Organizaciones denuncian proceso de mercantilización y privatización de la educación superior durante Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales 2022
12 de julio de 2022La necesidad de que los Estados garanticen el derecho a la educación superior de manera integral y la relación del proceso de mercantilización y privatización de esta etapa educativa con otros problemas socioambientales fueron algunos de los elementos destacados por Jesús Juárez Reyes, coordinador nacional de la Campaña por el Derecho a la Educación México (CADEM) y miembro directivo de la CLADE durante su presentación en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales, realizada del 7 al 10 de junio.
“La democratización de la enseñanza superior no significa un crecimiento acelerado en la tasa de matriculación, o en el número de instituciones de enseñanza, o una ampliación en la diversificación de títulos y carreras, como observamos en nuestra región. Democratización con inclusión significa crear mecanismos para revertir las tendencias de reproducción de relaciones asimétricas de poder, exacerbación de las desigualdades y de las discriminaciones en los sistemas educativos, generando sociedades más igualitarias.” Documento Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe.
La participación del integrante del comité directivo de la CLADE se llevó a cabo en la mesa “Privatización y mercantilización de la universidad. Estudios y estrategias, del panel sobre Derecho a la educación, políticas públicas y alternativas pedagógicas”, en la cuál se enfatizaron reflexiones colectivas que se integraron en el documento los “Nuevos abordajes para el derecho a la educación superior: Reflexiones y propuestas para América Latina y el Caribe”.
Durante su presentación, Jesús Juarez también compartió ejemplos de estrategias mercantilizadoras que atentan contra el derecho a la educación, recordó los procesos de admisión excluyentes que se viven en algunas universidades como las de México, país donde el ingreso económico por tales procesos es alto y genera dinámicas mercantilizantes con empresas que lucran preparando esos exámenes y que a su vez, representa el rechazo de hasta el 90% de las y los aspirantes. Juárez comentó la necesaria atención que requiere el desgranamiento, las dinámicas expulsoras y la deserción escolar que se vive en el primer ciclo lectivo en las universidades, por lo se debe ampliar las voces a las y los estudiantes y a las juventudes en general.
La inclusión es clave para el derecho a la educación
En la misma mesa, Yamile Socolovsky, directora del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU (Federación Nacional de Docentes Universitarios) de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, se refirió a la Campaña “La educación superior no es una mercancía” y al proyecto político emancipatorio de nuestros pueblos, rememorando la trayectoria del debate sobre el desarrollo del programa de la educación superior. Enfatizó la idea de lo que representa la educación superior de la región, ratificando lo señalado en la III Conferencia Mundial de Educación Superior, que la educación superior es un derecho humano fundamental, que la formación y el conocimiento y las vinculaciones de las instituciones públicas son un factor clave para el desarrollo con inclusión, igualdad y justicia social. La situación actual invita a movilizar a las comunidades enteras, es por eso que se socializaron publicaciones que advierten lo que sucede en la educación superior para generar estrategias que contrarresten los riesgos y peligros y finalmente, para plantear reivindicaciones y propuestas.
La constantes amenaza de la privatización para la educación
Fernanda Saforcada, de la Universidad de Buenos Aires, presentó la investigación sobre Privatización de la Universidad en América Latina en Chile, Argentina, Perú y República Dominicana. Resaltó la tendencia a una hiperprivatización en América Latina como lo indica la creciente matrícula en el sector privado alcanzando hasta el 54% cuando a nivel global la media es del 33%. La gran expansión de la demanda de la matrícula de la educación superior, las políticas regresivas en términos del financiamiento público universitario y el contexto de primacía del mercado ofrece orientaciones sobre las políticas públicas que incentivan esta hiperprivatización, explicó. La hiperprivatización de la región se nota en la cantidad de la distribución de la matrícula, en la cantidad de instituciones y el número de graduados de la educación privada siendo mayor que de la universidad pública. Las políticas públicas de privatización colocan a las universidades públicas a operar en condiciones de mercado y, con ello, contribuye a la naturalización de una racionalidad privatista para comprender lo público. Fernanda también explicó que el borramiento de las distinciones entre lo público y lo privado tiene 3 dimensiones: simbólica, política y económica. Hizo la crítica que las instituciones aunque no tengan fines de lucro no pueden ser tomadas como públicas, en tanto, responden a intereses particulares.
La importancia de lo público en las universidades
El secretario General de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), Roberto Escalante, señaló la importancia de incluir al Caribe en todos los debates de educación superior. Las grandes corporaciones internacionales están metidas en las universidades, afirmó que por ejemplo en la investigación, ofrecen migajas a las universidades de sus grandes ganancias. Escalante interpeló sobre lo que es lo verdaderamente público, en tanto, hay un gran recorte de presupuestos y las universidades, mismas que han arancelado por omisión o por comisión la educación superior. Contextualizó el suceso histórico de Córdoba como parteaguas de la autonomía universitaria y la idea de la vinculación con la comunidad. Remarcó la necesidad de una nueva reforma a la universidad, porque priva una idea de desarrollo individual, para salir de la pobreza, pero, es vigente la pregunta ¿cuál es el mensaje que las universidades dan a las y los estudiantes? Comentó que aunque es legítimo que se busque el bienestar personal, lo verdaderamente público es responder cómo a través de la formación en la universidad sirven a la sociedad. Insistió en que lo verdaderamente público es servir a la sociedad, hacer colaboración, vincularse en todo momento con la comunidad.
