La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados. <span style=Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos). Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”. Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho. El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”. Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados. En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional. Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”. Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13 Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces: http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/">
Consejo de Derechos Humanos de la ONU insta a los Estados a ampliar las oportunidades educativas para todas las personas, sin discriminación, y a invertir lo máximo de recursos disponibles en la educación pública

Resolución de Consejo de la ONU exhorta al cumplimiento efectivo del derecho a la educación de todas y todos

20 de julio de 2018

La Resolución adoptada durante el 38º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebrado recientemente (del 18 de junio al 6 de julio de 2018) insta a los Estados a dar cumplimiento a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación por todos los medios apropiados.

Los contenidos de esta resolución son especialmente relevantes, enfatizando la importancia para el cumplimiento del derecho a la educación del fortalecimiento del sistema de gobernanza de la educación y sugiriendo para ello, entre otras medidas: revisar los sistemas nacionales de gobernanza de la educación (leyes, políticas, instituciones, procedimientos y prácticas administrativas, mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas y los procedimientos judiciales relativos al derecho a la educación); fomentar la participación inclusiva en los mecanismos y procedimientos de gobernanza educativa (favoreciendo la inclusión y colaboración de docentes, padres y madres, autoridades locales, estudiantes y otras personas interesadas); promover la formación en derechos humanos de todos los agentes y partes interesadas, en el marco de los sistemas de gobernanza educativa (que los programas de educación y capacitación, componentes y procesos de gobernanza y gestión de la educación, incluidos los planes de estudio, los métodos pedagógicos y la capacitación, sean claramente orientados al fortalecimiento del aprendizaje acerca de los derechos humanos).

Otro de los puntos resaltados refiere a la ampliación de las oportunidades educativas para todos sin discriminación, entre otros medios poniendo en práctica programas especiales para luchar contra las desigualdades, lo que incluye las barreras a la accesibilidad y la discriminación de las mujeres y las niñas en la educación, reconociendo la considerable importancia de invertir en la enseñanza pública hasta el máximo de los recursos disponibles. En tal sentido, se exhorta a los Estados “a acelerar el proceso de eliminación de la discriminación por motivos de género y todas las formas de violencia, en particular el acoso sexual, la violencia sexual y de género relacionada con la escuela y la intimidación de los niños, en las escuelas y otros entornos educativos, y a hacer efectivos la igualdad de género y el derecho a la educación para todos”.

Cabe destacar que esta resolución aborda especialmente, en dos de sus numerales (4 y 5), el tema de la reglamentación, supervisión y la exigencia de rendición de cuentas a los proveedores de servicios educativos privados, y la relevancia de apoyar actividades de investigación con miras a abordar los impactos que supone la comercialización de la educación para el disfrute de este derecho.

El texto de la resolución insta a los Estados a “establecer un marco regulador que garantice la reglamentación de todos los proveedores de servicios educativos, incluidos los que operan de manera independiente o en colaboración con los Estados, inspirado en los instrumentos y principios internacionales de derechos humanos, que prevea, al nivel apropiado, entre otras cosas, reglas y normas mínimas para la creación y el funcionamiento de los servicios educativos, trate de contrarrestar todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación y refuerce el acceso de las víctimas de vulneraciones del derecho a la educación a recursos y reparación adecuados”.

Esta resolución, unida a otras adoptadas precedentemente en las que también se ha abordado esta temática, supone un importante marco jurídico referencial en lo que respecta a la regulación de los actores privados por parte de los Estados.

En materia de financiamiento de la educación, la resolución exhorta a los Estados a aumentar y mejorar la financiación interna y externa de la educación, y a tomar “todas las medidas necesarias, con inclusión de asignaciones presupuestarias suficientes, para garantizar una educación de calidad accesible, inclusiva, equitativa y no discriminatoria y promover las oportunidades de aprendizaje para todos, prestando especial atención a las niñas, los niños y niñas marginados/as, las personas mayores, las personas con discapacidad y todos los grupos vulnerables y marginados, incluidos los afectados por emergencias humanitarias y situaciones de conflicto”, destacando a su vez la importancia de la cooperación internacional.

Finalmente, la resolución condena “los reiterados ataques contra estudiantes, docentes, escuelas y universidades, que obstaculizan la efectividad del derecho a la educación y causan daños graves y duraderos a las personas y las sociedades”.

Acceda aquí al texto completo de la Resolución A/HRC/38/L.13

Encuentre más información sobre esta Resolución en los siguientes enlaces:

http://www.right-to-education.org/news/newly-adopted-un-resolution-shows-growing-consensus-improve-regulation-education-accordance

http://globalinitiative-escr.org/newly-adopted-un-resolution/

Declaración Final del Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación

4 de julio de 2018

El encuentro “Igualdad de Género, Violencia y Educación en Centroamérica: Estrategias de Transformación”, fue promovido por la CLADE, con el apoyo de UNICEF, en El Salvador. Esta Declaración Final es fruto de los debates, reflexiones y recomendaciones que se hicieron durante el encuentro.

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Encuentro Centroamericano discute Igualdad de Género, Violencia y Educación

2 de junio de 2018

La CLADE realizó en San Salvador, El Salvador, el Encuentro Centroamericano sobre Igualdad de Género, Violencia y Educación: Estrategias de transformación. Con el apoyo de UNICEF y la RESALDE como anfitriona local, el evento se desarrolló entre los días 28 y 30 de mayo, con miras a trazar un panorama para la región de Centroamérica sobre la discriminación y violencia por razón de género contra niñas, mujeres y personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (LGBTI) en los espacios educativos, formulando recomendaciones al respecto.

“Apostamos en el fortalecimiento de sistemas educativos públicos y laicos, donde se garantice una educación emancipadora y garante de derechos, que permita cuestionar los actuales patrones sociales, de distribución desigual de poder entre hombres y mujeres, para impulsar una transformación”, enfatizó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura del encuentro.

Estuvieron presentes más de 40 personas de 17 países, entre ellas representantes de Ministerios de Educación de Costa Rica, El Salvador y Guatemala, UNICEF, UNGEI/ONU, CECC/SICA, OEI, Campaña Mundial por la Educación, tres parlamentarias del Parlacen, foros nacionales de educación miembros de CLADE en Centroamérica y el Caribe, ONGs locales, representantes estudiantiles y redes regionales como ALER y CLADEM.

En su participación, María Guadalupe Ramos Ponce, del CLADEM, subrayó la importancia de asegurar planes de estudio y materiales educativos inclusivos y formar y apoyar a las/os docentes para que combatan las discriminaciones. “Una educación sexual integral con perspectiva de género y de derechos humanos fortalece no solo la promoción de relaciones de género igualitarias, sino que también contribuye para la democracia”, afirmó.

Estuvieron en debate las leyes, políticas e iniciativas concretas para la prevención y superación de discriminaciones y violencia de género en y desde la educación. En el campo normativo, fue posible conocer los avances más recientes a nivel internacional, como las recomendaciones generales 35 y 36 de CEDAW, además del panorama regional y centroamericano, así como los avances que se dan desde el SICA.

Adelaida Entenza, asesora de Políticas de la CLADE, presentó las tendencias de los marcos normativos nacionales en la región y los principales instrumentos de derechos humanos del Sistema Interamericano que abordan la violencia y la discriminación de género, entre ellos la Convención de Belém do Pará y el posicionamiento reciente del Comité de Expertas de Seguimiento a esta Convención, que expresa preocupación por los discursos anti-derechos que catalogan el género como una ideología, instando los Estados a garantizar y proteger el derecho a la igualdad de género. “Los Estados de la región tienen el reto de dar respuesta, desde al ámbito de la educación, a los retrocesos que se observan en el campo de los derechos humanos, los derechos de las niñas y las mujeres, la igualdad de género, así como para la protección de los derechos de las personas LGBTI”, afirmó Entenza.

A su vez, representantes de los Ministerios de Educación de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, además de CECC/SICA, fueron invitadas/os a compartir las iniciativas en marcha en sus países, lo que se avanzó y lo que queda por hacerse. “Las políticas para la superación de la violencia de género y la promoción de la igualdad de género deben construirse de manera intersectorial y desde las bases, para responder a las necesidades de la población”, afirmó en este diálogo Adriana de Sequeira, del Ministerio de Educación de Costa Rica.

Finalmente, se compartieron prácticas y experiencias inspiradoras de enfrentamiento a la problemática, por parte de ONGs y redes regionales, y se realizaron visitas de campo a escuelas de El Salvador, en las que UNICEF y OXFAM desarrollan proyectos por la prevención de la violencia de género.

Declaración final – La variada y representativa asistencia al seminario permitió la construcción de un panorama amplio de la temática en Centroamérica, con la identificación de rasgos comunes también a los demás países de la región latinoamericana y caribeña, como muestra la declaración final del encuentro.

El documento presenta los retos para el enfrentamiento de la violencia y discriminación de género a nivel regional, subraya instrumentos de derechos humanos relevantes y señala recomendaciones a las autoridades, en lo que toca a los frentes: cambio de patrones socioculturales; realización de una educación emancipadora y garante de derechos; marcos legales, políticos e institucionales. Respecto a este último, se señaló el rol de los Estados como garantes de derechos, que deben poner en marcha políticas públicas intersectoriales de enfrentamiento a las desigualdades y la violencia en la educación, asignando y ejecutando para ello un presupuesto suficiente y transparente.

<em>Iniciativa concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) colaboró con el seguimiento y promoción de la implementación del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad</em><!--more--> La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó públicamente, en alianza con la organización <a href=Mais Diferenças y con el apoyo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (UNESCO/OREALC), una consulta en línea destinada a organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadores/as y la comunidad educativa con miras a identificar los logros y desafíos en la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. Pese a los avances hacia el reconocimiento de que la inclusión es un elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas y su afirmación como pilar de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, todavía es necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas. Esta iniciativa, concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI), quiere colaborar, desde la perspectiva de la ciudadanía, con el seguimiento y promoción de la implementación en América Latina y el Caribe del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aborda la educación inclusiva. Asimismo, la consulta tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, que reafirma la obligación de los Estados en garantizar este derecho a través de un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, desde el preescolar hasta la educación superior, abordando también la formación profesional, la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales. La Observación General señala que el derecho a la educación inclusiva abarca cambios en la cultura, la política y la práctica en todos los centros educativos formales y no formales, así como requiere la transformación de los sistemas educativos en la esfera de la legislación, de los mecanismos de financiamiento y de la elaboración y monitoreo de las políticas educativas. El documento establece aún que los Estados deben adoptar medidas contra las infracciones que se puedan cometer por el sector educativo privado, determinando su responsabilidad en el impacto sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Se refuerza en particular que las instituciones educativas, incluidas las privadas, no deben cobrar tarifas adicionales a los/as estudiantes con discapacidad. La educación inclusiva tiene como base y horizonte la superación de toda forma de discriminación, la promoción de la igualdad, el respecto a la diversidad y la convivencia democrática. Particularmente, en esta consulta, se busca reunir informaciones sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, un grupo a quien históricamente se ha negado ese derecho. Su resultado será sistematizado en un informe que será enviado a las autoridades políticas y difundido a la ciudadanía, con miras a contribuir en futuras acciones de movilización y de incidencia política. ¡Le invitamos a participar en esta consulta! Conozca nuestra página web y conteste los cuestionarios en línea, que están disponibles en formato accesible y en los idiomas: ">

Impulsamos consulta sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad

27 de noviembre de 2017

Iniciativa concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) colaboró con el seguimiento y promoción de la implementación del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (más…)

