Diálogo virtual aborda la educación y el cuidado en la primera infancia ante tiempos de pandemia
28 de mayo de 2020Con el propósito de impulsar diálogos y reflexiones sobre las actuales oportunidades y los desafíos para la realización de la educación y del cuidado en la primera infancia como un derecho humano, la CLADE, en alianza con la OMEP América Latina y EDUCO, realizó el diálogo virtual “La educación y el cuidado en la primera infancia en América Latina y el Caribe ante tiempos de pandemia”. El evento tuvo lugar este jueves, 28 de mayo, de 15:00 a 16:30 (GMT-3), y se transmitió a través de los canales de la CLADE en Facebook y Youtube.
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En el encuentro, se abordó hallazgos del estudio “El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe”, elaborado por CLADE y OMEP, con el apoyo de EDUCO, y también los retos que nos impone la actual crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Participaron: Alexandra Inmaculada Santelises Joaquín, Directora de Educación Inicial del Ministerio de Educación de República Dominicana; Cristina Lustemberg, Diputada de Uruguay; Constanza Alarcón, Viceministra de Educación de Colombia; Luis Pedernera, presidente del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta mundial de OMEP. Mikel Egibar, de EDUCO, se hizo cargo de la moderación.
El derecho a la educación y al cuidado en la primera infancia: perspectivas desde América Latina y el Caribe
La investigación revela que, pese a que las Leyes Generales de Educación en la región reconocen la educación como un derecho humano y el Estado como garante de su pleno ejercicio desde la primera infancia, con distintos puntos de partidas, persiste una fragmentación y dispersión de las políticas y prácticas para esta etapa educativa, así como la ausencia de un financiamiento adecuado.
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CLADE: repudio a las actuales políticas del gobierno brasileño ante la pandemia COVID-19
27 de mayo de 2020Ante el crecimiento rápido del número de contagios y muertes por la pandemia COVID-19 en Brasil y la negligencia pública de la presidencia del país respecto a la gravedad de la crisis sanitaria, la CLADE divulga hoy, 26 de mayo, un posicionamiento público en solidaridad y apoyo a la sociedad brasileña.
“(…) En un momento en que Brasil es reconocido como principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra. Lamentamos la absoluta ausencia de duelo por parte de la máxima autoridad del país, ante las más de veinte y una mil muertes que el país registra y extendemos todo nuestro sentimiento a las víctimas, sus familias y entes queridos, y a todo el pueblo brasileño”, afirma la nota.
El comunicado también subraya los problemas que la educación brasileña enfrenta en este contexto de crisis sanitaria y política. “El presidente ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020”.
A través del posicionamiento, la CLADE se suma a la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, estudiantes, docentes y otros sectores movilizados del país, que cobran medidas serias del gobierno nacional para la superación del actual contexto de crisis y por la inversión de los recursos necesarios en salud, educación y otros derechos sociales.
>> Nota de la CLADE completa.
El Salvador: especialistas discutirán los impactos de la pandemia COVID-19 en la educación
26 de mayo de 2020¿Qué esperamos de la educación después del COVID-19? Para discutir y reflexionar sobre esa y otras cuestiones respecto a los impactos de la crisis sanitaria provocada por la pandemia a la educación pública, la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) realizará este jueves, 28 de mayo, a partir de las 14:00 de El Salvador (GMT-6), un conversatorio virtual. El evento se transmitirá a través de la página de RESALDE en el Facebook.
Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, será una de las panelistas del encuentro, que también contará con la participación de Vernor Muñoz, director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME); Felipe Rivas, de la RESALDE; Carlos Rodríguez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente de El Salvador (Infod); y Jazmin Elena, representante estudiantil y miembro de RESALDE.
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>> Comunicado de la CLADE completo
">CLADE apoya decisión judicial que suspende recortes al presupuesto educativo en Ecuador
22 de mayo de 2020“La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), red plural de organizaciones y redes de la sociedad civil que defiende el derecho humano a la educación pública, laica, inclusiva, gratuita, transformadora y a lo largo de la vida, como responsabilidad de los Estados, quiere con este comunicado expresar su respaldo a la reciente decisión de la Corte Constitucional del Ecuador que determina la suspensión del recorte presupuestario a la educación en el país”, afirma la CLADE en nota publicada hoy, 22 de mayo.
El comunicado respalda las demandas y la movilización de organizaciones, redes y movimientos sociales ecuatorianos, entre ellos el Contrato Social por la Educación (CSE), ante las medidas económicas del gobierno nacional que han generado la precarización de la educación, como la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades. Tras reciente medida cautelar en respuesta a demandas presentadas por la sociedad civil, la Corte Constitucional de Ecuador suspendió este recorte al presupuesto de la educación universitaria en el país.
