Impulsamos consulta sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad

27 de Noviembre de 2017

Iniciativa concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI) colaboró con el seguimiento y promoción de la implementación del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó públicamente, en alianza con la organización Mais Diferenças y con el apoyo de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (UNESCO/OREALC), una consulta en línea destinada a organizaciones de la sociedad civil, activistas, investigadores/as y la comunidad educativa con miras a identificar los logros y desafíos en la garantía del derecho a la educación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.

Pese a los avances hacia el reconocimiento de que la inclusión es un elemento clave para realizar el derecho a la educación para todas las personas y su afirmación como pilar de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible, todavía es necesario exigir de los Estados la adopción e implementación de políticas inclusivas.

Esta iniciativa, concebida en el marco del Observatorio Regional de Educación Inclusiva (OREI), quiere colaborar, desde la perspectiva de la ciudadanía, con el seguimiento y promoción de la implementación en América Latina y el Caribe del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aborda la educación inclusiva.

Asimismo, la consulta tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, que reafirma la obligación de los Estados en garantizar este derecho a través de un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, desde el preescolar hasta la educación superior, abordando también la formación profesional, la enseñanza a lo largo de la vida, y las actividades extraescolares y sociales.

La Observación General señala que el derecho a la educación inclusiva abarca cambios en la cultura, la política y la práctica en todos los centros educativos formales y no formales, así como requiere la transformación de los sistemas educativos en la esfera de la legislación, de los mecanismos de financiamiento y de la elaboración y monitoreo de las políticas educativas. El documento establece aún que los Estados deben adoptar medidas contra las infracciones que se puedan cometer por el sector educativo privado, determinando su responsabilidad en el impacto sobre el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Se refuerza en particular que las instituciones educativas, incluidas las privadas, no deben cobrar tarifas adicionales a los/as estudiantes con discapacidad.

La educación inclusiva tiene como base y horizonte la superación de toda forma de discriminación, la promoción de la igualdad, el respecto a la diversidad y la convivencia democrática. Particularmente, en esta consulta, se busca reunir informaciones sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, un grupo a quien históricamente se ha negado ese derecho. Su resultado será sistematizado en un informe que será enviado a las autoridades políticas y difundido a la ciudadanía, con miras a contribuir en futuras acciones de movilización y de incidencia política.

¡Le invitamos a participar en esta consulta!

Conozca nuestra página web y conteste los cuestionarios en línea, que están disponibles en formato accesible y en los idiomas: