Brasil: Privatización de la educación en Haití se destaca en debate del pre-lanzamiento de la película “Dignité” en São Paulo
3 de julio de 2015Después de la exhibición del documental, se realizó un conversatorio que discutió, entre otros temas, la presencia de la cooperación internacional en el país
La película Dignité tuvo su pre-lanzamiento brasileño el último día 30 en la ciudad de São Paulo. Con la presencia de un público de educadores/as, jóvenes, activistas, periodistas y estudiantes, la exhibición tuvo lugar en la ONG Ação Educativa y formó parte de su serie de encuentros Acción en Debate. Lanzada mundialmente este año de 2015, Dignité – el derecho humano a la educación en Haití es una realización de la CLADE en asociación con la coalición haitiana Reagrupamiento de la Educación para Todos y Todas (REPT) y una producción de Phanton Films.
En Haití, alrededor del 50% de las niñas y los niños en edad de escolarización obligatoria están matriculadas/os. Las escuelas públicas representan apenas el 12% de las escuelas existentes, según el censo escolar de 2011, y los demás centros educativos disponibles son privados. Asimismo, faltan maestras y maestros en todas las etapas educativas, y el 79% de las/os docentes de primaria no han recibido ningún tipo de formación básica. En Dignité, la situación es narrada por estudiantes, docentes, directoras y directores, padres y madres, investigadores/as, activistas, representantes de gobierno y de organismos internacionales.
En la ocasión, Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, destacó que a través de las entrevistas se identificaron grandes desafíos, entre ellos el no cumplimiento de la gratuidad del derecho humano a la educación y la actuación de la ayuda humanitaria sin respeto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo haitiano. “Haití es el único país de América Latina y el Caribe que no tiene una Ley General de Educación, lo que hace difícil que el Estado garantice este derecho de manera gratuita a todas y todos, confrontando la actual apuesta en la privatización de la educación”, afirmó.
Por su turno, el cineasta Alyson Montrezol comentó su primer viaje a Haití en 2010, cuando pudo conocer el país y su pueblo in loco luego del sismo que se conoció internacionalmente. La experiencia motivó diversos viajes y nuevos proyectos audiovisuales para que la situación pudiera conocerse en otras partes del mundo, entre ellos Dignité. “Me alegra que podamos establecer esta relación entre el cine y la educación. Creo que esta película tiene un importante potencial educativo, y espero que con ella se pueda seguir impulsando el debate sobre este derecho”, añadió.
A lo largo del debate, se destacaron, entre otros temas, la confrontación entre los modelos de educación público y privado como tendencia regional y mundial, más allá de los contextos haitiano y brasileño; las posibilidades de lucha y cambio de paradigma en Haití; la situación de las y los emigrantes haitianos que llegan a Brasil en cada vez mayor cantidad; la importancia de los marcos legales y de un financiamiento público adecuado para la garantía del derecho humano a la educación.
Durante este debate, Giovanna Modé, coordinadora de comunicación de la CLADE y productora ejecutiva del documental, destacó la enorme dimensión de la cooperación internacional en Haití, que actúa muchas veces de manera fragmentada y sin diálogo con el Estado. “Hay una cantidad inmensa de organizaciones que actúan a su tiempo y a su manera, sin embargo es necesario ampliar y fortalecer el sistema público de educación como un espacio de toda la ciudadanía”, dice.
A modo de cierre, Camilla Croso destacó la fuerza y la capacidad de lucha y organización del pueblo haitiano, recordando que su país fue el primero a lograr su independencia y la abolición del régimen esclavista en nuestra región. “Creemos que lograrán conquistar también el derecho humano a la educación para todas y todos en el país con autonomía y esperanza”.
SAM 2015 – El evento se desarrolló también en el marco de las celebraciones de la Semana de Acción Mundial (SAM) 2015 en Brasil. En la ocasión, la coordinadora de proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, María Rehder, presentó las movilizaciones en el país, que este año tienen énfasis en la evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE). Después de un año de aprobación del plan, la sociedad civil viene aumentando la presión para que este acuerdo avance y se implemente, en particular la ley de royalties del petróleo brasileño. Más informaciones por la página http://semanadeacaomundial.org/2015/
Miles de Chilenos/as podrían ser embargados/as por créditos educativos
25 de junio de 2015Estudiantes de Chile han convocado en las últimas horas a una nueva jornada de movilización pacífica para exigir una educación pública, gratuita y de calidad. En esta ocasión se incorporan a las marchas ciudadanos que han adquirido deudas cuantiosas para poder cursar sus carreras universitarias y que corren el riesgo de que sus viviendas sean embargadas.
Fuente: teleSur
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Entre las tomas y los cortes: estudiantes demandan mejorar la escuela pública y mayor participación política, en Argentina
En medio a los debates sobre la reforma de la educación secundaria, estudiantes de Buenos Aires protestan para mejorar la escuela pública: “Lo que vienen sufriendo los colegios son problemas edilicios. Son muchos los días con cortes de luz y en que no hay gas para calefacción y, aparte de eso, está la implementación de la Nueva Escuela Secundaria, que recorta horas de materias específicas; y el hecho de la persecución política que están haciendo sobre nosotros, los delegados”, dice representante estudiantil
Fuente: Página 12
Estudiantes porteños/as de escuelas secundarias realizaron una protesta en el centro de la Ciudad [de Buenos Aires], donde cortaron [las calles] Corrientes y Callao, en rechazo de la reforma curricular para la enseñanza media y en reclamo de mejoras edilicias en establecimientos educativos locales. Los alumnos/as bloquearon el tránsito y exigieron la participación de la comunidad educativa en la reelaboración de las currículas secundarias. Por esas exigencias, las escuelas tomadas en la Ciudad suman 14. Durante la jornada, hubo otros cortes y protestas.
