especialmente de los grupos más vulnerables e históricamente excluidos, tiende a ser descuidada. Utilizando el argumento de que es necesario priorizar la salud, la economía y otros factores, muchas veces los gobiernos recortan los presupuestos educativos. En cambio, Sabbah defendió que las escuelas deben de ser entendidas como espacios de realización de derechos y por ende deben ser aún más protegidas en momentos de crisis.
Igualmente, subrayó que la reapertura de las escuelas requerirá un abordaje holístico, que cuente especialmente con la participación de los distintos actores de las comunidades educativas –docentes, estudiantes, madres y padres y toda la comunidad- y que en ese sentido, será fundamental una acción de incidencia política coordinada a nivel mundial desde la sociedad civil para que las autoridades escuchen una voz unificada y robusta, que presione por la realización del derecho a la educación y por la comprensión de que la educación puede contribuir para superar la crisis.
Según Reem Rabah, representante del Consejo Internacional de Educación de Adultos (ICAE), entre los grupos más impactados por la pandemia están las personas jóvenes y adultas. La crisis obligó a muchos gobiernos a migrar la oferta educativa formal para modalidades de educación a distancia, pero la educación no formal de personas adultas está siendo casi completamente ignorada por los Estados, destacó. Para Rabah, la educación de adultos debería ser una prioridad, ya que es urgente garantizar ese derecho a las personas que no pudieron tener acceso a la educación en la edad adecuada, para que ahora más que nunca aprendan a resistir a los procesos de crisis, a ser resilientes, a construir capacidades para aumentar su empleabilidad y actuar en sociedades democráticas. Asimismo destacó que el desarrollo sostenible no podrá ser alcanzado sin asegurar el derecho a la educación y que particularmente la educación de personas adultas tiene un impacto muy positivo en los indicadores de salud, lo que es clave en el contexto de la pandemia.
Robert Napier, de la Unión Europea de Estudiantes (ESU), a su vez, ponderó que la educación formal también ha sido altamente impactada por la pandemia, incluso en los países en desarrollo. Un estudio organizado por ESU con 17 mil estudiantes mostró que el 90% de ellos no tenía computadoras disponibles para estudiar y que solamente el 40% tenía acceso adecuado a internet. En ese contexto, Napier destacó la necesidad de reforzar los sistemas educativos públicos, con inclusión y equidad, además de asegurar el involucramiento de las y los estudiantes en la toma de decisiones sobre su educación. Y ponderó que, si la pandemia impone múltiples desafíos para la educación, es también una oportunidad para que, al retornar a la normalidad, se construyan sistema educativos más sostenibles, equitativos e inclusivos, desde la educación en la primera infancia hasta la educación terciaria.
En ese mismo sentido, Katarina Popovic, del ICAE, afirmó que es fundamental encontrar buenos ejemplos, incluso de oferta de educación en derechos humanos y para la ciudadanía en momentos de crisis, para presentar a los gobiernos como vías posibles, porque luego el retorno a las escuelas tendrá que lidiar con la agudización de las desigualdades.
Al final del encuentro, Marcela Browne, de la Fundación SES y de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación, leyó un discurso enviado por Pablo Gentili, del Ministerio de Educación argentino, quien había confirmado su participación pero tuvo dificultades para conectarse. Gentili reconoce que la pandemia está impactando en el aumento de las desigualdades y que la enseñanza se está desarrollando en condiciones muy precarias. Aseguró que, para superar las antiguas y las nuevas dificultades, será clave desarrollar políticas públicas centradas en las familias y en la construcción de sistemas de protección de derechos justos y democráticos. Igualmente alertó que el proceso de reapertura de las escuelas es mucho más complejo que el cierre de los centros educativos, lo que implicará un compromiso de largo plazo y una mayor inversión en los sistemas públicos educativos, garantizando mejores condiciones de trabajo a las y los docentes.
CME: “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos”
30 de junio de 2020La Campaña Mundial por la Educación (CME) divulgó la semana pasada una declaración sobre el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo), publicado por la UNESCO el 23 de junio. El informe evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas.
