“La educación debe ser protegida de las fuerzas de la privatización” – Relator sobre el Derecho a la Educación de ONU
29 de octubre de 2014Fuente: ACNUDH
NUEVA YORK/GINEBRA (27 de octubre de 2014) – “La educación no es un privilegio de los ricos y acomodados; es un derecho inalienable de cada niño y niña”, afirmó hoy el Relator Especial sobre el derecho a la Educación de Naciones Unidas, Kishore Singh, durante la presentación de su informe ante la Asamblea General de la ONU*.
“El crecimiento exponencial de la educación privada debe ser regulado por los gobiernos para garantizar la educación como un bien público”, señaló el experto en el foro global, advirtiendo que la rápida expansión de la educación privada está sustituyendo cada vez más a la educación pública, en lugar de complementarla.
“Los costos asociados a las escuelas privadas están exacerbando la desigualdad en las sociedad, ya que sectores pobres y marginados no pueden acudir a ellas” dijo Singh. “El Estado es a la vez garante y regulador de la educación, que es un derecho humano fundamental y una causa noble. Ofrecer educación básica gratuita no es sólo una obligación fundamental de los Estados, sino también es un imperativo moral”.
El informe de Singh abordó varias preocupaciones surgidas en términos de las obligaciones del Estado en la prestación del derecho a educación, así como del respeto a los principios de justicia social y equidad, que son básicos para el Sistema de las Naciones Unidas.
“Los gobiernos deben hacer todo lo posible para fortalecer sus sistemas de educación pública, en lugar de permitir o apoyar a los proveedores privados; la educación con fines lucrativos no se debería permitir, a fin de salvaguardar la causa noble de la educación”, comentó Singh.
El Relator Especial destacó que los gobiernos deben cumplir con sus obligaciones internacionales a través de una regulación cuidadosa de las escuelas privadas, con una supervisión y aplicación diligente, en países en desarrollo donde el sistema público se ve sobrepasado y es incapaz de hacer frente a una demanda que crece rápidamente.
“No hacerlo ha resultado en que escuelas de bajo costo, pero con fines de lucro, tomen el dinero de los padres, pero a la vez sean incapaces de ofrecer una educación de calidad para sus hijos. Perversamente, esto lleva a los estudiantes pobres a una vida de aún más pobreza, a pesar de los mayores esfuerzos de sus padres”, expresó, llamando a los Estados a poner fin a las reformas educacionales impulsadas por el mercado, que proporcionan subsidios a la educación privada.
Singh advirtió que la privatización por definición es perjudicial para la educación como un bien público, y deteriora la misión humanista de la educación. “Debemos reconocer la importancia de preservar el interés social en la educación, y sostener la educación como un bien público”, afirmó.
“Esto es de gran importancia para fomentar el valor humanístico de la educación para el bien común. Debe ser una preocupación central en la regulación de los proveedores privados de educación, para que el interés social de la educación no sea sacrificado en aras del beneficio privado”, enfatizó el experto en derechos humanos.
“En conjunto con regulaciones gubernamentales y mecanismos de derechos humanos, los reguladores, la sociedad civil, los padres y los estudiantes deben tener el derecho legal de declarar cualquier abuso cometido por estas escuelas en las cortes y tribunales”, dijo el Relator.
Singh señaló que los parlamentarios desempeñan un papel crucial en promover el derecho a la educación, a través de la aprobación de leyes y la estimulación del debate público, centrado en preservar la educación como un bien público, y garantizando que la educación con fines de lucro esté prohibida”.
“Reitero mi llamado a todos los gobiernos, a que cumplan con su obligación de ofrecer educación primaria de calidad y gratuita para todos y todas, y a que reconozcan los grandes beneficios que reportan sus economías y sociedades cuando la educación pública se pone a disposición para todos y todas, en todos los niveles”, puntualizó el Relator Especial en la Asamblea General de la ONU.
(*) Revise el informe completo (A/69/402): http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/AnnualReports.aspx
FIN
Kishore Singh (India), el Relator Especial sobre el derecho a la educación desde agosto de 2010, es un profesor especializado en derecho internacional, que ha trabajado durante muchos años con la UNESCO para la promoción del derecho a la educación, y ha asesorado a varios organismos internacionales, regionales e internacionales sobre asuntos vinculados al derecho a la educación. Durante su carrera, Singh ha apoyado el desarrollo del derecho a la educación en sus múltiples dimensiones y ha trabajado para promover un mejor entendimiento de este derecho como un derecho internacionalmente reconocido. Para saber más, visite:
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Education/SREducation/Pages/SREducationIndex.aspx
Alemania instaura la gratuidad en todas sus universidades incluso para estudiantes extranjeras/os
28 de octubre de 2014Fuente: BioBioChile | Publicado por: Christian Leal
Mientras en Chile continúa el debate respecto de si se debe permitir -y en qué medida- el lucro en la educación, en Alemania ya tienen claro el panorama. Esto porque a principios de octubre, el estado germano de Baja Sajonia fue el último en abolir los pagos a instituciones públicas de educación superior, declarando la gratuidad universitaria en todo su territorio.
