La foto muestra una aglomeración de niñas y niños negros alrededor de un niño en silla de ruedas, ellas y ellos están en la franja de edad entre los 5 y 7 años aproximadamente. Las niñas llevan un uniforme de falda y camisa verde con cuello blanco y los niños llevan un uniforme de camiseta tipo polo de color verde y una bermuda azul rey.
Foto: Jenny Matthews/Panos - UNESCO

GEM 2020: Menos del 10% de los países tienen leyes que ayudan a garantizar la plena inclusión en la educación

23 de Junio de 2020

La UNESCO lanzó hoy, 23 de junio, el Informe GEM 2020 (sigla en inglés para Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo). De acuerdo al documento, se observó una exacerbación de la exclusión durante la pandemia del COVID-19, y se estima que alrededor del 40% de los países de ingresos bajos y medio-bajos no ha apoyado como debería a estudiantes en situación de discriminación y vulnerabilidad, durante el cierre de las escuelas. 

El informe muestra que, a nivel mundial, las dimensiones de discriminación por motivos de género, lejanía, riqueza, discapacidad, etnia, idioma, migración, desplazamiento, encarcelamiento, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión y otras creencias y actitudes niegan a muchas y muchos estudiantes el derecho a una educación de calidad.

Así mismo, hace un llamado a que los países amplíen su definición de la inclusión, que a menudo no abarca a todos los grupos marginados, y que, al contrario, apunta a algunos de ellos, como si la inclusión pudiera llegar a un grupo a la vez.

Los datos muestran que los sistemas educativos muchas veces no tienen en cuenta las necesidades diversas de las y los estudiantes, y varios países todavía practican la segregación en la educación, lo que refuerza los estereotipos, la discriminación y la alienación. Por ejemplo, las leyes de una cuarta parte de los países exigen que los niños y las niñas con discapacidades se eduquen en entornos separados del sistema regular de enseñanza, cifra que se eleva a más del 40% en América Latina y el Caribe.


Sobre el GEM

El GEM, cada año, evalúa el progreso de los países hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) sobre educación y sus diez metas, así como los avances y desafíos pendientes respecto a otras metas relacionadas con la educación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En esta edición, el GEM se enfoca en la inclusión en la educación, llamando la atención para las personas excluidas de los sistemas educativos.

“El Informe está motivado por la referencia explícita a la inclusión de la Declaración de Incheon de 2015, y el llamado a garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa en la formulación del ODS 4, el objetivo global para la educación. Nos recuerda que, no importa qué argumento pueda construirse en sentido contrario, tenemos un imperativo moral para garantizar que se cumpla el derecho de todos a una educación adecuada de alta calidad”, explica la organización en su página web.

El documento también explora los desafíos que impiden alcanzar esta visión de la educación y señala ejemplos concretos de políticas de países que lograron abordarlos exitosamente. Estos incluyen diferentes interpretaciones de la palabra inclusión, la falta de apoyo para las y los docentes, la ausencia de datos sobre las personas excluidas de la educación, infraestructura inapropiada, la persistencia de sistemas paralelos y escuelas especiales, la falta de voluntad política y apoyo comunitario, el financiamiento no dirigido, una gobernanza descoordinada, leyes incompatibles entre sí, y políticas que no se aplican plenamente.

>> informe GEM 2020 (disponible en inglés)

>> Resumen del informe en español


La educación de las personas con discapacidad en la región

Dialogando con el Informe GEM 2020, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta la consulta regional “El derecho a la educación de las personas con discapacidad. ¿Cómo estamos en América Latina y el Caribe?.

Lanzada en abril de este año, la publicación resulta de una consulta virtual que buscó colaborar con el seguimiento e implementación, en América Latina y el Caribe, del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. La iniciativa tomó como base la Observación General número 4 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, adoptada en el 2016, e involucró a organizaciones de la sociedad civil, representantes de la academia, estudiantes, docentes, gestoras y gestores, así como familiares de las personas con discapacidad.