Según la CME, el GEM 2020 -que este año se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención sobre las personas excluidas de los sistemas educativos- es esencial para comprender las causas y los obstáculos estructurales que deben ser superados para la realización del ODS 4 y también proporciona una perspectiva que se aplica a toda la Agenda de Desarrollo Sostenible. “La inclusión es el camino para la realización de todos los derechos humanos y, por lo tanto, requiere mayores y mejores compromisos de los Estados. Es una condición sine qua non impulsar un cambio positivo en las sociedades e instituciones y convertir la retórica en acciones afirmativas y prácticas concretas para llegar a aquellos que están excluidos por sus antecedentes o habilidades”, declara la CME.
El informe de la UNESCO hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que muchas veces no abarca a todos los grupos marginados. Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación.
Para la Campaña Mundial, la inclusión en la educación requiere la garantía de una educación de calidad gratuita y la eliminación de los costos directos e indirectos, así como el fortalecimiento de la financiación pública. Así mismo, depende de la mejora de la sensibilidad del presupuesto, de modo que las comunidades que han sido históricamente excluidas, como las personas con discapacidad, puedan contar con infraestructura, docentes bien formadas y formados, así como adaptaciones razonables.
“Las y los docentes capacitadas/os, calificadas/os y bien apoyadas/os abren las puertas de la diversidad y continúan siendo los mejores socios y socias para construir oportunidades para todos y todas, por lo que la CME llama a un diálogo continuo con ellas y ellos cuando toman decisiones sobre políticas de educación inclusiva”, subraya la Campaña Mundial en su declaración.
>> Declaración completa (disponible en inglés)
Sobre el GEM
El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos. “El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web. El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)
>> Resumen del informe en español
La educación de las personas con discapacidad en la región
Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?. Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad. Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. “Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE. La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.Con informaciones de Blog de la Educación Mundial">
GEM 2020: Menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación
23 de junio de 2020La UNESCO lanzó hoy, 23 de junio, el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo). De acuerdo al documento, se observó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19, y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio-bajos no ha apoyado como debería a estudiantes en situación de discriminación y vulnerabilidad, durante el cierre de las escuelas.
El informe muestra que, a nivel mundial, las dimensiones de discriminación por motivos de género, lejanía, riqueza, discapacidad, etnia, idioma, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a muchas y muchos estudiantes el derecho a una educación de calidad.
Así mismo, hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que a menudo no abarca a todos los grupos marginados, y que, al contrario, apunta a algunos de ellos, como si la inclusión pudiera llegar a un grupo a la vez.
Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación. Por ejemplo, las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades se eduquen en entornos separados del sistema regular de enseñanza, cifra que se eleva a más del 40% en América Latina y el Caribe.
Sobre el GEM
El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos.
“El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web.
El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.
>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)
>> Resumen del informe en español
La educación de las personas con discapacidad en la región
Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?.
Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad.
Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
“Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE.
La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.
Con informaciones de Blog de la Educación Mundial
Estudiantes de América Latina y el Caribe contestan: ¿Cuál es la educación que necesitan?
15 de junio de 2020“La educación que como juventudes latinoamericanas estamos proponiendo primero tiene que servir como garante de derechos, como una herramienta democratizadora, que fomente la emancipación del pensamiento y de los cuerpos”, afirmó el joven nicaragüense, Alexander Guevara, en respuesta a una de las preguntas de la asistencia del diálogo virtual “La Educación que Necesitamos para el Mundo que Queremos: perspectivas de adolescentes y jóvenes de América Latina y el Caribe”, realizado por la CLADE. El evento tuvo lugar en marzo, en el marco de la Campaña #LaEducaciónQueNecesitamos para el mundo que queremos, que reunió y divulgó las voces, opiniones y sugerencias de adolescentes y jóvenes de la región sobre su derecho a la educación.
Así como Alexander, las y los jóvenes Alejandra Solano, de Costa Rica; Angélica Pedraza y Eylin Ríos, de México; Ariana Rodríguez y Felipe Urbas, de Argentina; Gabriel Villarpando, de Bolivia; Jazmín Elena, de El Salvador; Juan Pablo Castellanos, de Colombia; Paulocesar Santos, de Perú; y Tony Barahona, de Honduras, analizaron y respondieron las cuestiones del público que no se pudieron profundizar ni contestar durante el diálogo virtual.
Lee a continuación sus reflexiones:
¿Esa educación que ustedes quieren para qué debe servir?
Alexander Guevara (Nicaragua) – La educación que como juventudes latinoamericanas estamos proponiendo primero tiene que servir como garante de derechos, como una herramienta democratizadora que fomente la emancipación del pensamiento y de los cuerpos. Ella debe servir para promover relaciones simétricas entre pares, para romper con los paradigmas hegemónicos de los sistemas autoritarios que criminalizan la participación ciudadana.
Ariana Rodríguez (Argentina) – Yo creo que la educación que los jóvenes queremos, buscamos y construimos todos los días desde nuestra lucha es la que nos construya como sujetos críticos de las propias realidades que vivimos y como sujetos transformadores, que esa crítica pueda transformarse en algo positivo, no sólo para la educación, sino también para la sociedad. Estar en un lugar en el que podamos sentirnos cómodas y cómodos en familia, y que en base a eso y en base a toda esta realidad que vivimos, la educación pueda formarnos en contenido, en experiencia y que eso nos haga sujetos críticos de nuestra misma sociedad, para construir una sociedad y un mundo mejor.
Jazmín Elena (El Salvador) – Esa educación que exigimos de hecho es para poder ver una verdadera transformación social desde nuestros contextos, desde nuestros países y desde la región latinoamericana, porque somos nosotras y nosotros quienes tenemos pocas posibilidades de tener una educación de calidad, gratuita y universal. Son pocos países los que han logrado eso, y bueno, sabemos los costos que esto ha tenido, pero hay muchos países en la región que aún necesitamos eso para poder ver una verdadera transformación social, una verdadera proyección de vida, y bueno, que esa sea una vía para que se respeten nuestros derechos.
“La Educación debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos.” (Paulocesar Santos, de Perú)
Paulocesar Santos (Perú) – Yo creo que debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos. Esto es una educación con opciones flexibles que garanticen trayectorias educativas exitosas a todas las personas y que contribuya a la afirmación de principios y valores democráticos.
¿Cuáles son las expectativas de cambio educativo que tienen los jóvenes?
Angélica Pedraza (México) – Los jóvenes miramos al cambio educativo desde la perspectiva de una educación liberadora más autodidacta, que no se limite a un aula o un libro, es decir, una educación bancaria, sino una que se involucre en la retroalimentación y en alternativas innovadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Gabriel Villarpando (Bolivia) – Los jóvenes estamos mucho más involucrados actualmente en diferentes aspectos y necesidades que van acordes a nuestro contexto, entonces son muchas las expectativas que tenemos para generar un cambio educativo. Estas pueden ir desde involucrar tecnologías, por ejemplo, o poder involucrar también herramientas que son mucho más innovadoras, actuales que van a estar acordes a nuestro contexto, a nuestro diario vivir, y especialmente, poder involucrarnos como jóvenes de manera directa, de acuerdo a nuestras necesidades, y poder exigir la adecuación de las exigencias que nosotros tenemos para una educación que necesitamos. Así, las expectativas de los jóvenes, sobre todo las de un joven activista, hacen referencia al trabajo de exigibilidad de una reforma educativa que esté acorde a nuestro contexto y necesidades.
“Podemos decir que necesitamos una educación propositiva, una educación en constante discusión, una educación renovadora, que es la que usan los diferentes países que son desarrollados.” (Tony Barahona, de Honduras)
Tony Barahona (Honduras) – Podemos decir que la educación hondureña es una educación positivista, es una educación que premia la acumulación de conocimiento, pero estos conocimientos no pueden discutirse, ni trabajarse o replantearse. Entonces, esto viene siendo como una educación, digámoslo, acumulativa, o como la definen algunos pedagogos marxistas, como una educación bancaria, donde los estudiantes solo son como receptores que acumulan y acumulan, memorizan conocimiento. Pero, el país merece un modelo educativo distinto, donde exista una dialéctica en la que se puedan construir pensamientos críticos para generar ciudadanos conscientes que puedan resolver problemas en su entorno. Por lo tanto, podemos decir que necesitamos una educación propositiva, una educación en constante discusión, una educación renovadora, que es la que usan los diferentes países que son desarrollados.
¿Cómo es el mundo que se quiere?
Alejandra Solano (Argentina) – En mi caso yo quiero un mundo más empático donde seamos capaces de percibir el dolor y las realidades que afrontan los demás. Es decir, un mundo menos individualista donde podamos ver más allá de la burbuja que cada uno carga sobre sus cabezas y entender que no todos estamos en igualdad de condiciones, ni afrontamos los problemas de la misma manera. Eso daría como resultado un mundo más solidario, donde la gente no piense dos veces antes de tender la mano a los que más necesitan, o de dar y ofrecer más a los que menos tienen.
Juan Pablo Castellanos (Colombia) – El mundo que deseo y quiero como joven es un mundo al alcance de nuestros sueños, con garantías dignas para todos y todas, con una democracia sin interés, una equidad social y garante de derechos para todas las personas. El camino hacia el éxito para lograr los objetivos propuestos por todas las personas es la educación, ya que la educación es la herramienta más fuerte que el mundo posee para transformar nuestra sociedad. Siempre he dicho que todas las personas tenemos misiones en este mundo, con muchos retos, claro que sí, que tenemos que afrontar de una manera positiva y responsable para la construcción de una sociedad mejor y al alcance de nuestros sueños. Una sociedad sin machismo, una sociedad sin xenofobia, sin racismo, una sociedad digna e inclusiva, tolerante, participativa y constructiva para crear entornos garantes derechos y de satisfacción social.
¿Cómo debe ser la educación para que las y los jóvenes no vean más atractivo pertenecer a una banda delictiva?
Alexander Guevara (Nicaragua) – Primero, la educación debe ser una educación laica y libre, una educación que sea política, que me garantice el derecho a decidir, el derecho de ser quien yo quiero ser, sin que esto implique alguna transgresión al orden social. Debe ser una educación artística que fomente la pedagogía libertadora.
“¿Cómo sacar a estas personas para que tengan mayores posibilidades de vida? Ahí es donde viene la prevención. Siento que los sistemas, los gobiernos deben buscar medidas preventivas o alternativas para que ellos [las y los jóvenes] puedan reinsertarse a la sociedad” (Jazmín Elena, de El Salvador)
Jazmín Elena (El Salvador) – Yo creo que primero debemos re-direccionar esa pregunta, preguntándonos qué hacer para que los jóvenes que ya están dentro de estos grupos puedan buscar una vía para abandonarlos y para que ingresen nuevamente al sistema educativo, porque ese problema de la violencia social ha venido de generación en generación, y los jóvenes que están actualmente en esa situación, pueden ser de familias que han estado por décadas dentro de estos grupos.
En el caso de El Salvador, eso se viene presentando incluso después de los acuerdos de paz, o sea, en el período de posguerra. Y este fenómeno creció tanto que se puede decir que ahora la mayoría de chicos y chicas que están dentro de estos grupos sin quererlo, sin que el sistema les diera un verdadero apoyo, aún se encuentran ahí, muchas veces por protección.
Entonces, la pregunta es: ¿cómo sacar a estas personas para que tengan mayores posibilidades de vida? Y ahí es donde viene la prevención. Siento que los sistemas, los gobiernos deben buscar medidas preventivas o alternativas para que ellos puedan reinsertarse a la sociedad, y por otro lado para prevenir que otros jóvenes ingresen. Los Estados tienen que brindar mayores oportunidades. En ese caso, la educación pública juega un papel fundamental para que estos jóvenes que viven en las zonas vulnerables puedan tener una mayor posibilidad de crecimiento educativo, para que sus expectativas de vida puedan ser mejores.
“La educación de Finlandia no funcionaría en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia o Haití, porque no somos Finlandia” (Felipe Urbas, de Argentina)
Felipe Urbas (Argentina) – Me parece que en general la pertenencia a bandas delictivas se da por una falta a la educación, por un error de los educadores, por un error del Estado, por un error de la forma, por no entender los contextos sociales donde se dan. Por eso, siempre estoy en contra de esta idea de que queremos la educación de Finlandia.
La educación de Finlandia no funcionaría en Argentina, Brasil, Perú, Bolivia o Haití, porque no somos Finlandia. Lo mismo sucede acá, la educación latinoamericana tiene que ser una educación muy centrada en la contención de los alumnos. Infinitas veces sucede que los alumnos van a los colegios para comer y la educación no tiene que jugar ese papel.
