Declaración final de Ministerial celebra puentes entre autoridades de finanzas y educación
22 de febrero de 2024La Declaración de Santiago 2024, acordada en la Reunión Extraordinaria de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, se inscribe en el marco de referencia regional para la reactivación, recuperación y transformación educativa. El documento ratifica su llamado para el seguimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, en especial con la meta del ODS número 4 cuyo foco central es la educación. En la declaración se hace un llamado a los Estados para que velen por el cumplimiento de este objetivo, situando sus logros como ruta para la garantía del ejercicio del derecho humano a la educación. Al mismo tiempo evidencia la preocupación regional por la grave crisis de discriminación y vulnerabilidades que profundizó la emergencia causada por la pandemia del COVID 19.
En la Declaración se hace un reconocimiento al derecho humano a la educación, los aprendizajes a lo largo de toda la vida, es decir, desde la primera infancia hasta la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA); la atención urgente a la reducción de las brechas indicando que “la educación es un derecho fundamental y que su ejercicio sustantivo y armónico con otros derechos, tales como el derecho a un medioambiente saludable, a una vida libre de violencia y discriminación, a la movilidad y seguridad ciudadana, entre otros, permite reducir desigualdades y fortalecer a las comunidades educativas de la región”.
Desde la CLADE se celebra la convergencia de diálogos entre los Ministerios de Hacienda y Finanzas con Educación, como camino de entendimiento y avance en un horizonte común orientado hacia la justicia social y fiscal que requieren los países de la región, así como respuestas contextualizadas y comprometidas de los respectivos gobiernos.
Así lo expresa la declaración: “Mantener, buscar y ampliar alternativas de sostenibilidad financiera de los sistemas educativos en América Latina y el Caribe, con un diálogo permanente con las autoridades hacendarias y otros actores nacionales y subnacionales involucrados”. Del mismo modo, promueve la concepción de sostenibilidad financiera de la educación junto a la continuidad e incremento de la inversión educativa, evitando que el financiamiento educativo retroceda. Sin embargo, en el informe La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe: informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 publicado por UNESCO en 2022 se alertaba que 15 países de la región habían reducido el gasto público en educación.
Lee la declaración en español e inglés.
“Aprender para una paz duradera” es el llamado de la Campaña Mundial por la Educación en el Día Internacional de la Educación
24 de enero de 2024En el marco del Día Internacional de la Educación, la Campaña Mundial por la Educación hace un llamado a aprender para una paz duradera, que se reconozca y proteja la dignidad e igualdad de todas personas, especialmente resistiendo ante la escala planetaria de conflictos sociales, políticos y militares. “La paz duradera será posible con justicia social”, se afirma en la declaración.
La declaración completa a continuación:
La Campaña Mundial por la Educación se une a las celebraciones del Día Internacional de la Educación 2024, reconociendo el fracaso histórico de los Estados y de la comunidad internacional a la hora de garantizar todas las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, en particular la meta 7: «Para 2030, velar por que todos los educandos adquieran los conocimientos y aptitudes necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y modos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible».
La escalada de conflictos sociales, políticos y militares en todas las regiones del mundo es significativa y parece que la búsqueda de la paz no es el tema principal de la agenda de resolución de conflictos. En consecuencia, se siguen perdiendo vidas de niños y mujeres, pero no sólo, de forma dramática e impune, sin lograr avances significativos, o peor aún, retrocesos, en la búsqueda de una paz duradera.
Detrás de muchos de estos conflictos persisten desacuerdos geopolíticos, pero en la mayoría de los casos, la guerra también se inflama por el racismo, la intolerancia y muchas otras formas violentas y sutiles de discriminación. Estamos convencidos de que no se alcanzará una paz duradera sin justicia. Los sistemas de justicia deben trabajar por la paz. Igualmente importante es que los sistemas educativos promuevan una ciudadanía mundial que reconozca y proteja la dignidad y la igualdad intrínseca de los seres humanos y el derecho inalienable de las personas a la autodeterminación.
Los esfuerzos por la paz mundial deben abarcar también la necesidad de moderar la voracidad comercial, que se ceba en los ecosistemas, y poner límites urgentes a la fabricación y el comercio de armas, evidenciando así el doble rasero de los gobiernos que se enriquecen con la venta de armas mientras comparten discursos retóricos sobre la paz.
La Campaña Mundial por la Educación considera que la sensibilización de la opinión pública y el apoyo político son cruciales para la introducción de la educación para la paz y el aprendizaje de los derechos humanos en todos los niveles y modalidades educativos, incluida la educación no formal, la formación de adultos y la formación permanente, la formación del profesorado y el desarrollo de capacidades.
La contribución de la sociedad civil a la agenda de la educación transformadora debe seguir contando con el mejor auspicio de los gobiernos, teniendo en cuenta que los acuerdos adquiridos en la Cumbre de la Educación Transformadora se corresponden con las obligaciones vinculantes establecidas por el derecho internacional de los derechos humanos.
La CME lamenta profundamente que la educación quede fuera del programa de la próxima Cumbre del Futuro, ya que estamos convencidos de que ninguno de sus objetivos podrá alcanzarse si no se abordan con decisión la educación y el aprendizaje permanente.
Los paradigmas no cambian por arte de magia, y mucho menos puede hacerlo el curso de explotación, guerra y desigualdad que muchos países siguen experimentando y el mundo presenciando. Si la comunidad internacional no redobla sus esfuerzos para hacer de la educación un instrumento de aprendizaje de los derechos humanos, del respeto a la diversidad y de la paz como forma de vida.
El alcance y los planteamientos propuestos para la Cumbre del Futuro deben incluir las transformaciones educativas, incluido el papel docente en la construcción de una paz duradera. Sólo así se garantiza la construcción de un cambio duradero, porque la paz no se consigue exhortando, sino con el ejemplo.
La CME anima a todos los gobiernos y a la comunidad internacional a emprender acciones decisivas para la plena implementación del ODS 4.7 e incluye a la sociedad civil y a las organizaciones de docentes y estudiantes para dar forma a la agenda urgente que el mundo necesita.
Lee la declaración en español e inglés.
Traducción al español gracia a la Agencia Pressenza
Resalde: Boletín Inclusión de juventudes en la lucha por el derecho a la educación
15 de diciembre de 2023Registro de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE) sobre iniciativa que reunió 10 asociaciones juveniles en El Salvador para trabajar y dar a conocer el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, sobre educación inclusiva, equitativa y de calidad”
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Llamado por una Inteligencia Artificial (IA) ética en América Latina y el Caribe
9 de noviembre de 2023En el marco del foro regional sobre la ética de la Inteligencia Artificial (IA), así como de la Cumbre ministerial y de altas autoridades de América Latina y el Caribe realizadas en Santiago de Chile entre el 23 y 24 de octubre de 2023, se ha suscrito una declaración que formaliza la creación de un grupo de trabajo con proyección a un consejo intergubernamental de inteligencia artificial.
El objetivo principal de la convocatoria se orientaba a la conformación de un espacio de liderazgo para la gobernanza de la IA en la región, con posicionamientos comunes sobre esta temática global. El acuerdo convocó a ministras, ministros y personas encargadas de las políticas digitales y de IA de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú, Paraguay, República Dominicana, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Uruguay y Venezuela.
Los desafíos éticos de la inteligencia artificial
Los vertiginosos cambios generados por la IA, los sesgos de los algoritmos, así como la situación de desigualdades tecnológicas que se vive en la región se expresan en múltiples desafíos para su regulación y desarrollo. Las dinámicas vinculadas a la programación, automatización u otras similares manifiestan implicaciones éticas, que potencialmente podrían amenazar la garantía de los derechos humanos.
En este sentido, acogiendo las Recomendaciones sobre la Ética de la IA publicadas por la UNESCO se resalta la necesidad de fortalecer las capacidades regionales, profundizando el diálogo sobre la creación, intercambio, desarrollo y despliegue de la IA, desde un punto de vista que refleje las necesidades e intereses de América Latina y el Caribe.
La IA plantea debates inconclusos sobre cuestiones éticas sobre el derecho humano a la educación, el acceso a la información, la brecha digital, entre otros, pudiendo impactar desde diversas aristas la democracia y los derechos humanos. Las recomendaciones expresan que “algunas de estas cuestiones tienen que ver con la capacidad de los sistemas de IA para realizar tareas que antes solo podían hacer los seres vivos y que, en algunos casos, incluso se limitaban solo a los seres humanos”.
También se señalan repercusiones éticas aún imprevisibles en el campo educativo, según las recomendaciones “porque vivir en sociedades en proceso de digitalización exige nuevas prácticas educativas, una reflexión ética, un pensamiento crítico, prácticas de concepción responsables y nuevas competencias, dadas las implicaciones para el mercado laboral, la empleabilidad y la participación cívica”.
Los derechos humanos y la inteligencia artificial
La Declaración de Santiago subraya que las políticas públicas que aborden la inteligencia artificial deben enmarcarse en la normativa y principios transversales de derechos humanos, entre ellos la seguridad y protección, la no discriminación, la igualdad de género, la accesibilidad, la sostenibilidad sociocultural, económica y ambiental, el derecho a la intimidad, la transparencia, rendición de cuentas y gobernanza.
El reconocimiento a “la importancia del acceso universal y significativo a las tecnologías de la información y las comunicaciones para lograr el pleno disfrute de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el Estado de derecho, el empoderamiento de las mujeres y niñas, pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes y otros grupos en situación de vulnerabilidad, la superación de las múltiples brechas digitales y análogas, así como promover la industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible” se afirma en la declaración.
Lee la Declaración de Santiago.
Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Sociedad civil demanda enfrentar la brecha digital y los intereses privados en presentación de Informe de Seguimiento de la Educación
11 de agosto de 2023Las tecnologías pueden al mismo tiempo favorecer la inclusión y poner en riesgo la privacidad de los datos, afirma Laura Giannecchini, coordinadora de programas de la CLADE, al analizar el evento realizado el 26 de julio en Montevideo, Uruguay, de lanzamiento del 6º Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de UNESCO titulado Tecnología en la educación: ¿Una herramienta en términos de quién? (conocido como GEM, por sus siglas en inglés).
El documento fue publicado junto a 20 documentos de antecedentes y 200 perfiles de países PEER sobre leyes y políticas referidas a la tecnología en la educación. Durante 3 días diversas autoridades, académicos y representantes de la sociedad civil intercambiaron opiniones en torno al Informe. Laura Giannecchini, Marcela Browne de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE); Patricia Gainza de la Red Sin Fronteras; Mercedes Mayol Lasalle, presidenta de Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) y Vernor Muñoz, coordinador de política de incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME) participaron del encuentro.
Compartimos sus análisis luego de asistir a los eventos vinculados a este informe.
Los dilemas de la tecnología: acceso y equidad
Marcela Browne y Laura Giannecchini realizaron este análisis del evento de lanzamiento y del propio Informe.
Para ellas, el informe plantea al menos cuatro preguntas provocadoras que orientan las reflexiones respecto al uso de la tecnología en la educación.
En sus opiniones, desde las primeras páginas del documento se cuestiona si las tecnologías democratizan los conocimientos o si pueden controlar la información en nuestra sociedad. También subrayan si efectivamente las tecnologías ofrecen oportunidades ilimitadas o por el contrario las aprisionan en el futuro; cabe la pregunta en qué medida las tecnologías ofrecen oportunidades iguales para todas las personas y sí se podrían utilizar las tecnologías en la educación de primera infancia o representan un riesgo para los niños y niñas.
Cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad
Por otra parte, se decantan cuatro conceptos transversales a las tecnologías en la educación, que son la equidad, la inclusión, la escalabilidad y la sostenibilidad. Por ello, existe la intención de convocar a docentes, estudiantes, comunidades educativas en general y las familias para debatir sobre los términos en que se desea usar la tecnología en la educación. Para ellas, si bien se reconoce como una herramienta más en el ambiente educativo es necesario que ésta dialogue con las demandas y expectativas de este contexto.
Marcela Browne resalta que en “el informe no existen evidencias robustas sobre el valor agregado que aportan las tecnologías a la calidad de los aprendizajes. Las pocas evidencias que se mencionan son débiles y están producidas por los proveedores de las tecnologías, es decir, las empresas”. Llama la atención sobre el rol que han desempeñado las empresas al difundir la idea de que el estudiantado aprende más y mejor con las tecnologías.
La representante de la CADE, afirma que, en contraste, UNESCO señala su relatividad reconociendo las desigualdades de acceso y de conectividad, continúa reflexionando sobre las brechas en los niveles socioeducativos vulnerables que enfrentan también dificultades en los entornos familiares, como insuficientes equipos, ya que la mayoría de los casos accede desde dispositivos celulares.
Laura Giannecchini comenta que se difundió en algunos medios de comunicación hegemónicos la idea simplificada sobre el informe de que UNESCO cuestionaba el uso de los teléfonos móviles en las escuelas como elemento de distracción del estudiantado, yendo en perjuicio de la calidad de los aprendizajes. Aunque sirvió de promoción para despertar el interés sobre el informe, las analistas, Marcela Browne y Laura Giannecchini comentan que esto se debe a una mala interpretación sobre algunos de los mensajes que se expresan en el informe, ya que UNESCO no desaconseja expresamente el uso de celulares en los ámbitos educativos.
La importancia del contexto educativo
Para Marcela Browne, es necesario subrayar la recomendación para que el sistema educativo sea el responsable de determinar el modo en que la tecnología dialoga con la agenda educativa, a fin de que haya una soberanía de contenido. Ella comenta que sin embargo, otro de los mensajes claves que llama la atención, es que son muy pocos los países que generan contenidos propios y se exhorta en las recomendaciones a que pueda impulsarse en el futuro producción de contenidos locales y contextualizados.
Otro elemento importante es la necesidad de profundizar las críticas a la inteligencia artificial, ya que como señala Marcela Browne, existe un sesgo en los contenidos ya que se privilegian los producidos en los países del norte y en idioma inglés, con lo cual se limitan las fuentes de consulta, pudiendo ser parte de la colonización y su reproducción.
Demandas por la transparencia de fondos públicos para la tecnología
En el mismo sentido, Marcela Browne y Laura Giannecchini indican que los cambios en el ámbito tecnológico se proyectan con renovación cada tres años, lo que dificulta la generación de evidencias, para evaluar el funcionamiento en la educación. Es decir, el ritmo de generación de la evidencia es diferente al ritmo de la producción de las propias tecnologías. Una de las implicaciones a considerar es el alto costo que representa, y al mismo tiempo se produce mucho desperdicio, ya que la gente compra lo que no resulta efectivo, derivando una dispersión de recursos.
Añaden Marcela Browne y Laura Giannecchini a las recomendaciones críticas el interés de aumentar la transparencia en la contratación de servicios tecnológicos, para que pueda acompañarse un escalamiento adecuado con la participación y control de la sociedad civil.
En cuanto a la equidad e igualdad de acceso a tecnologías en la educación se recomienda en el informe que sean gratuitas, y que los bienes digitales sean públicos, incluyendo los libros de textos y recursos educativos de manera que las propias plataformas de aprendizaje sean inclusivas, especialmente a los grupos que históricamente son más marginados o excluidos.
Exclusión y derechos digitales
En cuanto a los currículos y las plataformas en el resumen del informe también se hace un llamado a la adaptación de las necesidades de cada estudiante y docente, por lo cual las plataformas deben ser accesibles a las personas con discapacidad, para contextos de escuelas rurales, de personas indígenas, afrodescendientes y personas migrantes. Se hizo referencia a la creación de plataformas que pueden dar seguimiento a las trayectorias educativas de estudiantes a lo largo de los años, acompañando su movilidad territorial, lo cual sería clave para la relevancia y pertinencia de la educación.
Para Laura Giannecchini “si bien se estima que el 85% de los países tienen normativas vinculadas a las tecnologías, solo el 16% tiene medidas de protección del uso de datos privados como la huella digital, esto es una gran falencia al exponerse a niñas, niños y adolescentes sin mecanismos de seguridad y ciberseguridad”.
A pesar que se hacen continuos llamados de atención al uso excesivo o inapropiado de las tecnologías por la relación negativa y perjudicial con el abuso de dispositivo, es necesario incorporar al debate las propias voces del estudiantado y de docentes.
Marcela Browne apunta que este informe recuerda que, dado que muchas tecnologías no fueron diseñadas para la educación, su idoneidad y valor deben demostrarse con una visión de la educación centrada en el ser humano.
Tomando el resumen del informe que facilitan las analistas, “los responsables de la toma de decisiones se enfrentan a cuatro difíciles disyuntivas:
- El llamado a la personalización y la adaptación choca con la necesidad de mantener la dimensión social de la educación. Los partidarios de una mayor individualización pueden estar perdiendo de vista la esencia de la educación.
- Existe un conflicto entre inclusividad y exclusividad. La tecnología puede ofrecer un salvavidas educativo a muchas personas. Sin embargo, para muchas más supone una barrera adicional a la igualdad de oportunidades educativas, con la aparición de nuevas formas de exclusión digital.
- La esfera comercial y el procomún -referida a la utilidad pública- tiran en direcciones diferentes. La creciente influencia de la industria de la tecnología educativa en la política educativa a nivel nacional e internacional es motivo de preocupación.
- Generalmente se asume que cualquier ventaja de eficiencia que la tecnología educativa ofrezca a corto plazo se mantendrá a largo plazo. Sin embargo, se suelen subestimar todos sus costes económicos y medioambientales.”
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Estudiantes y docentes brillan por su ausencia
Por su parte Patricia Gainza, socióloga y coordinadora de Red Sin Fronteras, también resaltó una mirada crítica sobre los resultados del informe, el riesgo que puede representar para el derecho a la educación, una priorización tecnológica en los ámbitos escolares. Extendemos su comentario al respecto.
Para ella, cuando se hace referencia a la tecnología educativa deben considerarse los sujetos que participan de los ámbitos, así como sus experiencias, expectativas y necesidades. A juicio de Patricia Gainza, llama mucho la atención que durante el evento de lanzamiento no se consideró la participación y experiencia de estudiantes o docentes. “Todas las autoridades que asistieron pertenecen al sur global, no había ninguna autoridad del norte” dijo, que en muy pocos casos asistieron personas con responsabilidad académica de investigación, si aunque en menor medida de rectorías de las universidades, “no se piensa en ellos (las, los y les estudiantes) como el motor para la incorporación y el buen uso de las tecnologías en la educación, al contrario todo el tiempo se está hablando de empresas de aplicaciones” afirma.
El ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales
Según Patrícia Gainza, el ambiente general del evento promovía las intervenciones como una exposición para la venta de servicios educativos digitales. “Colocar los enfoques desde la especialización técnica puede ser un factor de exclusión para ampliar el debate sobre las implicaciones de las tecnologías aplicadas a la educación”, analiza Patricia Gainza y continúa: “no hubo prácticamente reflexiones sobre grupos minoritarios o en desventajas y las diferentes formas de facilitar el acceso, las personas en situación de discapacidad.”
Intereses privatistas a favor de la tecnologización educativa
Se consideró particular atención a la situación de la educación en Uruguay y con ello la fuerte influencia del Plan Ceibal, que es el centro de innovación educativa con tecnologías digitales a nivel nacional. Compartieron las lecciones aprendidas de la última década, que asomaba un cambio de lógica con autoreferencias empresariales, comentó Patricia Gainza.
Para Patricia Gainza, en Uruguay se atraviesa un proceso de desmantelamiento del sistema educativo o al menos de reducción de presupuesto importantísimo, Uruguay ha perdido cuatro décimas del Producto Interno Bruto destinado al rubro.
En el análisis de Patricia Gainza, el ministro de educación de Uruguay, Pablo Da Silveira exhortaba a mantener la continuidad de las políticas públicas más allá de la rotación de los gobiernos, y los partidos. Destacaba en su intervención la relevancia del conocimiento técnico, de la creatividad y del compromiso, la relevancia del modelo de gestión con fuerte tendencia a la estructura privada, aludiendo eficiencia en los procesos de licitaciones, agilidad en compras y decisiones; sin embargo se desplaza la responsabilidad política del Estado poniendo en riesgo la transparencia pública, subraya la coordinadora de la Red Sin Fronteras.
Ella también apunta que es muy importante tener claro el vínculo entre lo tecnológico y lo educativo, inicialmente el plan Ceibal nació al interior de la gestión gubernamental, y luego pasa a ser una agencia de tecnología ligada al sistema educativo. En la reflexión se apunta que la ausencia de referencias a la centralidad de los procesos educativos, o al financiamiento que demanda el marco de derechos; para lo cual hace falta voluntad política en una adecuada priorización del presupuesto nacional.
La coordinadora de la Red Sin Fronteras marcó la participación de Fiorella Haim, gerenta general de Ceibal indicó que al referirse a la tecnología digital hay que considerar que es mucho más que pantallas, ya que también son líneas de robótica o hacedores de laboratorios con impresiones 3D, manejo de drones, sensores, muchas cosas ilustran este ecosistema de innovación al servicio de la educación. 
Sistema de datos para ausentismo y la labor docente
Patricia Gainza, de la Red Sin Fronteras, trazó dentro de las buenas prácticas que se compartieron algunas aplicaciones tecnológicas, llamó particularmente la atención la que hiciera Irene González, gerenta de datos de Ceibal expuso una aplicación del sistema y sobre todo de los datos que surgen del ausentismo escolar, señalaba que la inasistencia crónica tiene una proporción en la cual siete de cada 10 niños y niñas son provenientes generalmente de contextos vulnerables, lo que quiere decir dos o tres faltas al mes. Estas alertas del sistema de datos facilita la comunicación con las familias que registran altos niveles de ausentismo, como parte de estrategias de seguimiento.
Según su análisis, existe una constante que expresa la preocupación de articulación conjunta con las tecnologías y el protagonismo de la labor docente, insistiendo en el valor del vínculo relacional del proceso educativo, que es insustituible. Su valoración es que vivimos un contexto de fuertes discursos de neoliberalismo que pretende mercantilizar y ganar en el mercado, flexibiliza las condiciones laborales en general y también del personal docente.
Frente a las posibilidades de empoderamiento de la comunidad educativa, es necesario recuperar la centralidad del estudiantado teniendo en cuenta el contexto sociocultural, en el cual la tecnología es enriquecedora del intercambio entre estudiantes y docentes, para Patricia Gainza, se propone una práctica crítica que logre transformar el rol simplista de usuario/as o destinatarios/as de tecnologías que se imponen externamente.
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La valoración de la labor docente ante la tecnología educativa
Para Vernor Muñoz de la CME, la versión más reciente que se ha centrado en la educación y tecnología, da seguimiento al objetivo cuatro de desarrollo sostenible –de la Agenda 2030, referido al derecho humano a la educación- y permite discutir diversos temas en materia de tecnología digital y educación.
A juicio del coordinador de políticas de incidencia de la CME la contundencia del valor de docentes es relevante, ya que “el informe pone en evidencia que existe poco valor agregado de la tecnología digital en materia de educación y esto es importante porque confirma una vez más que el rol que juegan los maestros y maestras en la educación es insustituible, es decir que es un trabajo que no se puede relevar con el uso de la de la tecnología”.
La atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización
Para él, la atención que las empresas y corporaciones tecnológicas ponen en la educación evidencia el interés en el negocio y su mercantilización, y lo que significa actualmente tanto como en el futuro. En palabras de Vernor Muñoz, “muchas empresas tecnológicas y de software educativo intentan tomar el liderazgo en la venta de sus productos y de alguna manera intentan también insistir en la primacía de la tecnología educativa.”
Según él, las tecnologías pueden ofrecer una posibilidad para la inclusión, pero deben ir acompañadas de políticas que generen las condiciones para que sean posible, ya que la realización del derecho humano a la educación no se define únicamente en las aulas, y entre otras garantías deben considerarse las de conectividad, electricidad, acceso a dispositivos por mencionar algunos. “El informe pone en relevancia cómo la tecnología en la educación abre ciertamente oportunidades, como apoyo al trabajo docente, y esto ha sido muy evidente durante la pandemia del Covid-19, hace hincapié en cómo se han beneficiado, por ejemplo, personas con discapacidad” señaló.
Sobre la dinámica del evento, Vernor Muñoz destacó que, además de una agenda que priorizó el protocolo, la participación de bancos y de empresas, al mismo tiempo que se ha reducido la asistencia de la sociedad, se ha dificultado el diálogo interactivo, en su lugar se han dado a conocer diferentes opiniones de quienes lideran el campo tecnológico.
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Foco sobre el financiamiento, la pedagogía y las amenazas de la privatización
Mercedes Mayol Lasalle, presidenta mundial de OMEP, comparte un análisis de tres aspectos relevantes en la convergencia de la educación y la tecnología, el financiamiento, la pedagogía y la no privatización.
Sobre el financiamiento educativo, señaló: “Este informe contiene un problema sobre la transformación y el financiamiento para ofrecer acceso a la tecnología dentro del sistema educativo a todas las niñas, niños y personas. En el contexto tenemos enormes deudas en relación al financiamiento educativo alrededor del mundo”. Este es un gran punto y tenemos muchas cuestiones con relación a ello.
A su juicio, un segundo aspecto está relacionado a la construcción de una nueva pedagogía desde el desafío de la conectividad con la participación de las y los docentes. En tercer y último aspecto tiene que ver con la ética, la privatización y la falta de regulación de las grandes empresas que venden tecnología a los sistemas públicos de educación.
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Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes
La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) junto a la Campaña Mundial por la Educación (CME) y el Instituto Interamericano del Niño IIN/OEA convocaron a un evento público el 28 de julio, en el marco del lanzamiento del Informe de Seguimiento a la educación, titulado Educación y tecnología en la primera infancia: discusiones urgentes.
La OMEP definió como parte de su fundamento en la convocatoria que “los primeros años de vida constituyen la etapa fundante de ese proceso, por lo que el acceso a una Atención y Educación de la primera infancia (AEPI) inclusiva, equitativa y de calidad, es el primer paso para garantizar aprendizajes fundacionales y oportunidades para un desarrollo pleno (…) La transformación de la AEPI requiere el desarrollo de un debate pendiente y urgente sobre las políticas, la pedagogía y las prácticas relacionadas, apostando a superar miradas simplistas que condenan o enaltecen a las tecnologías computacionales, para construir posicionamientos críticos sobre su papel real en la enseñanza, el aprendizaje y la crianza de las infancias.”
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Más sobre el Informe GEM 2023
Esta fue la primera vez que el lanzamiento global del informe se realiza en América Latina. El encuentro contó con un evento híbrido global al que asistieron 18 ministros y ministras de educación. Convocado por UNESCO, auspiciado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y la Fundación Ceibal, el lanzamiento del informe se concretó el 26 de julio, y a lo largo de tres días se llevaron a cabo diversos eventos en Montevideo, Uruguay.
Los eventos de alto nivel organizados en el marco de este lanzamiento son los siguientes:
- Diálogo Sur-Sur entre ministros/as de educación de América Latina y África.
- Mesa redonda cerrada con ministros/as de educación, representantes de la UNESCO y responsables de organismos internacionales de América Latina.
- Reunión anual de la Alianza para la Digitalización de la Educación en América Latina (ADELA).
- Discusión con proveedores privados sobre cómo apoyar el desarrollo sostenible de la educación en América Latina.
- Evento sobre perspectivas globales y regionales de la tecnología en la educación en América Latina organizado por la Fundación Ceibal.
- Evento organizado por la UNESCO sobre nuevas formas de enseñar, aprender y evaluar con tecnología en la Universidad Católica del Uruguay.
UNESCO señala que el informe “sostiene que los sistemas educativos deben garantizar siempre que los intereses de los alumnos se sitúen en el centro y que las tecnologías digitales se utilizan para apoyar una educación basada en la interacción humana en lugar de pretender sustituirla”,
Esta edición tuvo como objetivo examinar cómo la tecnología puede ayudar a llegar a los alumnos desfavorecidos, pero también a garantizar que más conocimientos lleguen a más alumnos en formatos más atractivos y baratos.
Tomando en cuenta la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el referido a educación (ODS4), la tecnología se vincula con seis de las diez metas, según la UNESCO en un nota conceptual las metas “reconocen que la tecnología afecta a la educación a través de cinco canales distintos, como insumo, medio de entrega, habilidad, herramienta para la planificación, y proporcionando un contexto social y cultural”.
Desde el resumen del informe se muestran oportunidades y amenazas, en tal sentido, “los desafíos educativos a los que el uso adecuado de la tecnología puede ofrecer soluciones (acceso, equidad e inclusión; calidad; avance tecnológico; gestión de sistemas), al tiempo que reconoce que muchas de las soluciones propuestas también pueden ser perjudiciales”.
En el resumen del informe se destacan algunos de los siguientes mensajes claves:
- No abundan pruebas adecuadas e imparciales sobre el impacto de la tecnología educativa. Muchas de las pruebas proceden de quienes intentan vender la tecnología. Pearson financió sus propios estudios para refutar análisis independientes donde se demostraba que sus productos no tenían ninguna incidencia.
- La tecnología ofrece la esperanza de una educación a millones de personas, pero excluye a muchas más. Si bien el derecho a la educación es, cada vez más, sinónimo de derecho a una conectividad significativa, el acceso es desigual.
- Algunas tecnologías educativas pueden mejorar ciertas modalidades de aprendizaje en determinados contextos. Debe centrarse en los resultados del aprendizaje, no en el aporte tecnológico. En Perú, se distribuyeron más de un millón de portátiles sin incorporarse en la pedagogía, por lo que el aprendizaje no mejoró.
- El contenido en línea ha aumentado sin suficiente regulación sobre el control de calidad y la diversidad. En 2021 más de 220 millones de estudiantes asistieron a cursos en línea masivos y abiertos.
El informe GEM se centra en una temática particular en cada entrega anual. Para el 2024, el tema será sobre liderazgo y educación que, según UNESCO, resalta que el liderazgo “es el segundo factor escolar más importante para explicar los resultados del aprendizaje”.
Informe de la Relatora Especial sobre el derecho a la educación, Farida Shaheed: garantizar el derecho a la educación: avances y desafíos críticos
12 de julio de 2023El Consejo de Derechos Humanos convocado en Ginebra, Suiza entre el 19 de junio y el 14 de julio contó con la presentación del primer informe de la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, Farida Shaheed, quien asumió la responsabilidad el primero de agosto del año 2022.
En el informe disponible en inglés, se presenta un análisis de cómo se entiende el derecho a la educación, las responsabilidades de los Estados y algunos señalamientos sobre desafíos contemporáneos y emergentes.
Compartió la situación de la educación en el mundo en el que afirma “se calcula que 222 millones de infantes y adolescentes afectados por crisis necesitan apoyo educativo, mientras que 773 millones de personas adultas, en su mayoría mujeres, no están alfabetizadas; la pobreza y la desigualdad siguen siendo notables, con una movilización a menudo escasa de los recursos financieros nacionales; y el acceso a la escuela no siempre se traduce en un aprendizaje o una capacitación efectivos” (traducción propia).
La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La relatora señala con preocupación algunos temas de agenda que las diversas organizaciones han manifestado de forma permanente, como la educación sexual integral o la decolonización. “En muchos países, la creciente polarización social en torno a la diversidad cultural, la enseñanza de la historia, la descolonización de los planes de estudio, las teorías críticas sobre raza y género y la educación sexual integral, agravada por la insuficiente protección de las libertades académicas, afectan al funcionamiento de los sistemas educativos”, (traducción propia), expresa en el documento.
Recordando el marco de derechos con la progresividad que corresponde a la educación, comentó lo inaceptable que pueden resultar algunas acciones consideradas regresivas. La relatora especial dedicó parte del texto a la relevancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la necesidad de asumirla como bien público de la sociedad, del mismo modo que los Estados deben velar por su calidad y financiamiento eficiente y equitativo.
La importancia de la interseccionalidad y no discriminación en educación
Farida Shaheed, en el informe presentado ante el Consejo indicó la necesidad de “Eliminar la discriminación directa e indirecta en la educación, así como las barreras (…) son ahora obligaciones bien establecidas de los Estados. La necesidad de enfoques interseccionales también está ampliamente aceptada, al igual que el requisito de que los Estados vayan más allá de la prohibición de la discriminación, garantizando que el principio de igualdad de oportunidades se traduzca plenamente en una realidad concreta”, (traducción propia).
Garantizar una educación pública, equitativa e inclusiva no es una tarea sencilla para los gobiernos, como se hizo saber en el texto del informe, pero es indispensable contar con la promoción suficiente de experiencias y entornos que favorezcan los aprendizajes. Por ello, los sistemas educativos deben enfrentar procesos que perpetúan y reproducen segregación, exclusión y discriminación.
El documento resalta las condiciones de financiamiento para la educación, y el papel que deben desarrollar los Estados en la regulación de actores privados, “un reto importante es el respeto de las libertades educativas en el marco de una educación concebida como un bien público y común, al tiempo que se evitan las repercusiones negativas sistémicas del crecimiento de los agentes privados, en particular los comerciales, sobre el derecho a la educación”, (traducción propia).
El llamado permanente a los Estados para cumplir con el derecho a la educación
El derecho internacional de los derechos humanos garantiza el derecho a la educación. La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948, en su artículo 26 proclama: “Toda persona tiene derecho a la educación”.
El reciente informe de la relatora retoma los principios de Abiyan, con un llamado a “Los Estados deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la educación de todas las personas dentro de su jurisdicción en conformidad con los derechos a la igualdad y la no discriminación” se compartieron las claves para la defensa de la educación como derecho en el documento titulado Principios rectores de derechos humanos sobre las obligaciones de los Estados de proporcionar educación pública y de regular la participación del sector privado en la educación.
Los principios de Abiyán, como también se conocen, señalan en su introducción que “Muchas dimensiones del derecho a la educación requieren una acción inmediata, e incluso, las dimensiones sujetas a una efectivización progresiva, requieren que los Estados dediquen el máximo de sus recursos disponibles para cumplir con su obligación, evitando cualquier regresión”.
Existen diferentes instrumentos normativos internacionales de las Naciones Unidas que reconocen y visibilizan el derecho a la educación, entre ellos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de la UNESCO relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, entre otros.
El informe también expresa la atención al seguimiento de acuerdos como los establecidos en la Cumbre de Educación Transformadora así como la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la Educación 2030.
La vigencia de las cuatro “Aes” de la educación: asequible, accesible, aceptable y adaptable
El informe de la relatora recordó la vigencia de las 4 “aes” de la demanda del derecho a la educación, para que sea asequible, accesible, aceptable y adaptable.
Recordamos que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General asumió lo propuesto sobre el derecho a la educación por la primera Relatora Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, Katarina Tomasevski, haciendo hincapié en que fuera un derecho significativo en todas sus formas y niveles, teniendo 4 “aes” como características interrelacionadas, se resume de la siguiente manera, a saber:
- Asequible: la educación es gratuita con infraestructura adecuada y docente preparada capaz de sostener la impartición de la enseñanza.
- Accesible: el sistema de educación es no discriminatorio, accesible y adopta medidas positivas para la inclusión.
- Aceptable: el contenido es relevante, no discriminatorio, culturalmente apropiado, y de calidad; los centros educativos son seguros y el equipo docente accede a la profesionalización.
- Adaptable: “la educación evoluciona a medida que cambian las necesidades de la sociedad y puede contribuir a superar las desigualdades, como la discriminación de género, se adapta a las necesidades y contextos específicos locales”.
La educación es un derecho humano, no un privilegio
La Iniciativa por el Derecho a la Educación dio a conocer el seguimiento al informe de la relatora en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos. La Iniciativa establecida por la primera Relatora especial sobre el derecho a la educación, Katarina Tomaševski, se reconoce como una organización con enfoque en el derecho a la educación. Creada en el año 2000, con un relanzamiento en 2008 cuenta con el apoyo de la Campaña Mundial por la Educación, ActionAid International, Amnistía Internacional, Save the Children, y Human Rights Watch.
Los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación
La educación en el marco internacional es considerada un derecho humano, esto significa como señala Iniciativa por el Derecho a la Educación (RTE, por sus siglas en inglés) que no es un privilegio. En este sentido la educación como derecho humano significa que: “el derecho a la educación está garantizado legalmente para todos sin discriminación alguna; los Estados tienen la obligación de proteger, respetar y cumplir el derecho a la educación; hay maneras de hacer que los Estados sean responsables de las violaciones o las privaciones del derecho a la educación” como se afirma en la presentación de la Iniciativa.
Pronunciamientos para fortalecer el derecho a la educación
Durante el Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, más de 70 países de todas las regiones del mundo manifestaron su apoyo a los “esfuerzos para fortalecer el derecho a la educación, incluido el derecho explícito a la educación secundaria completa gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita” en el Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre el derecho a la educación.
En el marco de esta iniciativa diversos integrantes de la academia y la sociedad civil promovieron el pronunciamiento para ampliar el derecho internacional de la educación, en el que se señala “ La educación es un derecho humano fundamental y una de las herramientas más poderosas para mejorar la vida de los niños y niñas. La educación mejora la salud, su nivel de vida, les protege de la explotación y los abusos y amplía su futuro de vida, y su participación en la vida cívica. Saca a los niños de la pobreza, reduce la desigualdad y ayuda a construir sociedades fuertes y sostenibles”. También se compartió desde el Observatorio de Derechos Humanos el pliego sobre el Fortalecimiento del Derecho a la educación gratuita.
Ecuador: CLADE y Contrato Social por la Educación (CSE) se reúnen con ministra para debatir sobre el cumplimiento del derecho a la educación
12 de junio de 2023“Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas” es una de las metas que establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), uno de los 17 objetivos de la Agenda 2030 de la ONU, que tiene el objetivo de transformar y garantizar el derecho humano a la educación en el mundo.
Con la intención de generar un debate sobre la mirada y demandas de la sociedad civil en procura de un futuro más sostenible al que se aspira con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, el Contrato Social por la Educación (CSE) acompañado por la CLADE asistieron a una mesa de diálogo con representantes del Ministerio de Educación de Ecuador, presidido por su ministra María Brown.
El encuentro se realizó el miércoles 30 de mayo en las instalaciones del despacho ministerial, también asistieron estudiantes y docentes del Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE), así como artistas y personas investigadoras del ámbito educativo integrantes del Contrato Social por la Educación (CSE).
Escenario internacional anima a profundizar compromisos por la educación
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE, intervino luego de la bienvenida y presentación de las y los asistentes, compartiendo el recorrido regional en la implementación de los objetivos, que si bien son horizontes deseables, implican profundizar los compromisos por parte de los Estados.
La región se encuentra en una encrucijada en relación a la educación
La región se encuentra en una encrucijada en relación a la educación ya que se “muestra una marcada desaceleración en logros educativos y en los próximos años se requieren acciones más potentes y orientadas hacia las metas del ODS4” afirmó luego de compartir algunos desafíos claves, entre los que considera la necesidad de ampliar la visión sobre la educación como derecho humano, la articulación de la política educativa con otras políticas sociales y económicas así como la mejora continua de la calidad de los aprendizajes.
En su intervención, la coordinadora de la CLADE hizo especial hincapié en la garantía estatal a través del financiamiento público suficiente optimizando el gasto y las medidas de justicia fiscal y tributaria que le soporten.
Plan de trabajo sobre educación en Ecuador
Por su parte, la ministra de educación, María Brown recordó que Ecuador integra el comité directivo regional del objetivo de desarrollo 4, que es un mecanismo que busca fortalecer, profundizar y hacer más efectiva la cooperación educativa.
La ministra indicó que “Ecuador se vuelve un referente a nivel global al realizar una consulta muy amplia en el año 2021 respecto a la transformación educativa a través de la encuesta los futuros de la educación, enmarcada en el proceso de construcción del documento de la UNESCO con apoyo de varias organizaciones de la sociedad civil y varios organismos de cooperación internacional”.
La ministra resaltó que existe un plan de trabajo del Ministerio de Educación proyectado para 4 años basados en el ODS 4 y las prioridades que representan la situación nacional. También indicó que un esfuerzo por mayor transparencia sobre la información en la educación se cuenta con un portal abierto permitiendo el acceso a datos desde el 2012, como complemento a la agenda nacional de investigación educativa.
La participación juvenil en la política pública
El Contrato Social por la Educación, a través de la intervención de las profesoras Cecilia Angulo y Cecilia Viteri, compartieron la campaña ciudadana por una educación innovadora en Ecuador 2022-2023, enfocada en la promoción del objetivo 4. El proceso contó con tres fases en diferentes puntos del país, entre las que se establecieron la información a la población, la consulta a la opinión de jóvenes y la socialización de resultados del sondeo. Como parte de las producciones de esta campaña se cuenta con una serie radiofónica y piezas comunicativas para redes sociales que sensibilizan a la opinión pública sobre la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible.
Se reiteró el llamado a la formación permanente y actualización crítica como proceso pedagógico.
Durante el sondeo con jóvenes, la docente destacó la sistematización de varios testimonios que abordaron aspectos claves a ser considerados en los ámbitos educativos, entre ellos la promoción de espacios educativos no violentos; la formación docente de calidad, resultados pertinentes y eficaces; el financiamiento para la educación y la valoración de las diversidades, entre otros.
Si bien se manifestaron algunas preocupaciones de parte de docentes asistentes sobre la práctica de aula sobre el contexto de violencia, convivencia, apropiación de contenidos pertinente y uso de tecnología entre otros, se reiteró el llamado a la formación permanente y actualización crítica como proceso pedagógico.
Finalmente, con la disposición a mantener un canal fluido de comunicación y consulta entre la sociedad civil y responsables de la política educativa se reconoce la relevancia de encontrar todos los caminos posibles para acelerar las acciones hacia los objetivos, especialmente ante un escenario global que muestra una priorización sobre la cuestión educativa.
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
26 de abril de 2023Este trabajo describe el impacto que tuvo la política de globalización de los mercados sobre la política fiscal en la República Dominicana durante el período 2000-2021. Incluye los efectos de la globalización sobre la estructura de los tributos (pérdida de ingresos arancelarios) y, por otro lado, la transformación que ha sufrido el gasto público para acomodar la inequidad del modelo de crecimiento económico impuesto en los países que integraron sus economías a los objetivos de las grandes economías del mundo; lo cual se analiza desde una perspectiva macroeconómica general.
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