Diagnóstico sobre la Educación Técnica Tecnológica en el Marco del Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo
13 de diciembre de 2021Publicado por: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Este documento analiza los antecedentes de la educación técnica tecnológica en Bolivia, las características de su oferta y demanda formativa, así como la demanda laboral y productiva, sus logros, desafíos y oportunidades hacia futuro.
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Manual de Liderazgo
Año de publicación: 2020
Publicado por: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
Este manual ofrece orientaciones para gobiernos y organizaciones de adolescentes y jóvenes para facilitar su participación en el ámbito educativo. Se presentan diversas estrategias de fortalecimiento, que abarcan el desarrollo de habilidades de estudiantes y jóvenes para la expresión oral en público; herramientas para la incidencia política; estrategias para la prevención de violencia basada en género, como la educación sexual integral y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos; entre otras.
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Guía Educativa: Adolescentes y jóvenes que inciden social, cultural y políticamente en procesos de Educación Sexual Integral en Bolivia (parte 2)
Año de publicación: 2021
Publicado por: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
Este documento forma parte del conjunto de documentos de sistematización de experiencias de la CBDE, que tiene como objetivo avanzar en el cumplimiento del derecho humano a la educación en el Marco de la Agenda Educativa 2030. Este documento es una guía de capacitación en incidencia social, política y cultural orientada a adolescentes y jóvenes de Bolivia. Tiene como objetivo orientar a los jóvenes en el proceso formativo para lograr la incidencia en políticas públicas relacionadas con la educación y los derechos sexuales.
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Sistematización de experiencias: Implementación de propuestas para la educación sexual integral (ESI) para adolescentes y jóvenes en Bolivia (parte 1)
Año de publicación: 2021
Publicado por: Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE)
Este documento forma parte del conjunto de documentos de sistematización de experiencias de la CBDE, que tienen como objetivo avanzar en el cumplimiento del derecho humano a la educación en el Marco de la Agenda Educativa 2030. Como parte de este proceso, la coalición cree que la educación sexual es muy importante porque ayuda a combatir problemas como el acoso, abuso, violencia y explotación sexual y el embarazo en la adolescencia. Así, la publicación plantea la importancia de generar propuestas para afirmar la Educación Sexual integral (ESI) para adolescentes y jóvenes en Bolivia.
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El estado de situación de la educación en Argentina a la luz de la Agenda 2030: Un análisis de los logros y desafíos en el periodo 2015 – 2019
Año de publicación: 2020
Publicado por: Oficina de país de la OIT para la Argentina
Autores: Marcela Browne y Eduardo Pereyra
Este artículo trata del cumplimiento del ODS 4 en Argentina y el derecho a la educación. Analiza las metas del ODS4 en el país, evaluando la realidad educativa hasta 2019.
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El aporte de la sociedad civil al cumplimiento de la Meta 4.7
Año de publicación: 2020
Publicado por: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) y la Oficina de la UNESCO en México, con el apoyo de Fundación SES
El documento evalúa en qué medida se está cumpliendo la meta 4.7 de desarrollo sostenible en sus diversas dimensiones en América Latina. Reúne actividades, iniciativas y proyectos impulsados por organizaciones de sociedad civil de toda la región, que se proponen aportar al logro de esa meta (vinculada a educación para el desarrollo sostenible; ciudadanía mundial; igualdad de género; educación en derechos humanos, para la paz, no violencia y seguridad humana; valoración de la diversidad cultural; y para la salud y el bienestar).
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El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años?
Año de publicación: 2020
Publicado por: Fundación SES y Universidad Nacional Pedagógica (UNIPE), en alianza con Campaña Argentina por el Derecho a la Educación y Grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo
El estudio busca señalar cuáles son los recursos necesarios para realizar los objetivos educativos presentes en la Agenda 2030 en Argentina, considerando toda la diversidad y el contexto del país. El objetivo del documento es aportar insumos a las y los tomadores de decisión sobre políticas públicas educativas en el país.
