Perú: Promulgada la Ley Universitaria. Conoce el mensaje del presidente Humala
15 de julio de 2014Para entrar en vigencia, normativa se publicará en diario El Peruano
Fuente: La Mula [8 de julio de 2014]
El presidente Humala promulgó la nueva Ley Universitaria, aprobada por el Pleno del Congreso el 26 de junio, en una ceremonia realizada en Palacio de Gobierno el último 7 de julio. Para entrar en vigencia, la norma se publicará en el diario oficial El Peruano.
Antes de firmar la ley, el presidente Humala agregó que si bien hay un crecimiento económico en el país, en el campo educativo queda trabajo por delante: “En educación no podemos sentirnos orgullosos porque no lideramos en calidad educativa, nuestras universidades no figuran en el ranking internacional”.
Humala también recordó los intereses en el debate de la nueva Ley Universitaria: “Hubo posiciones que no defendían una idea, sino un interés económico (…) Se han creado grandes fortunas e imperios que ingresan al Congreso de la República (…) eso tiene que cambiar”
La actividad tuvo como invitados a Fredy Otárola, titular del Parlamento; René Cornejo, presidente del Consejo de Ministros; Jaime Saavedra de ministro de educación, y Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso.
Más información:
– ¿Cómo se distribuyeron los votos para aprobar la nueva Ley Universitaria?
– A favor y en contra: opiniones tras la aprobación de la nueva Ley Universitaria.
Este fue el mensaje en el acto de promulgación de la nueva Ley Universitaria:
Foto: Jon Wood
Por segundo año consecutivo el monto presupuestado en 2014 representa el 4% del PIB proyectado. Para cumplir con lo estipulado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, el presupuesto del próximo año deberá registrar un incremento considerable, a fin de alcanzar lo equivalente al 5% del PIB. Durante el periodo enero-junio 2014 se ejecutó un monto de 42 mil 300 millones de pesos, equivalente al 38.8% del presupuesto general del MINERD, proporción superior al 32.2% registrado en igual período del año 2013.
Pero al hablar del objeto del gasto, el FSE observa que las partidas con mayor nivel de ejecución en el primer semestre del corriente año fueron las transferencias corrientes (45.5%), las cuales están compuestas principalmente por fondos destinados al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a las Juntas Regionales, de Distritos y de Centros Educativos y al Instituto Nacional de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM); le siguen los servicios personales y no personales con un promedio de ejecución de 43%. Mientras que, los objetos de gasto con menor nivel de ejecución fueron los activos no financieros (27.7%), renglón que comprende fundamentalmente obras de infraestructura escolar, materiales y suministros (18.1%).
En esta edición, el FSE hace énfasis en el programa de construcción y rehabilitación de aulas, en términos del nivel de ejecución presupuestaria como del avance hacia las metas físicas de este programa, en vista de que representa una alta proporción del presupuesto general del Ministerio de Educación (MINERD), pero al mismo tiempo es uno de los programas prioritarios con más bajo nivel de ejecución.
De las 10,000 aulas nuevas cuya construcción estaba programada para 2013 solo fueron terminadas alrededor de 3 mil, quedando aproximadamente 7 mil aulas en proceso de construcción para ser terminadas en el año 2014. Es decir que entidad que el MINERD enfrenta el reto de terminar 15 mil aulas este año, es decir 8 mil nuevas, más las 7 mil que quedaron inconclusas en 2013.
En términos de ejecución presupuestaria, en 2013 se destinaron 26 mil 700 millones a construcción y rehabilitación de aulas, monto equivalente a 93% de lo presupuestado. No obstante, debe tomarse en cuenta que dichos fondos no fueron efectivamente desembolsados en ese año. Conforme a declaraciones del Ministro de Educación, dicho monto incluye fondos que fueron entregados por la Tesorería Nacional al MINERD y depositados en el Banco de Reservas para completar en 2014 el pago de cubicaciones de obras que se encontraban en proceso de construcción al cierre de 2013.
En cuanto a la rehabilitación de aulas en el Plan Operativo Anual del MINERD, se programaron 3,170 aulas, cantidad que incluye rehabilitación mayor e intervenciones menores y para intervenciones mayores, se programaron 1,763 aulas. Durante el semestre enero-junio del presente año fueron inaugurados 161 planteles escolares de 24 provincias, en los cuales se construyeron 1,448 aulas nuevas y solo se rehabilitaron 745. Hay que destacar que además la gran mayoría de aulas nuevas y rehabilitadas corresponden a centros educativos de nivel básico y medios, no así al nivel inicial.
El FSE hace un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente las que han estado más involucradas en el reclamo del aumento de la inversión pública en educación, a intensificar las acciones de monitoreo del presupuesto a fin de que el mismo cumpla con el objetivo de lograr el acceso universal y equitativo a una educación de calidad. En el caso particular del programa de construcción de aulas, es necesario un mayor empoderamiento de la ciudadanía, incluyendo una participación más activa de las Asociaciones de Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela, para vigilar que la cuantiosa inversión pública que se está realizando en dicho programa se traduzca en mejores resultados educativos.
La presentación fue realizada en el salón de conferencias de la FLACSO y contó con la participación de Iván Ogando Lora, Director FLACSO-RD y David Lapaix, Director Programación Financiera y Estudios Económicos del Ministerio de Educación de la República Dominicana.
Descargue aquí el Boletín No.12 sobre la Ejecución del presupuesto del MINERD en el período enero-junio 2014
">Brasil: Ministério da Educação descredencia 28 instituições de ensino superior
Elas deverão publicar a decisão em dois jornais de grande circulação e manter o serviço de secretaria para que os alunos peguem todos seus documentos acadêmicos
Fonte: Portal Brasil
O Ministério da Educação descredenciou nesta segunda-feira (14), 28 instituições de ensino superior de diversos estados brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e já está em vigor.
Entre as instituições estão a Faculdade Católica Dom Aquino de Cuiabá, a Faculdade de Engenharia e Tecnologia do Instituto Mairiporã de Ensino Superior, de São Paulo, o Instituto de Educação Superior São Francisco de Assis de Teófilo Otoni, de Minas Gerais e a Faculdade Católica de Ciências Econômicas da Bahia. Todas essas tiveram os processos administrativos instaurados em fevereiro deste ano.