La educación tiene que otorgar el espacio para que los chicos y las chicas evolucionen en su vida, no sólo en términos académicos, pero también en términos personales. Por eso es importante que el ambiente sea de comprensión. A veces, va a ser necesario priorizar más la psicología y la pedagogía, y eso no está mal. Es más importante que una persona esté mentalmente sana, a que sepa cuando cayó el imperio romano.
Alejandra Solano (Argentina) – Primero que todo, la educación debería ser horizontal, donde todas y todos estemos a la misma altura y nadie se sienta más o menos que nadie.
Debemos cambiar el sistema magistral a la hora de impartir las clases y volverlo más dinámico, que resulte más atractivo para los y las estudiantes. Cambiarlo para que estemos dentro de las aulas y no estemos haciendo siempre lo mismo, escuchando a un profesor que algunas veces no sabe cómo impartir las clases, ni hacernos llegar la materia de una forma que nos resulte interesante. También el sistema debe volverse más comprensivo y entender que no todos van a la misma velocidad, algunos toman poco tiempo y algunos van más lento debido a que no tienen las mismas facilidades a la hora de estudiar, y eso no significa que no vayan a alcanzar la meta que se espera. Es por eso que es de suma importancia brindar una variedad de horarios y sistemas para que nadie se quede atrás, y que la educación se vuelva accesible para personas que ya han superado el rango de edad que este sistema exige y a su vez que tienen condiciones que tal vez les dificulten el acceso a un horario diurno, ya sea porque son padres de familia o porque trabajan.
Paulocesar Santos (Perú) – Yo creo que debe servir para garantizar que todos desarrollemos nuestras capacidades y proyectos de vida tanto personales como colectivos. Encontrarnos habilitados para el ejercicio responsable de nuestra libertad y la búsqueda de justicia como ciudadanos. Eso es, una educación con opciones flexibles que garanticen trayectorias educativas exitosas a todas las personas y que contribuya a la afirmación de principios y valores democráticos mediante la formación de ciudadanos.
En primer lugar, yo iría a los centros educativos y los convertiría en espacios donde el aprendizaje sea una experiencia gratificante, y también sean espacios de convivencia basada en el respeto y la valoración del otro. Digo esto porque creo que de esta forma se puede promover un conjunto complejo de aprendizajes al que tenemos derecho todas las personas.
También creo que se debe articular la educación secundaria con el mundo del trabajo, y bueno, esto va de la mano con la idea de extender la educación superior, la educación técnica productiva, la educación alternativa y la educación artística.
Por último punto, mejorar las trayectorias educativas de los estudiantes, me refiero a reducir el atraso y asegurar la conclusión oportuna de las trayectorias educativas de los estudiantes.
“Es necesario tener una educación donde dejemos a un lado el racismo y la desigualdad o cualquier forma de discriminación, aceptando la diversidad de personas y buscando un ambiente sano donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades” (Eylin Ríos, de México).
Eylin Ríos (México) – Es cierto que los jóvenes somos el futuro de nuestro país, sin embargo es triste ver que muchas veces podemos irnos por un camino fácil, buscando beneficios en campos no adecuados, llenos de corrupción. Y la principal causa es que no todos contamos con los recursos para acceder a una buena educación y que la realización de ésta sea correcta.
Como joven, pienso que la educación es un derecho para todos y todas, que deberíamos ejercerlo sin límites y con algunas estrategias para garantizarlo. Por ejemplo, hay personas que no tienen un buen recurso económico. Por eso, tenemos que exigir una educación gratuita y que nuestros gobiernos vean más por la educación pública.
Es necesario tener una educación donde dejemos a un lado el racismo y la desigualdad o cualquier forma de discriminación, aceptando la diversidad de personas y buscando un ambiente sano donde todas y todos tengamos las mismas oportunidades. La educación también debe garantizar la igualdad de género.
Otra estrategia es que busquemos que nuestros gobiernos, democracias, nos escuchen, que vean más por la educación y que nos den los planes de trabajo, materiales y buenas instalaciones para que los jóvenes tengamos una motivación de seguir estudiando. Que tengamos y nos garanticen una educación de calidad.
¿Es necesario innovar la cultura (enlazarla con la tecnología) para una mejor educación?