La medida beneficia también a los estudiantes extranjeros, por lo que -efectivamente- si viajaras a Alemania podrías estudiar sin ningún costo (fuera del pasaje y tu mantención).
El nuevo estátus no es una novedad para los teutones. Según explica el diario británico The Independent, las universidades en Alemania habían sido tradicionalmente gratuitas hasta que en 2006, un fallo judicial abrió la posibilidad a que algunos planteles pudieran cobrar, tras asegurar que esto no era contrario a la garantía de educación universal.
Sin embargo los cobros, que oscilaban entre los 500 a 650 euros semestrales (380 a 490 mil pesos chilenos), se hicieron tan impopulares que las casas de estudios pronto los abandonaron. Baja Sajonia era la última que los mantenía, destaca el medio de economía estadounidense, Business Insider.
Gabrielle Heinen-Kjajic, ministra para la Ciencia y la Cultura de Baja Sajonia, indicó que la decisión se había tomado porque “no queremos que la educación superior dependa del nivel de ingreso de los padres”.
De igual forma Dorothee Stapelfeldt, integrante de la comisión de Ciencias del Senado, aseguró que “el cobro de una cuota desincentiva a los jóvenes que provienen de familias con padres que no son profesionales, a continuar sus estudios”.
“Es una tarea prioritaria para los políticos el asegurarnos de que los jóvenes puedan acceder a una educación de la más alta calidad y sin costo en Alemania”, añadió.
El financiamiento del sistema educativo alemán también contrasta con el chileno en torno a su origen. Esto porque mientras los chilenos pagamos cerca del 21% de nuestro producto interno bruto en impuestos, los alemanes prácticamente duplican sus aportes llegando al 40%, según cifras de la Heritage Foundation recogidos en 2012.
Análisis: No es el lucro, es la privatización
23 de octubre de 2014“Un sistema educacional sin lucro significa en el fondo decidirnos a buscar, como sociedad, los consensos fundamentales para construir un proyecto educativo que nos represente a todos”, opina el consultor y escritor chileno Pablo Torche
Por Pablo Torche | El Mostrador
La prohibición del lucro en la educación –una de las principales medidas de la reforma educativa–, ha estado rodeada de un arduo debate. ¿Es el lucro positivo o negativo para la educación, favorece o dificulta el logro de los objetivos educativos, está bien que se elimine o debe mantenerse? A partir de la respuesta que se entrega a estas preguntas, la medida tiene ardientes defensores y furiosos detractores, lo que parece legítimo y hasta constructivo en un contexto democrático.
Lo que no resulta tan constructivo es el carácter del debate, que se ha desenvuelto principalmente dentro de los márgenes estrechos de la tecnocracia académica, orientándose a establecer si los colegios con lucro obtienen mejores o peores resultados que los colegios sin lucro. Pareciera que sólo si se demuestra una verdad inapelable, en uno u otro sentido, tendremos derecho a favorecer, como país, una y otra opción: el sistema educacional, y la sociedad, a merced de lo que nos digan las frías cifras de los estudios “empíricos”.
Pero las cifras, como ya es costumbre, no dicen nada concluyente o, más bien dicho, dependen curiosamente de la visión política del investigador. Académicos vinculados a la derecha suelen encontrar que el lucro no afecta a la calidad de la educación, o puede incluso favorecerla. Investigadores asociados al gobierno encuentran “empíricamente” justo lo contrario.
Sólo el fin de semana, en La Tercera, se presentó un ejemplo más de este interesante devenir empírico, en las plumas de Sylvia Eyzaguirre, a favor del lucro, y Gregory Elacqua, en contra. Como sucede siempre, ambos autores esgrimían con propiedad investigaciones “empíricas” que respaldaban sus propias visiones contrapuestas. La única diferencia en esta ocasión (anecdótica, debo reconocerlo) consistía en que una de las investigaciones citadas por Eyzaguirre a favor de su argumento era precisamente un trabajo realizado por Elacqua hace algún tiempo –trabajo que Elacqua se abstenía muy bien de mencionar en su columna, de más está decirlo–.
Mirado en perspectiva, todo este debate técnico resulta en verdad un poco insulso, a la luz de las grandes reformas educativas que el país se ha puesto como desafío. En efecto, ¿qué importancia puede tener que un colegio que lucra obtenga un par de puntitos más en el Simce que uno que no lucra? (controlando por nivel socioeconómico, escolaridad de los padres, y hasta equipo de fútbol si se quiere). Todos sabemos que hay colegios sin fines de lucro que funcionan muy bien y otros que lo hacen muy mal, y lo mismo ocurre con colegios que lucran. Sería mezquino, y hasta miope, pensar que una medida de este tipo tiene por objeto aumentar marginalmente un indicador específico de calidad. Por otro lado, es también ingenuo pensar que la supresión del lucro va a favorecer automáticamente la calidad de un colegio, menos aún de un sistema educacional en su conjunto, ésta depende de miles de otros factores. En este sentido, reconozco hidalgamente que concuerdo con Sylvia Eyzaguirre, en el sentido de que hay una enorme heterogeneidad de establecimientos, la cual no es reductible a una u otra variable específica.