<header class=En el marco de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el último septiembre en Nueva York, la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, dio a conocer su más reciente informe, que enfoca la educación inclusiva, la equidad y la no discriminación, elementos que constituyen el hilo conductor de la Agenda de Educación 2030.
En el documento, la relatora recuerda los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que prohíben las discriminaciones relacionadas al derecho humano a la educación, por ejemplo, las que se practican por razón de “raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, o toda forma de opinión, origen nacional o social, condición económica o nacimiento”. En el informe, Boly Barry también demanda la regulación de las escuelas privadas.
“El énfasis del informe de la relatora en el enfrentamiento a las varias formas de discriminación es una necesidad y una urgencia en los tiempos actuales de retrocesos para la igualdad y la equidad, especialmente en lo que toca a la cuestión de género”, comenta sobre el informe la coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Asimismo, en el párrafo 28 del informe, Boly Barry reconoce el derecho a la participación de los y las estudiantes de todas las edades, así como su rol como interlocutoras/es legítimas/os en el debate y toma de decisión sobre las políticas educativas. Condena además la criminalización de los movimientos estudiantiles. Integrantes y representantes de la CLADE tuvieron la oportunidad de dialogar con la relatora sobre la importancia de garantizar la participación de las y los estudiantes y superar su represión y criminalización durante la IX Asamblea General de la CLADE en México, en noviembre de 2016, y en el contexto de la visita de la relatora a Honduras, la cual el Foro Dakar Honduras impulsó en conjunto con la CLADE en junio de este año. Ese diálogo siguió en otros eventos internacionales importantes de 2017, en los cuales estuvieron presentes Boly Barry y representantes de la red CLADE, como la Consulta Colectiva de ONGs sobre la Educación 2030 (CCONG) de la UNESCO, en mayo en Camboya; el Evento de Alto Nivel da la ONU sobre la Educación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en junio en Nueva York; y la Conferencia internacional ‘La alfabetización en la era digital’, realizada en París en septiembre, en el marco de las celebraciones del “Día Internacional de la Alfabetización”. “Nos parece fundamental este reconocimiento a las y los estudiantes como interlocutoras/es en el actual contexto de cierre de espacios de participación social y aumento de la criminalización en distintos países del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe. Es una incidencia que nos toca seguir haciendo con mucha determinación en todos los niveles”, afirma Croso. Lea el informe de la relatora completo.
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Relatora de la ONU sobre el derecho a la educación presenta informe sobre educación inclusiva, equidad y no discriminación

9 de noviembre de 2017
En el marco de la 72ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar el último septiembre en Nueva York, la Relatora Especial de la ONU sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry, dio a conocer su más reciente informe, que enfoca la educación inclusiva, la equidad y la no discriminación, elementos que constituyen el hilo conductor de la Agenda de Educación 2030.

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Seminario virtual “La igualdad de género en la educación en América Latina y el Caribe”

En Seminario, abordamos los avances y desafíos para la igualdad de género en la educación de la región

30 de septiembre de 2017

El evento, que abarcó cinco días de diálogos transmitidos por Internet, tuvo el objetivo de contribuir al debate respecto a la garantía del derecho a la igualdad de género en y desde la educación en América Latina y el Caribe (más…)

<p class=El martes, 20 de junio, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry y la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, visitaron la escuela Centro América Este, en Tegucigalpa, Honduras, en la cual se impulsa una experiencia inspiradora de educación inclusiva, con énfasis en la garantía del acceso a la educación de las personas con discapacidad.

Su presencia en esta escuela pública, que forma parte en el sistema educativo regular de Honduras, se enmarcó en una visita que la relatora de la ONU y la presidenta de la CME hacen al país esta semana, con miras a promover la amplia realización del derecho humano a la educación a nivel nacional, desde una serie de conversatorios con autoridades, docentes, activistas y estudiantes.

Pese a que todavía no haya en el país una política pública específica para la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad, la Federación Nacional de Familias de Personas con Discapacidad y el director de la escuela Centro América impulsan iniciativas experimentales y autónomas de inclusión de estas personas en el sistema educativo. La Federación Nacional de Familias de Personas con Discapacidad es miembro del Foro Dakar Honduras, red que integra la CLADE y ha organizado una serie de eventos en el país, en el marco de la visita de Boly Barry y Camilla Croso a Tegucigalpa.

Compartimos a continuación algunas fotos de la visita.

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Su presencia en la escuela pública Centroamérica se enmarcó en una visita que hacen al país con miras a promover la amplia realización del derecho humano a la educación a nivel nacional

Relatora de la ONU y presidenta de Campaña Mundial por la Educación conocen experiencia de educación inclusiva en Honduras

22 de junio de 2017

El martes, 20 de junio, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Koumbou Boly Barry y la coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Camilla Croso, visitaron la escuela Centro América Este, en Tegucigalpa, Honduras, en la cual se impulsa una experiencia inspiradora de educación inclusiva, con énfasis en la garantía del acceso a la educación de las personas con discapacidad. (más…)

Camilla Croso

Altos índices de violencia intimidan y expulsan estudiantes LGBT de las escuelas en América Latina y el Caribe

23 de febrero de 2017

Una proporción importante de estudiantes es afectada por la violencia homofóbica o transfóbica en las escuelas y las posibilidades de sufrir ese tipo de violencia en el ambiente educativo son más altas que en casa o en la comunidad. (más…)