Las y los manifestantes denunciaron fallas de infraestructura, como falta de calefacción en las escuelas del distrito, y anunciaron que el viernes realizarán una marcha a la sede del Ministerio de Educación porteño, donde esperan ser recibidos por las autoridades.
En tanto, el jefe de Gabinete porteño y candidato a jefe de Gobierno por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta, criticó que los estudiantes tomen escuelas como forma de protesta. “Están discutiendo y quejándose por la reforma del sistema del secundario, que es una ley nacional a la cual la Ciudad tiene que adherir. Si no adherimos los títulos no tienen validez en todo el país”, advirtió el funcionario macrista. “El reclamo que reúne todo esto es la currícula de la nueva escuela secundaria [NES]. En algunos casos puede haber algún problema edilicio, para eso está nuestro equipo de educación que siempre está, ha estado y va a estar dispuesto al diálogo”, afirmó.
Un relevamiento de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) aseguró que hay seis escuelas porteñas que mantienen problemas con la calefacción. “Eso lo dice el gremio opositor, los dirigentes del gremio son del Frente para la Victoria”, sostuvo Rodríguez Larreta.
Sin embargo, la Dirección de Educación de la Defensoría del Pueblo recibió en estos días varios reclamos de autoridades escolares, docentes, cooperadoras, centros de estudiantes y padres y madres de alumnos/as por ausencia de calefacción en las aulas o de suministro de gas en las cocinas de las escuelas.
La jornada de reclamo de ayer comenzó con el abrazo simbólico de docentes, padres y madres y alumnos/as a la Escuela 24 Pedro Avelino Torres, en el barrio de Flores, donde no hay gas desde hace 15 días, y en el transcurso del día se desarrollaron otras manifestaciones organizadas por la Coordinadora Estudiantes de Base, entre ellas el corte de calles en Corrientes y Callao.
“Lo que vienen sufriendo los colegios son problemas edilicios. Son muchos los días con cortes de luz y en que no hay gas para calefacción y, aparte de eso, está la implementación de la NES, que recorta horas de materias específicas; y el hecho de la persecución política que están haciendo sobre nosotros, los delegados”, relató Matías Abalos, representante del Tomás Espora. “Tenemos bancos y sillas rotas y profesores a la deriva porque desde la implementación de la NES se quedaron sin materia por corte de horas”, contó Frank Coronel, que cursa el secundario Comercial en un establecimiento que no está tomado.
Desde la amenaza de que no habría receso invernal o se eliminaría la posibilidad de tener materias previas hasta la reimplementación de la línea para denunciar a estudiantes por hacer “inculcación ideológica” –que las y los alumnas/os llaman ‘0800-buchón’–, las casi dos semanas de lucha transcurridas hasta ahora sumaron varios “aprietes” al nulo diálogo de las autoridades porteñas, quienes atribuyen la movilización estudiantil al “clima electoral”.
Las escuelas que permanecen tomadas son el Irurtia, Lola Mora, Mastrazzi, Cerámicas 1, Lenguas Vivas, Lengüitas, Mariano Acosta, Cortázar, Falcone, Agustín Tosco, Normal 8, Figueroa Alcorta, Manuel Belgrano y Mariano Moreno.
Expertos/as en derechos humanos de la ONU manifiestan preocupación por la privatización de la educación en Ghana, Chile y Uganda
Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño y Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) expresan su preocupación por la tendencia creciente a la privatización y su potencial de generar discriminación, segregación y violaciones del derecho a la educación en Chile, Uganda y Gana. En el proceso relativo a Chile, el Foro por el Derecho a la Educación y la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se sumaron a las actividades de incidencia lideradas por la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Proyecto Derecho a la Educación y la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI), que incluyeron la producción de un informe de la sociedad civil. [Sepa más aquí]
Fuente: GI-ESCR | For English, click here
(Ginebra, 24 de Junio de 2015) Dos organismos de expertas/os en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) emitieron declaraciones sin precedientes esta semana, llamando la atención al crecimiento y los efectos de la privatización de la educación en Ghana, Chile y Uganda, y formularon fuertes recomendaciones para hacer frente a dicha cuestión.
Las observaciones finales de los organismos de expertas/os muestran un panorama sombrío de la evolución de los sistemas educativos de estos países en los últimos años. Confirman que una rápida tendencia a la privatización no regulada en la educación se lleva a cabo en muchos países, en particular los de ingresos más bajos, lo que en varios casos culmina en violaciones del derecho internacional de los derechos humanos.
En Ghana, el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño (CRC) expresó su preocupación de que “la educación privada se está desarrollando muy rápidamente, sin la supervisión necesaria de las condiciones de matrícula, de la calidad de la educación proporcionada, y de la transparencia y la eficiencia en la gestión de recursos para la educación”.
En Uganda, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) expresó su preocupación por el “ensanchamiento de la brecha en el acceso a una educación de calidad que resulta del incremento en la provisión de la educación privada y afecta desproporcionadamente a las niñas y niños de familias de bajos ingresos”.
El CDESC llegó a describir el sistema de educación en Chile, que es uno de los más privatizados del mundo, como responsable por “la segregación y la discriminación por razones socioeconómicas”.