Las razones de fondo para la eliminación del lucro no pueden reducirse a ciertos objetivos técnicos estrechos, como aumentar un poco el Simce o cualquier otro indicador aislado de calidad. (En general, no es bueno construir política pública a partir de un compendio de medidas dispersas, porque algún paper académico ha “demostrado” que es eficiente). La eliminación del lucro plantea un dilema mucho más profundo, que se relaciona con la disyuntiva de seguir privilegiando un sistema educacional crecientemente privatizado, gestionado en términos de mercado para satisfacer la demanda de los apoderados/consumidores o, si tomamos la decisión de ponernos de acuerdo como sociedad, para construir en conjunto un sistema educacional en el que participemos todos, que nos refleje a todos y nos deje satisfechos a todos.
En este sentido, la propuesta de eliminar el lucro adquiere un sentido profundamente político, que debería relevarse con más fuerza. Ya que no se trata simplemente de obtener una ventaja eficientista o de impedir que un privado obtenga ganancias con recursos públicos (otra ventaja técnica menor, aludida con frecuencia, incluso por el Mineduc); se relaciona más bien con el tipo de país que queremos construir, con un sueño de sociedad.
Un sistema educacional sin lucro significa en el fondo decidirnos a buscar, como sociedad, los consensos fundamentales para construir un proyecto educativo que nos represente a todos, que dé cabida a todos los chilenos. Significa también atrevernos a generar un espacio educativo en el que los chilenos nos podamos integrar y encontrar (con las dificultades que esto implica) y no uno como el actual, en que damos por desechada esta posibilidad y preferimos, en cambio, construir un colegio distinto para cada gusto y cada grupito (especialmente –todo hay que decirlo– para los que pueden pagar más). Significa luchar por construir un sistema que no reproduzca las desigualdades, las diferencias, las burbujas y los bolsones de pobreza, sino que sea capaz de entregarle a cada niño lo mejor que el país puede ofrecer, sin importar su origen, apellido, recursos, región ni ninguna otra variable. Esta es la verdadera educación como derecho social. Significa, por último, confiar en que como sociedad podemos encontrar las motivaciones y el esfuerzo necesario para construir un sistema educacional de excelencia, aun sin los motores de la competencia y la ganancia personal.
Esto es ortodoxia en muchas partes del mundo (la mayoría en realidad), pero aun así es necesario hacer concebir ese sueño a la sociedad chilena, aun así es necesario convencer, encantar. Por eso es tan preocupante que esta dimensión del debate se mantenga en buena parte ausente de la discusión actual.
Es muy cierto, como señala un connotado teórico inglés, que no se le puede pedir a la educación que solucione todos los problemas de la sociedad. Sin embargo, parece lícito pedirle al menos que no los acreciente. La eliminación del lucro es tan importante porque tiene por propósito disminuir la privatización y fragmentación de nuestra sociedad; porque persigue, a la larga, crear un país menos dividido, más integrado; porque nos obliga, por último, a hacer del Estado el punto de encuentro en que todos debemos negociar la educación que queremos para Chile.
Chile: Estudio sobre financiamiento de la educación revela que sólo un 37,5% de esta es pública
16 de octubre de 2014Fuente: El Mostrador, vía Foro por el Derecho a la Educación
Entre los casos más críticos está la comuna de Alto Hospicio, cuya matrícula municipal [pública] es de un 3,4%, y en la RM la Cisterna, con 11,2%, y La Pintana, con un 19,2%.
“La educación pública no hay que fortalecerla, hay que recuperarla”. Bajo esta consigna se presentaron este martes los resultados de un estudio sobre el financiamiento de la educación pública chilena, realizado por la Fundación SOL, el Foro por el Derecho a la Educación, El Observatorio Chileno de Políticas Educativas y la Cooperativa de Trabajadores Centro Alerta.
La investigación arrojó que si se consideran estándares ajustados a derecho en donde disminuyan los estudiantes por curso, aumenten los sueldos del personal docente y no docente, así como también las horas no lectivas, los recursos que se dedican a la educación pública, sólo por este ítem, deberían aumentar más de un 50%.
Los resultados del trabajo, aplicado en la comuna de San Joaquín, fueron presentados en el marco del seminario Propuestas para Reconstruir la Educación Pública y apuntan principalmente a la necesidad de reemplazar el financiamiento por alumno por un financiamiento basal que garantice las necesidades de cada comunidad educativa. “No basta con elevar el financiamiento, es importante ver cómo se gestionan y administran esos recursos”, explicó Juan González, representante del Centro Alerta.
“TERREMOTO NEOLIBERAL EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA”
A Chile le queda solo un 37,5% de educación pública, la que ha ido disminuyendo progresivamente desde 1981, donde había un 78% de matrícula municipal. Entre los casos más críticos está la comuna de Alto Hospicio, cuya matrícula municipal es de un 3,4%, y en la RM la Cisterna, con 11,2%, y La Pintana, con un 19,2%.
