CME lanza campaña global sobre Educación en Emergencias

24 de febrero de 2022

Unir y movilizar el movimiento global para proteger los derechos de los y las estudiantes en contextos de emergencia, además de abordar las causas estructurales de las crisis, poniendo el foco en los derechos, la dignidad y la solidaridad. Ese es el objetivo de la campaña global sobre Educación en Emergencias: Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya! , que fue lanzada el último martes (1/3), con un diálogo virtual organizado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), que contó con la presencia de activistas y autoridades, entre ellas Marisela Figueroa, Viceministra de asuntos Técnicos y Pedagogicos del Ministerio de Educación de Honduras.

La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de los países que sufren conflictos y crisis prolongadas, cuyos sistemas educativos eran ya muy frágiles. La vulneración sistemática del derecho a la educación en estos contextos es una verdadera tragedia humana”, declara el presidente de la CME, Refat Sabbah. 

Según la Campaña Mundial, las situaciones de emergencia tienen consecuencias devastadoras para el derecho a la educación de millones de personas, y afectan gravemente a los progresos en el cumplimiento del conjunto de la Agenda de Desarrollo Sostenible y, en concreto, al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4). Toda una generación de niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de emergencias se ven privados no solo de su derecho humano a una educación de calidad, sino también de la protección que brinda la educación en este tipo de contextos. En situaciones de emergencia, la educación puede ser el único espacio seguro.

“Se ha hablado mucho sobre la educación en situaciones de emergencia. Se han elaborado informes y se han celebrado conferencias, pero seguimos sin ver suficientes cambios sobre el terreno. ¡Ya es hora de pasar a la acción!. Con nuestra campaña Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya! queremos hacer un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para que tomen medidas inmediatas y así conseguir que realmente nadie quede atrás”, afirma Grant Kasowanjete, Coordinador Global de la CME.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se sumará a esta movilización internacional, con la realización de acciones regionales y en distintos países de América Latina y el Caribe – especialmente en el marco de una Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) prevista para realizarse en la última semana de abril, enfatizando el tema educación en emergencias. Se compartirán novedades pronto.


Datos sobre la crisis educativa

Ya antes de la COVID-19, 127 millones de niños y jóvenes en edad escolar primaria y secundaria que vivían en países afectados por crisis no estaban escolarizados, una cifra que asciende a casi la mitad de la población sin acceso a la educación en todo el mundo.  

El 48% de los niños y niñas refugiados en edad escolar no tienen acceso a la educación.

Se prevé que, en 2050, habrá 140 millones de nuevas personas desplazadas en el Sur de Asia, África subsahariana y América Latina a causa del cambio climático.

Las niñas tienen más probabilidades que los niños de no asistir a la escuela en contextos de emergencia. Hasta 20 millones de niñas, en particular niñas adolescentes, corren el riesgo de abandonar la escuela de forma permanente en el 2023.

A pesar de lo dramático de la situación, la educación sigue siendo uno de los ámbitos menos financiados en la ayuda humanitaria, ya que recibe tan solo el 2,4 % del total de la financiación humanitaria mundial.


Lanzamiento global de la campaña

Participaron del evento virtual:

  • Stefania Giannini – Subdirectora General de Educación, UNESCO
  • Yasmine Sherif –Directora de Education Cannot Wait (ECW)
  • Refaat Sabbah –Presidente de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
  • Dennis Sinyolo –Coordinador Regional para África, Education International (EI)
  • Aseel Saraih –Periodista, miembro de la Red una Educación Digna para Todos y Todas en Yemen, Campaña Árabe de una Educación para Todos y Todas (ACEA)
  • Ilustre Joyce Moriku Kaducu – Ministra de Estado de Educación de Uganda – Educación Primaria
  • Assane Hamza, Vicesecretaria General, Ministerio de Educación Nacional de Níger
  • Marisela Figueroa, Viceministra de asuntos Técnicos y Pedagogicos del Ministerio de Educación de Honduras
  • Madeleine Zúñiga – Vicepresidenta, Junta Directiva de la CME (moderadora)

Si no pudiste acompañar en vivo, mira a continuación la grabación del evento:


LSM

Evento reunirá especialistas para debatir experiencias inclusivas en la educación

15 de febrero de 2022

¿Cómo garantizar una educación inclusiva? ¿Cuáles son las experiencias de organizaciones de diferentes partes del mundo para fortalecer la inclusión? Para reflexionar sobre estas y otras cuestiones, la Campaña Mundial por la Educación (CME), en alianza con la Red Regional por la Educación Inclusiva (RREI Latinoamérica) y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), este jueves (17/2) a partir de las 13:00 (hora de Europa Central – CET), realizará el evento “Construyendo una educación para todos: cómo aprender de las experiencias inclusivas de discapacidad”.

El evento tendrá la participación de siete especialistas sobre el tema, que representan organizaciones de diferentes regiones del mundo: Madeleine Zúñiga (Vicepresidenta de la CME); Gordon Porter (Educación Inclusiva, Canadá); Nguyen Thi Kim Anh (Asociación Vietnamita de una Educación para Todos); Nguyen Tuan Linh (Asociación Vietnamita de una Educación para Todos); Traore Tahirou (Coalición Nacional para la Educación del Medio Ambiente de Burkina Faso); Claudia Werneck (Escuela de Gente de Brasil) y Belén Arcucci (Facilitadora, de la RREI).

El evento contará con servicios de interpretación a petición.

>> Haz tu inscripción 

Cumbre sobre discapacidad

La iniciativa es realizada paralelamente a la 2ª Cumbre Mundial sobre Discapacidad, que se llevará a cabo virtualmente del 16 al 17 de febrero, y tiene como objetivos aumentar la atención mundial para la temática, centrarse en las áreas desatendidas y el desarrollo sostenible inclusivo y fortalecer la capacidad de las organizaciones de personas con discapacidad en el Sur Global y su compromiso con los gobiernos, entre otros. 

>> Entérate más sobre la 2ª Cumbre Mundial sobre Discapacidad y regístrate para participar en línea


Seis ejemplos de educación pública en países comos Bolivia, Brasil, Cuba y Ecuador demuestran que la educación pública funciona. El texto reúne las conclusiones sobre el estudio y trae los links para consultarlo en inglés y profundizar en la tematica.
Imagen: Pexels

CCNGO y la educación para el futuro: ¿Cómo garantizar este derecho hasta el 2030?

14 de febrero de 2022

“La educación como derecho humano está reconocida en muchos tratados internacionales y en la mayoría de las leyes en todo el mundo. Se considera un derecho fundamental y un medio indispensable para lograr otros derechos. La educación es un derecho habilitador, ya que busca generar conocimientos y habilidades que capaciten a las personas para desarrollar todo su potencial. Los gobiernos y la comunidad internacional son los principales responsabilidad de su realización”, afirma la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030, luego en la introducción del documento “El papel de las organizaciones de la sociedad civil en 2050 y más allá: Contribución de la Consulta Colectiva de ONG de la UNESCO sobre Educación 2030 a la Iniciativa Futuros de la Educación de la UNESCO”.

El documento fue resultado de una serie de debates y reflexiones de la instancia, que cuenta con representantes de organizaciones, redes y movimientos sociales de todo el mundo, y además fue una respuesta a la convocatoria y consulta de la UNESCO para que la sociedad civil presentase sus aportes al documento Reimagining our futures together: a new social contract for education [Reimaginando nuestros futuros juntes: un nuevo contrato social por la educación] de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación.

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una de las redes de sociedad civil que participó en este proceso, y fue la responsable por asegurar que en la introducción del primer documento mencionado estuvieran presentes el contexto general, lo criterios, desafíos y valores que tienen que pensarse en la educación presente y futura  para garantizarla como un derecho humano. 

“También aportamos nuestra retroalimentación, nuestras opiniones para los demás capítulos y aportamos nuestras experiencias desde América Latina y el Caribe que podrían ejemplificar, señalar caminos del futuro para la educación que queremos y para lograr llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y más allá”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE. 

Más democracia en UNESCO

Nelsy explica que, durante todo el proceso de construcción del documento y de debates en el CCNGO, la CLADE logró ampliar la participación de grupos de la sociedad civil en la instancia. “La CLADE participó muy activamente en el debate sobre un nuevo modelo de gobernanza de la Educación 2030. Hicimos un trabajo importante de articulación con diversos actores de la región y también con actores que representan la región en UNESCO-París para lograr empujar los posicionamientos de CCNGO, que tuvieron siempre un criterio de favorecer la mayor participación y la mayor democracia posible en ese modelo de gobernanza y evitar a todo costo un modelo de gobernanza sostenido en un grupo de notables con una mirada desde el norte”, explicó.

“Hicimos un aporte importante, muy articulado y en alianza con todo el grupo de CCNGO, que quedó efectivamente en el modelo de gobernanza que se está implementando en la UNESCO. Logramos modificar algunas cuestiones que limitaban la participación más amplia de la sociedad civil organizada, para tener un ejercicio más democrático”, subrayó también.