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Noche de Fuego
7 de diciembre de 2021El estreno en Netflix de Noche de Fuego, nos lleva a seguir reflexionando sobre ese filme de la directora Tatiana Huezo, con quien tuve oportunidad de dialogar junto con Bárbara Jiménez Santiago, coordinadora de CLADEM Puerto Rico y también Coordinadora Regional de las Américas de Equality Now.
Noche de fuego muestra las múltiples violencias simbólicas, invisibles y sistemáticas que viven y sufren miles de niñas y mujeres en México y en el mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. La película muestra de manera magistral a niñas y mujeres no en su papel de víctimas, sino de mujeres poderosas que se enfrentan con fuerza a esa realidad.
Desde la mirada de tres niñas que enfrentan un mundo hostil, Noche de fuego tiene un poder metafórico inmenso. Un pequeño pueblo de las montañas de Guerrero es el escenario donde convive el miedo arraigado, que se lleva de generación en generación. La naturaleza se convierte en cómplice de estas niñas y mujeres para protegerse de los peligros que acechan; construir un pozo para esconderse bajo la tierra, escuchar los sonidos distintos a los grillos y aprender a distinguir las luces de las luciérnagas de las otras luces que implican riesgos y peligros para las niñas que tienen que cortar su cabello para parecer niños y que no las desaparezcan.
La película de Tatiana Huezo narra también a los padres ausentes, la espera inquietante y la solidaridad entre mujeres. También refleja las pocas oportunidades que tienen las niñas, niños y adolescentes del acceso a la educación en medio de un contexto de violencia.
La infancia en México no es distinta de lo que muestra la película:
En México viven casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes, de éstos, 21 millones viven en pobreza, lo que supone el 51.1%, frente al 39.9% de la población adulta.
De entre los hablantes de lengua indígena, el 91% de los niños y niñas se encuentran en pobreza. La diferencia respecto de la población infantil no indígena es un claro indicador de las enormes desventajas que enfrenta aún la población indígena desde las primeras etapas de la vida.
El 65% de niñas y niños de 0 a cinco años, no tiene acceso a libros infantiles, lo cual puede ser un factor de incidencia en los deficientes niveles en lectura y escritura al cursar primaria. En general, los rezagos en materia de educación se observan principalmente en términos de aprendizaje, pues 8 de cada 10 estudiantes en el país no alcanza los conocimientos requeridos en su nivel educativo y 4 millones de niños no van a la escuela.
Durante 2020, en México cinco mujeres desaparecieron al día; 10 fueron asesinadas; unas 157 al día también fueron víctimas de agresiones y en promedio 712 llamaron diariamente al 911 para reportar alguna agresión.
Cada día se reporta la desaparición de 9 mujeres de entre 12 y 17 años, lo que significa que las niñas y adolescentes concentran la mitad de los reportes de desaparición de mujeres en México. Estas cifras no son una película, no son solo una noche de fuego, esa es la realidad de nuestro país.
Sigue también otros análisis y reflexiones de la autora
>> medium.com/dra-lupitaramos
>> @dralupitaramosp
>> lupitaramosponce@gmail.com
Canal de Youtube:
Dra. Lupita Ramos.
https://www.youtube.com/channel/UCQ_bKrt9f4rkb7VST7-sYrg
Entra en su última sesión el Trueque de Saberes: jóvenes de América Latina y el Caribe intercambian saberes propios y de sus organizaciones
En la última sesión del Trueque de Saberes, realizada el 1º de diciembre, jóvenes de América Latina y el Caribe se reunieron para intercambiar saberes y conocer sobre arte, ciencia, tecnología, defensa del territorio, agroecología, huertos urbanos y otros conocimientos comunitarios y ancestrales. Esta versión del Trueque de Saberes, que tuvo tres sesiones en total, fue organizada por Campaña por el Derecho a la Educación en México y la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, con el apoyo de CLADE.