Esta realidad contrasta con la situación de los países de la OECD, con quienes solemos compararnos, en donde la educación pública en promedio es de un 81,7%. Hoy en día se asiste a un verdadero “terremoto neoliberal en la educación pública”, señaló González.
Por su parte, Marco Kremerman, economista de la Fundación SOL, destacó que el adecuado financiamiento ocupa un rol central en garantizar una educación desmercantilizada y gratuita: “Hoy en día estamos presos del mercado de la educación. La escuela tiene que adaptarse al sistema de financiamiento y no es el financiamiento el que se adapta a la escuela, como debiera de esperarse”.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
La propuesta además, enfatiza la importancia de fortalecer la participación de la comunidad en el reconocimiento y superación de los problemas de su entorno.
En la actividad estuvieron presentes diversos representantes de la comunidad educativa, entre ellos Yorma Alcaraz, representante del Colegio de Profesores de Rancagua, quien determinó que existe una pérdida de confianza entre los profesores de una misma escuela, “tenemos recreos diferidos, no nos vemos nunca. Tampoco tenemos espacios para debatir en comunidad”.
Por su parte, desde la organización de Padres Movilizados del Instituto Nacional, se hizo énfasis en la necesidad de cambiarles el sentido a los centros de padres: “Hoy son meros recaudadores de dinero, pero no hay discusión sobre la reforma, por ejemplo”.
La actividad concluyó con un taller participativo en el que se discutieron las propuestas de financiamiento, identificando líneas de acción y mejora.
El documento de la propuesta está disponible aquí.
La ONU denuncia la privatización creciente de la educación, que considera reforzar desigualdades
2 de octubre de 2014Naciones Unidas han denunciado el desarrollo acelerado y sin regulación del sector privado de educación, que refuerza las desigualdades respecto al derecho a la educación en Marruecos
Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente
“La educación privada se viene desarrollando muy rápidamente, en particular en el nivel primario, sin la supervisión necesaria con relación a las condiciones de matrícula y la calidad de la educación que se ofrece, lo que condujo para reforzar las desigualdades en el gozo del derecho a la educación”, declaró el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CRC, por su acrónimo en inglés) el día 24 de septiembre. El Comité de expertos, que monitorea la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por el Marruecos en 1993), publicó sus recomendaciones escritas en esta fecha, en seguimiento a la revisión del país, realizada el día 3 de septiembre.
“Este es un mensaje de gran fuerza del Comité sobre los Derechos del Niño. Conecta claramente la educación privada a las desigualdades y por lo tanto a la discriminación. El CRC indica que la decisión del Marruecos de permitir la desigualdad y la segregación en el sistema educacional a través de la privatización va en contra de los estándares de derechos humanos. Esto demuestra que el crecimiento de la educación privada, en Marruecos y en los muchos otros países donde esto viene teniendo lugar, puede ser cuestionado bajo la ley internacional de derechos humanos” dijo Sylvain Aubry, el investigador del derecho a la educación de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés).
El Comité también demandó, en sus recomendaciones escritas, que el gobierno Marroquí “maneje y resuelva las consecuencias del rápido desarrollo de la educación privada […] y garantice que las maestras y maestros del sector público aporten a la mejora de la educación en el Marruecos, en vez de ser usados por el sector privado”.
Khadija Yamllahi, miembro del comité directivo de la Coalición Marroquí sobre la Educación Para Todos (CMEPT, por su acrónimo en inglés) y miembro del Grupo Parlamentario sobre Educación en el Marruecos resumió la posición de la coalición, que representa a más de 50 organizaciones de la sociedad civil: “El Comité afirmó claramente que todas las personas en el Marruecos tienen el derecho a una educación gratuita, de calidad y pública, y es simplemente ilegal e inaceptable que muchas familias sean forzadas a hacer sacrificios financieros para enviar sus niñas/os a escuelas privadas por la sola razón de que las escuelas públicas cerca de sus casas son de baja calidad. El gobierno debe hacer todos los esfuerzos tanto para garantizar que las escuelas públicas ofrezcan lo que las familias tiene derecho de esperar, como para regular efectivamente las escuelas privadas, muchas de las cuales abusan de su posición de fuerza”.
El GI-ESCR y la CMEPT publicaron una serie de informes en los últimos 10 meses, analizando el impacto de la privatización en la educación para el derecho a la educación en el Marruecos. Estos informes condujeran a que el CRC cuestionara a representantes del gobierno marroquí durante el examen del Estado en el 3 de septiembre, en particular después que la jefe de la delegación dijo al Comité que el gobierno desea “promover la libre competición entre escuelas”.
La Sra. Yamllahi y el Sr. Aubry hicieron reflexiones sobre los próximos pasos: “Estas recomendaciones le dan a la sociedad marroquí herramientas consistentes de incidencia para engancharse en esta problemática. Lo que necesitamos verdaderamente, en Marruecos y otros países, es de un debate abierto y transparente sobre el futuro del sistema educativo y el papel de la educación privada. Como muchos países en desarrollo, el Marruecos está caminando rápidamente hacia un modelo donde la educación es ampliamente regulada por el mercado, similar al de Chile, y la experiencia ha demostrando que tales modelos son altamente discriminatorios e ineficientes. No creemos que tal movimiento sea el deseo de la sociedad marroquí. Ahora tenemos la confirmación de la ONU de que es probable que en algunas circunstancias el impacto de la privatización en la educación constituya una violación de los estándares de derechos humanos”.
