Chile: Estudiantes de la Universidad de Concepción protestan contra criminalización y represión de jóvenes manifestantes
22 de octubre de 2021El último martes [19 de octubre], cuando se conmemoraron dos años del inicio de las revueltas sociales en Chile, estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción impulsaron manifestaciones durante los días 18 y 19 de octubre, a las cuales se sumaron en torno de 40 carreras, con el objetivo de recordar el comienzo del estallido social en el país, y presentar un pliego de demandas a la rectoría, entre ellas la retirada de una querella judicial contra 12 jóvenes, por su participación en protestas sociales.
“Entre fines de 2019 e inicios de 2020, se llevó a cabo una jornada extensa de protestas en Chile. En el caso particular de Concepción, entre enero y marzo de 2020, tuvieron lugar situaciones en el espacio de la universidad, en donde a mediados del año se interpuso una demanda por la fiscalía, en la cual la universidad actuó como querellante contra 12 jóvenes, que pasan por un proceso de prisión política. Es una situación compleja para las familias, ya que había una cantidad de jóvenes que era menor de edad en aquel momento en que fueron detenidos y cuando empezó el proceso. Hemos estado organizados en contra de esa querella”, afirma Jocelyn Campos, estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas, vocera de la toma de la rectoría de la Universidad de Concepción.
“Dentro de lo que significó esta fecha y, en línea de esta conmemoración, decidimos hacer esta acción más directa que fue tomarnos la rectoría de la Universidad de Concepción porque, con anterioridad, ya se había señalado a la rectoría nuestra demanda para que retiren la querella que presentaron en el 2020, y culminó en la detención de 12 jóvenes que se manifestaron en Concepción en el marco del estallido social”, explicó Felipe Herrera, representante de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción (UdeC) y también vocero del movimiento.
Además de exigir la retirada de dicha querella, se buscó con la toma de la rectoría presionar por la realización de una reunión entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes presos y de sus familias.
“Tomamos la rectoría a las 8h de la mañana del 19 de octubre, y ya antes de las 9h habíamos tenido contacto con la rectoría, señalando que podríamos conformar una reunión como voceros del movimiento, con el rector y otros representantes de la rectoría. Hubo esa reunión, en la cual el rector aceptó tener un encuentro con representantes y familiares de los 12 jóvenes. Luego, con el atendimiento de esta primera demanda, se decidió retirar la toma”, agregó Felipe Herrera.
El encuentro entre el rector Carlos Saavedra y representantes de los 12 jóvenes y sus familias se había agendado inicialmente para esta tarde (a las 15h, hora de Chile, en la casa de la rectoría), y estaba prevista en este contexto una concentración a las afueras de la rectoría para apoyar a que se retire la querella contra los 12 jóvenes. Sin embargo, la última información recibida es la de que esta reunión fue suspendida y todavía no tiene nueva fecha.
Represión y violencia
Además del caso de criminalización mencionado, hay denuncias de que carabineros actuaron de forma ilegal, amenazadora y represiva contra estudiantes movilizadas/os en la toma de la rectoría, haciéndoles inclusive control ilegal de identidad.
Según el medio Resumen, “dos jóvenes fueron detenidos ilegalmente al interior de la Universidad de Concepción y permanecieron secuestrados durante horas, por lo que fue interpuesto un recurso de amparo inmediatamente ante la gravedad de los hechos, que recuerdan la forma de actuar en dictadura y que viola flagrantemente la autonomía universitaria”.
“Como estudiantes organizadxs observamos la reanudación de las conversaciones entre las autoridades de la UdeC y los familiares de los 12 de forma positiva, e instamos a la comunidad a estar expectantes en la concreción de este acuerdo. Pero, a pesar de ello, no nos podemos quedar al margen de la situación de amedrentamiento que vivimos por parte de Carabineros y rechazamos cualquier acción que busque reprimir la protesta y lucha de quienes buscan una sociedad más justa e igualitaria”, afirman las y los estudiantes autoconvocadxs de la Universidad de Concepción, en posicionamiento.
>> Lee aquí el comunicado completo.
>> Escucha noticiero producido sobre este caso, por ALER.
Estudio revela que no es crisis, es un proyecto: las reformas estructurales que reducen el Estado y limitan el derecho a la educación en Brasil
19 de octubre de 2021Estudio elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE) demuestra que las reformas recientes realizadas en Brasil, en base al discurso de la austeridad económica y la crisis financiera, han reforzado desigualdades estructurales, a contracorriente de la necesidad de aumentar financiamiento para derechos sociales en el país, entre ellos el derecho a la educación.
Estas reformas, al tiempo en que reducen el rol del Estado brasileño como garante de derechos, impactan de manera negativa los avances en los campos sociales que se habían conquistado en las últimas décadas en el país, precarizando los servicios públicos. Con características de complementariedad y continuidad, las medidas que están en línea con las demandas de las élites económicas atacan a las bases del funcionalismo público, incluyendo la educación pública, y refuerzan desigualdades estructurales del contexto brasileño, situación que se agrava en el contexto de pandemia.
Estos son hallazgos del estudio intitulado “No es una crisis, es un proyecto: los efectos de las Reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación” (en portugués), elaborado por la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación (CNDE), con el apoyo de ActionAid, y en colaboración técnica de Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Plataforma DHESCA y coalición “Direitos Valem Mais”.
El estudio es la colaboración brasileña a una investigación global coordinada por ActionAid sobre cómo las políticas de austeridad económica están precarizando el trabajo de servidores y servidoras públicas/os, en especial de la educación, en diversos países donde la organización actúa. En este esfuerzo, los países mapearon los impactos de las reformas de austeridad fiscal promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus contextos.
La investigación en Brasil observa las reformas implementadas en el país a partir de 2016, cuando tuvieron lugar el impeachment de Dilma Rousseff y la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95/2016, la cual estableció un techo para los gastos públicos, congelando inversiones en educación, salud y asistencia social por 20 años. Luego, mira la serie de reformas que fueron impulsadas en el país bajo el argumento de la crisis financiera: las reformas laboral, tributaria y administrativa que fueron aprobadas, o están en debate en el Congreso Nacional brasileño. El estudio sistematiza informaciones esenciales y analiza las justificativas que se presentaron para las medidas, presentando argumentos contrarios que demuestran el impacto y los riesgos de las reformas para los campos sociales, especialmente la educación. Se verifica que las medidas analizadas tienen múltiples camadas, como la reducción del papel del Estado, la precarización de vínculos laborales y el desmonte de servicios públicos.
“Hace años que estamos denunciando y actuando sistemáticamente contra una serie de reformas propuestas en los Poderes Ejecutivo y Legislativo de Brasil, que han dañado los derechos sociales, especialmente el derecho a la educación. Este estudio va de la mano con ese trabajo, mostrando en detalle que se trata de una agenda amplia que está en curso, combinada y complementaria, de reformas que contrarían principios constitucionales y de derechos, buscando deformar el rol del Estado”, afirmó Andressa Pellanda, coordinadora general de la CNDE y una de las coordinadoras del estudio en Brasil.
>> Descarga el estudio completo aquí.
Mira la grabación del evento de lanzamiento de la publicación:
Parte 2: Un análisis de la austeridad a partir de la raza y del género
Las reformas que reducen la capacidad del Estado brasileño de atender a su población impactan de manera más grave a las mujeres y niñas negras, de acuerdo con la segunda parte del estudio elaborado por la Campaña Brasileña [disponible aquí – en portugués].
El análisis “No es crisis, es un proyecto: los efectos de las reformas del Estado entre 2016 y 2021 en la educación – Subsidios para un análisis desde la raza y el género” hace un mapeo de parte de las medidas de austeridad implementadas y en debate en el país, poniendo luz en la lógica del obstáculo que crean a las políticas públicas.
En esta parte 2, la investigación se enfoca en mostrar que la desfinanciación de políticas públicas y protección social generadas por estas medidas profundizan desigualdades educativas. Grupos de la población históricamente marginalizados, en especial mujeres y niñas negras, son las personas más afectadas.
Mira a continuación la grabación del lanzamiento de la segunda parte del estudio de la Campaña Brasileña.
Pedido de impeachment contra el ministro de Economía Paulo Guedes
Poco antes del lanzamiento del estudio de la CNDE, la coalición “Direitos Valem Mais” [Derechos valen más], una articulación que reúne a más de 200 entidades de Brasil, entre ellas la Campaña Brasileña, presentó una demanda ante la máxima corte judicial del país, el Supremo Tribunal Federal (STF), en la que se hace un pedido de impeachment contra el ministro de Economía del gobierno de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes.