Mesmo descredenciadas, as instituições e suas mantenedoras deverão preservar as atividades das secretarias para que sejam mantidos e entregues os documentos acadêmicos de cada um de seus alunos.
Elas deverão ainda publicar no prazo de dez dias, em pelo menos dois jornais de grande circulação de sua região, a decisão de descredenciamento feita pelo MEC e indicar o telefone e o local de atendimento aos alunos para entrega de documentação e demais orientações.
As faculdades terão até 30 dias para apresentação de recurso contra a decisão de descredenciamento junto ao Conselho Nacional de Educação.
Perú: "La Ley Universitaria es un avance, pero hace falta una reforma real"
1 de julio de 2014Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, habla sobre la nueva ley universitaria: sus bondades, pendientes y críticas
Fuente: La Mula [29 de junio de 2014]
Uno de los temas más importantes de la agenda política de esta semana fue la aprobación de la Ley Universitaria, luego de dos años de debate. En una votación muy ajustada el proyecto del congresista Daniel Mora está ahora a la espera de ser promulgada por el jefe de Estado. Pero en ese ínterin los reclamos han aparecido desde la misma noche de lo ocurrido en el parlamento, con opiniones variopintas, algunas aparentemente ‘interesadas’, otras técnicas y algunas desatinadas o descontextualizadas. Y es que ocurre que en general no se conoce bien la realidad educativa del país. “Asistimos muchas veces a opiniones muy doctrinarias, pero poco informadas. Por ejemplo, la idea de liberar el mercado educativo en 1996 se sostenía en que a mayor oferta, que incluía la privada, mayor democratización en el acceso; es decir, más jóvenes en la universidad. Esto no se logró, según las estadísticas nacionales solo el 14% de los jóvenes más pobres van a la universidad”, dice Ricardo Cuenca, especialista en educación.
En su opinión, hay un problema de calidad, pues quienes acceden a la universidad, no siempre lo hacen a aquellas que ofrecen servicios de calidad. “De hecho, ha crecido la cantidad de jóvenes que van a la universidad (casi llegamos al millón), pero según los estudios elaborados, no todos trabajan en su profesión. Existe, según los estudios, alrededor de 40% de subempleo profesional”, remarca el investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos, quien analiza el tema con LaMula.pe.
Tú has dicho que esta ley es un avance, pero que no debemos creer que solucionará el problema de la educación universitaria. ¿Cuáles son sus beneficios?
Son tres los temas generales positivos. Primero la opción porque el Estado asuma la rectoría en materia de educación universitaria. En el país no tenemos una política educativa universitaria, como tampoco un sistema universitario propiamente dicho. Las universidades han decidido todo aquello que les compete haciendo uso de la autonomía, pero lo ha hecho muchas veces de espalda a los intereses del país. El Estado, que es la instancia encargada de velar por el bienestar de todos los ciudadanos, se concentró en velar por la educación básica y técnica, a pesar que la Constitución y la Ley General de Educación afirman que el Estado es responsable por la calidad educativa en todos los niveles y modalidades.
El segundo tema positivo es que se recoloca la idea académica de la universidad. La universidad fue fundada sobre la base de la investigación, la construcción de conocimiento. Esa fue su naturaleza. El desarrollo del capitalismo como modelo de organización económica, pero también social modificó esa naturaleza, el sentido original de la universidad. Y esta modificación consistió en exigir que la universidad se ocupe principalmente de formar profesionales que puedan insertarse lo más pronto y eficientemente posible en el mercado de trabajo. Atender esta demanda supuso abandonar el sentido fundante de la universidad. En esta nueva ley se vuelve a los orígenes, aunque sin abandonar los enfoques profesionalizantes de la universidad. Se exige investigación a través de la creación de instancias de investigación como el vicerrectorado y las unidades de post grado, al obligatoriedad de los estudios generales, la existencia de un mínimo cuerpo de docentes, el desarrollo de docentes investigadores, la exigencia de presentación de trabajos de investigación para obtener títulos, etc.
Finalmente, el tercer gran aspecto positivo tiene que ver con la calidad. La Ley sienta las bases para una reforma de los mecanismos de aseguramiento de calidad a través de la modificación en el enfoque de otorgamiento de autorizaciones de funcionamiento. Es decir, se transita de un enfoque credencialista-burocrático (como el de Conafu basado fundamentalmente en la presentación de documentación) hacia autorizaciones basadas en estándares de calidad. Un enfoque de control de calidad. Se suprime de tal modo, las licencias definitivas para pasar a licencias renovables. Junto con ello, plantea la reforma del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), con la finalidad de ajustar (espero que con miras al establecimiento de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad) los procesos de acreditación.
¿Qué ocurre con la acreditación entonces?
Sobre la acreditación se ha dicho mucho. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no existe ningún estudio serio que afirme que la acreditación asegure calidad. La información disponible si afirma que es un elemento importante en esta búsqueda de calidad. Que contribuye. Hay al menos tres enfoques de acreditación. En EEUU la acreditación busca fundamentalmente ofrecer información al mercado. En Europa el énfasis se pone en las condiciones para el intercambio profesional en la zona euro. En América Latina se le ha asociado con la calidad.
Mucha gente está opinando que hay un retroceso en esta nueva ley porque la acreditación se ha vuelto voluntaria. La decisión de la obligatoriedad o no de la acreditación se debe tomar mirando los otros mecanismos de aseguramiento de calidad que existen en el sistema. No es una cuestión de gustos o preferencias. Si el licenciamiento es bajo un modelo de control de calidad, como el que se propone en la ley, la acreditación puede ser voluntaria. En el primero se busca asegurar obligatoriamente el cumplimiento de estándares mínimos y por lo tanto la acreditación solo muestra niveles de calidad sobre la base de ese mínimo garantizado. Esta es la tendencia en América Latina luego de evaluar que la situación inversa; es decir, autorizaciones de funcionamiento formales y acreditaciones obligatorias no funcionaron. Se tiene que hacer al revés para que el sistema de aseguramiento de calidad funcione mejor. Y eso que no estoy planteando un tercer elemento de ese sistema que es la auditoria académica. Eso solo funciona en sistemas universitarios más desarrollados.