<em>En entrevista al OREI, Silvia Quan, que integra la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés, International Disability Alliance) y es ex vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, comenta los desafíos para la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. “Todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible, pero todas las personas tienen la capacidad de aprender, de diversas maneras”.</em> <em>Asimismo, comenta los obstáculos para asegurar el derecho a la educación específicamente para las niñas y mujeres con discapacidad y la importancia de que los países recolecten datos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad. “Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas, nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas y de esa manera no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad”, afirma.</em><span id= Importantes compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y lanueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, reconocen la inclusión como elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas. ¿Podría presentar, por favor, el concepto de educación inclusiva y cómo este se relaciona con el derecho humano a la educación? El concepto de educación inclusiva se basa en un modelo de derechos humanos. Es decir, se reconoce universalmente como un derecho para todas las personas indistintamente de sus características, su edad, etc. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó, en septiembre del 2016, la Observación General número 4 sobre la Convención, donde se reconoce la educación inclusiva como un derecho del cual todas las personas son titulares y, en esta circunstancia particular, se enfoca el derecho a la educación de las personas con discapacidad. La educación inclusiva es aquella que no excluye a nadie. Es un sistema educativo que imparte la educación para todas las personas en un entorno donde hay diversidad y se acepta esta diversidad. Pese a ese reconocimiento que mencionamos anteriormente, es todavía necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas y superar muchas barreras de discriminación en nuestras sociedades. Colombia, por ejemplo, recientemente ha reglamentado con un decreto la matrícula de personas con discapacidad en las escuelas regulares, además de comunicar medidas para la producción de materiales y oferta de apoyos específicos, por ejemplo. ¿En su opinión, cuáles son los principales retos en América Latina y el Caribe para garantizar atención educativa a las personas con discapacidad en el sistema regular? Creo que esas limitaciones se dan porque todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible porque los/as niños/as con discapacidad no aprenden igual que los/as demás estudiantes. La educación inclusiva tiene como propósito derribar este mito y establecer el concepto de que todas las personas tienen la capacidad de aprender, pero de diversas maneras. La educación inclusiva pretende adecuar el sistema educativo a la diversidad presente en una escuela o en un entorno escolar. En ese sentido, se requiere, en primer lugar, voluntad de las autoridades para aceptar que la educación inclusiva es un derecho humano. Los Estados tienen que asegurar este derecho y las personas con discapacidad deben tener acceso a la educación. Luego, hay la necesidad de preparar el cuerpo docente y las familias de los/as niños y niñas que van a la escuela para comprender que es un prejuicio pensar que las personas con discapacidad no aprenden como las demás. Asimismo, los y las docentes deben prepararse para tener metodologías e instrumentos adecuados al aprendizaje de estudiantes con discapacidad. Los métodos para los/as niños/as ciegos/as deben incluir el aprendizaje del sistema Braille, por ejemplo. Los contenidos didácticos van a ser iguales para todas y todos, pero las metodologías pueden cambiar. Es necesaria también la revisión de las formas de evaluación y de los sistemas de promoción escolar para que sean inclusivos para todos/as los niños y las niñas, indistintamente e independiente de sus condiciones. Y respetar la evolución con relación a la edad que tienen los niños y las niñas con discapacidad porque suele pensarse que no aprenden, o que aprenden muy lento, así que en escuelas regulares a veces se encuentran niños/as con discapacidad con 14 años en clases de los primeros años de primaria, con niños/as de 7 o 8 años. La idea es que estos/as niños/as con discapacidad puedan estar con otros/as de la misma edad para que puedan desarrollarse en un entorno confortable y más adecuado. En el 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas adoptó la Observación General Nro. 3 sobre los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad, las cuales enfrentan múltiples barreras y formas de discriminación. ¿Podría señalar cuáles son los principales obstáculos que afectan a estas niñas y mujeres? ¿Qué acciones son necesarias para eliminar estas barreras? En el tema educativo ya se sabe de las grandes brechas que hay entre niñas y niños y que las niñas tienen menos acceso a la educación que los niños. Cuando hablamos de las niñas con discapacidad hay una afectación por la discriminación interseccional, o sea, por la condición de discapacidad y además por ser niña. Las familias tienden a valorar más la educación de los niños en relación a la de las niñas. Tienden a pensar que llevar la niña a la escuela es un esfuerzo que no vale la pena porque al final ellas no van a aprender o no servirá para nada que aprendan. Las niñas con discapacidad suelen ser más fácilmente víctimas de la violencia escolar por causa de sus limitaciones físicas para defenderse o porque son más vulnerables. También, en algún momento, las niñas empiezan a menstruar y se ve como un tabú el cuidado que se requiere en estos casos. Para las familias esto es muchas veces motivo de vergüenza. Es necesario concientizar acerca del apoyo específico que pueden requerir las niñas y las jóvenes para asistir a la escuela y evidenciar los estigmas que sufren por la discapacidad y otras condiciones sociales, como ser pobre o ser indígena, entre otros. Aún no conozco ninguna experiencia en los países de la región que esté dirigida a mejorar esta situación específicamente. ¿Cuál es la importancia de las Observaciones Generales que son producidas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU? ¿De qué manera ellas contribuyen para la garantía de los derechos de estas personas? Las observaciones generales que el Comité adopta tienen el propósito de brindar orientación a todas las personas interesadas en hacer avanzar los derechos. La Observación General número 4 sobre educación inclusiva, por ejemplo, está dirigida a los gobiernos que ya ratificaron la Convención, pero también a la comunidad educativa y a las personas con discapacidad porque es una herramienta que facilita la interpretación de este derecho. Las observaciones generales dan ejemplos de cómo poner en práctica estos derechos y también remiten a buenas experiencias ya existentes. Actualmente, el Comité trabaja en dos nuevas observaciones: una sobre igualdad y no discriminación y otra sobre la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones a nivel de los gobiernos. ¿Por qué se recolectan tan pocos datos sobre discapacidad en los censos y en las encuestas en los países? ¿Cuáles son las consecuencias de esta ausencia de información? Hasta muy poco tiempo las personas con discapacidad no éramos recolectadas en los censos, encuestas y estadísticas porque éramos socialmente invisibles. Muchas personas con discapacidad permanecían institucionalizadas o en sus hogares sin la posibilidad de salir y participar en la vida social, económica y política. Menos de dos décadas atrás, cuando empieza a haber un movimiento para adoptar un tratado internacional de derechos de las personas con discapacidad, como la Convención, es que se toma más conciencia de la necesidad de conocer cuál es la situación y cuántas personas con discapacidad hay en el mundo. Después de años de esfuerzo, se formó el Washington Group on Disability Statistics (Grupo de Washington sobre Estadísticas de la Discapacidad), un grupo de expertos delegado por los Estados Parte de las Naciones Unidas, para construir instrumentos metodológicos y recolectar datos desagregados acerca de las personas con discapacidad. Este grupo aprobó una lista de preguntas para ser incluida en los instrumentos de los países. A la fecha esas preguntas ya han sido utilizadas por más de 80 países. Este es un instrumento efectivo elaborado desde el enfoque de derechos humanos de la Convención y dista cualitativamente de instrumentos anteriores que tenían un enfoque claramente médico y que, por ende, no lograban recolectar información adecuada sobre la situación de los derechos. Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas y nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas. De esa manera, hay una invisibilización continua y no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad.">