Aumento de la naturalización de las lógicas de mercado
Como parte de la experiencia de Brasil, específicamente de la Faculdade de Educação de la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), la participación de Dalila Andrade Oliveira expuso la investigación sobre la situación de las universidades que han padecido un enorme recorte presupuestal en Brasil, aumentando la creciente naturalización de la lógica de mercado, que hace preocupante la progresiva desfinanciación y la privatización. Narra cómo el activismo de personas de la educación impidieron que se legisle el pago en las universidades, aunque no presenta destaques recientes en el desarrollo científico. Según ella, la desaceleración de la economía ha afectado la financiación educativa, concentrando los recursos en solo algunas universidades. Oliveira mencionó que con la gestión del actual presidente, Jair Bolsonaro, la educación en Brasil ha sufrido muchas afectaciones y una mala administración actual, haciendo referencia al decrecimiento de la producción científica, de investigación y la desigualdad del desarrollo del conocimiento. Para garantizar el derecho humano a la educación es necesario en la actualidad retomar el debate sobre la democracia.
Temas pendientes para la continuidad de la agenda
La precarización de las y los docentes en las universidades fue el tema central presentado por Sofía Irene Thisted, de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Denunció que los y las docentes Ad honorem, en realidad significan grandes esfuerzo militantes que sostienen las aulas con pagas irrisorias, compartiendo recursos cada vez más escasos. Thisted apuntó que hay una gran cantidad de docentes que apenas cuentan con el pago por horas, lo que implica que deben priorizar la atención de las aulas impidiendo dedicarse a la investigación, y en muchos casos se ven en la necesidad de hacer trabajos sin recibir pagos por otras tareas.
Thisted preguntó durante la mesa ¿Quiénes son excluidos y quienes incluidos en la universidad en Argentina?, ampliando el cuestionamiento desde una perspectiva de economía por desigualdades que dejan fuera a una gran cantidad de jóvenes, ya que se mantiene una gran preocupación por quiénes terminan la secundaria, al persistir condiciones excluyentes como la de poblaciones migrantes que no terminaron la secundaria, y presentan dificultades para continuar la trayectoria educativa a distancia. Afirmó la importancia de pensar a las universidades abiertas y no cerradas en sí mismas, si bien sostienen la gratuidad, es un riesgo la posibilidad del arancelamiento y la mercantilización llegando incluso a la venta de servicios. Otros temas de igual relevancia revelan un debate actual sobre dimensiones como la autonomía, el sexismo, el capacitismo, el racismo y la valorización docente que muchas veces se ve cuestionada por los medios de comunicación que estigmatizan la profesión y denigran el oficio docente.
Sobre la Conferencia de Ciencia Sociales
La Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales es, desde su primera edición en 2003, el mayor evento académico y político de las Ciencias Sociales y las Humanidades a nivel mundial. En cada encuentro acompañan la realización de las Asambleas Generales del Consejo, donde han sido abordadas temáticas diversas en función de las coyunturas políticas y sociales de la región.
Lee más:
Entrevista CLADE con Fernanda Saforcada:
Parte 1 – https://redclade.org/noticias/fernanda-saforcada-la-privatizacion-educativa-se-realiza-tambien-con-fines-ideologicos-y-politicos/
Parte 2 – Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
Argentina: Concluye la III Reunión Regional de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe
6 de junio de 2022
“Reconocemos a la educación como un derecho humano fundamental que pone a las y a los estudiantes y a las comunidades en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje. La educación es una herramienta para combatir la desigualdad y construir sociedades justas, equitativas y pacíficas”, subraya la Declaración de Buenos Aires 2022 “El derecho a la educación en contexto: recuperar y transformar, aprobada durante la III Reunión Regional de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, encuentro convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y realizado entre el 26 y 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina.
El encuentro afirmó los compromisos asumidos por las máximas autoridades educativas de la región durante la anterior, realizada en 2018 en Cochabamba, Estado Plurinacional de Bolivia, y tuvo por finalidad dar seguimiento a la implementación del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todas las personas”.
El documento aprobado renueva también el compromiso por reducir la desigualdad social y educativa, considerando que la educación es un derecho humano universal y un bien público social para todas y todos los ciudadanos de nuestros pueblos. “Ponemos toda nuestra voluntad para seguir trabajando por la calidad y pertinencia de la educación a lo largo de toda la vida, desde la primera infancia hasta la educación superior y de adultos y por la expansión de la cobertura en todos los niveles educativos.
Trabajaremos también por el compromiso de enriquecer los contenidos educativos y las prácticas de los sistemas educativos para el desarrollo de conocimientos, valores y habilidades, necesarios para enfrentar los desafíos de nuestro mundo cambiante, con un enfoque de derechos y con miras al desarrollo sostenible y la cultura de paz”.
Se suman voces y voluntades por el derecho a la educación
Durante la reunión, el presidente de Argentina Alberto Fernández dijo “La igualdad para aprender debería ser una consigna para toda América Latina y el Caribe.” Por su parte, el ministro de Educación Perczyk en la apertura expresó: “La educación es una de las vías más importantes para alcanzar mayor justicia social, emancipación y liberación de los seres humanos, y para transformar nuestras sociedades”.
La ministra de Educación de Colombia, María Victoria Angulo, formó parte de la apertura y dijo que “los sistemas educativos de la región enfrentan viejas y nuevas tensiones en su objetivo de garantizar el derecho a la educación a lo largo de la vida para todos y todas y en ese marco, ello nos invita a un llamado a la acción que redoble esfuerzos, la realidad del retorno a las clases presenciales nos exige un trabajo arduo en el cierre de brechas de aprendizaje, así como en la innovación y la inversión de recursos que promueven trayectorias educativas y desarrollo integral para una educación de calidad”.
Claudia Uribe, directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago) afirmó que “la pérdida en los aprendizajes y en el bienestar que millones de niños y niñas y jóvenes sufrieron durante la pandemia pone en riesgo su futuro y su esperanza. No hay tiempo que perder para poner en marcha todas las medidas necesarias para reparar este daño y así evitar que sus consecuencias se tornen permanentes o irreparables”.
En el contexto regional, Venezuela y Cuba pidieron solidaridad ya que el bloqueo económico que persiste hacia sus países afecta de manera directa a la educación.
Cambios en la economía para cambiar la sociedad
En los aspectos mencionados durante la reunión hubo coincidencia respecto a que los sistemas educativos requieren una mayor inversión para ser más justos y equitativos, para lo cual se deben considerar acciones destinadas a favorecer el encuentro de todos los actores que conforman la comunidad educativa. Además, se hizo hincapié en revalorizar el papel de las familias y las organizaciones de la comunidad que se han construido como una fuerza catalizadora de soluciones en cada entorno.
El modelo económico requiere ser transformado, porque la pobreza afecta de manera directa el derecho a la educación. En la actualidad, el creciente endeudamiento de los países hace que los esfuerzos económicos de los países fueran destinados al pago de la deuda y por lo tanto, los presupuestos educativos decrecieron; sin embargo no tendría que mantenerse esta tendencia a futuro.
Volver a la escuela implica la oportunidad de repensar el sistema educativo en términos de regímenes académicos y recursos pedagógicos que incluyan la diversidad de trayectorias, especialmente para aquellas personas que acumulan desventajas y requieren de medidas educativas alternativas y de protección social complementaria para garantizar el derecho humano a la educación.
Es importante consolidar una voz regional que respalde la necesidad de priorizar la educación en la agenda pública, garantizando el financiamiento y la voluntad política para reintegrar al conjunto de estudiantes a la escuela, establecer sistemas de alerta temprana para identificar a los que están en riesgo de abandono escolar, recuperar los aprendizajes, fortalecer el bienestar socio emocional de toda la comunidad educativa, y valorar, apoyar y formar a los y las docentes, que también se encuentran atravesados/as por los efectos traumáticos de la pandemia.
CLADE presenta hoja de Ruta
Para seguir trabajando en las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible en el ámbito regional, Marcela Browne en nombre de la CLADE, presentó la Hoja de Ruta (2022-2025). Agenda de Educación 2030 en América Latina y el Caribe junto a Claudia Uribe, Directora de la Oficina de la OREALC/UNESCO; Hugo Yasky, presidente del Comité Regional de la Internacional de la Educación; Jaime Perczyk, Ministro de Educación de la Nación Argentina; Andrea García, Secretaria de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Argentina.
Bolivia: emergencia en recintos universitarios
30 de mayo de 2022El 9 de mayo en la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí, en el marco del debate de una asamblea estudiantil surgió una situación de confusión originada por gas lacrimógeno en el coliseo donde se convocó el Comité para la elección de la Federación Universitaria local 2022 – 2025. La angustia de centenares de asistentes en el momento de la evacuación del recinto derivó en una estampida, ocasionando la muerte de cuatro estudiantes mujeres. Cerca de cincuenta y un estudiantes estuvieron en la atención del Seguro Social de la Universidad Pública, pero se registraron siete estudiantes con heridas medianas y leves. Potosí es una ciudad minera de 270 mil habitantes, el hospital público colapsó por la confluencia de personas heridas.
Dos meses antes, el 2 de marzo del año 2021, la baranda de seguridad del cuarto piso del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) había cedido, ocasionando la caída de once estudiantes, siete con edades entre 19 y 23 años murieron. La estructura no soportó más de 60 personas en un solo piso, y se menciona que se irrespetaron las medidas de distanciamiento y bioseguridad de la pandemia durante la concentración. El Alto es la ciudad más poblada del departamento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia, ubicada en la Provincia Pedro Domingo Murillo del departamento de La Paz.
Falta de infraestructura para estudiar
La prevención de riesgo, mantenimiento de infraestructura y seguridad integral de los espacios universitarios se pone de relieve ante estos hechos que suman 11 jóvenes estudiantes que han perdido la vida. Se pone en evidencia la necesidad del debido seguimiento para la reparación y tratamiento de accidentes, cuidado y protección de la comunidad académica.
Durante la pandemia hubo una tendencia a priorizar el presupuesto para la atención de la emergencia sanitaria en primer lugar, en diversos casos se recondujo en el ámbito educativo a soportes tecnológicos que garantizarán la educación virtual, a distancia digital, marginando el sostenimiento de las infraestructuras físicas que se destinarían a la educación presencial una vez pasada las medidas de confinamiento doméstico.
Existe insuficiente información sobre la distribución financiera para universidades públicas en la mayoría de los países de nuestra región. Se desconoce lo destinado a la adecuación física y mantenimiento de infraestructura universitarias que sin duda representa un rubro que amerita la atención correspondiente para garantizar la educación como derecho.
Con información de DW y el Diario La Opinión.
Chile escribe la historia: Derecho Humano a la Educación está en la Constitución
19 de mayo de 2022
Proceso Constituyente
El 25 de octubre de 2020, Chile aprobó por plebiscito habilitar la Convención para que tenga como misión redactar y aprobar la propuesta de una nueva constitución de la República.