En la denuncia, se acusa al ministro de crimen de responsabilidad durante la gestión de la pandemia COVID-19. En septiembre, la Coalición “Direitos Valem Mais” y la Plaforma Dhesca Brasil presentaron los principales argumentos de la denuncia en audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual abordó violaciones de derechos cometidas por el Estado brasileño en el contexto de pandemia.
El principal punto de la acusación es que el ministro Paulo Guedes dejó de asignar en la propuesta de presupuesto para el año 2021, enviada para aprobación por el Congreso Nacional, recursos para el enfrentamiento de la COVID-19 este año, enfermedad que tuvo hasta el mes de agosto de 2021 aproximadamente el 65% de muertes y el 62% de contagios desde el inicio de la pandemia. El ministerio de Economía brasileño confesó ante comisión parlamentaria del Congreso Brasileño, que no dedicó recursos específicos para combatir la pandemia en la ley presupuestal de 2021, la cual fue elaborada por el gobierno en el 2020.
“Bloquear el presupuesto público brasileño e impedirlo de servir a la concretización de derechos fundamentales previstos en la Constitución Federal es crimen de responsabilidad, en la medida que representa violación a los principios de la Ley Presupuestal”, afirma la abogada Eloísa Machado, representante de la coalición “Direitos Valem Mais”.
El pedido de impeachment también llama la atención para los impactos negativos a las políticas sociales y ambientales causados por la gestión de Paulo Guedes, quien ocupa el puesto desde enero de 2019. Según “Direitos Valem Mais”, el ministro viene actuando en el sentido de profundizar la pobreza en el país. De acuerdo con datos del Cadastro Único para programas sociales (CadÚnico), la pandemia profundizó la desigualdad social, aumentando el número de personas en situación de extrema pobreza en Brasil. En marzo de 2020, inicio de la pandemia, había cerca de 13,5 millones de personas en esta situación. El número aumentó para 784 mil personas em marzo de este año, representando un crecimiento de 5,8%.
>> Lee más aquí (en portugués).
Paulo Guedes y otras autoridades de la región son acusadas de evasión fiscal
Cinco años después de los escándalos de Panamá Papers, acción que expuso la existencia de cuentas de millonarios de todo el mundo en paraísos fiscales, una nueva investigación del Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ), llamada Pandora Papers, revela que jefes de Estado y autoridades están escondiendo montos grandes de dinero bajo el nombre de empresas fraudulentas y enviando sus recursos a países donde son más bajas las tasas de tributos, y son menos transparentes las reglas e informaciones fiscales.
Entre las autoridades de todo el mundo denunciadas porque estarían enviando grandes montos de recursos propios o sin origen claro, a destinos considerados paraísos fiscales, como Dubai, Singapura y Hong Kong, están 14 líderes de América Latina y el Caribe, entre ellos Paulo Guedes y el presidente del Banco Central de Brasil, Roberto Campos Neto, así como Sebastián Piñera, de Chile; Guillermo Lasso, de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, entre otros.
Estas noticias e investigaciones refuerzan la necesidad de articular la lucha contra la austeridad económica y por justicia fiscal, a la demanda por más recursos públicos para la educación pública y gratuita, entre otros derechos humanos fundamentales.
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Diálogos para la transformación social: entrevistas destacan el legado de Paulo Freire para las democracias
16 de octubre de 2021En el marco de la campaña “Paulo Freire Vive: Una educación para la democracia” que impulsó durante el último septiembre la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), articulada a la Campaña Latinoamericana y Caribeña en Defensa del Legado de Paulo Freire, organizada por el Consejo de la Educación Popular de América Latina y el Caribe (CEAAL), se impulsó una serie de entrevistas en las que se abordó la importancia del legado del educador brasileño para la realización de una educación emancipadora y transformadora, que fortalezca las democracias, no solo en Brasil, sino también en América Latina y el Caribe y otros continentes del mundo.
Mira a continuación las entrevistas.
Entrevistada: Antônia Vanderlucia de Oliveira Simplício, de MST Brasil.