Ian Macpherson, que representa la Iniciativa de Investigación sobre la Privatización en la Educación (PERI) reaccionó: “Junto con varias organizaciones, incluyendo la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR, por su acrónimo en inglés), el Proyecto Derecho a la Educación (RTE, por su acrónimo en inglés), y otros aliados en los respectivos países, desde el año pasado hemos estado documentando el impacto perjudicial y negativo que el crecimiento de los proveedores privados de educación viene teniendo en los derechos económicos y sociales, y es crucial que el mandato de las y los expertas/os en derechos humanos de la ONU esté reconociendo y actuando en ese tema”.
En el análisis de Uganda, el CDESC ha recordado que “los Estados asuman la responsabilidad principal de la prestación de una educación de calidad para todos los niños y niñas” y recomendó que Uganda “fortalezca las regulaciones y amplíe los mecanismos de vigilancia y supervisión de las instituciones de educación privada”.
En Chile, el CDESC reconoció que el Gobierno condujo reformas actualmente en curso, y además recomiendó que él “Tome las medidas necesarias para eliminar las agudas disparidades que existen actualmente en la calidad de la educación entre las escuelas privadas, subvencionadas y públicas, asegurando también que todos los centros educativos cuenten con una infraestructura adecuada y personal docente debidamente capacitado”.
Sylvain Aubry, de la GI-ESCR, insistió: “Estos resultados del CRC y del CESCR son indicativos del daño demasiado causado a menudo por la privatización de la educación. El reconocimiento por parte de expertos/as internacionales de que la privatización en la educación crea la segregación socio-económica, como en Chile, y de que los Estados tienen la obligación legal de proporcionar una educación de calidad, así como de evaluar y abordar las consecuencias de esta privatización, son un importante paso adelante en la reconsideración del papel de los actores privados en la educación en el marco de los derechos humanos.
Delphine Dorsi, desde el Proyecto Derecho a la Educación también destacó: “La publicación de estos resultados es muy oportuna, ya que el Consejo de Derechos Humanos está discutiendo actualmente el último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de la ONU, el Sr. Singh, que analiza la tendencia a la comercialización de la educación, y cómo cada vez se viene promoviendo el sector privado como una solución en las actuales negociaciones sobre los futuros Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esperamos que los Estados se basen en estos análisis para detener la promoción de la privatización en la educación y regular a los proveedores privados, de acuerdo con las normas de derechos humanos”.
Todos los hallazgos de los últimos organismos de expertos/as de la ONU están disponibles en un documento publicado por la GI-ESCR, que resume las principales observaciones finales recientes de los organismos de monitoreo de los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas, respecto a la privatización de la educación.
Uruguay: Estudiantes marchan en defensa de la educación pública
16 de junio de 2015La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), los gremios estudiantiles de Magisterio y el IPA convocan a parar 24 horas mañana miércoles 17 de junio de 2015 en defensa de la educación pública. Además, durante la movida, se ocuparán las dependencias del IPA – Instituto de Profesores Artigas
A las 18 horas, la Coordinadora de Sindicatos de la Educación (CSEU) realizará una marcha desde la explanada de la Universidad hasta la Torre Ejecutiva pasando por la sede del Ministerio de Economía y Finanzas bajo la consigna “¡La educación del pueblo se defiende!”.
Entre las prioridades reivindicativas de la FEUU se encuentran la defensa del Hospital de Clínicas y el salario universitario. “Para nosotros la dignificación del trabajo docente y no docente es una prioridad fundamental”, dijo el dirigente Martín Randall a la web de la UdelaR (universidad.edu.uy).
El dirigente estudiantil señaló que el tema educativo está en la agenda de los partidos políticos y de los medios de comunicación “porque afecta al ciudadano de a pie», y que si bien «podemos tener diferentes puntos de vista sobre cómo hay que construir la política educativa y cuál tiene que ser su rumbo, ninguna propuesta se puede efectuar sin presupuesto”.
“El 6% es posible”
Para Randall, la asignación presupuestal del 6% del PBI a la educación es posible. “No podemos acotar el espacio fiscal a los ingresos del país: hay que ampliar la mira, analizar otras fuentes y ver que en el país hay plata. En las zonas francas, por ejemplo, hay plata en exoneraciones impositivas que el país está evitando cobrar. En 2013 representaban un poco más del 1%. Llega un momento en que el pueblo uruguayo tiene que ver qué se prioriza”.
Aseguró que la FEUU no pretende “competir desde la educación con la salud ni la política social del gobierno. Igual que antes con el Plan Ceibal y la educación policial, a nosotros no nos preocupa que ahora se incluya el Sistema de Cuidados. Lo que queremos plantear es que hoy la Universidad y la ANEP necesitan ese 6% del PBI como mínimo”.
En nombre de la FEUU, Randall invitó a debatir “al gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas ahora, mientras se construye la Ley de Presupuesto, porque después es ir al Parlamento para ver a quién se le recorta”.
Argentina: Estudiantes y docentes salen a las calles en defensa de la educación pública
El 2015 arrancó con varios conflictos en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. A los históricos problemas de infraestructura, falta de vacantes y acuerdos salariales por debajo de la inflación; se sumaron los problemas de la inscripción docente on-line y la implementación de la NES en todas las escuelas secundarias que trajo cambios de horario, docentes cesantes y precarización laboral. Los chicos y chicas que ingresaron este año al secundario se encontraron con una “nueva escuela” con títulos devaluados y diseños curriculares que la comunidad educativa rechazó. Más allá de las consignas de campaña, la educación pública no es prioridad para ninguno de los gobiernos.