Los textos serán sometidos a un plebiscito con voto obligatorio, para que se apruebe o rechace, previsto para el próximo 4 de septiembre. Este proceso tiene su origen en la ley 21.200 de reforma constitucional que convocó a las elecciones de convencionales del 15 y 16 de mayo de 2021 y que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.
En este marco dialogamos con Eduardo González Navarro, que es docente de secundaria, dirigente sindical, integra el Colegio de Profesores y Profesoras, así como el movimiento por la unidad docente que integra el Foro por el Derecho a la Educación, representante de Chile en la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Momento histórico en Chile para el derecho a la educación
Hay varios elementos que veníamos instalando como movimiento social desde hace muchos años. Debemos recordar que Chile es el país con mayor privatización del mundo, en la Constitución se negaba el derecho a la educación, tal como lo conocemos en los tratados internacionales, es decir, entendido como un derecho humano fundamental.
Una cuestión que parece muy obvia, es que en Chile no existía esta definición y que ese derecho debía ser por tanto dado, tutelado, protegido por el Estado y que todas las personas son importantes, y que nuestros niños y niñas son sujetos de derecho.
Esa cuestión que a veces puede sonar muy obvia en el plano internacional, en Chile no existía. Porque acá el derecho fue definido bajo una ideología muy conservadora, bajo una perspectiva neoliberal que redefinió el derecho a la educación como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, es decir el derecho de los padres a educar.
[Esa perspectiva] generó todo un dispositivo de privatización vinculándolo a una definición de la libertad de enseñanza como una libertad de enseñanza empresarial. Entonces los elementos que hoy en día se consagran, yo diría de manera inédita, y con dificultad, es que la Constitución que necesitamos que se apruebe, el próximo 4 de septiembre consagre en el plebiscito, consagre el derecho a la educación como un derecho humano fundamental.
Que ese derecho a la educación es un derecho de todas las personas y es deber del Estado su protección, y la Constitución es una función del Estado de manera primordial e ineludible. Es muy importante junto a esa definición de principio el cómo entender el derecho a la educación, por lo que se establecen cuatro o cinco que son relevantes que nosotros, como movimientos sociales.
Principios y fines de la educación
Primero había que definir cuáles eran los fines y principios de la educación, que daban cuenta del proyecto de país y cómo la educación contribuye en esa perspectiva.
Hay elementos que, si bien pueden existir matices con respecto a los énfasis, creemos que también tienen una perspectiva democratizante, pues la educación se funda en el principio de la cooperación, el principio de la solidaridad y el principio de la interculturalidad, debe tener un enfoque de género, una educación no sexista alineada las realidades regionales y de cada territorio.
Propuestas frente a la estandarización
Nosotros lo entendemos [la educación] como el inicio de un proceso de desmontaje, la estandarización curricular, la homogeneización cultural educativa y hablan del tipo de país que esperamos que se pueda ir consolidando a partir de los procesos que hoy día se están discutiendo en la convención [constitucional].
Conformación de un Sistema Nacional de Educación
Un tercer elemento que se establece, tiene que ver con cómo se concreta en la práctica y se constituye un Sistema Nacional de Educación, en donde se entiende que están las instituciones privadas y las instituciones públicas. Pero, hay algo muy relevante que se establece en un par de incisos que asumen la labor primordial del Estado precisamente para fortalecer y ampliar un Sistema de Educación Pública.
Nuestros auditores deben saber que Chile es uno de los países de mayor privatización, ya lo decía al inicio. La educación pública concentra el 33% de la matrícula. Por cada dólar, por decirlo así, o por cada peso chileno, el Estado entrega más del 50% de los recursos a instituciones que son privadas, y no a las escuelas que son del Estado.
Entonces, que la Constitución establezca que va a ser primordial fortalecer y ampliar un sistema de educación pública es una cuestión relevante, porque ese elemento está ligado a dos planteamientos centrales:
Primero que la educación debe tener un financiamiento específico, contar con un mecanismo que permita garantizar y generar las condiciones, y ese financiamiento, es lo que nosotros denominamos como un financiamiento de tipo basal, es decir, que se va a sostener según la necesidad contextual, y que no va a estar sujeto a las contingencias del voucher o la contingencia de asistencia de los estudiantes como acá ocurre [en Chile].
Lo segundo es una cuestión que en el ámbito internacional puede ser muy obvia, pero acá no lo era: la educación pública es la educación del Estado.
La educación pública se vive y experimenta en las instituciones que son de propiedad y de provisión del Estado. Acá hay instituciones que tienen un dueño privado y que reciben aporte público, existían ciertos sectores que planteaban que el hecho de recibir financiamiento público los hace una institución pública o del Estado. Esa tesis fue derrotada porque ahora se asume que las escuelas públicas son propiedad del Estado, que es obvio en todo el mundo, pero acá se logró consagrar la educación pública.
Participación como educación democrática
Se establece un principio democratizador que logró consagrarse también como elemento sustantivo, el derecho de las comunidades a participar en las definiciones de la política educativa.
El concepto que ahí se acuña, es que ese derecho está consagrando una participación de carácter vinculante.
El mismo Foro [Chileno por el Derecho a la Educación] lo ha dicho: que no hay educación, si no hay participación. Se ha dicho en un principio, en un artículo específico que precisamente habla de la participación de la comunidad escolar.
Ahora se establece en la Constitución de manera explícita, la participación de las comunidades escolares en el ejercicio del derecho a la educación.
La Constitución establece que las comunidades tienen derecho a una participación vinculante, [ese es el concepto, participación vinculante ] en la configuración del proyecto educativo, en la elaboración, en el monitoreo y la evaluación de las políticas educativas, que se desarrollan a escala nacional y local.