Financiación educativa

La coordinadora de la CLADE también destacó la importancia de la incidencia de la Campaña en el debate de CCNGO sobre la financiación educativa. “Otro aporte de la CLADE en el CCNGO fueron los aspectos referidos a los modelos de financiación que quedaron en la última edición del GEM [Global Education Meeting – Reunión Mundial de Ministros de Educación], a fines del año pasado, que se concentró en el tema. Logramos incluir el enfoque de políticas fiscales progresivas como un mecanismo claro de financiamiento educativo en la declaración final de este encuentro”, enfatizó.


<span style=Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4.  Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país. Grabación del evento:
Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4 
“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc. “Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó. Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación.  “En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó. También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.
Monitoreo del financiamiento educativo
El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”. Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos.  “La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.
Participación de la sociedad civil
Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4.  “En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”. ">
Además de haber contado con cuatro representantes en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta, la región también aumentó su participación en el grupo coordinador de la Consulta Colectiva

América Latina y el Caribe refuerzan su presencia en la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030

17 de diciembre de 2021

Andressa Pellanda, coordinadora de la Campaña Brasileña por el Derecho a la Educación es las nueva integrante del grupo coordinador de la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030. Junto con Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), y Mercedes Mayol Lassalle, presidenta de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), que ya participaban del grupo coordinador de CCNGO representando a América Latina y el Caribe, las integrantes reforzarán en este espacio las demandas y perspectivas de la región en los debates alrededor de los avances y retos respecto a los objetivos y metas del ODS 4. 

Luego del anuncio de estas nuevas participaciones de la región en el grupo, se realizó este martes (14 de diciembre) la 10ª Reunión Mundial de la CCNGO, que discutió el papel de las organizaciones sociales en la garantía del derecho humano a la educación. Organizado por UNESCO, el evento contó con la participación de cuatro representantes de organizaciones y redes de América Latina y el Caribe: Nelsy Lizarazo; Vernor Muñoz, director de Políticas, Incidencia y Campañas de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y ex Relator Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación; Mercedes Mayol Lassalle; y Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.

Grabación del evento:


Retos y avances para el cumplimiento del ODS 4 

“Se estima que 3,1 millones de niños, niñas y jóvenes en América Latina y el Caribe podrían abandonar de modo definitivo sus trayectos educativos [durante la pandemia]”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora de la CLADE en su presentación en la 10ª Reunión Mundial de la Consulta. Según Lizarazo, los sistemas de educación de la región no estaban preparados para responder a la crisis y pasar las clases a la virtualidad, no sólo en términos de acceso y conectividad, sino en términos de formación docente, metodologías, adaptaciones curriculares, etc.

“Los gobiernos buscaron alternativas y, en esa búsqueda y respuesta, ampliaron el campo de actuación de las corporaciones tecnológicas y las EdTech encontraron nuevos nichos de negocio con la educación. Llegan, por esa vía, nuevas rutas de la privatización de la educación en nuestra región que impactan en todos los niveles del sistema y se profundizan en la educación superior de manera preocupante”, afirmó.

Además de las problemáticas vividas por estudiantes, docentes, técnicas/os y gestoras/es de sistemas públicos educativos en la región, Lizarazo citó algunos ejemplos de acciones que avanzaron respecto a la realización del derecho a la educación. 

“En medio de todo lo anterior y de mucho más, quiero destacar logros concretos como la aprobación en julio del 2020 del FUNDEB en Brasil o el impedimento de la eliminación de presupuesto para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en Colombia. Los dos, logros de las campañas nacionales de los respectivos países, miembros de CLADE. También, la medida del gobierno argentino de establecer impuesto a las grandes fortunas, ante el contexto de pandemia, y del gobierno boliviano, como norma permanente”, subrayó.

También destacó avances a nivel regional desde el Comité Regional de Seguimiento a la Agenda de Educación 2030. En este espacio se acordó la Declaración del Comité de Dirección Regional ODS-E2030 de América Latina y el Caribe Priorizar el derecho a la educación salvará el presente y futuro de América Latina y el Caribe, en la que, entre otros acuerdos, se abordó la prioridad de reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho. Además, durante las discusiones en torno al nuevo mecanismo de gobernanza, en la región se acordó la no priorización de ningún aspecto del ODS 4 y la necesidad de alcanzarlo en su conjunto y totalmente.


Monitoreo del financiamiento educativo

El monitoreo del financiamiento educativo no debería ocuparse solamente de los datos del gasto o la inversión, sino también de los vacíos. Fue lo que defendió Vernor Muñoz, en su intervención durante la reunión. Para el director de Políticas de la CME, “si el imperativo [de la Agenda de Educación 2030] es no dejar a nadie atrás, el financiamiento debe responder en primer lugar a una base normativa, y luego a una política pública, y a planes de inversión progresivos que incluyan acciones afirmativas de modo que las poblaciones históricamente excluidas, puedan recibir los recursos que se requieren para asegurar la plena realización de sus derechos”.

Muñoz explica que el monitoreo y seguimiento al financiamiento educativo debería estar relacionado con el seguimiento a otros fenómenos, como la desigualdad tributaria, el incremento de la deuda pública y la privatización y comercialización de los servicios educativos. 

“La privatización, especialmente, ha llegado a extremos lamentables no solo en el ámbito nacional, sino también en los espacios de gobernanza internacional, en los que observamos a supuestos representantes corporativos sentados en la mesa de decisiones educativas, cuando muchas veces ni siquiera cumplen con sus obligaciones de pagar los impuestos en los países en donde hacen negocios”, enfatizó.


Participación de la sociedad civil

Durante su participación, Mercedes Mayol Lassalle llamó la atención para la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de seguimiento y cumplimiento del ODS 4. 

“En el nuevo Mecanismo Global, continuaremos trabajando para asegurar una representación diversa y democrática integrando la voz de los gobiernos y actores de la educación, con organizaciones de la sociedad civil, docentes, estudiantes de todas las edades y especialmente aquellos que han sido marginados, olvidados, invisibilizados”.


De acuerdo con el estudio, en los Estados Unidos, las escuelas privadas tienen poca o ninguna regulación, lo que permite que se enseñe prácticamente cualquier cosa, incluyendo contenidos que terminan beneficiando a las grandes corporaciones fuertemente involucradas en la financiación de la educación
Ted Eytan / Source: Wikimedia Commons.

Reporte: La Red Koch y la Captura de la educación K-12

15 de octubre de 2021

Según la investigación “Reporte K-12: La Red Koch y la Captura de la educación K-12” (2021), a nivel mundial, el recorte de fondos a las escuelas públicas ocurre debido a crisis financieras como las recesiones y el COVID-19, pero los presupuestos escolares también son atacados por fuerzas externas que impulsan programas de privatización de la educación. Cuando estos recortes ocurren, se da paso a que florezca la educación privada. De acuerdo con el estudio, elaborado por UnKoch My Campus y SOS Arizona, en los Estados Unidos, las escuelas privadas tienen poca o ninguna regulación, lo que permite que se enseñe prácticamente cualquier cosa, incluyendo contenidos que terminan beneficiando a las grandes corporaciones fuertemente involucradas en la financiación de la educación. La Red Koch es el influyente conjunto de grupos financiados por el multimillonario industrial Charles Koch y más de 600 personas adineradas que comparten su visión económica proempresarial y antirreglamentaria y sus posiciones en política social, como la negación del cambio climático.

Con el fin de influir en la educación pública desde el jardín de infancia hasta la secundaria, la Red Koch ha financiado mecanismos locales, estatales y nacionales para crear múltiples crisis – sólo para dar la vuelta y citar estas mismas crisis como razones para adoptar sus soluciones de libre mercado. La Red Koch no ha ocultado el papel fundamental que desempeña la educación pública como escenario ideal para influir en la política y la cultura de Estados Unidos. A través de una variedad de tácticas – escuelas concertadas, vales, planes de estudio, libros de texto, formación, utilización de políticos estatales para participar en la guerra cultural contra las ideas progresistas y más – la Red Koch es capaz de asegurar la difusión de sus ideas, incluyendo la desinformación sobre el clima y la filosofía económica que favorece el libre mercado. 

La Red Koch propone las escuelas concertadas como la solución a la crisis de la educación pública que ha fabricado e incitado. Las escuelas concertadas son independientes de los sistemas escolares estatales existentes y su popularidad ha aumentado enormemente en los últimos tiempos, en gran medida como respuesta a la financiación filantrópica. Las familias se ven tentadas a enviar a sus hijas e hijos a una escuela concertada o a utilizar un vale financiado con fondos públicos como expresión de “elección de escuela”, inyectando una “competencia al estilo del mercado en la educación pública”.

La Red Koch también crea currículos escolares para promover los ideales conservadores del capitalismo de libre mercado entre jóvenes de Estados Unidos. Dado que los años K-12 (término usado para definir la primaria y secundaria en Estados Unidos) son los años formativos de la vida de los y las estudiantes, la manipulación del plan de estudios es particularmente peligrosa. Según la investigación, un plan de estudios imparcial y basado en la investigación es esencial para que los niños y las niñas entiendan con precisión el mundo que les rodea, por lo que no es de extrañar que la alteración de esta información sea atractiva para la Red Koch. 

Autor: firedoglakedotcom / Source: Wikimedia Commons

Hay varios ejemplos que exponen la realidad de la influencia de Koch en los planes de estudio de la enseñanza desde el jardín de infancia hasta la secundaria (K-12). En “Ética, Economía y Emprendimiento (EE&E)”, un libro de texto de David Schmidtz propuesto para su uso en el Distrito Escolar Unificado de Tucson (Arizona), abundan las afirmaciones históricamente inexactas. Schmidtz es el director del Centro para la Filosofía de la Libertad de la Universidad de Arizona, un centro de estudios que ha recibido más de 17 millones de dólares de financiación de la Red Koch.

Entre las numerosas afirmaciones históricamente inexactas figuran las siguientes: Los neandertales se extinguieron porque “no eran emprendedores”; Jamestown fracasó porque los colonos no tenían derechos de propiedad privada; los nativos americanos despeñaron a los bisontes hasta casi extinguirlos; las ciudades se fundaron antes que la agricultura; y, por supuesto, que el capitalismo de libre mercado es el mejor sistema económico. Cabe destacar que no se mencionan los devastadores desplomes del mercado de 1929 y 2008.

La Red Koch de legisladores, comités de acción política y grupos de reflexión están amplificando y astroturfizando la actual reacción nacional contra la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés). Esta campaña está diseñada con el objetivo de proteger la base ideológica de una economía de mercado ultra-libre impidiendo que las y los educadores enseñen sobre las fuentes estructurales del racismo en Estados Unidos. En este momento, hay un esfuerzo coordinado en los estados de todo el país para aprobar proyectos de ley que intentan prohibir la enseñanza de la CRT en las escuelas públicas. La Fundación Heritage, financiada por Koch, está liderando la campaña, alegando que la CRT “es destructiva y rechaza las ideas fundamentales en las que se basa la república constitucional de los Estados Unidos de América”. En su afán por controlar lo que se enseña en las escuelas, Heritage Action for America, una filial del grupo de especialistas de la Fundación Heritage, creó un conjunto de herramientas para que la gente impulse la legislación contra la CRT en sus estados.

La infiltración de los Koch en la educación K-12 perjudica a las y los estudiantes, docentes y la democracia en general. Las y los estudiantes están perdiendo el acceso a una educación pública de calidad. Docentes pierden el acceso a los recursos y el apoyo necesario para crear un ecosistema escolar público sano y generador. Por último, las fundaciones democráticas de un país se ven perjudicadas cuando se enseña a las y los estudiantes con planes de estudio financiados por los Koch, que promueven ideologías regresivas y ahistóricas que contribuyen a los mitos de la meritocracia, normalizan las prácticas económicas extractivas que desprecian nuestro clima y justifican la violencia estructural histórica.

UnKoch My Campus es una campaña cooperativa dedicada a interrumpir el poder corporativo en los campus y en las comunidades en todo el país. La agenda de la Red Koch afecta la educación pública en los Estados Unidos, situación que se ve replicada en todo el mundo. Si deseas conocer más sobre la influencia de los Koch en el gobierno estadounidense, que afecta a los fondos de las escuelas públicas, el plan de estudios y los libros de texto respaldados por los Koch, y el rechazo a la CRT, puedes acceder al reporte The Koch Network – The Capture of K-12 Education (disponible en inglés). El reporte cuenta con un estudio de caso en Arizona, estado donde se han proliferado de manera masiva las ideologías de la Red Koch, y muestra cómo un estado y su educación K-12 pueden ser capturados por un ataque bien coordinado contra la educación pública a expensas del bien común. 


Foto: Alfonso Cerezo/Pixabay

OMEP: “Los problemas de los niños y niñas están postergados y poco visibles”

10 de septiembre de 2021

La garantía de la protección integral de los derechos humanos y de los presupuestos suficientes para la Educación y el Cuidado de la Primera Infancia (AEPI); la participación de educadores, familias, mujeres y comunidades; la consideración de las perspectivas de los niños y niñas, en la construcción de respuestas y planes de recuperación post-pandemia; y la ampliación del acceso y de la calidad de los centros de AEPI, asegurando programas complementarios que sostengan una verdadera inclusión para cada niño y cada niña. Estas son algunas de las demandas que la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) publicó en la Declaración Final de su Asamblea Mundial, que concluyó el 28 de agosto de 2021.

Según la organización, debido a la pandemia, el mundo atraviesa una crisis sanitaria, económica y social que, junto con los desastres naturales y las consecuencias del cambio climático, puede impedir que se alcancen los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El COVID-19 profundizó la situación de vulnerabilidad social y económica preexistente; se verifica un aumento de las desigualdades, la pobreza y la miseria que afectan especialmente a las mujeres con hijos e hijas pequeños/as. 