Fuente: Constanza Rossi | La Izquierda Diario
Los docentes seguimos sin respuesta frente a los problemas de nuestra inscripción on-line
La inscripción on-line docente es la última expresión de la ley de juntas, con la que se eliminó la representación de los docentes para su clasificación, evaluación y ascenso. En su debut dejó sin inscripción a muchísimos docentes por la falta de información, fallas en el sistema y falta de computadoras en los niveles inicial y adultos. A pesar de las movilizaciones y reclamos, desde el Ministerio de Educación siguen sin dar respuestas. Los problemas en la implementación de sistemas digitales son consecuencia de políticas en las que la prioridad no es la escuela pública, sino manejar discrecionalmente la información para controlar a los docentes y seguir reduciendo el magro presupuesto educativo. En el caso de la inscripción on-line de alumnos la prioridad fue administrar las vacantes para cerrar cursos, rompiendo la relación pedagógica escuela-familia e ignorando las necesidades y preferencias de las familias. Con la nueva inscripción on-line docente el acceso a nuestra fuente de trabajo queda en manos del gobierno y sus reiterados “errores técnicos”. Los docentes exigimos la restitución inmediata de las Juntas de Clasificación y la elección democrática de sus vocales.
La NES ataca a la escuela pública: Docentes y estudiantes seguimos rechazando la reforma.
La reforma de la nueva escuela secundaria (NES) del Consejo Federal de Educación Nacional fue rechazada por la comunidad educativa sistemáticamente porque vacía de contenidos, reduce orientaciones, devalúa títulos y profundiza la precarización laboral docente.
De las más de 120 orientaciones que brindaban las escuelas porteñas quedará una decena comunes a todo el país, tal como establece la Ley de Educación Nacional aprobada en 2006. En la Ciudad de Buenos Aires, durante el 2012, estudiantes y docentes tuvieron que movilizarse en las calles para no perder orientaciones y horas de materias específicas. Lograron revertir algunos ataques, sin embargo los gobiernos nacional y de la Ciudad avanzaron con las reformas, y este año la NES se aplicó en todas las escuelas secundarias de la Ciudad. Desaparecieron materias quedando docentes cesantes u obligándolos a tomar horas a término de los cursos EDI (Espacio de Definición Institucional) con proyectos elegidos discrecionalmente, sin estabilidad laboral y sin novedades de cuando se van a pagar. Los alumnos quedaron sujetos a la imposición de materias en aulas que se superponen con cargas horarias Los docentes sufrieron presiones para firmar cambios de horarios y se redujeron las horas extra-clase que se utilizan para reuniones docentes, planificación y proyectos especiales.. A todo esto se suman las resoluciones para la implementación de la ley de profesor por cargo, que intentan dejar cesantes a los suplentes frente a la jubilación del titular, incumpliendo el estatuto docente que dice que debe pasar a cargo interino.
La precarización laboral en educación, no es una marca registrada del macrismo, el Gobierno Nacional no se queda atrás. Los planes socioeducativos nacionales, FinES, CAI y orquestas infantiles, que se plantean como políticas de inclusión son una muestra más de hipocresía: docentes con monotributo o contratos por cuatrimestres, incumplimiento de los derechos estatutarios (licencias, antigüedad, vacaciones), falta de recursos, convenios con organizaciones e instituciones “amigas” del gobierno como La Cámpora y la Iglesia.
Para el macrismo el arte no es público. Los estudiantes salen a defender las escuelas artísticas.
A los problemas de la implementación de la NES se suman los históricos problemas edilicios, la falta de recursos y el cierre de cursos. En el caso de las escuelas artísticas, la NES devalúo aún más sus títulos y especificidad, lo que se sumó al histórico abandono de los edificios y falta de recursos. Los estudiantes, cansados de las faltas de respuestas, tomaron los edificios de cuatro escuelas: la escuela de danzas “Mastrazzi”, la escuela de arte “Lola Mora”, la escuela de escultura “Rogelio Yrurtia” y la escuela de Cerámica Nº 1. Las respuestas del Gobierno fueron amenazas y hostigamientos de la policía federal, los estudiantes lejos de amedrentarse, continuaron con movilizaciones y cortes y apuestan a que se sumen más escuelas.
Recuperemos los sindicatos para transformarlos en herramientas de lucha en defensa de la educación pública.
Frente a todos estos ataques docentes y estudiantes responden con movilizaciones, festivales y escuelas tomadas. Desde la Corriente Nacional 9 de abril Corriente Nacional Nueve de Abril-Lista Marrón, miembro de la Conducción de Ademys y parte del Frente de oposición en UTE/CTERA con la lista Multicolor, venimos acompañando y participando en las acciones que deciden en asamblea docentes y estudiantes.
Denunciamos la política de la lista Celeste, actual conducción en UTE, que frente a todos estos ataques hace cuatro meses que no llama a plenario de delegados y, con falsas promesas y políticas de fragmentación, intenta disciplinar a la docencia. Para poder frenar los ataques de ajuste que quieren seguir imponiendo los gobiernos es necesario un sindicato democrático e independiente de los gobiernos que realmente luche en unidad por la educación pública.
Difundimos y acompañamos las próximas actividades:
Viernes 12 a las 14hs marcha de los estudiantes secundarios del Ministerio de Educación de Nación al Ministerio de Educación de la Ciudad convocada por la CEB. Entregarán un petitorio exigiendo: no al cierre de cursos, participación en el armado del Ciclo Orientado de la NES; no a la persecución política en las escuelas, ¡Abajo el 0800 buchón!; aumento del presupuesto a la Educación Pública; aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral y no más acosos en las escuelas; arreglo de los edificios y construcción de nuevos establecimientos.
Viernes 12 a las 18hs en el Comercial Nº 4 se estará realizando un festival en la calle Bolívar en reclamo por un edificio propio. Tres instituciones comparten edificio, frente al proyecto del Normal nº 3 de pasar de jornada simple a jornada completa, las escuelas de Comercio Nº 4 y Nº 27 se quedan sin edificio.
Lunes 15 “Jornada de Escuelas movilizadas” y viernes 19 a las 18hs nueva asamblea de docentes autoconvocados en el Colegio Nº 15 (Ecuador 1158)
Voces desde las escuelas:
Santiago Soto (profesor de Historia del Comercial Nº 5 y Nº 4): En el Comercial Nº 4 nos estamos movilizando porque necesitamos un edificio nuevo, actualmente lo compartimos con el Comercial 27 y el Normal 3, este último tiene el proyecto de convertirse en un colegio de Jornada completa en primaria, lo que deja a las otras dos escuelas sin edificio. Por otro lado, en el Comercial 5 hay once docentes que pueden perder sus cargos, esto es algo que está pasando en muchas escuelas, en realidad es producto de la ley de profesor por cargo. Ellos vienen resistiendo, no firmaron la baja, y gracias a la movilización y el apoyo de sus compañeros, lograron frenar la situación en dos oportunidades.
Ursula (Profesora de Geografía del Colegio Nº 6 y Liceo Nº 12): Desde principio de año venimos observando que la implementación de la NES, redunda en un recorte de horas extra-clase que no solo afecta la estabilidad y profundiza la precarización laboral sino que impactan sobre todo en nuestros alumnos. Desde que comenzó el año sólo en el Colegio Nº 6 se han perdido más de 50 horas extra-clase y en el Liceo Nº 12 otras tantas, horas que con anterioridad estaban destinadas a distintos programas y proyectos que apuntan a acompañar a las chicas y chicos en su trayectoria escolar como son los apoyos escolares, preparación de las materias previas, tutorías entre otros. En muchos casos estos cambios son incluso en detrimento de las condiciones laborales vulnerándose derechos ya adquiridos y los docentes se encuentran en una situación muy compleja porque de no aceptar pierden su trabajo y está claro que conforme vaya avanzando la implementación de la NES esta situación se trasladará cada vez a más docentes. También es tema de preocupación la inestabilidad laboral de quienes hoy somos suplentes. Por esto y por tantas otras cosas, es que participamos en la asamblea en el colegio Avellaneda, entendemos que la disolución del Proyecto 13 y la implementación de la NES constituye un retroceso y es por eso que venimos dialogando y decidimos organizarnos conjuntamente con otras escuelas.
Emiliano Consoli (Profesor de Administración del EEM Nº1): En la escuela hace 25 años que compartimos edificio con otro nivel, a través de la lucha conseguimos que este año se empiece a construir nuestro edificio propio, pero nos quieren quitar el jardín maternal y el comedor que usamos docentes y estudiantes. Mientras nos niegan nuestros derechos conquistados gastan millones en pintar la ciudad de amarillo gracias al presupuesto votado en conjunto por el macrismo y el kirchnerismo. No estamos dispuestos a retroceder ni en nuestras condiciones laborales ni en la calidad educativa de nuestros estudiantes.
Terceirização da educação no Brasil: por mais lucro à empresa educacional
Guilherme Perez Cabral, advogado especialista em direito educacional, doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito, discute a tendência à terceirização de serviços relacionados à educação no Brasil, avaliando por que ela é algo que interessa às empresas – e não à educação
Fuente: UOL | Por: Guilherme Perez Cabral
É irresponsável falar em terceirização, no âmbito do nosso tema, a educação. Eu explico.
Falar em favor da terceirização é assumir uma posição em defesa do lucro. Sem ressentimentos, por favor. A conclusão não indica, ainda, qualquer juízo de valor quanto à (in)justiça da posição assumida. Por isso, defendê-la, na esfera da educação, é, em última análise, defender o empreendimento lucrativo nesse campo.
A terceirização tem a ver com a transferência de responsabilidades, obrigações e riscos trabalhistas, inerentes a qualquer atividade empresarial, para um terceiro. Daí o nome. O empresário sai da relação de emprego. Não emprega mais. Contrata e fiscaliza um terceirizado que presta o trabalho, pessoalmente, por seus sócios, por “quarteirizados”. Eventualmente (há sarcasmo no uso do advérbio) por seus empregados, a espécie em extinção. Atualmente, está limitada, conforme entendimento da Justiça do Trabalho, a “atividades-meio” da empresa (segurança, limpeza, etc.). De acordo com o Projeto de Lei aprovado pela Câmara dos Deputados, em abril, e submetido, agora, à análise do Senado, será estendida a qualquer atividade da empresa, qualquer uma mesmo, até sua atividade-fim – no caso das escolas, o ensino. Convido todos à leitura do texto debatido, refletindo sobre os motivos e interesses por trás de seus artigos, nas entrelinhas. Isso é fundamental para que possamos defendê-lo ou atacá-lo.