El GI-ESCR, junto con muchos otros aliados, empezó recientemente un proyecto de investigación de 18 meses en siete países, con el apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI) del Programa de Apoyo a la Educación de Open Society Foundations, para explorar el tema de la aplicación de los estándares de derechos humanos ante la privatización de la educación. Este proyecto viene en un contexto de crecimiento muy veloz, en los últimos años, de escuelas privadas, con ánimo de lucro y que cobran tasas, lo que está cambiando muy rápidamente los sistemas educativos y minando los la igualdad de derechos y la cohesión social en muchos países en desarrollo. Las observaciones conclusivas sobre el Marruecos lanzadas por el CRC son un paso importante hacia el avanzo de una respuesta basada en los derechos humanos a este fenómeno reciente.
Documentos:
Para una representación visual de los informes del GI-ESCR, haz clic en: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/05/Visual-privatisation-in-education-in-Morocco.pdf
El último informe del GI-ESCR sobre la privatización de la educación en el Marruecos está disponible en: http://globalinitiative-escr.org/wp-content/uploads/2014/08/Supplementary-report-reaction-to-the-responses-of-the-government-of-Morocco-July-2014_eng-Final.pdf
Planteando cuestiones de educación y privatización ante la ONU
16 de septiembre de 2014Tras la reafirmación del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU de que la educación es un bien público y las cuestiones que hizo al Estado marroquí el 3 de septiembre de 2014, el consultor Sylvain Aubry comparte su relato de cómo ha sido posible alcanzar este logro histórico, que abre caminos a la lucha por el fortalecimiento de la educación pública en todo el mundo
Fuente: Por Sylvain Aubry, para Right to Education Project | Traducción: #Contracorriente
Es la mañana de miércoles, 3 de septiembre [2014], en la Oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos en Ginebra. Se echan los dados; en pocos minutos, saberemos. Mi compañero marroquí, que representa la Coalición Marroquí por la Educación para Todos, y yo, que represento la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR) esperamos ansiosamente. Plantearán ellos la cuestión? Qué responderá el gobierno? Llega el momento. La Sra. Amal Aldoseri, miembro del Comité sobre los Derechos del Niño (CRC), de la ONU, presenta una serie de cuestiones sobre el sistema educativo en el Marruecos, y finalmente pregunta: “Podrían ustedes explicar el impacto del desarrollo de la educación privada sobre las desigualdades y el derecho a la educación en su Estado?”
No podemos dejar de sentir una excitación interior frente al evento. Estamos nos acercando de nuestro objetivo, después de un año de trabajo intenso para llamar la atención a la instalación paulatina de la privatización de la educación en Marruecos y sus efectos devastadores. El gobierno Marroquí finalmente tendrá que explicar por qué, a lo largo de más de una década, ha apoyado y promovido el desarrollo del pago de tasas, del lucro, de escuelas privadas, triplicando el número de estudiantes matriculados/as en las escuelas privadas, y por lo tanto concurriendo para ampliar las desigualdades en el acceso a la educación de calidad y aumentando la división de la sociedad entre personas ricas y pobres.
El gobierno está representado en Ginebra por una fuerte delegación de 20 personas, bajo la dirección de la Ministra de la Solidaridad, Mujeres, Familia y Desarrollo Social, la Sra. Bassima Hakkaoui. La delegación vino a Ginebra para discutir su implementación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, como parte de la revisión periodica que el CRC realiza normalmente cada cinco años. El representante encargado de la educación del gobierno es el primero a responder a las preguntas de la Sra. Aldoseri. Él habla genéricamente sobre todos los temas por ella planteados, celebrando el ‘gran progreso’ y las realizaciones de Marruecos respecto a la educación, y es seguido por la Sra. Hakkaoui, que complementa sus respuestas, excepto… por el hecho de que los dos ignoran la cuestión relativa a la privatización en la educación.
Pensamos que el punto sería archivado, pues el CRC tiene mucho poco tiempo para realizar la revisión, la privatización había sido una pregunta discreta al final y que pudiera parecer un tema menor al Comité; la discusión caminaría al próximo punto, conforme lo previsto. El gobierno no tendrá que proveer ninguna información, y tendremos que cruzar los dedos para que el Comité aún incluya la privatización en la educación en sus recomendaciones por escrito. Sin embargo, en ese momento vemos a alguien levantar la mano. El Sr. Hatem Kotrane, miembro de CRC de Tunicia, hace una pregunta de seguimiento sobre la privatización. Con base en estadísticas del Ministerio de la Educación, que mi compañero marroquí le entregó poco antes, en el intervalo, él quiere saber por qué los números muestran que la mayoría de las maestras y maestros en las escuelas privadas también enseñan en establecimientos públicos. Por un rato, silencio en el salón. Otra mano se levanta. El Sr. Benyam Mezmur, miembro del CRC, hace una pregunta de seguimiento adicional, y quiere saber por qué el gobierno no respondió a la pregunta sobre la privatización, que es un punto fundamental.