“La educación inclusiva tiene como propósito derribar el mito de que las personas con discapacidad no aprenden como las demás”

21 de febrero de 2017

En entrevista al OREI, Silvia Quan, que integra la Alianza Internacional de la Discapacidad (IDA, por sus siglas en inglés, International Disability Alliance) y es ex vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, comenta los desafíos para la realización del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe. “Todavía se cree que la educación especial es la única forma de educar a niños y niñas con discapacidad y que la educación inclusiva no es posible, pero todas las personas tienen la capacidad de aprender, de diversas maneras”.

Asimismo, comenta los obstáculos para asegurar el derecho a la educación específicamente para las niñas y mujeres con discapacidad y la importancia de que los países recolecten datos fiables sobre la situación de las personas con discapacidad. “Si no recolectamos estos datos, nunca vamos a saber cuál es la situación de las personas, nunca vamos a tomarlas en cuenta en las políticas y de esa manera no se puede avanzar con los derechos de las personas con discapacidad”, afirma. (más…)

Contextos de Encierro, Contextos de Derechos – Guía para periodistas, comunicadoras y comunicadores

30 de noviembre de 2015

La publicación, realizada en alianza con ALER y GESEC, quiere darle visibilidad al tema y ofrecer información relevante a fin de apoyar a las/os profesionales de comunicación en la cobertura de los derechos humanos, y del derecho humano a la educación en particular, en el interior de las cárceles

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