Finalmente, algunos Estados –debido a intereses nacionales– exigen la obligatoriedad de la acreditación en algunas carreras. Las más comunes son educación, salud y derecho. En estos casos, el Estado decide resguardar más la calidad y hace una especie de doble filtro en el licenciamiento y en la acreditación.
¿Qué es lo que le falta para ser más que un avance? ¿Se necesitarán modificaciones más adelante u otra ley universitaria?
Más que avances lo que se necesita es complementar el marco normativo que permita una reforma universitaria más real. Por ejemplo, se requiere reorganizar el Sineace, así como los órganos correspondientes a la educación superior (Coneaces y Coneau). Ambas instancias ha hecho esfuerzos por desarrollar procesos de acreditación, pero estos procesos han sido insuficientes. Han ocasionado esta situación los problemas de diseño institucional (Ha sido un error aprobar la organización del Sineace sobre la base de funciones y no de estructuras), las propias deficiencias técnicas de los órganos operadores, la soledad en la que estos han trabajado y, sobre todo, que sociedad y Estado le han atribuido más responsabilidad a la acreditación que la que puede asumir. Ese error, ahora tan común en América Latina, es el que ha llevado a la crisis del sistema de acreditación chileno, por ejemplo.
Pero para mejorar la educación superior en el país hace falta también contar con una ley marco de educación superior que permita la interrelación entre la universidad y los institutos y que, por supuesto, valore la educación técnica en sí misma y no como un paso previo a la universidad.
¿La superintendencia superará lo hecho por la ANR y la Conafu? Hay quienes señalan que su existencia violaría la autonomía…
Tiene que quedar claro que la nueva ley universitaria no viola la autonomía. Lo que hace es regular la calidad de los servicios y eso es bueno y necesario. Con el paso de los años y a la luz de los resultados queda claro que ni la autorregulación ni el mercado han podido regular la calidad. La expansión de la oferta privada ha sido desordenada y es muy heterogénea y en el caso de la oferta pública, esta ha sido abandonada por el Estado.
Pero volviendo a la autonomía. Solo diría que esta tiene que ser responsable. En nombre de la autonomía no solo no puedo hacer lo que se me antoja, sino que tengo que hacerme cargo de los resultados finales del uso de esa autonomía. Yo espero que la superintendencia supere lo hecho por la ANR y Conafu. Al menos, quienes autorizan y velan por la calidad no serán “juez y parte”.
Se dice que la ANR presentará una acción constitucional y que algunas universidades presentarían acciones de amparo.
No soy abogado y por eso no sé evaluar la inconstitucionalidad o no de la ley universitaria. Sin embargo, sí puedo opinar que me parece absurdo imaginarse que es inconstitucional que el Estado vele por la calidad educativa.
La votación fue demasiado ajustada, muchos votos en contra, ¿qué no convencía a esos congresistas?
Luego de haber participado de algunas sesiones de la comisión de educación del Congreso me animo a decir que jugaron en contra de la votación posiciones dogmáticas respecto al rol del Estado en la regulación de la calidad e intereses particulares por sobre los intereses nacionales. Esto es un fenómeno muy extendido en el país, pero también en América Latina. Me refiero a autoridades dueñas de universidades que velan por sus intereses antes que por los de los demás, en nombre de su preocupación por el país.
¿Los diarios de los grupos El Comercio y Epensa han titulado contra la ley? ¿Conflicto de intereses? ¿Alan García también la ha criticado?
Podría pensarse que se trata de choque con intereses particulares. El grupo El Comercio tiene un trámite para la creación de una universidad, aunque no sé por qué tendría que preocuparse. Es un grupo económico serio que sin duda estará a la altura de las exigencias de la nueva regulación. Pero también creo que se trata de posiciones ideológicas. Los medios no son neutrales. Eso de la objetividad es una fantasía. El reto es ofrecer argumentos para defender una posición y no solo monsergas. Cada medio tiene todo el derecho de defender su posición, pero tiene que hacerse cargo de ella. Debe mostrar argumentos, estudios, aunque sea datos. Sin embargo, creo que esta situación es un claro reflejo de lo que pasa en el país. Siempre he dicho que la educación es una muestra clarísima de cómo funciona el Estado. En todo esto, el Estado tampoco ha dado muestra de ser eficiente en el tema universitario, y cuando me refiero al Estado no solo estoy pensando en el gobierno, sino en las autoridades universitarias, en la sociedad civil, en todos.
En cuanto a Alan García solo puedo decir que él está en contra de todo que no sea lo hecho por él y recordar que el autorizó la creación de tres universidades interculturales en Quillabamaba, Bagua y Satipo que no funcionan. García ha sido y es un experto en retórica funcional a sus intereses y un mal educador. Ya lo mostró él y su partido durante su segundo gobierno. Quebró la relación entre el magisterio, el Estado y la sociedad, se desentendió de la educación en zonas rurales, se enfatizó en la infraestructura y la formación de grupos de elite. Sus apuestas no dieron resultados. Solo hace falta mirar los resultados educativos.
¿Qué nos deja todo este debate y la aprobación de la ley?
Primero que, a diferencia de lo que dicen algunas personas, sí hubo debate público. Basta hacer un monitoreo de prensa. Creo que ha sido uno de los temas que más tiempo se ha sostenido en la agenda pública. Segundo que aún nos falta como país aprender a debatir y a organizar debates. Fíjate que resulta interesante observar que muchas de las instituciones que reclamaban que no había debate no han tenido la capacidad o el interés de organizar espacios de discusión. Hace unos meses en el Consejo Nacional de Educación organizamos un conversatorio al que asistieron representantes de muchas posiciones sobre la ley. Yo moderé la mesa y en el cierre pedí a las instituciones que estaban presentes que organicen otras reuniones. No hubo nada.
También dicen, se aprobó al “caballazo” y me pregunto cómo es posible que sea así si se discutió en el Pleno en tres sesiones. Será una nueva forma de “caballazo”. Además como producto del debate en el Congreso se cambiaron asuntos importantes del dictamen. No se eliminó el lucro en educación, se cambió la composición de la superintendencia, se modificaron algunos asuntos de tributación, etc.
Pero lo que es más importante, creo que fue la puesta en evidencia de la enorme crisis universitaria. Se mostró el abandono, que desde al menos los 80, el Estado tuvo con la universidad pública, que el mercado no es un buen regulador de la calidad y que los mecanismos que teníamos para asegurar esa calidad no estaban funcionando del todo. Una vez más quedó claro que ampliar cobertura sin asegurar calidad es un error que ya cometimos con la educación básica y que no debemos cometer con la educación superior. Todos los jóvenes tienen derecho a ir a la universidad, pero a una universidad con un mínimo de calidad. De lo contrario, no va a servir de mucho.
Lee también: Con la nueva ley damos pasos importantes hacia la mejora de la universidad peruana
Foto: UNESCO[/caption]
El 7 de julio, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas, realizó un medio día de discusión abierta sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres, con el propósito de avanzar en la formulación de una Recomendación General sobre el tema. El texto de la Recomendación, que se encuentra en proceso de preparación, cuenta también con aportes recibidos vía internet [sepa más aquí].
En el marco del encuentro, la CLADE se sumó a un grupo de 13 organizaciones y redes de distintos países, que actúan en defensa y promoción de los derechos humanos, con el propósito de presentar una solicitud especial ante el CEDAW: se pidió que la Resolución tome en cuenta los graves impactos de la privatización de y en la educación de niñas y mujeres. Asimismo, las organizaciones prepararon una solicitud y una presentación oral. En América Latina y el Caribe, aportó al proceso por escrito la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación [conozca aquí estos aportes].
Distintas evidencias muestran que la privatización agrava la discriminación de género en la educación, sea porque las familias sin recursos para pagar los estudios de sus niñas y niños tienden a enviar a los varones a la escuela – y no a las niñas. De otra parte, se ha observado la obligación del sector público de rendir cuentas en caso de violaciones al derecho a la educación – incluyéndose las discriminaciones de género – y tomar las medidas necesarias, lo que no se aplica necesariamente al sector privado. En ese sentido, las medidas de justicia tomadas con relación al sector público tienen mucho más condiciones de resultar en leyes y políticas que concurren para mejorar el sistema como un todo, mientras lo que sucede con el sector privado suele tratarse de manera aislada.
Con base en casos conocidos, la solicitud refuerza la posición de las organizaciones firmantes en defensa de la educación pública y gratuita, y afirma:
“De hecho, concluimos que para que las mujeres y niñas puedan realizar su derecho a la educación, bien como sus derechos a la no-discriminación y a la igualdad de manera más amplia, es imperativo que la educación se considere un bien público, no una mercadería”.
El compromiso del CEDAW con la elaboración de una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres tuvo inicio en el 2011, cuando la Campaña Mundial por la Educación (CME) organizó una reunión con el Comité, presentando un informe que analizaba los retos del derecho a la educación de niñas y mujeres en el mundo. Para conocer este informe y las recomendaciones de la CME, cliquee aquí.
En las próximas semanas, seguiremos compartiendo las informaciones sobre la reunión ante el CEDAW y la Resolución.
Recursos:
Descargue aquí la solicitud encaminada al CEDAW [en inglés].
Descargue aquí la presentación oral que se hizo ante al CEDAW [en inglés].
Descargue aquí los aportes de la Campaña Boliviana a la consulta de CEDAW.
Y lea también:
La educación de niñas y mujeres es un derecho. ¡Exíjalo! Posicionamiento de CLADE sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres">
Sociedad civil aporta a recomendación de CEDAW sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres, y enfoca la privatización
30 de junio de 2014La CLADE se sumó a solicitud internacional ante el Comité, para que considere los graves impactos de la privatización en la educación de niñas y mujeres
El 7 de julio, el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de Naciones Unidas, realizó un medio día de discusión abierta sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres, con el propósito de avanzar en la formulación de una Recomendación General sobre el tema. El texto de la Recomendación, que se encuentra en proceso de preparación, cuenta también con aportes recibidos vía internet [sepa más aquí].
En el marco del encuentro, la CLADE se sumó a un grupo de 13 organizaciones y redes de distintos países, que actúan en defensa y promoción de los derechos humanos, con el propósito de presentar una solicitud especial ante el CEDAW: se pidió que la Resolución tome en cuenta los graves impactos de la privatización de y en la educación de niñas y mujeres. Asimismo, las organizaciones prepararon una solicitud y una presentación oral. En América Latina y el Caribe, aportó al proceso por escrito la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación [conozca aquí estos aportes].
Distintas evidencias muestran que la privatización agrava la discriminación de género en la educación, sea porque las familias sin recursos para pagar los estudios de sus niñas y niños tienden a enviar a los varones a la escuela – y no a las niñas. De otra parte, se ha observado la obligación del sector público de rendir cuentas en caso de violaciones al derecho a la educación – incluyéndose las discriminaciones de género – y tomar las medidas necesarias, lo que no se aplica necesariamente al sector privado. En ese sentido, las medidas de justicia tomadas con relación al sector público tienen mucho más condiciones de resultar en leyes y políticas que concurren para mejorar el sistema como un todo, mientras lo que sucede con el sector privado suele tratarse de manera aislada.
Con base en casos conocidos, la solicitud refuerza la posición de las organizaciones firmantes en defensa de la educación pública y gratuita, y afirma:
“De hecho, concluimos que para que las mujeres y niñas puedan realizar su derecho a la educación, bien como sus derechos a la no-discriminación y a la igualdad de manera más amplia, es imperativo que la educación se considere un bien público, no una mercadería”.
El compromiso del CEDAW con la elaboración de una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres tuvo inicio en el 2011, cuando la Campaña Mundial por la Educación (CME) organizó una reunión con el Comité, presentando un informe que analizaba los retos del derecho a la educación de niñas y mujeres en el mundo. Para conocer este informe y las recomendaciones de la CME, cliquee aquí.
En las próximas semanas, seguiremos compartiendo las informaciones sobre la reunión ante el CEDAW y la Resolución.
Recursos:
Descargue aquí la solicitud encaminada al CEDAW [en inglés].
Descargue aquí la presentación oral que se hizo ante al CEDAW [en inglés].
Descargue aquí los aportes de la Campaña Boliviana a la consulta de CEDAW.
Y lea también:
La educación de niñas y mujeres es un derecho. ¡Exíjalo! Posicionamiento de CLADE sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres
Relator de la ONU manifiesta su preocupación por el cierre de escuelas en Chile
El día 12 de junio, la CLADE entregó en manos a Kishore Singh una carta alegatoria del Foro Chileno sobre el caso
En Ginebra, durante la realización de la 26ª Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el Relator Especial Sobre el Derecho a la Educación, Kishore Singh, recibió en manos la Carta Alegatoria del Foro por el Derecho a la Educación, coalición socia de la CLADE en Chile, sobre el cierre de escuelas públicas en la municipalidad de Cerro Navia. En esa ocasión, Singh manifestó su gran preocupación por el hecho y se dispuso a tomar medidas, y además afirmó su disposición de visitar el país.
A comienzos de 2013, cuatro escuelas públicas en la municipalidad de Cerro Navia, Chile, fueron cerradas por el alcalde local. Según el Foro, la decisión del alcalde se amparó en la ley chilena, que autoriza el cierre de escuelas de parte de sus sostenedores, sin necesidad de rendir cuentas públicas. La situación representa una grave violación al derecho a la educación y, en el caso de los colegios cerrados, se puede añadir que todos respondían a criterios de calidad educativa, con docentes valoradas/os, y una fuerte organización comunitaria.
Este no constituye un caso aislado. Según el Colegio de Profesores de Chile, son más de 30 establecimientos municipales los que cerraron el último trimestre, aludiendo a temas como problemas de infraestructura y bajas matrículas, de esta manera pasaron a engrosar la lista de más de 864 escuelas públicas cerradas en los últimos 20 años. De acuerdo al Colegio de Profesores, en la mayoría de los casos, no hubo respuesta de parte de la justicia.
Las y los estudiantes y sus familias relatan que la alternativa dejada por el alcalde ha sido matricularse en colégios privados subvencionados, y que esto significó para las niñas y niños el inicio de una lucha contra la discriminación que han sufrido en estos colegios porque estudiaban antes en las escuelas municipales.
El Foro por el Derecho a la Educación viene apoyando a las comunidades afectadas en una serie de actividades de movilización, incidencia política y justiciabilidad por la reapertura de los colegios en Cerro Navia [sepa más aquí]. En mayo, la coalición preparó una Carta Alegatoria para el Relator Especial, respecto al tema [léala aquí], que en un primer momento se la entregó simbólicamente a Jorge Sequeira, Director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO [sepa más aquí] y, luego, se la entregó en manos al Relator, con el apoyo de la CLADE.
La CLADE, que tuvo también la oportunidad de visitar los colegios cerrados de Cerro Navia y declarar su apoyo a la lucha de las comunidades afectadas, continuará dándole seguimiento al caso e incidiendo por el fortalecimiento de la educación pública como condición irrevocable para la realización del derecho humano a la educación.
Lea más:
Chile: el Cierre de escuelas en la trastienda de la educación pública
Chile: Foro denuncia vulneración del Derecho a la Educación en Chile ante Naciones Unidas
En Ginebra, organizaciones proponen acciones colectivas para hacer frente a la privatización en el campo educativo
Cerro Navia cierra sus colegios: visita el blog de las comunidades afectadas por el cierre
En Ginebra, organizaciones proponen acciones colectivas para hacerle frente a la privatización en el campo educativo
18 de junio de 2014En Ginebra, la CLADE participó de una serie de eventos paralelos a la 26ª Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en que se discutió la importancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos para la garantía del derecho humano a la educación
La privatización en el campo educativo y sus impactos en la realización del derecho humano a la educación han sido el tema de una serie de eventos realizados en Ginebra, Suiza, entre los días 12 y 14 de junio, paralelamente a la 26ª Reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La CLADE participó en los debates, al lado de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, de Brasil, y de la Campaña Mundial por la Educación, entre otras organizaciones y redes de la sociedad civil que actúan en el ámbito internacional, regional y nacional. La convocatoria partió del Programa de Apoyo a la Educación de Open Society Foundations (ESP-OSF, por su acrónimo en inglés), y de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés).
El día 12 por la mañana, tuvo lugar en el Palacio de las Naciones el panel Privatización y el derecho humano a la educación, convocado por la Misión Portuguesa en las Naciones Unidas, la GI-ESCR, y ESP-OSF. En la ocasión, se hizo un panorama general de los principales rasgos de ese fenómeno, y se presentaron relatos que muestran cómo la privatización afecta el campo educativo en Brasil, Marruecos e India, bien como sus impactos sobre las maestras y maestros. El evento contó con la participación del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, Kishore Singh, quién prepara un informe sobre el tema para presentar ante el Consejo de Derechos Humanos. En su intervención, él reafirmó su preocupación frente a las tendencias crecientes de privatización en la educación, que en su opinión profundiza las desigualdades y las discriminaciones.
En la tarde del día 12, se realizó la Reunión de expertos/as sobre la privatización y el derecho a la educación, también en el Palacio de las Naciones. Dicho encuentro, que también tuvo la participación del Relator, propuso dar continuidad al debate y evaluar de qué manera el marco y los mecanismos de derechos humanos pueden responder a la problemática de la privatización de la educación.
En los días 13 y 14 de junio, se realizó un taller estratégico entre las organizaciones y redes de la sociedad civil participantes, con el propósito de: 1) reforzar el sentido del derecho a la educación en el contexto de la privatización; 2) compartir conocimiento sobre los instrumentos internacionales de derechos humanos y su utilización; 3) fortalecer estrategias de utilización de los marcos legales e indicadores de derechos humanos en el monitoreo y producción de informes sobre el derecho a la educación; 4) discutir el potencial de acciones de incidencia utilizando los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas; 5) dar inicio a un debate participativo sobre como accionar la normativa internacional en casos de privatización de la educación.
Tras tres días intensos de debates e intercambio de aprendizajes, las organizaciones participantes reafirmaron la importancia de acciones colectivas para hacer frente a la privatización en el campo educativo. También tejieron un plan de incidencia conjunta, que será implementado en los próximos años. Seguiremos noticiando.
Lea también:
Human Rights Council side event: Privatization and the Human Right to Education
Em Genebra, Campanha alerta sobre riscos da privatização na educação em evento com relator da ONU
El coste de la plaza escolar en la Pública y en la Concertada. Desmontando un mito interesado
17 de junio de 2014En España resurge con frecuencia el debate sobre el coste de la enseñanza privada concertada respecto al de la educación pública. El presente trabajo proporciona un análisis comparativo de la inversión pública que supone cada plaza escolar, para las administraciones públicas, en función de la titularidad del centro educativo. Los resultados obtenidos indican que el coste por alumno o alumna en la enseñanza privada-concertada, sin considerar el gasto familiar, viene a ser equivalente al de la pública, si se tienen en cuenta las variables que permiten un tratamiento homogéneo de los datos. De ahí que podamos sostener que se ha fabricado un mito interesado, basado en estudios que carecen del debido rigor, sobre la creencia infundada de que, en educación, lo privado es más rentable que lo público, cuando -incluso en términos estrictamente económicos- resulta imposible mantener esa tesis. La escuela pública, según se concluye, es la única que garantiza una educación de calidad con equidad para todo tipo de alumnado y en todas las zonas geográficas, y además no resulta más costosa para el contribuyente.
Decárgalo: El coste de la plaza escolar en la Pública y en la Concertada. Desmontando un mito interesado. Colección de Informes del Observatorio por la Educación Pública del Área Federal de Educación de Izquierda Unida, Nº1, Junio de 2014. [Fuente: ATTAC Madrid]
Brasil: Educadores criticam destinação de recursos do Plano Nacional de Educação para o setor privado
Aprovado pelo Congresso, plano ainda não foi sancionado pela presidente e entidade lança campanha pedindo vetos de dois destaques
Fuente: Júlia Rabahie | Última Instância
Aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, o PNE (Plano Nacional de Educação) aguarda sanção da presidente Dilma Rousseff. Para as entidades que atuaram pela aprovação da proposta, e participaram dos debates durante sua tramitação no Congresso, o plano representa um avanço importante para o país, no entanto, criticam algumas mudanças no texto final que passou no Legislativo, principalmente a que determinou a transferência de recursos da União para o setor privado. Também são contra as políticas de estímulo às escolas que melhor pontuarem no Ideb.
O PNE tramitou durante quatro anos na forma do Projeto de Lei 8035/2010, e define os rumos e metas da educação brasileira para os próximos dez anos. Entre os objetivos estão a melhora dos índices educacionais do país, estimulando a superação das desigualdades regionais no setor, a erradicação do analfabetismo absoluto e elevar a participação dos jovens brasileiros em universidades de 15% para 33% . Foram estipuladas para isso 20 metas, entre as quais os comemorados 10% do PIB (Produto Interno Bruto)l que serão destinados para a educação até o final da aplicação do plano, em 2024.
É justamente o destino final destes recursos da União que está a mais ferrenha crítica ao texto aprovado no Congresso. Uma parte dos 10% serão destinados também a instituições privadas que fazem parte de parcerias público-privadas que concedem bolsas de estudo através de programas como o ProUni (Programa Universidade para Todos), o Fies (Programa de Financiamento do Ensino Superior), o Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) e do Ciências sem Fronteiras, além de creches e pré-escolas conveniadas.
“Não podemos contabilizar na meta o que não é repassado exclusivamente para instituições públicas. Os cálculo de 10% do PIB partem do pressuposto da exclusividade do investimento publico em educação pública”, diz Daniel Cara, coordenador- geral da CNDE (Campanha Nacional pelo Direito à Educação), uma articulação de grupos e entidades que lutam por uma maior e melhor oferta de educação pública no país. A campanha esteve presente na Coneb (Conferência Nacional de Educação Básica), em 2008, e na Conae (Conferência Nacional de Educação), em 2010, em que várias das propostas do plano foram construídos.
Segundo cálculos da CNDE, com a destinação de recursos feita também às instituições privadas, os números efetivos dedicados às escolas e universidades públicas será de 8%. “Quando começamos com menos de 10%, já colocamos em risco esta meta, uma das mais importantes aprovadas no plano”, argumenta Cara.
A inserção do setor privado no texto final do PNE ocorreu no Senado Federal, foi incorporada pelo relator do projeto na Câmara dos Deputados, Angelo Vanhoni (PT-PR), e é considerada uma vitória dos empresários da educação. “O plano como um todo é uma vitória da sociedade civil, o texto foi aprimorado com sua ajuda, que foi muito ativa. Mas este ponto específico representa uma vitória do setor empresarial, que quer cada vez mais dinheiro e menos regulação por parte do estado.”
Vanhoni defendeu a rejeição do destaque reivindicado pelos movimentos, e afirmou que há dinheiro suficiente nos 10% do PIB para melhorar o ensino público e pagar as parcerias privadas. “Dez por cento são mais do que o suficiente para a realização de todo o Plano Nacional de Educação”, afirmou à Agência Câmara.
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A CNTE e a CNDE admitem que iniciativas como o Fies, o ProUni e o Pronatec são essenciais para a democratização do acesso á educação no país, mas é preciso fazer uma distinção clara entre o investimento na esfera pública daquele que é realizado pelo setor privado.
Meritocracia distorcida
A CNDE está à frente, desde a semana passada, de uma campanha que pede o veto presidencial ao parágrafo 4º do artigo 5º do PNE, que institui o financiamento público também para as instituições privadas conveniadas, e também da estratégia 7.37, que define políticas de estímulo a escolas que tiverem melhor desempenho no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), prova que funciona como medidor de qualidade e aproveitamento dos alunos da educação básica brasileira.
“Essa estratégia cria uma situação de competição maluca entre as escolas com a política de bônus, além de contrariar a política salarial e criar uma descriminação entre as escolas, incentivar aquela que for bem na prova é incentivar desigualdade”, comenta Leão.
O coordenador- geral da CNDE lembra que é esta uma medida que conta com apoio de fundações empresariais que atuam no Brasil, mas que vem sendo revogada nos países mais desenvolvidos – na área educacional – do mundo, por ser uma política contraproducente à qualidade da educação. “Isso já foi revogado em outros países e cidades que haviam implementado a estratégia, como Nova York, Chicago, e há um trabalho sendo feito neste sentido no Reino Unido também. O Brasil assume essa política com atraso e que agora se comprova ineficaz nos países centrais em política de educação.”
A UNE (União Nacional dos Estudantes) apoia a campanha do CNTE pelo veto aos destaques que tratam do financiamento às instituições privadas e às políticas de estímulo às escolas que melhor pontuarem no Ideb. “Acredito que esta campanha é uma tentativa de aperfeiçoar o plano. Não conseguimos uma maioria no Congresso quanto a isso, mas acreditamos que a aprovação do plano representa grande vitória de toda a sociedade”, diz a presidente da UNE, Virgínia Barros.
Avanços
Apesar das críticas, o PNE é elogiado pelas entidades. A CNTE (Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação), por exemplo, vê com otimismo as metas gerais colocadas pelo PNE, principalmente a que diz respeito à valorização do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Atualmente o salário dos professores de educação básica é 33% menor que a dos demais profissionais com formação equivalente e mesma jornada.
“Esta e uma meta completamente exequível e muito importante. Outras metas também tratam da necessidade de se cumprir o piso salarial e colocam até 2024 90% dos professores da rede pública como concursados. Hoje a situação empregatícia de muitos destes professores é aviltante, eles vivem praticamente um subemprego”, afirma o presidente da CNTE, Roberto Leão.
Mas um dos avanços mais comemorados no texto do PNE pelas entidades que lutam pelo direito à educação pública de qualidade é o CAQ (Custo Aluno Qualidade), que define que caberá à União a complementação de recursos financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios que não conseguirem atingir a um valor mínimo gasto por aluno, para garantir um padrão mínimo de qualidade.
“É uma medida fundamental porque garante a qualidade da educação e equidade no ensino oferecido nos municípios mais ricos e mais pobres”, defende Cara. Para a CNTE, a responsabilidade da União na complementação de recursos se revela importante na superação das desigualdades regionais.
A UNE, que também participou das conferências em que foram construídas propostas e da tramitação do PNE no Congresso, considera que o plano é uma vitória e um marco histórico para a sociedade brasileira. “É uma vitória da valorização da educação pública sobre a privada. Houve prioridade de abertura de vagas e de investimentos no setor público, o que representa uma mudança muito significativa na história da educação brasileira”, afirma Virginia.
El negocio de la privatización de la educación española
16 de junio de 2014Por Edmundo Fayanás | Nueva Tribuna
¿Se está convirtiendo la educación española en un negocio?
La respuesta es SI. Simplemente observemos los últimos datos que se están conociendo en nuestro país. El grupo empresarial NACE dedicado a la educación privada ha sido comprado por el fondo de inversión Magnum Capital Industrial Partners por ciento treinta millones de euros.
Recientemente se acaba de concluir la compra de los colegios Laude (que tiene ocho colegios y nueve centros en España), que pertenecía a los fondos de inversión Dinamia y N+1 a otro fondo de capital de inversión el International SchoolPartnerships ( que es el fondo de capital riesgo más importante de Suiza y uno de los más poderosos de Europa) y ha sido vendido por cuarenta millones de euros.
Para facilitar, que estos fondos inviertan en la privatización de la educación de nuestro país, el gobierno del PP ha eximido a los colegios privados y concertados de tener que cotizar a la Seguridad Social las remuneraciones en especies que cobran los profesores. Fíjense lo importante que es para el PP que es la educación privada el único sector eximido del pago que afecta a todos los sectores industriales y colectivos.
Esta medida se hace para que así los fondos de capital riesgo entren en la privatización garantizándoles el máximo beneficio posible e intentando que la educación deje de ser un derecho elemental público.
Con esta práctica privatizadora que lleva a cabo el PP se aleja de los planteamientos de la Unión Europea. España es el segundo país con más alumnos en colegios privados, solo superado por Bélgica, situándose el número de alumnos en privada 22 puntos por encima de la media de la UE.
La media de los países europeos es de un 90% en educación pública y un 10% en educación privada, mientras que en España tenemos un 68% en la pública y un 32% en la privada.
Con la finalización del régimen franquista, fue el gobierno socialista de Felipe González el que extendió los conciertos a la privada, con la finalidad de ordenar las subvenciones que ya estaban recibiendo la iglesia desde la época de Franco. Los socialistas en vez de apostar como sus homólogos europeos por una enseñanza pública de calidad optaron por apostar por el sector privado en detrimento de lo público. Por eso en la Constitución aparece el derecho de los padres a elegir la educación que quieran y que siempre ha sido esgrimida por los conservadores para la defensa de la educación de la iglesia.
La iglesia española siempre ha estado muy interesada en la educación de los jóvenes como una forma de control social de la misma y asegurarse un futuro poderoso en el futuro. Lo mismo sucede en Bélgica donde la iglesia también domina la educación y sus resultados PISA no son buenos como los de España.
En el año 2000 en España la financiación privada representaba el 12,5% del total y ya en 2011 era el 14,6%, muy por encima del de la Unión Europea.
En este debate sobre la privatización educativa podemos analizar qué ha pasado en Suecia, como ejemplo de donde nos lleva la privatización. En la década de los años noventa del siglo pasado, el gobierno liberal-conservador sueco introduce la escuela privada en el sistema educativo, subvencionándola con dinero público. Después de dos décadas de la experiencia educativa privatizadora podemos ya ver los resultados que ha dado.
Suecia, en el año 2000, tenía unos resultados PISA, superiores a los países de la OCDE y muy por encima de los obtenidos por España. Si comprobamos los resultados PISA en Suecia en el año 2012, comprobamos un fuerte retroceso en su resultados, así ha perdido 34 puntos en matemáticas, 27 puntos en ciencias y 23 en lectura. Suecia ya está por detrás de la media de los países de la OCDE y por detrás de España, con ocho puntos menos en matemáticas, once en ciencias y cinco en lectura.
El exdirector de la Agencia Nacional de educación sueca, Ulf P. Lundgren no ha podido obviar la siguiente reflexión “con el sistema privatizador han aumentado las diferencias entre las escuelas, los centros independientes tienen profesores peor formados que los del sistema público y hay casos en los que el propietario ha hecho fortuna con los impuestos de los ciudadanos y otros en los que los colegios han tenido problemas financieros y han cerrado, provocando una pérdida de un año de estudio a los alumnos”.
En los últimos diez años en Suecia se han quedado en la calle casi tres mil alumnos de colegios privados, lo que ha originado un fuerte sock en la sociedad sueca así como los resultados de PISA de los últimos años.