La delegación del gobierno parece insegura. Alguien empieza a responder, indicando que el Marruecos tiene el objetivo de llegar lo más rápido posible al ‘20% de estudiantes matriculadas/os en escuelas privadas.’ La Sra. Hakkaoui, la ministra, continúa y celebra la educación privada. Ella indica que el gobierno ‘promueve la libre competición en la educación, lo que es bueno para todos los ciudadanos y ciudadanas.’ Los dos insisten que la educación privada está ‘bien regulada en Marruecos,’ y que ‘ningún maestro o maestra del sector público enseña en escuelas privadas.’ Frente a esta última afirmación, representantes de organizaciones de la sociedad civil marroquí que estaban sentadas/os a mi lado no pudieron evitar una reacción entre la risa y el choque, una vez que todas las personas en Marruecos saben que esto simplemente no es verdad…
La reunión continúa, y la discusión ahora pasa a otro tópico. Los miembros del CRC hacen una serie de preguntas sobre el derecho a la salud. Sin embargo, mientras el gobierno empieza a responder, el Sr. Benyam Mezmur, miembro del CRC, levanta su mano otra vez: ‘No costumbro insistir para que se vuelva a un asunto que ya discutimos, pero… era la traducción que no funcionaba bien, o entendí correctamente que el gobierno de Marruecos quiere llegar a los 20% de estudiantes en escuelas privadas!? La educación es un bien público, y es responsabilidad del gobierno proveer educación de calidad para todas las personas!… Ustedes dicen que todo va bien en su sistema educativo, pero podrían por lo menos mencionar dos asuntos que no estén encarando?”
Otro momento de silencio en el salón. La Sra. Hakkaoui intenta, a través de una respuesta vaga, pero luego el delegado interministerial encargado de los derechos humanos interviene. Con su experiencia de derechos humanos, talvez él entienda mejor que la discusión toma el camino errado para ellos/as, y así admite que el sistema educativo no es perfecto – aunque no presente mayores detalles –, añadiendo que el país está trabajando en una reforma del sistema educativo. En ese punto, sabemos que hemos dado un paso largo en nuestra incidencia, y que nuestros esfuerzos de los 10 meses anteriores están comenzando a encontrar respuestas. El CRC, gracias a su persistencia y cuestiones precisas, forzó el gobierno a revelar su apoyo a la educación privada y a mostrar públicamente su estorbo y falta de reflexión sobre su impacto en el derecho a la educación.
¿Cómo llegamos hasta acá? Para alcanzar tal momento, estos 5 minutos en que el gobierno marroquí tiene que explicarse públicamente sobre los efectos desastrosos de sus políticas privatistas, trabajamos durante varios meses. GI-ESCR y la Coalición Marroquí han comenzado en octubre, gracias al apoyo de la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización de la Educación (PERI), con una investigación sobre la dimensión y el impacto de la privatización de la educación en Marruecos. Después de la investigación, enviamos dos informes al CRC en diciembre, anticipándonos a la sesión previa del CRC (una revisión preliminar), realizada en febrero.
Desde entonces, preparamos documentos sencillos de incidencia, tuvimos algunas reuniones con grupos de interese en Ginebra para sensibilizarlos respecto a este tema poco conocido, y movilizamos y coordinamos activamente con organizaciones de la sociedad civil en Marruecos a través de discusiones y talleres. Estuvimos presentes en Ginebra en el día de la sesión previa del CRC, y a pesar que no éramos invitadas/os para asistir a dicha sesión (que es cerrada a participantes invitadas/os), nos organizamos con otras organizaciones marroquíes para que pudiéramos entrar solo para plantear el tema de la privatización, y usamos tal oportunidad para hablar a actores centrales paralelamente a la sesión.
Nuestra primera victoria fue la inclusión de cuestiones relativas a las desigualdades en la educación y el desarrollo de escuelas privadas en la lista de temas del CRC, que es una lista de cuestiones escritas que el CRC le envía a los Estados antes de la revisión. El Estado respondió a dichas cuestiones en junio, pero fue muy vago respecto al tema de la privatización. Entonces, publicamos un tercer informe, señalando lo que faltó en la respuesta del gobierno.
Solamente después de este trabajo conseguimos entrar en Ginebra, para la presente sesión de revisión. En ese momento, la mayor parte del trabajo ya se había hecho, y apenas tuvimos que hacer una presión final de sensibilización sobre el asunto. Sentamos y esperamos ansiosamente que el CRC planteara sus cuestiones… Así que el último paso fue intentar contactar a personas que no estaban en Ginebra – en particular, personas de Marruecos – para que supieran lo que pasó en aquél salón del Palais des Nations. Trabajar con una red amplia de actores en Marruecos ha sido esencial. Contactamos muchos periodistas y conseguimos cobertura de prensa, en francés, como aquí, aquí, aquí o allá, y en árabe, como aquí. Las buenas conexiones de nuestros aliados en Marruecos han sido muy importantes!