Integrante del sector de formación del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, Antônia forma parte de la coordinación de Cursos sobre la Realidad Brasileña del movimiento, y dialogó con la CLADE sobre la importancia de Paulo Freire en la educación popular practicada por el MST.
Nacido oficialmente en 1984, cuando en Brasil se vivía un régimen militar dictatorial, el MST es el movimiento social más antiguo del país, siendo hoy constituido por alrededor de 350 mil familias que luchan por el derecho a la tierra en el país.
Más allá de su lucha por la cuestión agraria, el MST es referencia también en la actuación por el logro de otros derechos, entre ellos la educación en el campo y la agroecología. En este diálogo, la entrevistada aborda puntos clave, como el contexto político-pedagógico brasileño, la influencia de Paulo Freire en la educación y práctica pedagógica del MST y la importancia de la educación para el fortalecimiento de la igualdad de género, la ciudadanía y la superación de las injusticias, así como el enfrentamiento de las crisis ambiental y sanitaria que vivimos.
Mira la entrevista completa:
>> El diálogo también esta disponible en portugués aquí.
Entrevistado: Iván Terceros, cofundador de OpenLab Ecuador
Un diálogo inspirado por este encuentro que tuvo lugar en la década de 1980, entre el educador Paulo Freire y Seymour Papert, matemático e investigador, que defendía el uso de la tecnología y las computadoras para el aprendizaje.
Analizando y contrastando las perspectivas de estos dos referentes de la educación, Iván Terceros y María Cianci, de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER), reflexionan en base a preguntas, como ¿qué tecnología se necesita para una educación liberadora y emancipadora? ¿cómo generar una lectura crítica de la tecnología cuando la pandemia ha evidenciado la brecha digital? ¿existen contrapropuestas a una visión predominante de que la tecnología favorece la acumulación de conocimiento y la idea de mercancía – usuario/a? En el debate sobre el uso de la tecnología en los espacios educativos ¿cómo se puede impulsar la curiosidad?
Mira el diálogo completo a continuación.
Entrevistada: Crispina Rodriguez, doctora en Sociología de Cabo Verde
Doctora en Sociología de Cabo Verde, Crispina Rodríguez ocupó varios puestos políticos en el país, nombrada diputada por 10 años y vicepresidenta del Parlamento y del Partido de la Independencia del país, el PAICV. Fue aun presidenta y cofundadora de la organización de las mujeres de Cabo Verde. Actualmente retirada, su última ocupación fue como Embajadora de Cabo Verde en la República de Cuba. Tiene estatuto de combatiente de la libertad de la Patria y es miembro de la Fundación Amílcar Cabral, héroe nacional y líder de la independencia de Cabo Verde.
Crispina conoció al educador brasileño Paulo Freire durante su jornada en Cabo Verde y Guiné-Bissau, luego del proceso de independencia de estos dos países. Según Crispina, el pensamiento y el legado de Paulo Freire fueron fundamentales para implementar una política de alfabetización de personas jóvenes y adultas en el país, a partir de una perspectiva de educación descolonizadora, para la democracia y liberadora de las opresiones e imposiciones de que era objeto el pueblo africano en aquel momento histórico.
En este diálogo con la CLADE, Crispina relató sus vivencias en el contacto con Paulo Freire y como testigo del proceso de implementación de políticas educativas y de alfabetización inspiradas en la perspectiva freireana de educación liberadora y democrática, así como sus efectos en términos de democratización y transformación social en Cabo Verde.
Paulo Freire estuvo en Guiné-Bissau y Cabo Verde en 1977 y 1979, en el posindependencia de estos países (la independencia de Cabo Verde tuvo lugar en 1975, siendo que Freire llegó al país 2 años después, invitado por autoridades que eran responsables por implementar políticas de educación y alfabetización para los contextos de estos Estados).
Freire defendía una educación descolonizadora y descolonizada, pensada a partir de los propios africanos y africanas, para el pensamiento crítico, la participación social, la democracia y pertinente para su propia realidad. Según Crispina, este pensamiento se instauró y fue reconocido en las políticas de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) y educación básica y secundaria de Cabo Verde, estando este legado vivo en el país hasta los días de hoy.
Entrevista completa (en portugués):
>> La entrevista está también disponible en español aquí.