“Los problemas de los niños y niñas están postergados y poco visibles. Las políticas públicas se construyen desde una mirada adulto-céntrica y fuertemente sanitaria, caracterizada por la fragmentación y las desigualdades de acceso y calidad a la AEPI. Las experiencias e interacciones sociales de la infancia están alteradas como efecto de la pandemia y el confinamiento, limitando las posibilidades de aprendizaje, juego y movimiento. La asistencia a los centros de AEPI y a la atención primaria de la salud ha sufrido restricciones, desatendiendo patologías crónicas, enfermedades frecuentes en la infancia, discapacidades, calendarios de vacunación y necesidades de nutrición”, destaca el posicionamiento.

Según la OMEP, en gran parte de los países del mundo, la AEPI está fragmentada por edades, por gobernanza y por otras variables. Las divisiones persistentes entre servicios de “cuidado” y “educación” no contemplan el interés superior del niño, cuando la educación y el cuidado son prácticas sociales inseparables. 

“Las políticas que priorizan los cuidados en relación con el trabajo familiar responden a las necesidades de los adultos ligadas a la economía, el mercado laboral, el aumento de la pobreza y la exclusión, entre otros factores. La sobre-escolarización, concibe que la función primordial de la educación infantil es la preparación para las etapas de escolarización posteriores. La AEPI debe ser aceptable, es decir, adecuada a las características evolutivas de la primera infancia haciendo efectivo su derecho al juego, generando ambientes de bienestar, ofreciendo seguridad para la exploración del entorno, promoviendo interacciones sociales y vínculos afectivos”, subraya la OMEP.

Lee la declaración completa aquí


Foto: CME/El País

Talibanes, activismo y derecho a la educación en Afganistán

9 de septiembre de 2021

“Si los talibanes prohíben el acceso de las niñas a colegios, daré clases por Facebook. Si limitan los estudios, subiré los libros a internet. Si cortan internet, mandaré libros por correo. No me rindo”, declaró la activista afgana Pashtana Durrani en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter.

Con la misma determinación que demuestra Pashtana Durrani , y con motivo del Día Mundial para Proteger la Educación de Ataques, las y los activistas jóvenes de la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo afgano, especialmente con las mujeres y las niñas, en el actual contexto de inseguridad, terror y represión.

>> Lee el texto completo en El País

 


Foto: CME

CME hace un llamamiento a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán

3 de septiembre de 2021

La Campaña Mundial por la Educación (CME) hace un llamamiento a todas las partes involucradas y a la comunidad internacional para que apoyen a las instituciones democráticas de Afganistán y aseguren el restablecimiento de las condiciones que garanticen el pleno estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación de las mujeres, las niñas y las personas con discapacidad. Eso afirma en declaración publicada el 25 de agosto tras la toma de posesión de Afganistán por los talibanes.

Según la CME, la posesión no sólo agravará las crisis humanitarias actuales en la región, sino que dejará a los afganos en riesgo de sufrir más abusos. En particular, las niñas, las mujeres y todos aquellos que no comparten sus opiniones políticas se verán más vulnerables. 

“La CME cree firmemente que invertir en educación en lugar de en las fuerzas armadas construirá una sociedad sostenible e inclusiva. Creemos que educar a las niñas y a las mujeres es fundamental para lograr una sociedad equitativa y democrática. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo afgano y, en particular, con las organizaciones de la sociedad civil que son miembros de la Campaña Mundial por la Educación”.

Lee el documento completo aquí


Foto: PxHere

ASPBAE: Nos mantenemos firmes para promover el derecho a la educación de todos y todas en Afganistán

23 de agosto de 2021

Protección y defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas en Afganistán; detención de inmediato de la violencia;  garantía de una educación de calidad verdaderamente para todos y todas; y la protección de las escuelas y lugares de aprendizaje de cualquier violencia o conflicto. Esas son algunas de las demandas de la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) acerca de la toma de poder de los talibanes en el país.

Esas y otras demandas de la asociación fueron publicadas hoy (23) a través de un pronunciamiento. “La ASPBAE se solidariza con sus miembros, socios para el desarrollo y el pueblo de Afganistán mientras el país se enfrenta a otra toma de poder de los talibanes que amenazará los duramente reñidos progresos realizados en educación, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el comunicado.

Según la red, las mujeres y las niñas, los grupos étnicos perseguidos, las minorías religiosas, las personas que promueven los derechos humanos y las libertades y quienes trabajan por una paz y un desarrollo verdaderamente inclusivos en todo Afganistán están cada vez más amenazados y temerosos por sus vidas y libertades. 

“Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil e individuos que operan en alrededor de 30 países de Asia-Pacífico, incluido Afganistán, ASPBAE se mantiene firme en su misión de promover el derecho a la educación para todos, y en todas las situaciones, basado en principios básicos de defender la dignidad humana, la participación en la sociedad y la promoción de la tolerancia y la paz”, afirma. 

>> Lee el pronunciamiento completo en inglés

 


Foto: Jesper Andersen/GPE

Cumbre de la Educación Global: Se avanzó en compromisos con el financiamiento educativo, pero hay desafíos pendientes sobre deuda externa, justicia tributaria y austeridad

4 de agosto de 2021

Concluyó en el fin de la semana pasada la “Cumbre de la Educación Global: Financiando la Alianza Mundial por la Educación”, realizada parte presencialmente desde Reino Unido y Kenia, y parte desde plataformas virtuales. Durante el evento, que tuvo lugar los días 28 y 29 de julio, cerca de 2 mil personas participaron de manera virtual, mientras que 300 acompañaron el debate desde Londres, entre ellas más de 10 presidentes de África.

En la ocasión, 19 países de bajos ingresos, entre ellos Nicaragua de América Latina y el Caribe, se comprometieron a asignar progresivamente el 20% de sus presupuestos públicos totales en educación, lo que sumaría 196 mil millones de dólares más para la educación en ámbito global. Así mismo, firmaron un posicionamiento impulsado por el gobierno keniata, en el cual hacen un llamado a que la comunidad internacional, los países ricos, y especialmente los bancos privados, suspendan el pago de la deuda externa, que tanto impacta el financiamiento de la educación y otros derechos en los países en desarrollo, especialmente en contexto de COVID-19. Así mismo, se logró recaudar donaciones de países ricos que suman 4 mil millones de dólares, de los 5 mil millones que son la meta para el abastecimiento de fondos de la Alianza Mundial por la Educación (AME) para el período 2021-2025.

Sin embargo, en entrevista de balance sobre la Cumbre, realizada con David Archer, director de participación y servicios públicos de ActionAid, quien acompañó los debates del evento, tanto presencialmente desde Londres, como a través de plataformas virtuales, se subrayó como un desafío y demanda pendiente, que los países más ricos usen su poder para ayudar a resolver los problemas de deuda externa, austeridad y justicia fiscal en el mundo, más allá de las promesas que presentaron de realizar “donaciones a la ayuda”. Explica también que hay que cambiar la narrativa neocolonial dominante de “ayuda” por parte de los países donantes, cuando estos siguen sacando recursos de los países de bajos ingresos, desde un proceso extractivista.

Hay una estimación de que el 85% de los países del mundo (que abarcan alrededor de 6,6 mil millones de personas) irán confrontarse a la austeridad en el próximo año, debido a los impactos de la pandemia COVID-19. Eso presentará una caída de recursos muy grande para la educación, lo que se suma a condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), internalizadas por Ministros de Finanzas de muchos países de bajos ingresos, en el sentido de restringir o congelar el gasto público, con serios impactos en los salarios de trabajadores de educación y salud.

El 97% de los ingresos para la educación en el mundo se recauda a nivel nacional, dependiendo de los sistemas fiscales, del cobro de impuestos por los gobiernos. En la mayoría de los Estados en desarrollo buena parte de los presupuestos públicos se dedica actualmente a pagar la deuda, sacando recursos que podrían ser invertidos en educación, salud y otros derechos.

“Necesitamos que los gobiernos tengan sistemas tributarios más fuertes y que nuevos acuerdos internacionales sean impulsados por la ONU, para establecer regulaciones sobre los impuestos a nivel global”, destaca David Archer. Subraya además, que sería fundamental crear internacionalmente impuestos globales sobre transaciones financieras, vuelos internacionales, cambios respecto a la crisis climática, entre otras operaciones, lo que requiere un sistema internacional de redistribución de recursos.

“Esta lucha y demanda exige una comunidad educativa que toma estos temas de la deuda, la austeridad y la justicia tributaria en su lucha por más financiamiento para los derechos, en diferentes niveles: nacional, regional e internacional. Es necesario cambiar la narrativa dominante y abogar por una estructura representativa global con recursos para establecer nuevas regulaciones globales en los temas justicia fiscal, deuda y austeridad, asegurando que funcionen en la práctica”, enfatizó.