Conseguir que el CRC cuestionase Marruecos no es el final de la jornada: este es apenas un Estado entre los muchos afectados por la privatización, y necesitamos esperar para ver si las observaciones conclusivas (recomendaciones por escrito enviadas a los Estados) que el CRC publicará al final de septiembre tratan el tema de manera adecuada, y entonces tendremos mucho trabajo para convencer el gobierno a implementar dichas recomendaciones. Sin embargo, esto es significativo. El hecho de que un Comité de expertas/os en derechos humanos de la ONU cuestionó públicamente el desarrollo de la educación privada y recordó al mundo que la educación es un bien público es un paso decisivo. También es un mensaje formidable de esperanza para miles de activistas que hacen campañas alrededor del mundo en defensa de la educación pública de calidad para todas las personas y más allá, por una concepción de sociedad en que toda niñas y niño pueda desarrollar todo el potencial de su personalidad, talentos y habilidades mentales y físicas, y en que toda niña y niño aprenda a vivir junto en una sociedad abierta, tolerante y vibrante.
Sylvain Aubry es consultor independiente sobre derechos humanos y vive en Nairobi, Kenya, donde trabaja con distintas organizaciones. Actualmente, él trabaja con la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), el Right to Education Project, y varios otros aliados internacionales y nacionales en un proyecto de investigación e incidencia sobre la privatización y el derecho a la educación. Caso desee involucrarse, contacte a: sylvain@globalinitiative-escr.org.
Lee también: ONU confirma que la educación es un bien público e insta a Marruecos a explicarse sobre la privatización de la educación
ONU confirma que la educación es un "bien público" e insta a Marruecos a explicarse sobre su privatización
8 de septiembre de 2014Las y los miembros del CRC expresaron graves preocupaciones sobre el impacto de la privatización de las escuelas marroquíes en el derecho de las niñas y niños a la educación gratuita, de calidad y accesible
Fuente: GI-ESCR | Traducción: #Contracorriente
El 4 de septiembre, en Ginebra, el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas cuestionó Marruecos sobre su política de privatización de la educación y demostró lamentar la ausencia de una respuesta satisfactoria del gobierno. El gobierno marroquí fue examinado por el Comité de Expertos de la ONU, responsable por el monitoreo de la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que Marruecos ratificó en 1993.
Las y los miembros del CRC expresaron graves preocupaciones sobre el impacto de la privatización de las escuelas marroquíes en el derecho de las niñas y niños a la educación gratuita, de calidad y accesible, haciendo cuatro preguntas sobre ese tema. Después que la delegación marroquí no respondió a la primera cuestión, miembros del CRC plantearon cuestiones adicionales respecto al asunto, poniendo de relieve sus preocupaciones sobre temas como la transferencia de docentes de las escuelas públicas a las privadas, las desigualdades generadas por la privatización, y el tipo de sistema educativo que el Marruecos viene promoviendo.
La delegación de gobierno, liderada por la Ministra de la Solidaridad, Mujeres, Familia y Desarrollo Social, Sra. Bassima Hakkaoui, respondió que el Marruecos “promueve la libre competición entre escuelas” y espera llegar rápidamente al “20% de estudiantes matriculadas/os en escuelas privadas”. Frente a la respuesta, que negó cualquier problema relativo a las escuelas privadas en el Marruecos, un miembro del CRC hizo otra cuestión de seguimiento al asunto.
El Comité recordó a la delegación marroquí que la educación es un bien público garantizado como tal desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. También mencionó que el rey de Marruecos manifestó adhesión a las preocupaciones crecientes sobre las desigualdades generadas por la privatización en la educación que avanza en el país, y preguntó si la delegación marroquí sabría identificar por lo menos dos problemas asociados a la privatización. Solo en ese momento, el representante del departamento de derechos humanos del gobierno admitió que existía un problema y que el gobierno estaba trabajando para reformar el sistema educativo.
“Las respuestas del gobierno a las cuestiones del Comité sobre los Derechos del Niño no respondieron a los problemas estructurales básicos de la discriminación en el sistema educativo en el país, creada por la privatización en la educación”, comentó Sylvain Aubry, investigador sobre el derecho humano a la educación de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR).
La GI-ESCR, junto con su aliado Marroquí, condujo un estudio de un año sobre los efectos de la privatización en el Marruecos, y publicó tres informes demostrando los impactos negativos de la privatización respaldada por el gobierno en la educación para los derechos de las niñas y niños a la educación (vea aquí).
Lucy McKernan, del Servicio de Enlace de la ONU junto al GI-ESCR, explicó que “durante 15 años, el gobierno incentivó el desarrollo de la educación privada. Sin embargo, hoy muchas personas en el Marruecos se sienten obligadas a sacrificarse para que sus niñas y niños puedan acceder a escuelas privadas y onerosas, lo que crea gran desigualdad y divide la sociedad entre aquellas personas que tienen acceso a las mejores y más caras escuelas, y otras que se siente echadas de lado”.