En esta ocasión se compartió la experiencia organizacional de jóvenes de la región y en cuáles ámbitos realizan su quehacer político. La sesión fue moderada por las adolescentes María Solares, de Guatemala, y Karen Noa, acompañando desde Bolivia. Se inició con un número musical y cultural boliviano. En él, se enseñaron bailes tradicionales del país, como La Diablada, así como movilizaciones estudiantiles que se dieron en el 2015 y en el 2019.
Seguidamente, las y los participantes se reunieron en salas para intercambiar sus experiencias organizacionales y pronunciamientos en la defensa de los derechos humanos. Se conversó sobre los esfuerzos por implementar programas de educación sexual y reproductiva en sus colegios, la participación en espacios de política pública, la promoción de actividades que buscan la justicia agroecológica, y la defensa de las diversidades. De igual manera, algunos grupos comentan sobre el uso del artivismo para recuperar espacios y problemáticas olvidadas, creando así una visualización de la incidencia política.
Luego del intercambio de saberes y experiencias, se realizó una plenaria donde se expuso lo conversado en los grupos. En este espacio se demostró que por medio del arte, educación y cultura se reivindican y recuperan la fuerza e historia de los grupos. Las y los participantes hablaron de las dificultades en su proceso de visibilización y quehacer político, ya que muchas organizaciones y luchas son estigmatizadas por las autoridades e instituciones. Por lo tanto, muchas personas se cohíben y tienen miedo a unirse en estos procesos de cambio social. Para esto, se propuso el establecimiento de espacios sororos y fraternales que incluyan el autocuidado.
También se habló del uso de un lenguaje más atrayente por medio de las redes sociales para atrapar la atención pública. La plenaria finalizó citando la célebre frase de Aristóteles “Las raíces de la educación son amargas, pero los frutos son dulces”, haciendo referencia al gran desafío que lleva la defensa de este derecho humano, pero una vez alcanzado, grandes beneficios se ven para todas las personas.
Esta última entrega del primer ciclo de intercambios juveniles de Latinoamérica cerró con unas palabras de Nelsy Lizarazo, Coordinadora General de la CLADE, quien agradeció a los y las participantes por su constante esfuerzo en la defensa de los derechos humanos. Nelsy reiteró la participación y compromiso de la CLADE en estos espacios para fortalecer los procesos de liderazgo juvenil. Les invitó a que sigan pensándose hacia adelante y avanzando en sus procesos organizacionales, para asegurar un poderoso movimiento estudiantil y un futuro más justo para todes. Este 8 de diciembre se realizará una reunión de análisis sobre los Trueques de Saberes.
>> Entérate a continuación de cómo fueron la primera y la segunda edición del Trueque de Saberes:
Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’
Bajo el marco de la Revista de Financiamiento de Educación (FINEDUCA) este artículo muestra cómo los procesos de desfinanciación estructural de la canasta educativa colombiana y la asignación por estudiante como una modalidad del subsidio a la demanda, han constituido factores determinantes para la incorporación de lógicas de privatización en la provisión de la Educación Preescolar, Básica y Media (EPBM) colombiana.
El régimen de corresponsabilidad para la financiación de la EPBM pública en Colombia, implica aportes de recursos tanto del nivel nacional de gobierno, como del nivel subnacional, donde los principales fondos son recaudados a nivel nacional a través de las bases tributarias más importantes, que siguen perteneciendo a la Nación y, luego, son devueltos a municipios y departamentos a través de un esquema de transferencias territoriales. En 1993 se estableció la Ley 60, que reguló este mandato estableciendo los criterios para la distribución de las transferencias permitiendo durante los siguientes años, una ampliación progresiva de los fondos asignados a los sectores descentralizados que, para el caso de la educación pública, garantizó la entrega efectiva de la administración de las instituciones educativas a los departamentos y a un conjunto de municipios que surtieron un proceso de cumplimiento de requisitos ante las entidades nacionales.