La profesora Ulla Ríos de la universidad de Upsala (Suecia) hace la siguiente reflexión: “los alumnos con mejor nivel socio cultural han ido a las escuelas concertadas, y lo de peor status a la pública, esto ha provocado la pérdida del llamado efecto del compañero de pupitre, según el cual se ha estudiado que los alumnos de mejor rendimiento académico ayudan a mejorar los resultados de todo el grupo, y las expectativas de padres y tutores sobre el grupo también motivan que todos eleven el rendimiento”. Esto es algo en que la inmensa mayoría de los docentes españoles estaríamos de acuerdo.
Es un hecho reconocido como clásico y básico que con los sistemas privatizadores provocan una duplicación del sistema educativo y está en el origen de la segregación educativa y cultural generando sistemas educativos no igualitarios.
Como dice el profesor de Política Educativa, Antonio Olmedo, de la universidad de Roechomyn en Londres “en general, los sistemas segregadores obtienen peores resutlados que los generales. Suelen aumentar el rendimiento de una parte de la sociedad pero no del conjunto”.
Si buscamos un sistema educativo eficiente y no discriminatorio, está claro que el sistema dual público-privado, es un mal sistema para el conjunto de la sociedad española. Hoy más que nunca en España hay que defender la educación pública y denunciar a todos aquellos como el PP que ven en la educación una fuente de negocio privado. Debemos exigir que estén fuera de la educación fondos de inversión, de capital riesgo e incluso las propias organizaciones eclesiásticas, que tienen como fuente de subsistencia económica y de poder la educación.
Foto: François Bianco[/caption]
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres (CEDAW) está preparando una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres. Este documento que será producido por el Comité tendrá el objetivo de orientar la interpretación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Con este propósito, el Comité promoverá un debate sobre este tema el día 7 de julio. Asimismo, organizaciones no gubernamentales y expertas/os están invitados a enviar sus contribuciones por escrito a la recomendación general de CEDAW hasta el 20 de junio [cliquea aquí para mayor información].
De manera a preparar su contribución, que abordará el impacto de las privatizaciones que tienen lugar en el campo educativo para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project invitan a las organizaciones interesadas a enviar sus aportes. Las convocantes han desarrollado investigaciones y reflexiones sobre la privatización de y en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y pretenden presentar ante la CEDAW algunos de los hallazgos de estos estudios, en lo que toca a la educación de las niñas y mujeres.
Para el envío de aportes, que pueden ser reflexiones, datos y comentarios, bien como información y evidencias recopiladas desde organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo educativo, se invita a las personas y organizaciones interesadas a guiarse por las siguientes preguntas:
1. ¿En su mirada, la privatización de y en la educación ha contribuido a la exclusión de mujeres y niñas en el acceso igualitario de oportunidades educacionales, o, por otro lado, les ha impedido de realizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones con hombres y niños? ¿Si la respuesta es afirmativa, podría darnos algunos ejemplos?
2. ¿La privatización de y en la educación resultó en otros impactos negativos para niñas y mujeres, como el uso de currículos no sensibles a la cuestión de género o la propagación de estereotipos de género? ¿En caso afirmativo, podría darnos algunos ejemplos?
3. ¿Su organización tiene alguna investigación o estudio de caso específico que destaque el impacto de la privatización para las niñas y mujeres?
4. ¿En su mirada, cuáles son los mensajes clave que se deben comunicar al Comité de la CEDAW sobre el tema del impacto de la privatización de y en la educación sobre niñas y mujeres?
Se pide enviar los aportes a:
- Delphine Dorsi, del Right to Education Project: delphine.dorsi@actionaid.org
- Mayra Gomez, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: mayra@globalinitiative-escr.org
- O participando directamente en el foro virtual por el derecho a la educación
Consulta va a evaluar el impacto de la privatización en el campo educativo para la educación de las niñas y mujeres
La Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project preparan un documento para presentar ante el CEDAW, respecto al impacto, para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, de las privatizaciones en el campo educativo. Piden que las organizaciones interesadas envíen sus aportes hasta el 20 de junio
Fuente: Right to Education Project [click to read this post in English]
El Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra Mujeres (CEDAW) está preparando una Recomendación General sobre el derecho a la educación de niñas y mujeres. Este documento que será producido por el Comité tendrá el objetivo de orientar la interpretación de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Con este propósito, el Comité promoverá un debate sobre este tema el día 7 de julio. Asimismo, organizaciones no gubernamentales y expertas/os están invitados a enviar sus contribuciones por escrito a la recomendación general de CEDAW hasta el 20 de junio [cliquea aquí para mayor información].
De manera a preparar su contribución, que abordará el impacto de las privatizaciones que tienen lugar en el campo educativo para el derecho a la educación de las niñas y mujeres, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Right to Education Project invitan a las organizaciones interesadas a enviar sus aportes. Las convocantes han desarrollado investigaciones y reflexiones sobre la privatización de y en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y pretenden presentar ante la CEDAW algunos de los hallazgos de estos estudios, en lo que toca a la educación de las niñas y mujeres.
Para el envío de aportes, que pueden ser reflexiones, datos y comentarios, bien como información y evidencias recopiladas desde organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo educativo, se invita a las personas y organizaciones interesadas a guiarse por las siguientes preguntas:
1. ¿En su mirada, la privatización de y en la educación ha contribuido a la exclusión de mujeres y niñas en el acceso igualitario de oportunidades educacionales, o, por otro lado, les ha impedido de realizar su derecho a la educación en igualdad de condiciones con hombres y niños? ¿Si la respuesta es afirmativa, podría darnos algunos ejemplos?
2. ¿La privatización de y en la educación resultó en otros impactos negativos para niñas y mujeres, como el uso de currículos no sensibles a la cuestión de género o la propagación de estereotipos de género? ¿En caso afirmativo, podría darnos algunos ejemplos?
3. ¿Su organización tiene alguna investigación o estudio de caso específico que destaque el impacto de la privatización para las niñas y mujeres?
4. ¿En su mirada, cuáles son los mensajes clave que se deben comunicar al Comité de la CEDAW sobre el tema del impacto de la privatización de y en la educación sobre niñas y mujeres?
Se pide enviar los aportes a:
- Delphine Dorsi, del Right to Education Project: delphine.dorsi@actionaid.org
- Mayra Gomez, de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: mayra@globalinitiative-escr.org
- O participando directamente en el foro virtual por el derecho a la educación