Bret Thiele, co-director de la GI-ESCR añadió: “Esperamos que en sus observaciones conclusivas el Comité sobre los Derechos del Niño recuerde a Marruecos su obligación ante la ley internacional de proveer educación pública de calidad para todas las personas para luchar contra la desigualdad, en vez de que incentivar la educación privada, que está exacerbando desigualdades geográficas y socioeconómicas y la segregación social”.
En seguimiento a su examen, el CRC publicará al final de septiembre un conjunto de recomendaciones sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño en el Marruecos, llamado ‘observaciones conclusivas’. El GI-ESCR y sus aliados han indicado que irán monitorear la implementación de esas observaciones por el gobierno Marroquí.
Privatización de la educación: debate en América Latina
4 de septiembre de 2014Por Teresa Tovar Samanez | Diario UNO
A raíz de las Alianzas Público Privadas ha empezado en Perú un debate sobre privatización en educación y conviene considerar elementos conceptuales claves. La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, que reúne representantes de 16 países, plantea 5 puntos:
Está afianzándose una visión instrumental en la Educación como vía para formar capital humano que aporte al crecimiento económico y la productividad. Se deja de lado el concepto de educación como derecho humano fundamental, como un fin en sí mismo y se diluye el rol público de la educación para contribuir a construir sociedades justas. La consecuencia de la instrumentalización de la educación es la imposición de reformas que subordinan el sentido del proceso educativo a su rendimiento económico.
Hay una disputa de sentidos: a) La “endoprivatización” que entiende calidad educativa como paquete de logros mensurables y pruebas estandarizadas y presupone una concepción de escuela “fábrica” y de estudiante “producto”. b) La educación concebida como derecho humano y lo público como espacio complejo, diverso, plural en donde la dignidad humana es el horizonte y exige garantizar una educación al alcance de todos, sin barreras y de calidad: saberes, recursos y destrezas que vivir dignamente y ser ciudadano pleno.
La instalación del lucro en la educación. El acceso al conocimiento se elitiza de acuerdo a la capacidad de pago y la educación se convierte en una mercancía altamente rentable. La privatización es de 2 tipos: a) Exoprivatización: de escuelas enteras, la oferta privada sustituye directamente al Estado que abandona su responsabilidad de ofrecer educación pública; b) Endoprivatización: de componentes (materiales, formación docente, asesorías servicios, etc.) que se comercializan como mercancías educativas y configuran mercados que generan lucro. Son ocasión de lobbys y se viabilizan a través de las “alianzas público-privadas”. La mercantilización de la educación da lugar créditos estudiantiles en educación superior y a formas de gestión privada con fondos públicos (vía cheques escolares o “vouchers”).
La dilución de lo público. Se concibe a las familias como clientes y el rol que se asigna al Estado ya no es proveer sino regular la oferta educativa. Se privatiza la dimensión de la educación como “asunto público” y se justifica la intervención privada para cubrir el vacío de Estado. Las sociedades se acomodan a la ausencia de Estado. CLADE plantea que la opción de las familias de ir a una escuela privada no debe ser por ausencia o precarización de la oferta pública.
Se instala sin mayor evidencia el mito de la superioridad de la educación privada junto a la tipificación del Estado como ineficaz por naturaleza. Se compara resultados de “rendimiento” sin considerar la profunda estructura de desigualdad social y la histórica falta de atención y financiación de la escuela pública.
Cualquier parecido con la realidad peruana no es casualidad.
Educación pública y gratuita: principio y condición de derechos humanos
La presente cartilla invita a los sujetos de la comunidad educativa a conocer los principales desafíos en la lucha por la gratuidad de la educación en América Latina y el Caribe, así como algunas formas de demandarla a los Estados, con ejemplos de incidencia en el ámbito nacional. Así, visa promover el debate y acciones en defensa de la gratuidad en la región.
Descárgala: Educación pública y gratuita: principio y condición de derechos humanos. Realización: Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Colectivo de Educación Para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar de Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay | Apoyo: ActionAid y Oxfam Novib.
Consulta sobre la Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay
La publicación presenta los resultados de una investigación lanzada en el 2014, que sondeó la situación actual relativa al cumplimiento de la garantía de la gratuidad por los Estados, a partir del análisis de cambios en la normatividad y de la consulta directa a comunidades escolares. Este proceso indagó si son suficientes o no los recursos que llegan a las instituciones educativas de cada uno de los países, concluyendo que en los cuatro contextos nacionales analizados, la gratuidad no constituye una realidad en la práctica.
Descárgala: Consulta sobre la Gratuidad de la Educación Básica en América Latina y el Caribe – Aportes a partir de estudios de caso en Colombia, Guatemala, Honduras y Paraguay. Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, en alianza con la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, el Colectivo de Educación Para Todas y Todos de Guatemala, el Foro Dakar de Honduras y el Foro por el Derecho a la Educación de Paraguay, con el apoyo de ActionAid y Oxfam Novib, 2014.