En apoyo a posicionamiento que el CSE divulgó esta semana, la CLADE también solicita a la Corte que falle de manera definitiva a favor de la suspensión del recorte de financiamiento educativo. “Nos sumamos a las voces de otros sectores de la sociedad ecuatoriana y de movimientos y organizaciones de la sociedad civil de toda la región de América Latina y el Caribe, para instar a la Corte Constitucional para que adopte una sentencia definitiva por la suspensión del recorte presupuestario para la educación en Ecuador”, afirma la CLADE.
>> Comunicado de la CLADE completo
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región. ">Organizaciones y redes de América Latina y el Caribe instan por la realización de la Agenda 2030 ante la CEPAL
“Si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030”, afirman en declaración cientos de redes y organizaciones de la región, entre ellas la CLADE, que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La declaración – divulgada este 18 de mayo en el marco del conversatorio en línea “El Valor de la Agenda 2030 en tiempos del COVID-19”, que la CEPAL ha convocado para dialogar con la sociedad civil sobre la temática -, se presenta también en el contexto de una campaña de sensibilización y movilización que impulsa el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de la región. La iniciativa se dedica a resaltar el valor y la vigencia de la Agenda de Desarrollo 2030, y además exigir el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia.
Ante la suspensión de la realización presencial de la edición 2020 del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil viene impulsando una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Uno de los resultados de dichas movilizaciones ha sido la invitación para que integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo participaran en conversatorio de la CEPAL.
En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dialogó con Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, y con Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).
El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, entre ellos varios de los miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; abordar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región, luego de la pandemia.
Durante la reunión, Alicia Bárcena, subrayó el compromiso impostergable de la región con la implementación de la Agenda 2030 y destacó que “armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible”.
Haciendo referencia a la Declaración Dos Monólogos no Hacen un Diálogo, presentada por la sociedad civil en la edición del 2019 del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Alicia Bárcena afirmó: “No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”. En tal sentido, ella se comprometió a facilitar la interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos desde el espacio multilateral de la CEPAL. La secretaria aún presentó el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway) y el nuevo Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que trae informaciones sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la región.
Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil
Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.
Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región.
Derechos de la infancia y participación de la sociedad civil
19 de mayo de 2020Diálogo con Agnes Gracia Corberó, Punto focal para América Latina y África de la organización internacional Child Rights Connect
La organización internacional Child Rights Connect acompaña el proceso de conocimiento y exigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA) a través del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas y especialmente ante el Comité sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Es una red independiente sin fines de lucro compuesta por más de 80 organizaciones nacionales, regionales e internacionales que actúan para garantizar que los niños, niñas y adolescentes puedan disfrutar plenamente sus derechos, tal como se define en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN).
En entrevista, Agnes Gracia Corberó señala que el contexto de pandemia COVID-19 afecta de muchas maneras a los derechos de niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, entre ellos la educación, ante la suspensión de clases presenciales y la adopción de la enseñanza a distancia, contexto que ha profundizado las condiciones de pobreza y exclusión de muchas personas y familias. Según la activista, las informaciones de prevención al COVID-19 son muy importantes, aunque no suficientes para enfrentar y dar respuestas a la complejidad y las consecuencias de la pandemia en los ámbitos económico, cultural y social. En este diálogo, también se abordó el aniversario de 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y cómo este marco visibilizó en la opinión pública muchos temas pendientes para los Estados en virtud de la participación y protección de niños, niñas y adolescentes defensoras/es de derechos humanos.
Escucha la entrevista completa:
Luis Pedernera: “La crisis del COVID-19 no puede afectar los derechos humanos”
Actualmente, el contexto del COVID-19 se analiza a nivel mundial por los 10 Comités de Naciones Unidas (ONU), los mismos que piden a los Estados que en medio de la crisis no se suspendan los derechos humanos, pero que tampoco retrocedan. Sin embargo, la región latinoamericana y caribeña es la parte del mundo con mayor desigualdad y violencia sin atravesar un conflicto armado explícito.
El Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU establece recomendaciones y sugerencias para mejorar y medir los procesos de avance de los Estados en cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes (NNA).
En esta entrevista, Pedernera comparte su visión y experiencia en defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia en ámbito mundial. Señala que las propias voces de niños, niñas y adolescentes deben ser escuchadas, y que es necesario buscar mecanismos creativos para su participación en las escuelas y los centros educativos. Además, comenta las preocupaciones y riesgos respecto al cumplimiento de los derechos a la educación y participación de NNA en el contexto de distanciamiento social y cierre de escuelas debido a la pandemia COVID-19. Igualmente, comparte reflexiones sobre los retos de la migración en la infancia, así como aquellos relacionados a la baja de edad para imputabilidad de delitos en algunos países.
Escucha la entrevista completa a continuación.
Ecuador: Contrato Social por la Educación respalda decisión judicial que suspende el recorte de financiamiento para la educación superior
18 de mayo de 2020Tras la medida cautelar de la Corte Constitucional de Ecuador, que deja sin efecto la reducción de más de 98 millones de dólares del presupuesto destinado a las universidades y que obliga al Ministerio de Economía y Finanzas a abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior del país, el Contrato Social por la Educación (CSE) divulgó una nota pública, en la que respalda la decisión y exhorta a la Corte para que falle de manera definitiva contra el recorte presupuestario por el gobierno.
“Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otros”, dice la nota.
Según informaciones de la Agencia Pressenza, el recorte de casi 100 millones de dólares afectaría a 31 universidades públicas y un organismo del sistema de educación superior del país. Pressenza también informa que las medidas cautelares de la Corte Constitucional del Ecuador responden a una acción de incumplimiento interpuesta por el colectivo Acción Jurídica Popular y disponen al Ministerio de Economía y Finanzas, así como a las autoridades de la función ejecutiva pertinentes, que suspendan y se abstengan de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Adicionalmente, la Corte detuvo los efectos de la Circular Nro. MEF-VGF-2020-0003-C, emitida por el Ministerio de Economía, en relación a los presupuestos de las instituciones de educación superior.
En las próximas semanas, la Corte Constitucional analizará los argumentos de fondo y determinará si, en efecto, ha habido incumplimiento a los parámetros constitucionales que deben regir lo referido al presupuesto para la educación en estado de excepción. La Corte también deberá decidir sobre otras causas pendientes de resolución por el mismo tema, entre ellas una acción por incumplimiento interpuesta por varias universidades.
“Es indispensable que organizaciones sociales, movimientos, estudiantes y docentes mantengan activas las formas de exigibilidad social y también la recopilación de información y envío de escritos de amicus curiae a la Corte Constitucional. Todos estos elementos serán de utilidad para que este órgano jurisdiccional adopte la decisión más favorable en la protección del derecho a la educación”, afirma el artículo publicado por Agencia Pressenza.
Educación básica y regular
Para el Contrato Social por la Educación, el recorte de financiamiento a las universidades es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica en el país, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas”, subrayó el CSE en su nota.
Lee a continuación el posicionamiento completo:
Respaldo a la decisión de la Corte Constitucional
La educación es un derecho humano fundamental que promueve el ejercicio de otros derechos. Es un bien público y estratégico que se debe proteger y potenciar.
Como Contrato Social por la Educación respaldamos la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador de suspender el recorte presupuestario a las universidades y la disposición al Ministerio de Economía y Finanzas de abstenerse de hacer modificaciones que puedan tener un impacto negativo en las instituciones de educación superior.
Consideramos crucial esta decisión porque respalda las voces de protesta de diferentes sectores frente a las medidas económicas y el inminente riesgo que estas conllevan para las universidades: despido y precarización del trabajo docente, masificación estudiantil, deterioro de la calidad educativa e investigación, supresión de becas, suspensión de carreras, entre otras.
Reiteramos la premisa de que el Estado es el garante del derecho a la educación y tiene la obligación de protegerla en todos sus niveles. Sin embargo, el sistema educativo desde inicial, básica y bachillerato está debilitado por la situación actual del país y las decisiones económicas adoptadas.
Afectación a programas de alfabetización, despidos de docentes con contratos ocasionales, recortes en los niveles preescolares, ajustes en programas de educación de adultos son algunas de las consecuencias.
Exhortamos a la Corte Constitucional por una sentencia definitiva frente al recorte presupuestario y a las autoridades de gobierno que canalicen esfuerzos que protejan y garanticen el derecho a la educación como herramienta de desarrollo.
Quito, mayo de 2020
Ecuador: Comunidad educativa rechaza medidas económicas que afectan la educación
8 de mayo de 2020El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
- Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
- Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
- Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
- Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
>> Posicionamiento del CSE completo.
Bolivia: Demanda por protección social y educación de calidad en el contexto de la pandemia
7 de mayo de 2020La entrega del bono familiar a toda la población estudiantil en Bolivia; estrategias para que los medios de comunicación generen programas e insumos educativos; y el diseño de protocolos que garanticen el desarrollo educativo en el contexto de la pandemia COVID-19 son algunas de las demandas que la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE) presenta al Ministerio de Educación boliviano en pronunciamiento.
En el comunicado, la Campaña “reconoce el Derecho a la Educación como derecho básico y habilitante para ejercer los demás derechos humanos, por lo que ante la emergencia sanitaria global a causa de la propagación del COVID-19, manifiesta su preocupación por que en esta etapa de cuarentena total y post cuarentena se garantice el derecho a la educación asumiendo medidas integrales, adecuadas, pertinentes y oportunas”.
Para la CBDE, todas las medidas propuestas deben traducirse en lineamientos claros desde el Ministerio de Educación y otras instancias del Estado, para garantizar el derecho a la educación, en articulación con maestros, maestras, padres y madres de familia, estudiantes y sociedad civil en su conjunto.
Lee el pronunciamento completo.
Educación Técnica, tecnológica y productiva
La CBDE también organizó el conversatorio en línea “Educación Técnica, tecnológica y productiva: desafíos y oportunidades en el contexto del COVID-19 caminando hacia la transformación digital”.
Mira la grabación:
https://www.facebook.com/CampanaBolivianaPorElDerechoALaEducacion/videos/1067044507010824/