Angélica Pedraza (México) – Es indispensable atender a las exigencias del mundo actual, de un mundo globalizado, ya que no se conforma con sólo memorizar contenidos, debemos involucrar a la tecnología, pero como una herramienta que nos ayude a mejorar estos procesos de enseñanza y aprendizaje, que no solo consiste en innovar la cultura del aprendizaje, sino en innovarnos a nosotros mismos.
“Quisiera acotar la importancia que han tenido las artes y las producciones de contenido en esta cuarentena, sabiendo y mostrándonos que no se puede vivir sin el arte”(Alejandra Solano, de Costa Rica).
Alejandra Solano (Costa Rica) – Sí, es muy importante que vayan de la mano y que nosotros aprendamos a utilizar la tecnología para explorar otras realidades y pasarle el reflector a aquellas producciones que nos muestran contextos diferentes. También debemos trabajar en cómo atraer a las juventudes utilizando las herramientas que ellos manejan y con las que se sienten más familiarizados. Debemos entender que para algunos y algunas es un privilegio poder ir a un teatro, a un concierto o una galería de arte, por lo que es más accesible utilizar medios tecnológicos donde puedan sentirse parte de esas producciones. Por último, quisiera acotar la importancia que han tenido las artes y las producciones de contenido en esta cuarentena, sabiendo y mostrándonos que no se puede vivir sin el arte.
Felipe Urbas (Argentina) – Mi respuesta es ambivalente, sí y no. En principio me parece que sí, que es necesaria la introducción de la tecnología a la educación tradicional porque es una herramienta y una utilidad que en la educación de hace cincuenta años no se tenía y que es importante incluirla.
Pero también me parece que no hay que caer en la falsa creencia de que la interacción humana se puede suplantar por la interacción a través de una cámara. Es decir, cuando uno se plantea esta pregunta tiene que plantearse también las prioridades que cree que son importantes en el sistema educativo.
“La interacción social no puede replantearse hacia un trabajo en grupo en el que todas las respuestas sean respondidas por whatsapp. La interacción se da en el día a día, en el entender los problemas de la otra persona porque llegó un día llorando a la escuela. Esa es la interacción real y esa es para mí una de las partes más importantes de la educación” (Felipe Urbas, de Argentina).
En mi opinión, además de la parte puramente pedagógica de la educación, hay una parte muy importante, sobre todo en el jardín, en la primaria y en la secundaria, que significa la interacción social de los alumnos. La interacción social no puede suplantarse por una reunión por skype. La interacción social no puede replantearse hacia un trabajo en grupo en el que todas las respuestas sean respondidas por whatsapp. La interacción se da en el día a día, en el entender los problemas de la otra persona porque llegó un día llorando a la escuela. Esa es la interacción real y esa es para mí una de las partes más importantes de la educación.
¿Qué problemática enfrentan actualmente los jóvenes bolivianos en materia de derechos educativos?
Gabriel Villarpando (Bolivia) – El problema actual y muy latente -gracias a la transición política que estamos pasando y los cambios que estamos presenciando en cuanto a nuestra máxima autoridad dentro del Ministerio de Educación- que tenemos es que no se está implementando una educación integral en sexualidad. Haciendo referencia a las mallas curriculares, ese es el problema más importante y más sonado hoy en día en cuanto a las dificultades que tenemos nosotros los jóvenes. Es bastante complicado, no existe la posibilidad de hacer una materia sobre educación sexual. Es el problema que atravesamos, desde gestiones pasadas. Este es un asunto que nunca se ha tocado.
Desde el año pasado, se ha propuesto la implementación a través de una norma respectiva que es la Ley Avelino Siñani, y habían dicho que la iban a implementar. Pero, los cambios de autoridades políticas, en el Ministerio de Educación que es el ente máximo y competente para tocar este tipo de temas, este problema que hoy es muy mencionado en mi país no ha podido tener la atención que requiere.
Ese es el problema más fuerte que estamos enfrentando los jóvenes en Bolivia, mucho más los y las jóvenes que pertenecen a colectivos que trabajan en la temática y que no pueden implementar una educación integral en sexualidad.
Bolivia: Más de 2.9 millones de estudiantes están en vulnerabilidad educacional
“Considerando la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, la CBDE observa con gran preocupación la vulneración del Derecho a la Educación de los más de 2.9 millones de estudiantes del sistema educativo nacional y la respuesta insuficiente y de escasa pertinencia del Ministerio de Educación para hacer frente a este problema”, afirmó la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) en pronunciamiento.