Para o bem do lucro, a terceirização nos “negócios” da educação, interessa à empresa. Não à educação. Isso é muito grave. Digo isso sob o ponto de vista do próprio direito vigente. Afinal, o objetivo da escola é educar, de acordo com os fins previstos na Constituição (desenvolvimento pleno da pessoa, qualificação para o trabalho e preparo para a cidadania). Não deveria ser, portanto, o lucro. Ocorre que uma empresa, por definição, tem fim lucrativo. E, se o fim é o lucro, não é a educação (nem seus objetivos constitucionais), deturpada em meio do empreendimento lucrativo. Arrisco dizer que a empresa educacional é, nesse sentido, inconstitucional.
É verdade, a experiência demonstra que há empresas que prestam ensino de qualidade, segundo os padrões estabelecidos pelo Poder Público. Mas, em última análise, o ensino e a sua qualidade, aqui, são um meio para ganhar dinheiro. Existem enquanto prevalecer o lucro do empresário. Isso é muito deseducativo.
É verdade, também, a “terceirização” já chegou à educação. Faz tempo. O Poder Público, se não pode “terceirizar” o ensino básico (obrigatório) ao setor privado, delegou para ele o que temos, para hoje, em termos de qualidade. Sem entrar no mérito da qualidade do serviço prestado, as instituições privadas mantêm, ainda, em torno de 70% das matrículas no ensino superior.
Trazer, porém, a terceirização discutida no Congresso Nacional para o trabalho na escola é o último degrau da degradação do que poderia ter sido a educação. É a selvageria do capital.
Significa a possibilidade de terceirizar a docência. A escola não precisa mais de seus professores. Não emprega mais. Chega de corpo docente. Chega de comunidade escolar. Contratemos empresas prestadoras de serviços terceirizados de aulas de física, de química, de história. É mais viável economicamente. Mais lucrativo.
O Poder Público terceiriza a educação ao setor privado. A escola privada terceiriza a tarefa de ensinar. Chegamos à distorção da terceirização da educação pela própria escola. Na terceirização de responsabilidades, livram-se todos do fardo. Fica dúvida se sobrará alguém responsável.
Violaciones graves al derecho a la educación en Chile: la hora de actuar
9 de junio de 2015
El 8 de junio de 2015, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Red de Estudios para la Profundización Democrática y el Foro por el Derecho a la Educación de Chile, presentaron una declaración oral ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. En la declaración, demandaron que el Estado chileno establezca un mecanismo de investigación independiente para evaluar el cumplimiento de los estándares de derechos humanos en la educación chilena, entre otros puntos. La declaración consistió en un síntesis del informe que las mismas organizaciones presentaron al Comité en el comienzo de 2015, elaborado con el apoyo de la Clínica de Derecho de Sciences Po, con las adhesiones de ocho organizaciones. Lea, a continuación, la declaración:
Violaciones graves al derecho a la educación en Chile: la hora de actuar
Buenos días,
Estoy haciendo esta declaración en nombre de la Iniciativa Global para los DESC, a raíz de un informe que presentamos en conjunto con la Clínica de Derecho de Sciences Po y con el apoyo de ocho organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales e internacionales que trabajan sobre el derecho a la educación en Chile.
Quisiera en esta declaración externar las preocupaciones con respecto al impacto del sistema educativo privatizado en Chile sobre los derechos protegidos por el Pacto.
Chile es uno de los países que tienen el sistema educativo que más privatizado en el mundo, a través de un sistema a gran escala de bonos públicos para las escuelas privadas, desarrolladas bajo el régimen de Pinochet. La matrícula de la escuela privada representa en la actualidad más del 60% de la matrícula total. Sin embargo, este sistema ha tenido un impacto devastador en la realización del derecho a la educación, y más allá, de los derechos económicos, sociales y culturales, en Chile. Sólo un par de ejemplos:
– Chile es el país más segregado por condición socioeconómica y rendimiento, entre los 65 países analizados por la OCDE en su estudio de la educación PISA.
– Tal segregación tiene efectos discriminatorios de larga duración. Un informe que publicaremos pronto recuerda que en igualdad de competencias, los y las estudiantes que asistieron a escuelas privadas en Chile ganan salarios 18,5% más altos que los y las estudiantes que han asistido a las escuelas públicas, en su primera experiencia profesional [véase Paola Borbon, “Efectos del prestigio de los colegios de enseñanza media, de las universidades y el aprendizaje del empleador sobre los salarios en Chile”, in: Estudios Públicos, Vol. 133, Summer 2014, pp. 69 – 96].
Estos son impactos profundos y dramáticos. Al cuestionar la naturaleza misma del derecho a la educación, que se supone que es un derecho habilitante a todos los demás derechos económicos, sociales y culturales, el sistema educativo chileno también ha puesto en duda el propio sentido de la justicia y la equidad en la sociedad. Esto se evidencia por las enormes protestas públicas en defensa de reformas educativas, que tuvieron lugar en 2006 y 2011.
Estos efectos se han observado correctamente por este Comité en la Lista de Cuestiones, que puso de relieve las desigualdades generadas por el sistema educativo. Del mismo modo, sólo unas semanas más tarde el Comité de los Derechos del Niño expresó preocupación en su Lista de Cuestiones por la “segregación” en el sistema educativo chileno.
Es evidente que el sistema educativo chileno, y el nivel de desigualdad y discriminación sistémica que implica, constituye una grave violación de los derechos a la educación y a la no discriminación protegidos por el Pacto. Por lo tanto, se deben tomar medidas urgentes y decididas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos para hacer frente a esta situación.
En ese contexto, el gobierno de Chile debe ser reconocido por las reformas valientes y difíciles del sistema educativo se está llevando a cabo, como se indica en su respuesta a la Lista de Cuestiones. Acogemos con gran satisfacción estas reformas; son pasos importantes en la dirección correcta.
Sin embargo, creemos que es esencial que el Comité aborde coherentemente el sistema educativo privatizado de Chile y su impacto sobre la realización de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, por dos razones.
En primer lugar, porque es necesario que haya una evaluación imparcial de derechos humanos del sistema educativo privatizado chileno, y vuestro Comité tiene un papel decisivo a jugar. Dicha evaluación es esencial para Chile en un momento en el que se están disputando las reformas de la educación que el gobierno está tratando de implementar, para que el debate sea informado por consideraciones de derechos humanos. También es fundamental para las docenas de países en desarrollo que están mirando al sistema educativo privatizado de Chile como un modelo a seguir. Actualmente, en el momento en el que estamos hablando, se están discutiendo reformas en Ghana, Kenia, Uganda, India, Pakistán y muchos otros países, que buscan replicar exactamente el sistema educativo de Chile. En Marruecos el gobierno ha tomado explícitamente el sistema educativo chileno basado en el mercado como un modelo para sus propias reformas. Esto a pesar de los impactos catastróficos de los derechos humanos que ese sistema ha tenido en Chile.
Por lo tanto, instamos al gobierno a establecer un mecanismo de investigación independiente nacional o internacional para evaluar el sistema educativo chileno respecto a las normas de derechos humanos.
En segundo lugar, las reformas adoptadas hasta ahora son insatisfactorias. Fundamentalmente, no cuestionan la naturaleza de mercado del sistema educativo. Al mantener el sistema de vouchers, el sistema chileno sigue poniendo en competencia escuelas públicas con un histórico de desentajas con escuelas privadas que reciben el apoyo del público, y vive en la ilusión de que la educación debe organizarse como un mercado en el que el consumidor puede tomar una decisión, a pesar de las altas desigualdades engendra.
Respecto a ese tema de la elección, nos gustaría reforzar que el Pacto, así como todos los textos de derechos humanos, no proporciona un derecho a elegir las escuelas, sino una libertad de los padres y madres para elegir una escuela diferente de la escuela pública. Esto implica que cada niño y niña debe tener la oportunidad de acceder a una escuela pública de calidad, sin segregación en esas escuelas. Las obligaciones legales de Chile deben estar en el corazón de las reformas de la educación en el país, e instamos al gobierno a profundizar sus reformas en consonancia con sus obligaciones de derechos humanos en el marco del Pacto, entre otras cosas, a través de la prohibición de todas las posibilidades de lucro de las escuelas privadas, de la prohibición de todas las formas de pruebas de acceso y entrevistas en las escuelas, prohíbiendo totalmente las pruebas estandarizadas individuales, los fondos para desmunicipalizar la educación y la reforma integral del sistema de bonos con el fin de eliminarlo.
Gracias.
Descargue aquí la declaración original (en inglés).
Análisis: Una amenaza a la educación de calidad
2 de junio de 2015Fuente: Antoni Verger | La Diaria
Los acuerdos de libre comercio, como el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) o, más recientemente, el Acuerdo sobre Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), plantean importantes retos de cara a la construcción y a la consolidación de sistemas educativos públicos, especialmente en los países del sur.
Estos acuerdos, una vez firmados, obligan a los gobiernos a garantizar a los proveedores de servicios transnacionales el acceso a sus mercados nacionales por tiempo indefinido, limitando la capacidad de regulación estatal. En el caso de la educación, dichos riesgos se multiplican por el papel estratégico que ésta desempeña en la promoción de la equidad social y la distribución de oportunidades, así como por su condición de derecho humano fundamental.
Los defensores del libre comercio consideran que la liberalización del sector educativo permitirá diversificar la oferta educativa y fomentar la competencia entre proveedores -lo cual, consideran, es sinónimo de la promoción de una oferta de calidad-. Ahora bien, la comunidad educativa es más bien escéptica respecto a esta tesis. La intromisión de los acuerdos comerciales en el campo educativo genera serias preocupaciones.
En primer lugar, respecto a la capacidad de regular de los estados. Los compromisos de liberalización adquiridos en el marco de acuerdos comerciales limitan la capacidad de los gobiernos a la hora de introducir nuevas regulaciones en el ámbito educativo, ya que éstas pueden ser consideradas “barreras comerciales” innecesarias. Nos referimos a temas clave en la regulación de todo sistema educativo, como pueden ser los requisitos de calificación del profesorado, o procesos de certificación de nuevos proveedores. Los acuerdos comerciales también pueden impedir que los gobiernos establezcan límites a las operaciones de los proveedores con fines de lucro, o al porcentaje de beneficios que éstos pueden repatriar en concepto de regalías.
Además, el control de la calidad. En ese sentido, desde el punto de vista del libre comercio, determinadas normas y procedimientos para la evaluación y acreditación de la calidad pueden ser percibidos como barreras comerciales. Además, la teoría de que a más proveedores, más competencia y, por ende, mejor calidad de los servicios no tiende a funcionar en el campo educativo, y menos aun en entornos con regulaciones débiles. De hecho, es habitual que los proveedores educativos con fines de lucro (sean transnacionales o locales) ofrezcan peores condiciones laborales a los docentes, tengan educadores con un nivel de calificación más bajo, o cuenten con infraestructuras más deficitarias en lo que respecta a laboratorios, acceso a bibliotecas, etcétera. Por ejemplo, en la Universidad Europea de Madrid (que pertenece a la empresa International Laureate) sólo 17,6% de los profesores tiene el título de doctor, mientras que la media en las universidades públicas españolas es 70%.