Entrevistado: José Santis, profesor de Historia y Geografía, en Chile
Pressenza entrevistó al profesor chileno de Historia y Geografía, José Santis, sobre el centenario de Paulo Freire, que ha inspirado a generaciones de maestros y profesoras en todo nuestro continente, especialmente en Chile, donde vivió varios años aportando al proceso de la Educación Popular y la Educación para Adultos en los períodos en que gobernaron Eduardo Frei y Salvador Allende.
Mira el diálogo:
Derecho a la educación pública en Chile: un debate popular necesario
15 de octubre de 2021Para ello, el FODEP divulgó una declaración e impulsa una campaña de comunicación, así como una serie de diálogos con la sociedad civil, con el objetivo de hacer un llamamiento en desarbolar el concepto de la “libertad de enseñanza” que usan las élites del país como forma de defender la privatización educativa.
“El artículo 19.11 de la Constitución chilena actual establece que la libertad de enseñanza es, básicamente, la ‘Libertad de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales’. Esta definición de ‘libertad de enseñanza’ puede ser caracterizada, más bien, como una ‘libertad de empresa’. Es esta la libertad que defienden los argumentos conservadores en Chile, alejándose mucho de lo que comúnmente se puede considerar libertad de enseñanza: libertad de cátedra, adecuaciones curriculares, libertad de formas de aprendizaje, libertad de participar en la enseñanza, etc”, afirma el FODEP.
Desde el Foro se insta a repensar el Derecho a la Educación Pública, especialmente ante el actual proceso constituyente por el que pasa el país. En su posicionamiento y su campaña, FODEP convoca a las organizaciones de base (sindicatos, gremios, asambleas, colectivos estudiantiles, docentes, comunidades educativas, etc.) a que se formen y a que discutan en cada espacio y territorio el Derecho a la Educación Pública.
“Como organizaciones defensoras al derecho a la educación pública, inclusiva, emancipatoria y no sexista, debemos organizarnos y enfrentar la desinformación, construir argumentos y socializar la información. De esta manera, evitaremos que la elite continúe amparándose en la libertad de mercado, que solo los beneficia a ellos en deterioro del Derecho a la Educación Pública de todas las personas”, afirma el Foro.
Para leer el llamamiento realizado por El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile, haz clic aquí: DERECHO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA: UN DEBATE POPULAR NECESARIO.
Seminario Internacional: Nudos problemáticos de la educación como derecho social en Chile
Para aportar al debate constituyente en Chile, buscando promover que en él se garantice el derecho a la educación pública y gratuita, el FODEP impulsa un seminario virtual que se realiza en tres sesiones, los días 21 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre.
“Con este seminario se espera animar el debate popular en las escuelas y en las organizaciones de actores educativos, en las familias ¿Que educación queremos? Esto es fundamental para construir un proyecto educativo que haga sentido a las mayorías, que no se construya dentro de cuatro paredes o por un comité de expertos, como nos tenían acostumbrados en estos últimos 40 años de neoliberalismo y como muchas fuerzas políticas tradicionales están funcionando hoy en día, incluso dentro de la misma convención. Este debate requiere masividad y tiempo, quizás más que los escasos meses que le quedan a la convención, sin embargo, la coyuntura constituyente permite avanzar en instalar ciertas preguntas fundamentales en el debate público y, porque no, algunos de nuestros como horizonte de los cambios que requiere nuestro pueblo”, afirma Juan González, del FODEP.
“Los movimientos sociales por la educación en Chile han sostenido una lucha creciente contra el modelo extremo de mercado, competencia y privatización que ha impedido el ejercicio pleno del derecho a la educación. Los y las estudiantes secundarios/as han sido parte central de estos movimientos desde hace 20 años (2001, 2006, 2011) y fueron ellos y ellas quienes, con sus movilizaciones de protesta contra la represión en las escuelas y las alzas del transporte, alentaron al conjunto de los sectores populares chilenos a protagonizar la gran revuelta social de octubre de 2019. Gracias a estos intensos años de movilizaciones Chile está hoy debatiendo qué país queremos y se apronta a redactar una nueva constitución en reemplazo a la actual impuesta en dictadura en 1980”, afirma el Foro en nota conceptual elaborada para guiar los debates.
Mira a continuación la grabación del seminario:
Primera sesión
Segunda sesión
Tercera sesión
>> Lee aquí la nota conceptual del seminario.