Nicaragua: El compromiso del gobierno con el 20% del presupuesto público para la educación no es suficiente

A pesar de que el país se comprometió, durante la Cumbre de la AME, en aumentar progresivamente los recursos invertidos en educación, hasta alcanzar el 20% de su presupuesto público total, eso está lejos de resolver los retos del financiamiento y del sistema educativo en el país. Nicaragua tiene serios problemas de criminalización y represión contra movimientos sociales, entre ellos los que defienden la educación, y fue de los pocos países del mundo que en ningún momento adoptó el cierre del funcionamiento presencial de las escuelas como medida de protección y seguridad a las comunidades educativas ante el avance de la pandemia COVID-19.

Alexander Reyes Guevara, activista de Nicaragua, afirma que: “sin lugar a duda la Cumbre sobre el Financiamiento a la Educación constituye un acto relevante para el futuro de la educación, su defensa y promoción. Que el Estado de Nicaragua haya asumido un compromiso de aumentar progresivamente el 20% del presupuesto a Educación es un noticia que toma por sorpresa, sobre todo porque durante los últimos tres años, en los segundos semestre ha habido reformas a la ley de presupuesto general de la república donde el sector educativo y de salud se ha visto grandemente afectado, sugiriendo por supuesto que la Educación no es un eje prioritario para el plan nación. Tomando la palabra de compromiso, no cabe duda que desde sociedad civil nacional y regional deberá existir un seguimiento y monitoreo cercano a dicha promesa para que esta no se quede en un plano discursivo y si se llegase a cumplir, la ejecución de dicho presupuesto se haga desde una perspectiva de derechos humanos y de género, que se distribuya de manera equitativa y tome en cuenta las mayores necesidades o estado situacional de la educación sobre todo en las zonas y grupos mayormente vulnerables. De acuerdo a seguimiento y opinión de algunos investigadores de presupuesto, la mayor partida presupuestaria está asignada a temas administrativos y no de inversión social”. 

Añade que: “el financiamiento a la educación es un eje importante para garantizar la calidad de la educación, pues sin financiamiento pertinente, es más difícil garantizar el derecho a la educación para todas y todos a lo largo de toda la vida. La calidad de la educación va mucho más allá del acceso a la educación, pasa incluso por la dignificación de los salarios al cuerpo docente que es un tema que debe de considerarse, así como la creación de ambientes habilitantes y programas de atención a la diversidad e inclusión en la educación de grupos vulnerados”.


Honduras: Voces de la sociedad civil del país estuvieron presentes en la Cumbre oficial

Como parte de la agenda oficial de la Cumbre, el 28 de julio, se presentó el video documental, elaborado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), intitulado “Voces del terreno: por qué el financiamiento educativo realmente importa”. En él, representantes de la sociedad civil, jóvenes, niñas y niños de Honduras, Nigeria, Paquistán y Senegal comparten sus desafíos para acceder a una educación pública, gratuita y de calidad. Además, hacen un llamado por compromisos de los líderes globales con el financiamiento educativo. El video cuenta con la participación y testimonios de integrantes del Foro Dakar Honduras, miembro de la CLADE en el país.

Sin embargo, el gobierno de Honduras no presentó compromisos con el financiamiento educativo e en el marco de la Cumbre. Según Juan Carlos Sánchez, del Foro Dakar Honduras, “conforme a la creciente población que vive en condiciones de pobreza y extrema pobreza por medio de las políticas neoliberales, es fundamental un reajuste financiero en la educación para proporcionar recursos, metodologías y políticas públicas que vayan encaminadas a un libre acceso y reinserción escolar, para proporcionar talentos humanos con capacidades igualitarias sin distinción alguna en vista que la educación por su naturaleza es gratuita, pública y laica”.

Él añade que se debería invertir en las sociedades excluidas como las zonas rurales, indígenas, mujeres y migrantes, entre otras, con políticas enfocadas en género, para que tengan mayor impacto y se reduzcan indices de desigualdad.

>> Escucha también aquí el testimonio de Diana Ayala, del Foro Dakar Honduras


Justicia tributaria, deuda y austeridad: temas profundizados por la sociedad civil en debates paralelos a la Cumbre

En el marco de la Cumbre, la Campaña Mundial por la Educación (CME), en conjunto con organizaciones y redes aliadas, realizó diálogos virtuales paralelos sobre la participación de las y los jóvenes en el debate sobre educación; la deuda y la austeridad en su relación con el financiamiento educativo; y la importancia de la justicia tributaria para asegurar recursos para los derechos.


Financiamiento, deuda y austeridad: miradas desde los movimientos feministas y de jóvenes

Te invitamos a ver los testimonios de Mónica Novillo, de la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM); de Guadalupe Ramos, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y de la Campaña por el Derecho a la Educación en México (CADEM), y de Francisco Carranza, activista joven de México.


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