Según la CBDE, la suspensión de actividades educativas en Bolivia a causa de la pandemia ha generado la interrupción de procesos de enseñanza y aprendizaje en el sistema educativo y, con esta, múltiples consecuencias que producen mayor desigualdad y vulneración del derecho a la educación. “La medida limita la alimentación escolar gratuita afectando la nutrición de los estudiantes, incrementa la brecha digital entre espacios urbanos y rurales y entre unidades educativas fiscales y privadas, desestructura organizaciones estudiantiles y de padres de familia y atenta contra el desarrollo humano de la población”, señala la Campaña en su comunicado.
Añade que la situación se agrava por la ausencia de un Plan de Emergencia para mitigar esos impactos y con el Decreto Supremo 4260 emitido por el gobierno el 6 de junio del 2020, que tiene por objeto normar la complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y semipresencial, en los subsistemas de educación regular, alternativa, especial y superior de Bolivia.
Según la Campaña Boliviana, el decreto no hace mención a aspectos específicos, como la priorización de contenidos curriculares, aspectos administrativos y de gestión, reprogramación del calendario escolar y tampoco presenta una voluntad clara de parte del Estado de realizar una inversión en favor del derecho a la educación en el contexto COVID-19 para todos y todas los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, “sobretodo para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pobreza o en lugares alejados de nuestro territorio”. La Campaña también dice que dicho decreto carece de consenso porque no fue elaborado con la participación de los sujetos de la comunidad educativa.
En el pronunciamiento, además, exhorta al Ministerio de Educación para que tome una serie de medidas de manera inmediata, entre ellas el desarrollo de un Plan de Emergencia Educativa ante el COVID-19 (durante y después de la cuarentena) “con lineamientos y reglamentación clara y detallada, con enfoque intercultural, intersectorial, que afirme el Derecho a la Protección Social para garantizar las condiciones necesarias del cumplimiento del Derecho a la Educación”.
>> Pronunciamiento completo
¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?
8 de junio de 2020La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas.
Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc.
En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas.
Argentina
Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras.
En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne.
“Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”
En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.
De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.
“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.
Brasil
El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.
Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”
Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre.
“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo.
La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva.
“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.
Nicaragua: Organizaciones exigen la inmediata suspensión de las clases presenciales durante la pandemia
“En el contexto de crisis socio política y la pandemia, denunciamos que la falta de acceso a estadísticas confiables, claras y actualizadas, que imposibilita conocer el estado de situación en que se encuentran y las afectaciones que sufren. (…) La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares”, afirma la nota divulgada por la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI), en el marco de la realización de la Semana de la Niñez y Adolescencia en el país.
Diferente de otros países de América Latina y el Caribe, Nicaragua todavía no ha cerrado las escuelas. “La no suspensión de las clases tiene como consecuencia que personal administrativo, docentes y estudiantes estén vulnerables al contagio y por consiguiente afecten a sus familiares. Exigimos al Estado nicaragüense aplicar de manera urgente las medidas sanitarias recomendadas por la OMS [Organización Mundial de Salud] y la inmediata suspensión de las clases presenciales a nivel nacional para reducir los riesgos de contagios en los más de 1 millón 800 mil estudiantes, docentes y personal administrativo del sistema de educación y sus familias, debido a la falta de agua potable y condiciones básicas de higiene y salud en los centros de educación pública”, dice la nota.
En el comunicado, también se condena la agudización de la violencia sexual, el embarazo adolescente, la maternidad impuesta y los feminicidios contra niñas, adolescentes y mujeres, quienes se encuentran en la indefensión por la inoperancia del Estado, al no garantizar las medidas de protección pertinentes. “Demandamos al Estado asumir y cumplir su rol de garante y protector de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la implementación de acciones que los proteja; destinar los recursos económicos necesarios para las instituciones públicas y realizar investigaciones transparentes ante las situaciones de violaciones a los Derechos Humanos, para determinar los responsables y alcanzar justicia y reparación a las víctimas”.
>> Nota completa.
El Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua (FEDH-IPN), socio de la CLADE en el país, es miembro de la Federación Coordinadora Nicaragüense de ONGs que Trabajan con la Niñez y la Adolescencia (CODENI).