No obstante, la crisis económica de 1999 y la ortodoxa gestión económica que le siguió, puso en cuestión estos avances y, afectó la disponibilidad de fondos para la educación pública. Frente a este contexto de crisis, el gobierno colombiano acudió al Fondo Monetario Internacional para pedir un crédito que le garantizara recursos de salvamento al país en caso de descalce en los pagos de deuda externa tanto pública como privada. En este caso, se estableció un acuerdo que radicaba en recortar el ritmo de crecimiento de las transferencias territoriales. Para el sector educativo, la caída de participación de las transferencias significó la sustracción de cerca de 50 mil millones de dólares entre 2002 y 2017 frente al acuerdo constitucional establecido originalmente, recursos que junto con los que dejaron de percibir los otros sectores descentralizados (salud pública, agua potable, saneamiento básico, entre otros), fueron absorbidos por el nivel central de gobierno y, utilizados en otro tipo de competencias diferentes a los servicios sociales descentralizados.
Junto a este proceso de desaceleración de la inversión en EPBM, Colombia también realizó cambios regulatorios importantes en los mecanismos y criterios de su asignación a las entidades territoriales. En este sentido, la Ley 715 de 2001 introdujo la asignación por estudiante como principal criterio de distribución. Básicamente, este consistió en la asignación de las transferencias territoriales sobre la base de un monto por estudiante efectivamente incorporado a las aulas. Esto dejó atrás el mecanismo de asignación de acuerdo con presupuestos de oferta y cubrimiento de la nómina. La asignación por estudiante implica que la mayor parte de los recursos se distribuyen de acuerdo con la demanda educativa, favoreciendo a aquellas entidades territoriales con mayor capacidad de incorporar población a las aulas. Si bien, esta modificación se introdujo con la justificación de privilegiar el aumento en la cobertura educativa e incentivar su ampliación, sufrió un conjunto de problemáticas que terminaron por generar nuevas desigualdades educativas y graves exclusiones, además de señales favorables a la expansión de modalidades de privatización.
El mecanismo de asignación por estudiante favoreció aquellas localidades donde se concentra la población en edad escolar, puesto que privilegia las economías de escala generadas por la aglomeración y, termina discriminando negativamente aquellos lugares donde la dispersión poblacional es mayor. Como tal, la asignación por estudiante resulta poco ventajosa para las zonas rurales dispersas, puesto que no logran reunir la cantidad necesaria de estudiantes para acceder a recursos suficientes que garanticen la construcción y funcionamiento de las escuelas en estos territorios. Son precisamente las poblaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas, históricamente discriminadas en el acceso a la educación, las que, al habitar en este tipo de territorios, terminan peor situadas frente a la nueva manera de asignar los recursos.
Dados estos cambios, dos modalidades de provisión privada fueron introducidas con mayor vigor, financiadas con recursos públicos. Por un lado, 1) los convenios de contratación de cobertura, consistentes en la compra de cupos a colegios privados de bajo costo en zonas urbanas y, por otro lado, 2) la concesión de nuevas infraestructuras educativas públicas a organizaciones privadas sin ánimo de lucro. Ambas modalidades vieron un crecimiento importante de su cobertura y de la cantidad de recursos dirigidos.
Estas problemáticas asociadas a la introducción del subsidio a la demanda, vinculadas a incentivos pro-aglomeración de estudiantes para disminuir los costos educativos, a una asignación por estudiante estructuralmente desfinanciada y, a la ausencia de recursos para la construcción y adecuación de infraestructura, estuvieron a la base de la rápida expansión de mecanismos de privatización de la oferta educativa pública en Colombia. A pesar de los incentivos importantes para el aumento de la matrícula pública en las zonas urbanas de mayor aglomeración, las grandes entidades territoriales optaron por contratar cupos escolares con colegios privados de bajo costo, en vez de construir infraestructura pública adecuada.
Si deseas leer más a profundidad las medidas de desfinanciación educativa en el contexto Colombiano, que han propiciado la proliferación de la privatización, puedes acceder al artículo aquí: Financiación de la Educación en Colombia y Lógicas de Privatización en el Ciclo Obligatorio: del subsidio a la demanda a los ‘nuevos modos de gestión’.