Fueron recopiladas en línea 216 respuestas, entre organizaciones de la sociedad civil, universidades, docentes, estudiantes y familiares de personas con discapacidad de 19 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

“Una barrera central a superarse es la concepción misma del derecho a una educación inclusiva y cómo este se realiza. El hecho de que el 97% hayan afirmado que observan alguna forma de discriminación contra las personas con discapacidad en los sistemas educativos de su país es muy significativo, lo que demanda acciones inmediatas y potentes que miren a cambios de actitudes, superación de prejuicios y estereotipos en nuestras sociedades”, recomienda el informe de la CLADE. 

La consulta está disponible para descargar de manera gratuita en este enlace y a través de esta página web con recursos de accesibilidad. También se pone a la disposición un sumario ejecutivo del estudio en los idiomas español e inglés.


Con informaciones de Blog de la Educación Mundial


Foto: Secretaria de Educación Soacha

Colombia: Presión de organizaciones impide la suspensión de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en el país

Días después de que la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación (CCDE) publicó pronunciamiento que denunciaba la Directiva 05 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia por suspender la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) hasta que la crisis sanitaria por el COVID-19 termine, el gobierno colombiano modificó la medida y aseguró que la modalidad educativa deberá ser tratada con prioridad.

“Esta petición contó con el respaldo de más de 900 firmas de personas a nivel nacional e internacional. Como respuesta a esta denuncia, el Ministerio de Educación emite la Directiva 014, de 12 de junio de 2020, (…) que deja un mensaje bien claro de quienes son los responsables y cómo queda la EPJA en el contexto de la pandemia, garantizando la finalización de todos los ciclos de educación de jóvenes y adultos, para que todos los estudiantes puedan culminar sus estudios”, afirma el más reciente pronunciamiento de la Coalición, publicado el 20 de junio.


Comunicación, incidencia política y formación 

Las acciones que resultaron en la garantía de la realización de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas para este año en el país han sido fortalecidas desde el año pasado con un encuentro sobre la EPJA, que reunió cerca de cien personas. “Esa participación permitió visibilizar un poco más la situación de la EPJA en Bogotá, la capital colombiana, y también en muchas regiones del país”, explica la coordinadora de la Coalición, María Elena Urbano. 

Publicación “Por una Educación de Personas Jóvenes y Adultas Emancipadora y Garante de Derechos”, que sistematiza las reflexiones y los diálogos del encuentro realizado en el 2019

Además de darle visibilidad a dicha modalidad educativa, según María Elena Urbano, el encuentro del año pasado permitió consolidar un grupo dinamizador de acciones de formación y comunicación sobre la EPJA. “Identificamos a una temática para hacerle frente al deterioro en que se encuentran los programas de EPJA y hemos fortalecido este proceso a través de acciones de formación”, explica.

Con relación a la comunicación, la Coalición ha iniciado una campaña de visibilización de la modalidad llamada “Los Rostros de la EPJA”. “Son diferentes personas, entre docentes y estudiantes, que acceden a los diferentes modelos de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas y hacen relatos sobre sus experiencias, sus metas, sueños y, sobretodo, sobre lo que sería la educación de calidad para ellas”, explica Andrés Ramos, responsable por el área comunicativa en la Coalición. 

 

Mira uno de los videos:

#EducaJóvenesyAdultosYA

Mirella Astroina, perteneciente al Pueblo indigena Barí, en el departamento Norte de Santander nos cuenta las necesidadess, las luchas y su sueño de educarse. Mirella, al igual que muchos estudiantes y maestros de las comunidades indigenas y que se encunetran en la ruralidad, exigen un fortalecimiento y seguimiento al que hacer pedagógico de los docentes, la inclusión de materias que permitan la recuperación de la lengua materna, el fortalecimiento de la misma a través de los docentes bilingües, la enseñanza de contenidos pedagógicos que recupere el saber tradicional, pero sobre todo el apoyo y promoción de encuentros etnoculturales que les permita a los jóvenes Bari compartir experiencias, saberes con los “ancestros” sus mayores de su comunidad, y así tener una #educación de calidad y para toda la vida. CLADE – Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación

Posted by Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación on Monday, June 8, 2020


Diversidad e importancia de la EPJA 

Según el Tercer Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de Adultos (GRALE III, 2016), en el mundo suman actualmente 758 millones de personas adultas –incluyendo a 115 millones de personas entre 15 y 24 años– que no saben leer o escribir adecuadamente, siendo que dos tercios de esta cifra son mujeres. En América Latina y el Caribe, 36 millones de personas jóvenes y adultas con 15 años o más son consideradas analfabetas (UIS UNESCO, datos 2010), lo que representa un 9% de la población de esta edad.

“El promedio regional se ha alterado poco en los últimos años, lo que muestra que los avances son todavía insuficientes. Si se considera el analfabetismo funcional, entendido como la falta de habilidades y competencias requeridas por las personas para los distintos contextos de la vida, esta cifra crecería significativamente”, explica la publicación “No Dejar a nadie atrás: El rol central de la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la implementación de la Agenda 2030”, publicada en el 2018 por la CLADE.  

La realidad de la EPJA en Colombia no es diferente del promedio regional. Según la secretaria técnica y responsable por las acciones referentes a la Educación de Personas Jóvenes y Adultas en la Coalición, Blanca Cecilia Gómez, todavía no hay en Colombia una política pública para la EPJA suficientemente fortalecida. 

“Desde la Coalición siempre hemos tenido una preocupación por el derecho a la educación en general, pero sobretodo en las partes menos reconocidas por el Estado y una de ellas es la EPJA. Todavía no existe una política pública de EPJA en Colombia y por eso nos hemos metido con fuerza para tratar de que el Estado la reconozca dentro del derecho a la educación”, afirmó.  

A su vez, María Elena Urbano explica que las desigualdades en Colombia refuerzan la importancia de luchar por el derecho a la EPJA. “El hecho de luchar por el derecho a la educación de personas jóvenes y adultas es una apuesta porque aquí hay poblaciones vistas como de ‘primera’, ‘segunda’ y ‘tercera’ categorías. Hay que luchar mucho contra la discriminación y, sobretodo, entender que esa lucha es un acto muy humano por la igualdad. Hay que pelear por el derecho a la educación en cualquier momento de la vida”, enfatizó.  

Según Blanca Cecilia Gómez, no hay una única forma de EPJA en Colombia. “Hay la educación nocturna que se hace en los colegios públicos, pero también tenemos educación en los territorios, educación indígena, educación rural, educación con jóvenes excluidos de la escuela, educación comunitaria, educación dirigida a población discapacitada, educación en las cárceles, etc”, explicó. 

Para la activista, las personas que entran a esta modalidad de educación, desde el inicio, tienen violado su derecho a la educación, sea por cuestiones de pobreza, falta de acceso por distancia de la escuela, entre otras. “Esta educación se convierte en vital para poder mejorar sus condiciones de vida. Hay varios casos de personas para quienes el hecho de poder estar en esta educación es como su última posibilidad para poder mejorar sus condiciones de vida y poder acceder a estudios superiores técnicos o profesionales. Por eso esa educación es clave para garantizar los derechos y hay que respaldarla”, subrayó.


Foto: Marcha Global contra el Trabajo Infantil

10 hechos que no sabías sobre el trabajo infantil

11 de Junio de 2020

En 2020 continuamos trabajando para eliminar el trabajo infantil y promover el trabajo decente para los jóvenes. Como un firme defensor de nuestro trabajo, como ya sabrán sobre este tema, sin embargo, empoderemos a nosotros mismos con más conocimiento y unámonos a la lucha con una determinación más fuerte para ganar.

A continuación hay 10 datos que debe saber:

1. No todo el trabajo infantil es trabajo infantil

La participación de los niños en un trabajo que no afecta su salud y desarrollo personal o interfiere con su escolaridad, generalmente se considera algo positivo; como ayudar a sus padres en el hogar, ayudar en un negocio familiar o ganar dinero de bolsillo fuera del horario escolar y durante las vacaciones escolares.

El “trabajo infantil” a menudo se define como el trabajo que priva a los niños de su infancia, su potencial y su dignidad, que es perjudicial para el desarrollo físico y mental e interfiere con su escolaridad, y por lo tanto debe ser eliminado.


2. 152 millones de niños se dedican al trabajo infantil

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que aproximadamente 152 millones de niños de 5 a 17 años se dedican al trabajo infantil. Se encuentran en situaciones o condiciones peligrosas, trabajando en minas, con productos químicos y pesticidas en la agricultura, o con maquinaria peligrosa. Trabajan como trabajadoras domésticas en hogares, talleres y plantaciones. En casi todas las regiones, los niños y las niñas tienen la misma probabilidad de estar involucrados en el trabajo infantil, y las niñas tienen muchas más probabilidades de estar involucradas en el trabajo doméstico.

Lea más sobre trabajo infantil


3.  El trabajo infantil perpetúa el ciclo de pobreza

La evidencia apunta a un fuerte vínculo entre la pobreza de los hogares y el trabajo infantil, y el trabajo infantil perpetúa la pobreza de generación en generación al mantener a los hijos de los pobres fuera de la escuela y limitar sus perspectivas de movilidad social ascendente. Esta reducción del capital humano se ha relacionado con el lento crecimiento económico y el desarrollo social.

Lea más sobre nuestro enfoque


4. La mayor prevalencia del trabajo infantil se encuentra en el sector agrícola

Según las estimaciones de la OIT, el 70% del trabajo infantil existe en el sector agrícola. Gran parte del trabajo que realizan los niños en la agricultura no es apropiado para su edad, es probable que sea peligroso o interfiera con la educación de los niños. Por ejemplo, un niño menor de la edad mínima para trabajar que es contratado para pastorear ganado, un niño que aplica pesticidas y un niño que trabaja toda la noche en un barco de pesca y está demasiado cansado para ir a la escuela al día siguiente, todos serían considerados niños. labor.

Conozca más sobre estimaciones de trabajo infantil


5. La educación es clave para acabar con el trabajo infantil

Cuando las escuelas ofrecen comidas, transporte y capacitación ocupacional, abolir los aranceles de matrícula y eliminar los costos adicionales para los padres, como uniformes y libros; los niños pueden dejar de participar en el trabajo infantil. A través de la educación, padres e hijos se vuelven más conscientes de sus beneficios y del daño que puede causar el trabajo infantil. El acceso a la educación ayuda a reducir la pobreza, una de las causas fundamentales del trabajo infantil. Una inyección de $ 39 mil millones podría proporcionar educación preescolar, primaria y secundaria de calidad a todos los niños para 2030.

Lea más sobre nuestro trabajo en educación


6.  El trabajo infantil está en declive

El trabajo infantil es prevenible y está al alcance de nuestra eliminación. El número de niños involucrados en trabajo infantil ha disminuido en un tercio desde 2000. Global March trabaja con gobiernos, la sociedad civil, las comunidades y las empresas para abogar contra el trabajo infantil, apoyando acciones para fortalecer los sistemas de educación y protección infantil para mejorar el acceso a la calidad de educación y eliminar el trabajo infantil, junto con la creación e implementación de leyes robustas, de niveles inferiores a superiores.

Obtenga más información sobre lo que estamos haciendo para acabar con el trabajo infantil.


7.  El mundo está comprometido a acabar con el trabajo infantil

En 2015, los estados miembros de la ONU adoptaron 17  Objetivos Globales  para el desarrollo sostenible, incluida la Meta 8.7 para poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025. La eliminación del trabajo infantil ayudará a abordar la pobreza, fortalecer las economías e influir positivamente en los sistemas de educación, salud y protección en todo el mundo. Para lograr este objetivo, Global March está trabajando de la mano con sus miembros y socios globales, incluso a través de una alianza global llamada ‘Alianza 8.7’ para terminar con el trabajo infantil para 2025.

Obtenga más información sobre Alliance 8.7


8. Las empresas tienen un papel vital en la erradicación del trabajo infantil

El sector privado tiene un papel crucial que desempeñar en la eliminación del trabajo infantil, que incluye el establecimiento de cadenas de suministro y prácticas comerciales libres de trabajo infantil, proporcionar trabajo decente para los trabajadores jóvenes y garantizar la protección y seguridad de los niños. Las empresas deben adoptar un enfoque proactivo al evaluar los riesgos de prevalencia del trabajo infantil en sus cadenas de suministro y trabajar para remediar y prevenir el trabajo infantil si se encuentra. Las empresas pueden adoptar los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos para respetar y apoyar los derechos del niño .

Acceda a las Directrices prácticas de Global March para empresas de debida diligencia en el sector de la confección y el marisco aquí.


9. Las comunidades pueden hacer la diferencia

El trabajo infantil comienza y termina en las comunidades. Global March apoya a las comunidades a cambiar su aceptación cultural del trabajo infantil, además de empoderarlas para que hagan realidad sus derechos mediante la sensibilización, el acceso a servicios de protección, la construcción de estructuras democráticas, el retiro de los niños del trabajo y la inscripción en la escuela; junto con el diseño de estrategias y programas para proporcionar medios de vida alternativos y sostenibles a las familias.

Obtenga más información sobre el modelo de aldea amigable para los niños de Global March


10. Puedes marcar la diferencia ahora

Hay muchas maneras de unirse a la lucha contra el trabajo infantil, desde convertirse en un consumidor ético hasta ayudarnos a empoderar a las comunidades y enviar a los niños a la escuela y apoyar las actividades de defensa de Global March con gobiernos y empresas para abordar el problema en su origen. Cada niño merece cada oportunidad, pase lo que pase.

Done hoy para ayudarnos a avanzar en nuestra causa conjunta


Foto: Felipe Barros/ExLibris/PMI

¿Cómo llevar a cabo las evaluaciones educativas en plena pandemia?

8 de Junio de 2020

La actual crisis sanitaria en América Latina y el Caribe provocada por el COVID-19 ha movilizado estudiantes, docentes, gestoras y gestores de la educación, autoridades, activistas y personas estudiosas del área de la educación para construir acciones y políticas públicas que lleven a reducir al máximo los impactos de la pandemia en la educación de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas. 

Durante el proceso de aislamiento social, escuelas fueron cerradas y, muchas y muchos estudiantes tuvieron que recurrir a la Internet para acceder a los contenidos educativos, contexto que terminó por agravar las disparidades sociales, ya que gran parte del estudiantado no cuenta con infraestructura suficiente para lograr aprender mínimamente a la distancia – Internet de calidad, computadora, ambiente propicio para estudios, etc. 

En este escenario, ¿es posible realizar una evaluación educativa justa para todas/os las y los estudiantes? Para empezar a analizar el tema, presentamos dos casos dispares en América Latina y el Caribe: Argentina y Brasil que, a pesar de vecinos, llevan adelante políticas educativas completamente distintas. 

Argentina

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el gobierno argentino, desde la llegada del COVID-19 a su país, ha tomado las más estrictas decisiones para contener el avance del virus: distanciamiento social, apoyo financiero a poblaciones en situación de vulnerabilidad y cierre de instituciones privadas y públicas, como las escuelas, entre otras. 

En el campo educativo, la respuesta a la crisis sanitaria en Argentina fue casi que instantánea. “Como toda emergencia tuvo su momento de caos creativo, de distribución de contenidos y tareas que poco a poco intenta ordenarse, a través de políticas públicas con un Ministerio de Educación activo y articulador de consensos, con las jurisdicciones, organizaciones sociales y sindicales”, dijo Marcela Browne, de la Fundación SES y miembro de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE).

Según la activista, el actual contexto de educación en el hogar, atravesado por las desigualdades, con por lo menos un 50% de niñas y niños en situación de pobreza, con una gran diversidad de realidades educativas y la falta de conectividad y equipos tecnológicos, apunta hacia enormes desafíos. “En este tiempo, hay experiencias educativas interesantísimas, ventanas que se abrieron y es necesario sistematizar y evaluar para seguir aprendiendo. Al mismo tiempo, hay circunstancias muy difíciles donde la prioridad ha sido resolver el derecho a la alimentación, el acceso al agua, entre otros, y las tareas escolares aún no llegaron o no se les pudo dar respuesta”, afirmó Marcela Browne. 

«Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes»

En este sentido, seguir con el mismo proceso de evaluación educativa y acreditación de contenidos, como si no hubiera pandemia, podría agudizar aún más las desigualdades educativas que afectan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Por ello, el Consejo Federal de Educación de Argentina decidió en mayo, de forma unánime, que en el territorio nacional en este contexto de excepcionalidad, la evaluación será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a las y los estudiantes y a las familias.

De esta manera, la evaluación de estudiantes en este período se centrará en el acompañamiento, seguimiento, registro y devolución a familias y estudiantes del proceso.

“La posibilidad de evaluación y acreditación de contenidos sería un camino de profundización de la exclusión educativa. Celebramos que el Consejo Federal de Educación haya decidido no transitar y sí poner el foco en el restablecimiento y fortalecimiento del vínculo entre los/as educadores y los/as estudiantes como andamiajes indispensables para el fortalecimiento del proceso de aprendizajes”, añadió la integrante de la CADE.


Brasil

El gobierno brasileño, por otro lado, se ha negado a seguir las recomendaciones de la OMS, como el aislamiento social para contener la crisis sanitaria. “En un momento en que Brasil es reconocido como el principal foco de la pandemia en América Latina y el Caribe, el gobierno asume una postura burlesca ante la gravedad de la situación, y a la vez irresponsable y violenta, en el sentido de que estimula conflictos sociales y la polarización política, y defiende que la población se arme, contribuyendo a profundizar los impactos negativos del COVID-19 y a agravar la inestabilidad política, social, sanitaria y económica en la que el país se encuentra”, afirmó la CLADE en nota publicada la semana pasada.

Esta política negacionista no fue diferente en términos de educación: el gobierno brasileño se niega a hacer cualquier tipo de cambio en relación a las evaluaciones educativas, ya que desde el principio de la crisis sanitaria en el país, ha defendido la reapertura de las escuelas y universidades, en un escenario de graves riesgos de contagio por el COVID-19 y ante un recorte de 19.8 mil millones de reales (3.62 mil millones de dólares) en el presupuesto de la educación para el 2020.

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”

Hubo fuerte presión de organizaciones, redes y movimientos sociales, entre ellos la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE), exigiendo al Ministerio de Educación la suspensión del calendario previsto para el Examen Nacional de la Secundaria (Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM), la evaluación educativa más relevante para la etapa secundaria en el país, cuya realización permite que las y los estudiantes puedan ingresar a la universidad pública. El Congreso Nacional de Brasil también se manifestó a favor de la suspensión de la prueba. Solo después de estas expresiones de la población y del parlamento, el gobierno decidió posponer la realización de la evaluación, que estaba prevista para noviembre. 

“Someter todos estos y estas jóvenes, en situación de excepcional desigualdad de oportunidades, a un mismo examen para acceder a la Educación Superior es injusto e inconstitucional”, manifestó la CNDE en entrevista al periódico O Globo

La Campaña, al lado de otros movimientos y organizaciones que defienden el derecho a la educación pública en el país, luchan para que el examen nacional se suspenda de manera definitiva. 

“No basta que el gobierno federal imponga una nueva fecha simplemente para disminuir el debate alrededor del tema. Por lo contrario, el diálogo con las Secretarías de Educación, consejos, entidades de clase, representaciones estudiantiles, municipales y estaduales, y organizaciones y movimientos de la sociedad civil es una medida que se impone en un escenario de incertidumbre generalizada y que es exigida por la Constitución Federal”, afirman la CNDE y otras organizaciones en demanda al Tribunal Regional Federal por la suspensión del ENEM.


Niño sonriendo, saliendo de una abertura de forma redonda en un muro de concreto, con un cielo azul atrás
Alobos

Organizaciones y redes de América Latina y el Caribe instan por la realización de la Agenda 2030 ante la CEPAL

22 de Mayo de 2020

“Si previamente las políticas neoliberales adoptadas por la mayoría de los países de nuestra región impedían el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ahora, ante la pandemia del COVID-19, se evidencia aún más la urgencia de un cambio radical en la acción de los gobiernos y la puesta en marcha de un pacto mundial por la implementación de nuevos modelos de desarrollo, que garanticen la realización de los derechos humanos y la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030”, afirman en declaración cientos de  redes y organizaciones de la región, entre ellas la CLADE, que participan en el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y ante el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que impulsa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

La declaración – divulgada este 18 de mayo en el marco del conversatorio en línea “El Valor de la Agenda 2030 en tiempos del COVID-19”, que la CEPAL ha convocado para dialogar con la sociedad civil sobre la temática -, se presenta también en el contexto de una campaña de sensibilización y movilización que impulsa el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de la región. La iniciativa se dedica a resaltar el valor y la vigencia de la Agenda de Desarrollo 2030, y además exigir el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil, para enfrentar de manera conjunta la pandemia. 

Ante la suspensión de la realización presencial de la edición 2020 del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, debido a la crisis sanitaria, el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil viene impulsando una serie de diálogos y acciones de incidencia de manera virtual. Uno de los resultados de dichas movilizaciones ha sido la invitación para que integrantes de la Mesa de Vinculación del Mecanismo participaran en conversatorio de la CEPAL. 

En la oportunidad, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, dialogó con Marita González y Ricardo Baruch, miembros de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil, y con Javier Surasky, coordinador del Área de Gobernanza para el Desarrollo del Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI). 

El encuentro reunió a 210 organizaciones, redes, movimientos y colectivos de sociedad civil, entre ellos varios de los miembros de la CLADE. Sus objetivos fueron: presentar y analizar los escenarios económicos y sociales de la crisis COVID-19 en la región; abordar y analizar la validez de la Agenda 2030 y sus ODS para la región en este nuevo contexto; recabar las demandas y propuestas de la sociedad civil y promover el debate e intercambio de ideas sobre el futuro de la región, luego de la pandemia.

Durante la reunión, Alicia Bárcena, subrayó el compromiso impostergable de la región con la implementación de la Agenda 2030 y destacó que «armonizar la planificación para el logro de los ODS con los planes de emergencia ante el COVID-19 es una meta que solamente podremos lograr juntos, todos los actores del desarrollo sostenible». 

Haciendo referencia a la Declaración Dos Monólogos no Hacen un Diálogo, presentada por la sociedad civil en la edición del 2019 del Foro de Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, Alicia Bárcena afirmó: «No queremos dos monólogos, sino un diálogo. Debemos promover este diálogo con los países de la región, con los gobiernos, las empresas y todos los sectores de la sociedad civil”. En tal sentido, ella se comprometió a facilitar la interlocución entre la sociedad civil y los gobiernos desde el espacio multilateral de la CEPAL. La secretaria aún presentó el Portal de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (SDG Gateway) y el nuevo Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, que trae informaciones sobre el impacto socioeconómico de la pandemia en la región.


Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil

Con el compromiso de contribuir a la garantía del derecho a la participación de forma significativa, democrática, sistemática, amplia, diversa y sostenida, la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil es el espacio encargado de garantizar que la sociedad civil de la región esté en todos los espacios regionales relevantes de seguimiento a la Agenda de Desarrollo 2030, a través de la comunicación constante con CEPAL, Estados Miembros y la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible.

Organizaciones, colectivos autónomos, movimientos sociales y redes locales, nacionales y regionales que trabajen por la justicia social, económica y ambiental pueden integrar el mecanismo. La CLADE desde el año 2019 hace parte de la Mesa de Vinculación del Mecanismo, como suplente del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT). El GEACT es uno de los 20 grupos que integran el Mecanismo de Participación de Sociedad Civil. Discute específicamente acciones de seguimiento a la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido al derecho humano a la educación, en la región.


#ParaQueTodosVean la imagen muestra del lado izquierdo a una niña blanca de aproximadamente 10 años de edad, está de perfil y lleva en sus manos un recipiente transparente con un líquido de color blanco por dentro, tiene cabello de color castaño y recogido en una cola de caballo, lleva una camiseta de algodón blanca sin estampados y en su espalda lleva un mochila de color negro con azul y en el bolsillo lateral derecho de la mochila lleva una botella térmica roja con tapa blanca. El fondo de la fotografía es una pared con ladrillos a la vista, del lado izquierdo los ladrillos son de color naranja, y del lado derecho los ladrillos son de cemento. En el extremo inferior izquierdo están los créditos de autoría de la foto:  @UNICEF/ECU/2017/HEIM. Fin de la descripción.
Foto: UNICEF/ECU/2017/HEIM

Ecuador: Comunidad educativa rechaza medidas económicas que afectan la educación

8 de Mayo de 2020

El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19. 

La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas. 

“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.

Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea: 

  1. Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos; 
  1. Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
  1. Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
  1. Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo. 

>> Posicionamiento del CSE completo. 


Foto: Agência Brasil

Coronavirus en Brasil: organizaciones demandan al Supremo Tribunal la inmediata suspensión de la limitación de gastos para educación y salud

20 de Marzo de 2020

Organizaciones que actúan en defensa de los derechos humanos en Brasil presentaron, el último 18 de marzo, una demanda ante el Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima del país, por la suspensión inmediata de la Emenda Constitucional 95 de 2016 (EC 95/2016), que limita los gastos públicos en educación, salud, asistencia social y otros derechos. La motivación tiene carácter emergencial, ya que la pandemia del COVID-19 (coronavirus) pone en riesgo el funcionamiento del Sistema Único de Salud (SUS). Así mismo, la suspensión de las clases presenciales en el sistema público de educación, como forma de mitigar la transmisión del virus, acompañada de la interrupción de la oferta de alimentación escolar, ha expuesto niños, niñas y adolescentes de familias con menos ingresos a la miseria y al hambre. (más…)


Foto: Newshour

Guatemala: Sociedad civil se moviliza por el cumplimiento de la Agenda 2030

30 de Enero de 2020

Celebrando el Día Internacional de la Educación, el último 24 de enero, el Colectivo de Educación para Todas y Todos (CETT), miembro de la CLADE en Guatemala, lanzó una declaración pública en la que reafirma su compromiso con el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 en el país. (más…)


“10 años para alcanzar el ODS 4” será el tema de la SAME 2020

23 de Enero de 2020

Con el tema “10 años para alcanzar el ODS 4”, se celebrará del 26 de abril al 2 de mayo de 2020, la próxima edición de la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación (SAME). Una vez más, los miembros de la Campaña Mundial por la Educación (CME), estudiantes, activistas, maestras, maestros y otras/os integrantes de la comunidad educativa internacional, se reunirán en debates, marchas, reflexiones y otros eventos y actividades, con el objetivo de defender la garantía del derecho humano a la educación y el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), referido a la educación, de la Agenda de Desarrollo 2030 (más…)


Jaime Herrera Espinoza

¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?

8 de Enero de 2020

Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.

Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.

A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países.  (más…)