También afecta a la perspectiva del desarrollo. La apertura del sector educativo al comercio internacional puede dificultar la emergencia de una oferta local propia y adecuada en los países del sur. En palabras del profesor Philip Altbach, del Boston College, en un contexto de apertura comercial “los países en desarrollo estarán en desventaja considerable. Las instituciones académicas locales tendrán dificultades para competir con los proveedores internacionales que optan por crear instituciones en su país”.
En su momento, el AGCS de la Organización Mundial del Comercio (OMC) encontró mucha oposición en la comunidad educativa internacional y, como consecuencia de ello, muchos países se comprometieron a no ofrecer ni demandar la apertura comercial del sector educativo. No obstante, los países más interesados en la comercialización de servicios (incluyendo los servicios educativos) se han propuesto continuar avanzando en su liberalización mediante un nuevo acuerdo comercial con menor alcance territorial, el TISA.
Por los motivos expuestos brevemente en este artículo, los países deberían excluir la educación de las negociaciones del TISA. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por su sigla en inglés), en el comunicado que emitió al término del Congreso Mundial de la Educación Superior en 2009, recomendó a los países miembros que no adquirieran compromisos de liberalización en el marco de la OMC. Ahora bien, más allá de esas medidas reactivas, cabe decir que la mejor vacuna contra los efectos de los acuerdos de libre comercio reside en la construcción de sistemas educativos públicos y de calidad. Es más que probable que los proveedores transnacionales con fines de lucro no encuentren muchas oportunidades de negocio en los países donde la oferta pública es suficiente, diversa y de excelencia.
Finalmente, oponerse al TISA (como al AGCS en su momento) no debe confundirse con oponerse a la internacionalización de la educación. Más bien al contrario. Los intercambios con fines no comerciales entre profesores y estudiantes de diferentes países, así como los consorcios internacionales para la creación de programas de estudio o de proyectos de investigación, no hacen más que reforzar el intercambio de ideas y la calidad de los sistemas educativos. Por lo tanto, la cooperación internacional es otro de los instrumentos de los que dispone la comunidad educativa para oponerse a las dinámicas de transnacionalización del sector que se plantean desde una lógica meramente comercial o lucrativa.
"La responsabilidad del gobierno por la equidad y la calidad en la educación debe ser nuestra primera preocupación"
Fuente: United Nations Human Rights
Incheon, Corea (21 de mayo 2015) – “La responsabilidad de los gobiernos de garantizar educación inclusiva de calidad es la piedra angular de la agenda de la educación post-2015”, dijo el Relator Especial sobre el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, Kishore Singh, en el Foro Mundial de Educación 2015, una reunión de más de 130 líderes mundiales que tratan de establecer una hoja de ruta para la educación global hasta el 2030.
“Guiados por los principios de justicia social, las estrategias de educación deben abordar la desigualdad, centrándose en las niñas y las mujeres, las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las niñas y niños que viven en zonas afectadas por el conflicto, zonas rurales y barrios urbanos, y hacer más para promover la igualdad de género”, dijo el Relator, haciéndose eco del llamado del Secretario General de la ONU para promover la equidad en la educación.
“Las personas más vulnerables entre nosotros/as son las que más necesitan educación, y no podemos quedar parados/as, mientras ellas están siendo excluidas”, afirmó el experto en derechos humanos. “El próximo Marco de Acción debe tener enfoque de derechos humanos, con fuertes mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas, para garantizar que todo el mundo sea capaz de ejercer su derecho a la educación”.
El Relator Especial expresó su preocupación por el aumento de la educación privatizada con fines de lucro e instó a los gobiernos a resistir fuertemente a la presión para alcanzar sus metas de educación a través del sector privado.
“Los gobiernos deben garantizar la educación como un bien público, y de manera urgente poner fin a la comercialización de la educación”, agregó. “Las disparidades y desigualdades en la sociedad deben ser reducidas, no animadas. La construcción de un sistema de educación inclusivo exige que los gobiernos fortalezcan la educación pública, lo que es su obligación en el marco del derecho internacional de los derechos humanos”.
“Me siento muy alentado de que el Grupo de Trabajo Abierto sobre el Desarrollo Sostenible estableció el objetivo de asegurar en 2030 que todos los niños y niñas completen la educación primaria y secundaria gratuita, equitativa y de calidad”, dijo Singh. “La educación gratuita significa que ningún niño/a debería tener que pagar por su educación, y las escuelas con fines de lucro, incluyendo las escuelas privadas de bajo costo, no deben tener cabida en nuestra visión para el futuro”.
“Hago un llamado a los gobiernos para financiar integralmente e implementar integralmente sus obligaciones de derechos humanos y llevar la educación pública gratuita para todas las personas. La educación básica gratuita es la piedra angular del derecho a la educación y no debe ser socavada por la privatización”, dijo el Relator Especial.
Al cabo de tres días de deliberaciones, el Foro Mundial de Educación aprobó la Declaración y el Marco de Acción de Incheon por consenso, estableciendo la agenda de educación post-2015, junto con las metas educativas propuestas por el Grupo Abierto sobre el Desarrollo Sostenible.