Por lo tanto, creemos que es importante que el mismo foro acá en Chile lo ha señalado con mucha fuerza, y se relaciona con el hecho de que el derecho a la educación implica el derecho a la participación. No hay derecho a la educación efectiva, si no hay participación de las comunidades, es un elemento que quedó expreso [en la Convención].
Disputas de sentido sobre la enseñanza
Un cuarto elemento es la relación de cómo se entiende la libertad de enseñanza en Chile, ya que es muy fuerte en los sectores conservadores que la entendían bajo una lógica empresarial. Hoy en día, la enseñanza para Chile está en función del derecho a la educación.
En la Constitución que se está acabando, la Constitución del año 1980, se establecía que la libertad de enseñanza estaba por sobre el derecho a la educación. Hoy en día, la libertad de enseñanza queda supeditada al ejercicio del derecho a la educación.
La libertad de enseñanza era entendida en la Constitución [vigente] como libertad y no como derecho. En Chile, por ejemplo, los privados tenían el derecho a fundar, mantener el establecimiento y el Estado debía financiarlo.
Actualmente se entiende única y exclusivamente como libertad que, en este caso, las familias van a poder optar por el tipo de educación que según sus convicciones morales, religiosas puedan tener.
Entonces el concepto de libertad de enseñanza se pone en una perspectiva que establecen los tratados internacionales y no erosionando el concepto de derecho a la educación, y sí garantizando este elemento que a nosotros nos parece importante, que las familias puedan optar según sus convicciones, pero en el marco del derecho a la educación. Porque incluso tiene límites, hoy en día, esa elección de las familias, es decir, que siempre sea respetando el interés superior de los niños y las niñas. Queremos que se instale una perspectiva de los niños y las niñas como sujetos de derecho.
Y en segundo lugar, están instituciones que se puedan fundar por fuera del Estado, son instituciones que deben respetar los fines y principios de la educación, es decir, si un privado puede y quiere fundar un establecimiento distinto a aquel del Estado, lo puede hacer, pero debe en primer término asumir los fines y principios que el país ha definido como principios educativos.
Vale decir, si el principio educativo es el que una sociedad va a configurar en base a la interculturalidad, en la educación no sexista y entorno a principios de cooperación. Los proyectos educativos de establecimientos [privados] deben respetar esos fines y principios.
Agenda antiderechos
El jueves 12 de mayo, una vez que se aprobó esto en la convención, la derecha y los sectores conservadores salieron con una crítica feroz, indicando que esto implica básicamente un totalitarismo, un pensamiento comunista, etcétera. Da cuenta de la profundidad del debate, porque cuando uno va a los tratados internacionales está explícito en el Pacto internacional sobre Derechos Económicos Sociales, artículo 13.4, se establece la libertad de estos privados, y el derecho del mismo Estado a que pueda establecer los principios centrales del proyecto educativo del país; que los privados pueden y deben respetar esos principios, entonces no estamos haciendo nada con relación a eso.
En realidad se establece una cuestión decente mínima para un sistema educativo del país.
Condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la educación
Los últimos dos elementos que son centrales que yo quisiera destacar o el último en realidad, es en relación con el hecho que se establecen en la Constitución lo que nosotros denominamos, el reconocimiento a la función de los trabajadores y las trabajadoras de la educación.
La Constitución reconoce la importancia y le da un estatus a la función que cumplen los profesores y las profesoras, los asistentes de la educación, que nosotros denominamos en Chile, que son aquellos trabajadores que cumplen otras funciones fuera del aula, en el ejercicio del derecho a la educación y que por tanto, establece condiciones que el Estado debe cumplir para que puedan ejercer su trabajo, entendiendo que si esas condiciones no están, se vulneran las condiciones del trabajo y por tanto se vulnera el derecho a la educación.
Y que, en el marco actual de Chile existe mucha división, mucha fragmentación de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, por ejemplo, puede existir una maestra que trabaja en una escuela de un lugar, y de otro lado, está un maestro, que está a tres cuadras más allá, un par de metros más, trabajando en otra escuela, este último tiene otros derechos [diferentes a la maestra], a pesar que cumple la misma función.
Ahora se establece en la Constitución que deben tener todos los mismos derechos como trabajadores de la educación. Entonces, ese es un elemento que es central como principio constitucional y comprenderán que ahora se abre todo un proceso posterior para poder concretarlo y que esto no solamente en el plano de las buenas intenciones o como principios constitucionales, sino que se puedan implementar, y que es un segundo momento de lucha.
Educación universitaria y la formación militar
Ya está también referida [en la nueva Constitución] la educación superior. [En la carta magna] se establece por primera vez que debe tener un carácter gratuito y por lo tanto el Estado debe avanzar en esa dirección de la gratuidad.
Lo importante es que se incorpora dentro de la concepción del sistema de educación superior a la escuela de formación de militares. Hasta ahora la escuela militar tenía una autonomía completa con respecto a la formación de sus planes de estudio y ahora se establece que las escuelas de formación de los militares se insertan dentro de la lógica de la Educación Superior.
Y esas escuelas deben regirse también por fines y principios de la educación, vale decir, este proyecto [responde] define principios que orientan al sistema, desde el respeto a los derechos humanos, los señalados anteriormente como interculturalidad, enfoque de género, contextualizada, solidaridad.
Deben expresarse, también, en las formaciones de los futuros militares en Chile y eso es muy relevante, porque actualmente tienen una plena autonomía, fijada por una ley que se creó en la dictadura.
Se consagra, también, el elemento del derecho de los pueblos originarios a desarrollar sus propios procesos de educación, recogiendo sus tradiciones, sus saberes específicos como pueblos originarios, que también se reconocen en la Constitución.
Son varios aspectos que se enuncian con la perspectiva en que íbamos, dan cuenta a mi juicio y de muchas organizaciones, que se está avanzando en desmontar el proceso de privatización que se había establecido en la constitución que se creó en plena dictadura militar y que no había tenido ninguna legitimidad ni participación de la soberanía popular tácticamente.
Balance de las propuestas
A mi juicio el balance es positivo. No solo creemos que lo que se logró, en el contexto en el cual funciona la convención, ese contexto es importante que ustedes lo sepan, es de una convención en la cual los sectores conservadores intentaron amarrar para limitar la expresión de la soberanía popular, de hecho, para que las normas alcancen un quórum de aprobación, para que se expresen en el borrador de la nueva constitución se requerían dos tercios de todos los convencionales, y eso es muy alto dos tercios, eso implicaba un acuerdo muy transversal con sectores que están situados, digamos, en un espectro político de centro, muy liberales y no vinculados a los movimientos sociales.
El contexto de haber logrado definiciones de esta naturaleza, vemos que da cuenta de lo que ha sido la trayectoria del movimiento social educativo en Chile, desde hace 30 o 40 años, que ya tenía una propuesta clara, y que por lo tanto podíamos poner en el debate, no solamente exigir, sino ir con propuestas muy sustantivas.
En ese marco evidentemente creo yo, que a pesar de esa camisa de fuerza, se lograron integrar funciones muy relevantes, el hecho que la Constitución defina a la educación como un derecho humano de todas las personas y se fije claramente el rol del Estado es importante.
En el balance general nosotros creemos que efectivamente se rompió algo que denominamos como la igualdad de trato. O sea, el eje de la privatización estaba en esa igualdad de trato, que el Estado establece entre la educación privada y la educación pública. Y esa igualdad de trato, tanto en el financiamiento, porque acá en Chile se entrega, por cada peso que se le entrega a la escuela pública, se le entrega ese mismo peso a la escuela privada.
Eso llevó a una crisis rotunda de la educación pública y por tanto el Estado renunciaba a ejercer una labor específica propia con respecto a sus instituciones, eso hoy día se acabó.
En este sentido, la escuela pública, ya lo decía anteriormente, va a tener un rol distinto, una protección, un financiamiento distinto por parte del Estado, la saca de la lógica de mercado, de la competencia, es un elemento que creemos que es importante.
Y además, que se entiende el derecho a la educación en una perspectiva ampliada, vale decir, no solamente limitándolo a las condiciones materiales del financiamiento, sino que también vinculándolo a la idea de un proyecto de país, a un proyecto de sociedad, al tipo de seres humanos que queremos formar, para lo que nosotros estamos denominando el “nuevo Chile”, porque esta constitución que tratamos de construir con muchas dificultades se sitúa en un proceso histórico y busca desmontar la sociedad de mercado, desmontar la privatización, desmontar el neoliberalismo.
Ese proceso ciertamente tiene exigencias de carácter económico, materiales, pero también tiene una dimensión cultural e ideológica.
Es cierto que la educación bajo esa perspectiva tiene mucha responsabilidad, que se hayan logrado instalar principios y fines educativos que dan cuentan de la nueva sociedad que se quiere construir y que debe acompañar la superación, seguramente compleja que va a ser, y no fácil, pues esto no se dará en dos, tres, cuatro o cinco años, sino que es un proceso.
Creemos que esos fines y principios dan cuenta de ese proceso, también, más estratégico, más de largo plazo y sin duda alguna creemos que es importante, porque son fines y principios que no solamente son exigibles para la educación pública (que hoy día sería el 33%), sino que da cuenta de una idea de proyecto de país, entorno a eso la educación se pone al servicio, es un elemento que hay que rescatar.
La ruta al plebiscito
La convención debe procesar todo lo que se votó, ordenarlo y el hito [siguiente] más importante, es el 4 septiembre, cuando se somete [la carta] al plebiscito, y por lo tanto la ciudadanía debe ratificar la propuesta que emana de la convención o rechazarla.
Si se rechaza, se mantiene la Constitución de la dictadura, de Augusto Pinochet, la constitución de 1980. Si se prueba [la carta] podemos avanzar, recién, en el trabajo de implementación de los principios constitucionales. Por ello, el clima en Chile, del contexto del país está muy marcado por lo que ya va a ser el plebiscito del 4 de septiembre.
Esta semana sábado y domingo [hasta el 15 de mayo] se cerró todo el proceso de elaboración de esta norma. Ya la convención cerró una propuesta y vamos al plebiscito del 4 septiembre.
Estamos en un contexto en el cual la derecha viene trabajando hace tres o cuatro meses, con mucha intensidad en torno al rechazo y se va a agudizar un clima de posiciones con respecto al apruebo o rechazo.
En septiembre es el hito fundamental que ojalá nos puedan acompañar, ya que este proceso no está exento de dificultades, muy consciente de los límites que tiene, creemos que sin duda alguna expresa cómo son las luchas, llenas de contradicciones, de complejidades, pero se avanza en algunos aspectos, quizás en otro se estanca, pero hoy día la educación en Chile está dando un paso adelante, solo tenemos que defenderla el 4 de septiembre.