>> Más información sobre el seminario.
>> Enlace para enterarte más sobre la campaña y las acciones que mueve el Foro Chileno aquí.
El Salvador: Un financiamiento justo para la educación
13 de octubre de 2021La investigación responde a procesos que la Campaña Mundial por la Educación (CME) ha desarrollado en siete países a nivel Mundial sobre mecanismos de alivio de la deuda y financiamiento de la educación, por lo que RESALDE como miembro de la CME ha colaborado en la misma. El estudio es producto de la sistematización y el análisis de datos aportados por instituciones oficiales, nacionales e internacionales, así como investigaciones académicas y de organismos no gubernamentales y tiene como base el alivio de la deuda y el financiamiento educativo en El Salvador.
Para RESALDE el estudio tiene como eje principal garantizar el pleno derecho a la educación y para el caso de El Salvador, es urgente y requiere de recursos financieros adicionales que permitan el retorno a clases, recuperar los aprendizajes, reorientar la base curricular y replantear el horizonte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente al ODS 4, Educación de calidad.
Así mismo, el documento revela que “el canje” de deuda y la cooperación financiera han sido mecanismos favorables para la ejecución de proyectos específicos de educación o salud para la niñez y la juventud. Los canjes de deuda e incluso préstamos específicos han sido efectivos en la medida en que se orientan directamente a programas y proyectos educativos, pero a su vez tienen condiciones especiales como la transparencia, la participación, la contraloría y la rendición de cuentas.
RESALDE mantiene una campaña permanente enfocada a garantizar el derecho a la educación y asegurar los recursos fundamentales para su logro consignados en las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y tratados internacionales.
Por lo que, consideran que el estudio deja una hoja de ruta para “la protección a la inversión social”, “educación y salud”, “reprogramaciones de canje de deuda”, entre otros.
Mira el vídeo del lanzamiento del estudio:
Vacunas COVID-19 para garantizar el derecho a la educación
7 de octubre de 2021
Alejandra Sánchez Cabezas
Alejandra Sánchez Cabezas, de Argentina. Médica, máster en epidemiología, gestión y políticas de salud. Doctora en Ciencia Política. Miembra fundadora de ACCESO: Foro de instituciones para la promoción del acceso universal a las vacunas COVID-19.
UNICEF da cuenta del efecto de la pandemia sobre el bienestar de niños, niñas y adolescentes, producto del cierre obligado de las escuelas para proteger a toda la población. Afirma que los chicos y las chicas se han visto afectados de múltiples maneras y que las consecuencias son mucho más severas para quienes viven en condiciones más vulnerables. El cierre de las escuelas, que afectó a más de 167 millones de estudiantes, no sólo fue en el área del conocimiento, sino que también causó problemas emocionales, cambios en los hábitos de sueño y alimentación, angustia y depresión, afectación en el desarrollo afectivo y cognitivo e incremento de violencias; demostrando una vez más que la escuela tiene un rol fundamental en el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes.
Para paliar estas consecuencias y garantizar que las escuelas no vuelvan a tener que cerrarse es clave el rol de las vacunas. Las vacunas, como ninguna otra medida, logran disminuir los niveles de transmisión comunitaria y la sobrecarga de los sistemas de salud que son las principales causas que justifican el cierre de las escuelas.
Pero el acceso a las vacunas no es equitativo. Según el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta el momento se han aplicado en todo el mundo 5,5 billones de vacunas (5.500.000.000.000). Esto parecería ser una buena noticia, si no se agregara un dato más: de esa cantidad de vacunas aplicadas, el 80% se concentró en países de renta alta y media.
Es decir que mientras algunos países de altos ingresos ya han vacunado a más del 60% de la población y están aplicando una tercera dosis, hay otros que no alcanzan a tener al 1% de su población vacunada con una sola dosis. Si seguimos por este camino, la salida global de la pandemia estará cada vez más lejos y, otra vez, las poblaciones más pobres morirán y se enfermarán más, y sus escuelas deberán cerrarse nuevamente.
Es necesario y urgente que las vacunas contra el COVID-19 sean declaradas como derecho humano y bien público global. ¿Qué quiere decir esto? Que estén al servicio de todos los habitantes del planeta en igual cantidad y calidad.
Para contribuir con ese pedido, más de 30 organizaciones de la sociedad civil, sociedades científicas, consejos de bioética, universidades e instituciones prestadoras de salud de Latinoamérica crearon Acceso, un grupo para ayudar a esclarecer y difundir la información accesible y favorecer la articulación de organismos nacionales, internacionales y sociedades científicas para contribuir a contrarrestar las desigualdades en el acceso a las vacunas contra el COVID-19.
Por todas estas razones Acceso continúa sumando organizaciones de toda la región, como la Campaña por el Derecho a la Educación en México, que compartan consensos basados en la participación social, la solidaridad y el respeto para ayudar a que la sociedad en su conjunto supere la emergencia que atraviesa, promoviendo una distribución equitativa y oportuna de las vacunas.
Para superar cualquier problema de salud las respuestas no pueden ser individuales y la pandemia del COVID-19 no es una excepción. Ningún país se salva sólo. Para revertir las inequidades a las que nos enfrentamos debemos crear nuevas formas de organización social y las escuelas son el lugar por excelencia para hacerlo y así transformar estas realidades que duelen. Para que la escuela siga siendo un espacio que acompañe la actuación de los sujetos en pos de su libertad, para que las escuelas puedan seguir construyendo ciudadanías capaces de crear formas de vida más equitativas, para que puedan ser semilla de emancipación de mundos sostenidos en relaciones sociales solidarias, debemos garantizar que haya vacunas que frenen el avance de la pandemia para que las escuelas sigan abiertas.
Brecha digital, acceso a la información y educación: retos y propuestas para América Latina y el Caribe
Se realizó ayer, 6 de octubre, el diálogo virtual “Brecha digital, acceso a la información y educación”. La sesión de trabajo fue organizada por el Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT) del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Este Foro es la instancia oficial de seguimiento al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4 – referido a la educación, en ámbito regional.
La sesión forma parte en una serie de reuniones que tiene el objetivo de desarrollar los temas de trabajo definidos por GEACT, proponiendo políticas públicas para la solución de los problemas identificados. Se busca además incidir positivamente en los procesos de toma de decisiones sobre los ODS en la región, de manera que los resultados del trabajo del GEACT serán presentados en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para los primeros meses del año 2022.
En el diálogo de ayer, se identificaron problemas relacionados a los temas educación, academia, ciencia y tecnología, y a la vez se plantearon soluciones viables en época de pandemia y postpandemia.
Participaron: Pablo Cavataio, Asesor de la Vicepresidencia de ARSAT Argentina; Maximiliano Estigarribia, Director de ETIS, Argentina; Javier Tolcachier, de la Agencia Pressenza en Argentina; Ana Gabriela Castro Fuentes, del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica; Luis Bonilla Molina, de Otras Voces en Educación Venezuela; y Mauro Jarquín, del Observatorio Latinoamericano y Caribeño de Organismos Multilaterales, Bancas de Desarrollo, Cooperaciones Tecnológicas y Filantropía de México, bajo la moderación de Nora González Chacón, de la Agenda Ciudadana por la Educación de Costa Rica (ACED).
Según Javier Tolcachier, la Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social, ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeada por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.
“Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice. De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir”, destacó.
Lee aquí su ponencia completa.
Mira a continuación la grabación del encuentro
Próximas sesiones del grupo
El GEACT mensualmente implementa una reunión de trabajo de una hora y media a dos horas, en la que cada uno de sus grupos temáticos presenta datos relevantes sobre los desafíos existentes e identifica o propone soluciones. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) forma parte en el GEACT, representada por Nora González Chacón, de la ACED, y Marcela Browne, de Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).
En estos encuentros, se propone reunir insumos para la elaboración de un pequeño documento base, que se discutirá nuevamente con los grupos de trabajo previo a su envío al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible el 2022.
Los próximos encuentros de la serie, discutirán: Migrantes y derecho a la educación (10 noviembre de 2021), Derecho a la Educación e inclusión a lo largo de la vida (26 de enero de 2022); Presentación de documento final (28 de febrero de 2022).
Talibanes, activismo y derecho a la educación en Afganistán
9 de septiembre de 2021“Si los talibanes prohíben el acceso de las niñas a colegios, daré clases por Facebook. Si limitan los estudios, subiré los libros a internet. Si cortan internet, mandaré libros por correo. No me rindo”, declaró la activista afgana Pashtana Durrani en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter.
Con la misma determinación que demuestra Pashtana Durrani , y con motivo del Día Mundial para Proteger la Educación de Ataques, las y los activistas jóvenes de la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo afgano, especialmente con las mujeres y las niñas, en el actual contexto de inseguridad, terror y represión.
>> Lee el texto completo en El País
CME hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán
3 de septiembre de 2021“La Campaña Mundial por la Educación (CME) hace un llamamiento a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán y aseguren el restablecimiento de las condiciones que garanticen el pleno estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad. Eso afirma en declaración publicada el 25 de agosto tras la toma de posesión de Afganistán por los talibanes.
Según la CME, la posesión no sólo agravará las crisis humanitarias actuales en la región, sino que dejará a los afganos en riesgo de sufrir más abusos. En particular, las niñas, las mujeres y todos aquellos que no comparten sus opiniones políticas se verán más vulnerables.
“La CME cree firmemente que invertir en educación en lugar de en las fuerzas armadas construirá una sociedad sostenible e inclusiva. Creemos que educar a las niñas y a las mujeres es fundamental para lograr una sociedad equitativa y democrática. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo afgano y, en particular, con las organizaciones de la sociedad civil que son miembros de la Campaña Mundial por la Educación”.
Lee el documento completo aquí
Solidaridad con las mujeres afganas
Monica Novillo
Monica Novillo es coordinadora Regional de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe (REPEM-LAC)
Afganistán tiene una larga historia de intentos de ocupación de varias naciones, y en la historia más reciente, se convirtió en víctima de la histórica rivalidad entre Rusia y EEUU. Afganistán vivió la ocupación rusa entre 1979 y 1989 y la de Estados Unidos en los últimos 20 años y en medio, una guerra civil alimentada por los intereses imperialistas y económicos.
La ocupación de EEUU fortaleció el movimiento islamista radical de credo sunita, conocido como talibanes, y que ahora se denominan Emirato Islámico de Afganistán, que han librado una guerrilla, desde 2001, cuando fueron expulsados -luego de estar 5 años en el poder- por la coalición liderada por EEUU.
El regreso de los talibanes ha encendido las alertas de los movimientos feministas del mundo, por los retrocesos que pueden presentarse frente a derechos ganados por las mujeres, lo cual ha generado expresiones de solidaridad con las mujeres, activistas feministas y del movimiento LGBTIQ+ de Afganistán. Los talibanes aplican estrictamente su interpretación de la sharía, ley islámica, basada en la idea de crear ambientes seguros donde la castidad y la dignidad de las mujeres sean sacrosantas, lo que implica ocultar de la gente, la vida de las mujeres, en síntesis, ocultar la presencia de las mujeres, que en sus creencias serían fuente de corrupción.
Bajo el régimen talibán se prohíbe a las mujeres trabajar, salir de su casa si no van acompañadas por un hombre de parentesco cercano (padre, marido, hijo o hermano); hacer tratos comerciales con hombres, recibir atención médica por un hombre; a asistir a la escuela o universidades, mostrar cualquier parte de su cuerpo, por lo que deben vestir con burkas, no pueden usar productos cosméticos, no pueden hablar o dar la mano a hombres que no sean sus parientes cercanos, reír en público, llevar zapatos de tacón, usar pantalones hacer deporte, manejar bicicleta o moto, no pueden aparecer en medios de comunicación ni asistir a reuniones públicas, vestir ropas de colores vistosos, no pueden lavar ropa en ríos o plazas públicas, se les prohíbe también el uso de baños púbicos, nadie puede fotografiar ni filmar a mujeres. Existen otras prohibiciones que afectan los derechos de hombres y mujeres, como ver películas o escuchar música, los hombres no pueden afeitarse o cortarse la barba y lo jóvenes a raparse el pelo.
El llamado a los gobiernos del mundo, comunidad internacional para demandar garantías para el ejercicio de los derechos humanos en Afganistán, y asegurar pases seguros para mujeres profesionales, periodistas, activistas de derechos humanos, particularmente feministas y de diversidades sexuales, se hace un imperativo. Mantener articulada la solidaridad internacional a través de apoyo a organizaciones de sociedad civil que trabajan en la defensa y promoción de los derechos humanos es una tarea indispensable.