Palabras al cierre
Estamos con mucha esperanza, esperamos que se envíen saludos, esperamos que puedan acompañar, sabiendo lo que esta Convención significa. Pueden enviar saludos, es muy importante el vínculo con las organizaciones latinoamericanas porque entendemos que esta lucha no es solamente una lucha al pueblo chileno, sino que esta lucha es de todos los pueblos de Nuestra América, en la medida que se avanza en determinado país, todos los pueblos avanzan también.
Agradecerles la solidaridad que permanentemente han dado desde muchos sindicatos de maestros y maestras de América Latina. El Foro por el Derecho a la Educación cumplió un rol importante, en el fortalecimiento del debate, de la argumentación en las organizaciones de base, en el cual se tiene que sostener esta transformación, nos seguimos encontrando en la lucha y muchas gracias en realidad por el apoyo.
Diálogo con Eduardo González Navarro
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¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización - hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas - y la financiarización de la educación superior. La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras” Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas. >> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés">Educación superior: reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe
17 de mayo de 2022“La Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en su artículo 26, el derecho a la educación superior: `El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos´, recuerda la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en el documento publicado este lunes (16/5) en el marco de la Conferencia Mundial de Educación Superior 2022 de la UNESCO, que se realiza en Barcelona (España) esta semana, del 18 al 20 de este mes.
El documento, titulado “Nuevos abordajes para el derecho humano a la educación superior: Reflexiones y propuestas desde América Latina y el Caribe” fue construído colectivamente por la red CLADE con representantes de Costa Rica, Argentina, Ecuador, México, Brasil, Venezuela, Costa Rica y con integrantes de la oficina CLADE y la Campaña Mundial por la Educación (CME).
¿Cómo garantizar el derecho a la educación superior?
A través del texto, la CLADE llama la atención para el proceso de privatización que la educación superior en la región ha enfrentado. “Nos preocupan los procesos de privatización – hoy un 53.2% de las y los estudiantes universitarios están en universidades privadas – y la financiarización de la educación superior.
La educación superior ahora se presenta como una mercancía negociada en el mercado de acciones, un negocio interesante, que homogeniza y estandariza los conocimientos y formas de pensar, y produce ciudadanos útiles para la profundización de los modelos neoliberales. También nos inquieta la hiperconcentración de la enseñanza privada en manos de pocas instituciones, muchas veces extranjeras”
Para recuperar el contenido del derecho a la educación superior, la CLADE presenta 15 puntos fundamentales que deben ser defendidos y garantizados, entre ellos construir una educación superior que responda a las expectativas de los sujetos de derechos y de los distintos actores de las comunidades educativas, que deben participar en la gestión de las universidades y en la definición de las políticas educativas.
>> Lee el documento completo en español, en portugués y en inglés
Impactos del endeudamiento en la realización del derecho humano a la educación – resúmen ejecutivo
8 de abril de 2022Este resúmen ejecutivo destaca los principales allazgos del informe que analiza la relación entre las deudas y el derecho humano a la educación, proponiendo comprenderla en el marco de la financierización de la vida —esto es, la creciente gravitación de actores y lógicas financieras en nuestra cotidianidad—, proceso en curso durante las últimas cuatro décadas.
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Impactos del endeudamiento en la realización del derecho humano a la educación
Este informe fue elaborado como un primer acercamiento al tema planteando caminos alternativos para asegurar un adecuado financiamiento doméstico al derecho humano a la educación, sin acudir al endeudamiento nacional ni familiar.
La relación entre las deudas y el derecho humano a la educación toma diversos matices. Este estudio se propone comprenderla en el marco de la financierización de la vida —esto es, la creciente gravitación de actores y lógicas financieras en nuestra cotidianidad—, proceso en curso durante las últimas cuatro décadas.
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CLADE junto a otras organizaciones de la sociedad civil celebran disminución de presupuesto en escuelas con fines de lucro
21 de marzo de 2022Desde 2014, la Academia Internacional Bridge (BIA) de la Corporación Financiera Internacional (CFI) cuenta con menos presupuesto proveniente del Banco Mundial. La cadena, conocida como Nuevas Escuela Globales, son iniciativas con fines de lucro que operan en cuatro países de África y la India y, según varias organizaciones, activistas, académicos/as y relatores/as especiales de la Organización de Naciones Unidas (ONU) profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas en situación de pobreza, por lo que consideran que esta desinversión abre camino para defender desde el presupuesto público el derecho humano a la educación.
En el pronunciamiento que suscriben más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil se afirma que “Esta desinversión también sigue al histórico anuncio de la CFI en 2020 de que congelaría todas las inversiones directas e indirectas en escuelas privadas K-12 de pago “en respuesta a las preocupaciones de las partes interesadas externas sobre el impacto de las escuelas privadas en la calidad y el acceso a la educación”. Varias organizaciones, académicos y relatores especiales de la ONU han demostrado cómo estas escuelas profundizan las desigualdades y excluyen a los niños y niñas más pobres”.
US$13,5 millones para excluir niños y niñas
Desde 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI) ha invertido un total de US$13,5 millones en BIA con la intención de expandirse a otros países. Por ello, en 2019 más de 170 organizaciones de la sociedad civil de 64 países pidieron al Grupo del Banco Mundial que pusiera fin al apoyo a la educación privada con fines de lucro.
Recientemente, la BIA estuvo involucrada en denuncias sobre su mecanismo de rendición de cuentas, que incluyen violaciones de los derechos laborales, abuso sexual infantil que involucra al personal y estudiantes, medidas inadecuadas de salud y seguridad que llevaron a la trágica muerte de un niño y la lesión de otro.
La directora de la oficina de Oxfam Internacional en Washington DC, Nadia Daar, señaló que “Esta es una clara señal de que la CFI se está distanciando aún más de las inversiones que representan riesgos para los niños, las familias y los maestros, y socavan los sistemas de educación pública. La CFI también debería congelar permanentemente las inversiones en educación privada con fines de lucro. Esta desinversión debería ser una llamada de atención para otros financistas de escuelas con fines de lucro dirigidas a comunidades de bajos ingresos. El mensaje es claro: el modelo está roto y es dañino”.
>> Lee el Pronunciamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil
Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
9 de marzo de 2022En el marco de la “Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizada por la CEPAL, Nora González Chacón, punto focal del grupo de educación, ciencia y tecnología del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil ante el Foro, participa hoy [9 de marzo], en la mesa con el tema “Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Chacón es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED) y miembro del comité directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Según su intervención, son elementos del contexto regional que impiden alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS):
1. La profundización de la desigualdad económica, social, política y de género, desigualdad estructural que afecta de manera profunda y especial a las mujeres, siendo un problema mediado por el patriarcado.
2. Asimetrías en el acceso a la educación: efecto inmediato en la niñez y adolescencia, y
especialmente a niñas y mujeres. Las etapas preescolar y primera infancia prácticamente se han invisibilizado también luego de la pandemia.
3. Asimetrías en el acceso a la salud por la vacuna contra el COVID-19, que se profundiza por la incapacidad económica de algunos países para adquirirla y por la incapacidad de producirla regionalmente por razones económicas y de acceso al conocimiento de la fórmula.
“En este contexto, es necesario redimensionar la educación como un derecho humano en todas las etapas de formación incluyendo la universitaria, y abarcando los ciclos de la vida desde el nacimiento hasta la etapa de adulto mayor. Una educación con enfoque de género intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista, intercultural, laica, gratuita, accesible, de calidad, con presupuesto que lo garantice”, subrayó Nora Chacón.
Agregó como otra necesidad fundamental el acceso a internet como derecho humano, un bien y un servicio público garantizado por el Estado, así como la inclusión de temas de sexualidad y género en la educación.
Participan en el panel al lado de Nora González Chacón: Claudia Uribe, Directora de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); María Carmelina Londoño, Viceministra de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia; Marcela Guerrero, Ministra de Condición de la Mujer y Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) de Costa Rica; María-Noel Vaeza, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres; Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) de México; Lucy Garrido, de la Articulación Feminista Marcosur; y Ana Güezmes, Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL.
Por la igualdad de género y los derechos de las niñas y mujeres
Como punto focal y representante del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Nora Chacón basó su intervención en la declaración que salió de la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, realizada el 6 de marzo.
Este documento fue entregado a las autoridades de la CEPAL y puede ser descargado aquí.
Respecto al ODS 5 – Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas -, los principales mensajes de la sociedad civil presentes en el documento son los siguientes:
● Reclamamos la promoción y aplicación efectiva de medidas inclusivas que no dejen a las mujeres atrás y en particular a las trabajadoras sexuales, las trabajadoras a domicilio, especialmente en forma independiente e informal, mujeres con discapacidades, mujeres migrantes y desplazadas e indígenas y mujeres del colectivo trans han sido los principales colectivos excluidos y que en período de recuperación de la pandemia sea una prioridad de los gobiernos la creación de trabajo decente.
● Reclamamos a los Estados que prioricen las inversiones en la economía del cuidado; la eliminación de la brecha salarial de género, y la promoción del empleo para las jóvenes, mujeres, en todas sus diversidades.
● Reafirmamos el “Marco de las 5 R para el trabajo de cuidados decente” de la OIT: Reconocer, Reducir y Redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado, Recompensar y Representar a los trabajadores y trabajadoras del cuidado, e instamos a la ratificación del Convenio 189 de la OIT, la sanción y cumplimiento de normas laborales para este sector en los países.
● Es urgente el reconocimiento y garantía de derechos para todos y todas las trabajadores/as informales, los/as trabajadores/as, trabajadores comunitarios, economía social y solidaria, y cuentapropistas, incluido al sector de las personas que ejercen el trabajo sexual.
● Teniendo en cuenta que las violencias son tanto individuales y colectivas, exigimos que todos los países ratifiquen el Convenio 190 de OIT, “Sobre Violencia y Acoso” y adopten medidas de protección a las mujeres y niñas desde una perspectiva de derechos humanos, orientadas a disminuir la violencia basada en género, lo que implica inversión en prevención y atención, incluido el asesoramiento legal gratuito y la aplicación de justicia efectiva.
● Que los Estados generen los mecanismos necesarios para contar con estadísticas o datos sobre las distintas formas de violencias contra niñas, jóvenes y mujeres, sobre todo en aquellas que viven en una situación de mayor vulneración, como son población indígena, afrodescendiente, con discapacidad, migrantes, de la diversidad sexual, entre otras.
● En reconocimiento al liderazgo permanente de las mujeres, a pesar de verse limitadas por sus tareas de cuidados, resulta imperativo garantizar el involucramiento de la los pueblos indígenas y tribales, mujeres campesinas, productoras rurales y de base en los proyectos dirigidos a ellas, desde el planeamiento hasta la ejecución y evaluación, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, así como también de las ya que esto compromete su bienestar.
>> Lee más sobre la reunión y las propuestas de la sociedad civil ante el Foro.
>> Descarga la presentación de Nora Chacón aquí.
Video de la reunión:
