Andressa Pellanda: “El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país”
27 de agosto de 2020
Aprobada por unanimidad en el Senado Federal de Brasil este último martes (25), la Enmienda Constitucional 108/2020 crea e incluye el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) en la Constitución Federal del país. Más que eso, la enmienda garantiza que sean parte de este nuevo Fundeb el Costo Alumno-Calidad (CAQ), mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña, y el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Básica (Sinaeb).
El hecho es histórico y es considerado por educadoras y educadores, activistas, docentes, organizaciones y movimientos sociales como una de las más importantes victorias en términos de la garantía de los derechos humanos en los últimos tiempos.
Uno de los principales actores responsables por este marco en la educación brasileña fue la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil. Miembro de la CLADE, la Campaña es la red más grande, amplia y plural en defensa del derecho a la educación en Brasil y fue la responsable de formular los argumentos técnicos y políticos, y de coordinar una amplia y decisiva movilización, que culminó en una victoria para la educación pública brasileña.
Para abordar con mayor profundidad la importancia del hecho, conversamos con Andressa Pellanda, coordinadora general de la Campaña. En la entrevista, Andressa hizo un análisis del contexto político, social y educativo del país, de la lucha de toda la comunidad educativa para lograr conquistar un Fundeb con CAQ y de los próximos pasos para que se garantice el derecho a la educación en Brasil.
A continuación, lee la entrevista completa:
¿Cuál es el contexto político y educativo de Brasil?
Andressa Pellanda – Brasil vive un contexto muy difícil, tanto en materia educativa como en términos políticos y democráticos. Desde 2015 hemos vivido turbulencias, golpes e inestabilidades políticas y económicas que han impactado decisivamente en los derechos sociales de la población de Brasil y han comprometido la garantía de esos derechos que antes estaban en camino hacia la universalización.
“Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación”
La educación no queda por fuera de este contexto. Desde el gobierno de Michel Temer [2016-2018] hemos vivido un proceso de privatizaciones muy intensas en nuestra educación, de recortes enormes en el área, especialmente después de la aprobación de la Enmienda Constitucional 95/2016, que impone una política de austeridad absurda en las áreas sociales y que no fue anulada ni en el contexto de COVID-19, a pesar de las recomendaciones nacionales e internacionales que defendían más inversiones en las áreas sociales y también en la educación.
Con el gobierno de Bolsonaro, la educación en Brasil pasa a vivir una situación todavía más oscura, ya que sus ministros y toda la agenda de gobierno deja al margen el eje principal de la educación en Brasil, que es el Plan Nacional de Educación, sustituyéndolo con estructuras de censura, de militarización de escuelas, de privatización y de una política de Estado mínimo para el área.
No es un escenario fácil, es uno de los peores y quizás el peor escenario que hemos vivido desde la redemocratización y, por lo tanto, ha sido muy complicado actuar por el derecho a la educación en Brasil, no solo por esta situación sino también por el debilitamiento de los espacios de participación social, de la propia democracia.
¿Cuál es la importancia de la votación del Fundeb con el CAQ?
Andressa Pellanda – Ante este contexto, el logro que conseguimos con la votación por unanimidad del nuevo Fundeb en el Senado Federal, después de una votación casi unánime en la Cámara de los Diputados, representa una gran victoria de la sociedad, de la comunidad educativa, especialmente de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, ya que defender el financiamiento adecuado de la educación en Brasil ha sido una de nuestras banderas más importantes.
Esta conquista es una victoria todavía más importante porque a través de la Enmienda Constitucional 108/2020 logramos incluir en la Constitución Federal el Fundeb con el Costo Alumno-Calidad, que es un mecanismo construido por la Campaña hace 18 años. Una vez en la Constitución, ya no hay manera de impedir que el CAQ se realice en nuestras escuelas.
“El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad”
La realidad que el Costo Alumno-Calidad trae para nuestras escuelas es la valorización de los profesionales de la educación, mejores condiciones de trabajo, formación adecuada para estos profesionales, infraestructuras adecuadas en las escuelas, para que todas ellas tengan baños, bibliotecas, clases de recursos multifuncionales, gimnasios de deportes, laboratorios de ciencias y con todos los materiales necesarios para que haya una estructura de escuela de calidad en todas las regiones del país. También está previsto en el mecanismo que esta escuela tenga garantizados los recursos para su gestión democrática, como la construcción de proyectos político-pedagógicos, y la infraestructura y formación adecuada de docentes para garantizar la educación inclusiva.
Además, el CAQ incluye el control de los recursos para la educación, haciendo que los recursos de complementación, provenientes del gobierno federal, puedan llegar a los lugares que los necesitan.
El Costo Alumno-Calidad trae la dignidad para cada escuela del país, con independencia de la región en la que viva el estudiante, además de garantizar que haya justicia educativa, justicia social en nuestros centros educativos. Por ello es que fue tan importante que se votara un Fundeb con el Costo Alumno-Calidad.
¿Cuáles fueron las otras conquistas que el Fundeb trajo para el derecho a la educación en el país?
Andressa Pellanda – Además del CAQ, logramos que fuera incluido en Fundeb el Sistema de Evaluación de la Educación Básica [Sinaeb], que ya está en el Plan Nacional de Educación, pero que nunca había sido puesto en práctica, además de la construcción de un nuevo sistema de distribución de los recursos para la educación, que es un sistema híbrido que trae más garantía de equidad, sin que ninguna red de enseñanza sea perjudicada.
Además, este nuevo Fundeb también garantiza que el mínimo de 70% de los recursos sean dedicados a los profesionales de educación, ya sea para su formación, salarios, etc., valorándolos más.
En nuestro sistema educativo, la oferta de la educación básica es de responsabilidad de las municipalidades y de los Estados, pero hay una demanda de que el gobierno federal colabore técnicamente y financieramente, de manera activa, para la garantía del acceso y calidad de la educación básica. Con el nuevo fondo, logramos garantizar nuevos recursos del gobierno federal.
A partir de la votación, ¿cuáles serán los próximos pasos para que el derecho a la educación en Brasil sea garantizado?
Andressa Pellanda – La reglamentación del Fundeb necesita ser realizada en secuencia, de manera de garantizar el funcionamiento pleno de la Enmienda Constitucional 108/2020, relativa al Fundeb, profundizando algunos elementos que esta presenta.
En este contexto, será necesario que el CAQ sea parte de esta reglamentación, ya que el mecanismo es el responsable de proveer las bases para las condiciones adecuadas de calidad de la educación brasileña. Además, es fundamental que el CAQ sea parte de la Ley del Sistema Nacional de Educación, cuya votación ha tardado en ser debatida y aprobada pero que ahora, después de la votación del Fundeb, puede ser realizada con más facilidad y calidad.
Además de la votación del Fundeb, ¿cuáles son las otras áreas de actuación de la Campaña este año?
Andressa Pellanda – Hemos actuado en algunas agendas intersectoriales, con un trabajo muy cercano a otros actores de la sociedad civil, como el Foro Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST) y la ActionAid Brasil para garantizar y mejorar los procesos de distribución de la alimentación escolar en este contexto de pandemia, que ha perjudicado la seguridad alimentaria de niños y niñas brasileños.
Otro trabajo que hemos hecho es junto al Foro Nacional de Erradicación y Prevención del Trabajo Infantil que, a través de la plataforma “Cada Criança” [Cada niño/niña], lucha para garantizar prioridad y protección absoluta a las niñas, niños y adolescentes bajo el lema “toda niña y niño debe ser libre y tiene derecho a la educación”.
“Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de ‘Escuela Sin Partido’”
También hemos dedicado muchos esfuerzos en el sentido de garantizar la equidad y la no discriminación en las políticas educativas que han sido desarrolladas en este periodo de pandemia. Con la suspensión de las clases en las escuelas y la intensificación de las actividades remotas, hemos luchado mucho contra la privatización de la educación en esta agenda y en otras.
Por último, pero no menos importante, hemos actuado por una educación que sea diversa y por espacios de participación democráticos frente a este momento oscurantista de la política brasileña, caracterizado por la censura, la militarización, el conservadurismo y la discriminación. Junto con otras organizaciones, hemos formado un grupo que ha actuado a nivel jurídico para declarar acciones de inconstitucionalidad referentes al movimiento de “Escuela Sin Partido” en el Supremo Tribunal Federal y que hasta ahora obtuvo victorias.
Este año es un año muy duro por la pandemia y por el escenario político y económico en Brasil y en el mundo, pero seguramente es un año que será recordado como el año en que garantizamos un Fundeb permanente, con el Costo Alumno-Calidad, y que también vencimos en el Supremo Tribunal Federal los ataques discriminatorios de “Escuela Sin Partido”.
Son victorias de la Campaña, construidas por todas y todos, con el liderazgo incansable de nuestro coordinador general hasta este año, Daniel Cara. Sin todo su trabajo y estrategia, no hubiéramos llegado a este resultado.
Testimonio de Andressa Pellanda, en portugués, trás la votación del nuevo Fundeb en el Senado brasileño:
https://www.facebook.com/campanhanacionaldireitoeducacao/videos/314108510033670/
Brasil: ¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno-Calidad?
18 de agosto de 2020Con el objetivo de sistematizar los principales puntos para comprender qué es el Costo Alumno-Calidad (CAQ), la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) lanzó la nota técnica “¿Por qué es imprescindible constitucionalizar el Costo Alumno Calidad?”.
El documento, disponible en portugués, destaca la importancia del CAQ ‒mecanismo que une calidad, y control social y financiero adecuado a la educación brasileña‒ para el nuevo Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica y de Valoración de los Profesionales de la Educación (Fundeb), además de presentar sus 18 años de historia, sus investigaciones y debates públicos, y deshacer mitos e incomprensiones sobre el mecanismo.
“Al considerar los insumos necesarios para garantizar un patrón de calidad, el CAQ pauta las inversiones que cubren los costos de mantenimiento de las guarderías, pre-escuelas y educación primaria y secundaria, en sus distintas modalidades, conforme lo previsto en la Constitución Federal, en la Ley de Directrices y Bases de la Educación de Brasil (Ley nº 9.394/1996) y en el Plan Nacional de Educación (Ley nº 13.005/2014), entre otras leyes”.
La inserción del CAQ en la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 26/2020 que institucionaliza el nuevo Fundeb fue aprobada en la Cámara de los Diputados de Brasil. El Senado brasileño debe votarla en esta semana, pero los legisladores que apoyan al gobierno y otros partidos conservadores se han resistido a mantener el CAQ en la PEC.
Al publicar la nota técnica, la CNDE subraya la importancia del CAQ para garantizar la calidad de la educación pública brasileña. “La implementación del CAQ para mejorar el financiamiento de las escuelas públicas brasileñas se justifica por al menos tres razones: 1) la persistencia de una enorme desigualdad de acceso, condiciones dispares de permanencia y calidad educativa entre personas de diferentes clases sociales; 2) evidencia de condiciones insuficientes en las ofertas en las escuelas públicas; y 3) las limitaciones de la actual política de financiamiento”, se explica en el documento.
"El ‘giro’ hacia la ‘formación en línea’ y la ‘enseñanza a distancia de emergencia’ han convertido las tecnologías de la educación en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales"La investigación analiza las actividades de varias organizaciones y valora sus consecuencias para el futuro de la educación después de la crisis. Asimismo, identifica los aspectos fundamentales del proceso de recuperación de los sistemas educativos, señala prioridades de investigación y formula recomendaciones. “La crisis de la COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos de todo el planeta. El ‘giro’ hacia la ‘formación en línea’ y la ‘enseñanza a distancia de emergencia’ han convertido las tecnologías de la educación en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales”, se afirma en el informe. Según los investigadores, es probable que los efectos de la pandemia duren cierto tiempo; en primer lugar, que se mantengan los modelos “mixtos” temporales de la educación con “distancia social” durante el periodo de recuperación tras la pandemia. “Puede que perduren incluso después, a través de enfoques ‘híbridos’ en los que las tecnologías de la educación se integren en la gestión escolar, la evaluación, los métodos pedagógicos y los planes de estudios”, afirman. A continuación, el resumen de los resultados.
El “solucionismo” de la industria mundial de las tecnologías de la educación
Según el informe, la “industria mundial de la educación”, compuesta por organizaciones privadas y comerciales, ha desempeñado una función importante en el marco de la enseñanza durante la crisis de la COVID-19 y ha trabajado a escala local, nacional e internacional para introducir las tecnologías de la educación en las prácticas y sistemas de formación. “Durante la pandemia, esta representación de la industria mundial de la educación ha generado y difundido una poderosa imagen de la COVID-19 como una nueva ‘oportunidad’ para ‘reinventar’ la educación, ha tratado el aprendizaje en casa como un ‘modelo a pequeña escala’ de un futuro digital con formas mixtas de educación y ha fomentado la ‘experimentación’ y la ‘innovación’ para modelar los sistemas educativos del mañana. Ha convertido la crisis en una oportunidad para catalizar la transformación educativa”, afirman los investigadores.Las colaboraciones público-privadas y las coaliciones COVID
“La función de los proveedores comerciales ha contado con el apoyo, el fomento y el impulso de diversas organizaciones pertenecientes al tercer sector, el público y el privado”, dice el documento. Entre los promotores más influyentes de las tecnologías de la educación durante la pandemia se cuentan varias organizaciones internacionales multilaterales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO, en muchas ocasiones en el marco de coaliciones multisectoriales mundiales para fomentar “buenas prácticas” que marcan el camino a los centros de toma de decisiones políticas. Para los investigadores, los proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan también han formado poderosas redes y coaliciones para dar protagonismo a sus productos y animar a escuelas, docentes, padres y madres a usarlos. “Estas coaliciones ilustran la aparición de nuevos tipos de colaboraciones público-privadas multisectoriales y de redes políticas relacionadas con la expansión de las tecnologías de la educación, así como el aumento de la importancia del sector privado en la regulación y la prestación de servicios educativos”.La filantropía está “reinventando” la educación al amparo de la pandemia
Según el informe, varias organizaciones filantrópicas tecnológicas, como la Fundación Gates o la Iniciativa Chan Zuckerberg, han financiado y defendido políticamente las soluciones educativas tecnológicas como respuesta al cierre de las instituciones de enseñanza durante la pandemia. “Estos acaudalados filántropos tecnológicos también han logrado una posición de autoridad como expertos en la ‘reinvención’ de la educación del futuro, un estatus que refleja su visión previa, su apoyo financiero a los modelos de enseñanza centrados en la tecnología y sus esfuerzos por influir en la agenda política”, se dice en el documento.La creación de un mercado para las tecnologías de la educación
Las organizaciones financieras, las agencias de inteligencia de mercado, los capitales de riesgo y los fondos de inversión de impacto han intentado capitalizar la pandemia. “En un contexto que ya partía de un alto nivel de inversión en tecnologías educativas, sobre todo en los Estados Unidos y el sudeste asiático, se han hecho predicciones de mercado para estimular los mercados de capital, considerando la COVID-19 como un catalizador para capitalizar el repentino auge del uso de las tecnologías en la educación”, se afirma en el informe. Es probable que las proyecciones de mercado sobre el valor de las tecnologías de aprendizaje digital durante las próximas décadas atraigan a más inversores que deseen beneficiarse de los nuevos modelos disruptivos de la educación pública.La remodelación privada de la infraestructura de la educación pública
La investigación afirma que las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales, como Google, Microsoft y Amazon, han visto cómo se disparaba la demanda de sus productos y servicios debido a su capacidad para ofrecer soluciones a escala internacional, con gran rapidez y sin coste. “Estas empresas, respaldadas por organizaciones multilaterales con influencia política y estamentos gubernamentales nacionales, han integrado a estudiantes, docentes y escuelas en sus plataformas educativas en línea y sus sistemas en la nube, aumentando las posibilidades de que las instituciones educativas públicas dependan a largo plazo de la infraestructura tecnológica privada”, se dice en el informe. Según el documento, las redes sociales, como YouTube y TikTok, también han querido ampliar su presencia en la educación mediante colaboraciones de creación de contenidos para el aprendizaje en casa, aumentando sus ingresos gracias a la atracción de anunciantes y convirtiendo la educación en un vehículo para la publicidad comercial.La expansión del negocio educativo
Diversos tipos de empresas del ámbito de la educación ‒desde grandes negocios internacionales como Pearson a nuevas empresas emergentes‒ han aprovechado para comercializar y promocionar rápidamente sus productos para instituciones educativas, a menudo de forma gratuita o a precios subvencionados durante un tiempo limitado, impulsando las plataformas de enseñanza en línea como modelos alternativos a largo plazo para la educación. Las tecnologías de inteligencia artificial también han experimentado un notable crecimiento, especialmente en China, debido a su capacidad para proporcionar una educación “personalizada” cuando no hay docentes; además, se han usado tecnologías de vigilancia del alumnado para controlar la asistencia virtual a clase, evaluar el bienestar y el aprendizaje socio-emocional y permitir el cumplimiento de la función de guarda y custodia de las escuelas. Para los investigadores, esta evolución extenderá el alcance de los negocios educativos a nuevas áreas de la enseñanza y reforzará su influencia a largo plazo en las aulas.>> Investigación “La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la COVID-19”
">¿Cómo se ha desarrollado el proceso de comercialización y privatización de la educación en el contexto de la COVID-19?
12 de agosto de 2020Analizar el avance de la privatización y la comercialización de los sistemas educativos durante la pandemia de 2020, prestándole especial atención a las tecnologías de la educación. Este fue el objetivo del informe “La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la COVID-19” publicado por dos investigadores de la Universidad de Edimburgo (Escocia), Ben Williamson y Anna Hogam, para la Internacional de la Educación, en julio de 2020.
“El ‘giro’ hacia la ‘formación en línea’ y la ‘enseñanza a distancia de emergencia’ han convertido las tecnologías de la educación en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales”
La investigación analiza las actividades de varias organizaciones y valora sus consecuencias para el futuro de la educación después de la crisis. Asimismo, identifica los aspectos fundamentales del proceso de recuperación de los sistemas educativos, señala prioridades de investigación y formula recomendaciones.
“La crisis de la COVID-19 ha afectado a los sistemas educativos de todo el planeta. El ‘giro’ hacia la ‘formación en línea’ y la ‘enseñanza a distancia de emergencia’ han convertido las tecnologías de la educación en un componente fundamental de la educación en todo el mundo, otorgando al sector privado y a las organizaciones comerciales un papel central en los servicios educativos esenciales”, se afirma en el informe.
Según los investigadores, es probable que los efectos de la pandemia duren cierto tiempo; en primer lugar, que se mantengan los modelos “mixtos” temporales de la educación con “distancia social” durante el periodo de recuperación tras la pandemia. “Puede que perduren incluso después, a través de enfoques ‘híbridos’ en los que las tecnologías de la educación se integren en la gestión escolar, la evaluación, los métodos pedagógicos y los planes de estudios”, afirman.
A continuación, el resumen de los resultados.
El “solucionismo” de la industria mundial de las tecnologías de la educación
Según el informe, la “industria mundial de la educación”, compuesta por organizaciones privadas y comerciales, ha desempeñado una función importante en el marco de la enseñanza durante la crisis de la COVID-19 y ha trabajado a escala local, nacional e internacional para introducir las tecnologías de la educación en las prácticas y sistemas de formación.
“Durante la pandemia, esta representación de la industria mundial de la educación ha generado y difundido una poderosa imagen de la COVID-19 como una nueva ‘oportunidad’ para ‘reinventar’ la educación, ha tratado el aprendizaje en casa como un ‘modelo a pequeña escala’ de un futuro digital con formas mixtas de educación y ha fomentado la ‘experimentación’ y la ‘innovación’ para modelar los sistemas educativos del mañana. Ha convertido la crisis en una oportunidad para catalizar la transformación educativa”, afirman los investigadores.
Las colaboraciones público-privadas y las coaliciones COVID
“La función de los proveedores comerciales ha contado con el apoyo, el fomento y el impulso de diversas organizaciones pertenecientes al tercer sector, el público y el privado”, dice el documento. Entre los promotores más influyentes de las tecnologías de la educación durante la pandemia se cuentan varias organizaciones internacionales multilaterales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO, en muchas ocasiones en el marco de coaliciones multisectoriales mundiales para fomentar “buenas prácticas” que marcan el camino a los centros de toma de decisiones políticas.
Para los investigadores, los proveedores comerciales de tecnologías de la educación y las organizaciones que los apoyan también han formado poderosas redes y coaliciones para dar protagonismo a sus productos y animar a escuelas, docentes, padres y madres a usarlos. “Estas coaliciones ilustran la aparición de nuevos tipos de colaboraciones público-privadas multisectoriales y de redes políticas relacionadas con la expansión de las tecnologías de la educación, así como el aumento de la importancia del sector privado en la regulación y la prestación de servicios educativos”.
La filantropía está “reinventando” la educación al amparo de la pandemia
Según el informe, varias organizaciones filantrópicas tecnológicas, como la Fundación Gates o la Iniciativa Chan Zuckerberg, han financiado y defendido políticamente las soluciones educativas tecnológicas como respuesta al cierre de las instituciones de enseñanza durante la pandemia.
“Estos acaudalados filántropos tecnológicos también han logrado una posición de autoridad como expertos en la ‘reinvención’ de la educación del futuro, un estatus que refleja su visión previa, su apoyo financiero a los modelos de enseñanza centrados en la tecnología y sus esfuerzos por influir en la agenda política”, se dice en el documento.
La creación de un mercado para las tecnologías de la educación
Las organizaciones financieras, las agencias de inteligencia de mercado, los capitales de riesgo y los fondos de inversión de impacto han intentado capitalizar la pandemia. “En un contexto que ya partía de un alto nivel de inversión en tecnologías educativas, sobre todo en los Estados Unidos y el sudeste asiático, se han hecho predicciones de mercado para estimular los mercados de capital, considerando la COVID-19 como un catalizador para capitalizar el repentino auge del uso de las tecnologías en la educación”, se afirma en el informe.
Es probable que las proyecciones de mercado sobre el valor de las tecnologías de aprendizaje digital durante las próximas décadas atraigan a más inversores que deseen beneficiarse de los nuevos modelos disruptivos de la educación pública.
La remodelación privada de la infraestructura de la educación pública
La investigación afirma que las grandes corporaciones tecnológicas multinacionales, como Google, Microsoft y Amazon, han visto cómo se disparaba la demanda de sus productos y servicios debido a su capacidad para ofrecer soluciones a escala internacional, con gran rapidez y sin coste.
“Estas empresas, respaldadas por organizaciones multilaterales con influencia política y estamentos gubernamentales nacionales, han integrado a estudiantes, docentes y escuelas en sus plataformas educativas en línea y sus sistemas en la nube, aumentando las posibilidades de que las instituciones educativas públicas dependan a largo plazo de la infraestructura tecnológica privada”, se dice en el informe.
Según el documento, las redes sociales, como YouTube y TikTok, también han querido ampliar su presencia en la educación mediante colaboraciones de creación de contenidos para el aprendizaje en casa, aumentando sus ingresos gracias a la atracción de anunciantes y convirtiendo la educación en un vehículo para la publicidad comercial.
La expansión del negocio educativo
Diversos tipos de empresas del ámbito de la educación ‒desde grandes negocios internacionales como Pearson a nuevas empresas emergentes‒ han aprovechado para comercializar y promocionar rápidamente sus productos para instituciones educativas, a menudo de forma gratuita o a precios subvencionados durante un tiempo limitado, impulsando las plataformas de enseñanza en línea como modelos alternativos a largo plazo para la educación.
Las tecnologías de inteligencia artificial también han experimentado un notable crecimiento, especialmente en China, debido a su capacidad para proporcionar una educación “personalizada” cuando no hay docentes; además, se han usado tecnologías de vigilancia del alumnado para controlar la asistencia virtual a clase, evaluar el bienestar y el aprendizaje socio-emocional y permitir el cumplimiento de la función de guarda y custodia de las escuelas.
Para los investigadores, esta evolución extenderá el alcance de los negocios educativos a nuevas áreas de la enseñanza y reforzará su influencia a largo plazo en las aulas.
>> Investigación “La comercialización y la privatización en y de la educación en el contexto de la COVID-19”
Ecuador: Comunidad educativa rechaza medidas económicas que afectan la educación
8 de mayo de 2020El Contrato Social por la Educación (CSE) divulga una nota pública, en la que demanda acciones para mitigar los impactos a la educación de la crisis económica y sanitaria en el contexto del COVID-19.
La nota fue publicada días después que el Ministerio de Finanzas comunicó la reducción de 98 millones de dólares del financiamiento público para la educación superior en el país, decisión que afectará directamente al empleo de docentes y a la supresión de 42 mil becas adjudicadas a estudiantes de sectores de bajos recursos. La medida es parte de una serie de acciones que han afectado la educación regular y básica, así como el bachillerato de Educador, generando despidos de docentes con contratos ocasionales, disminución de dos categorías en el escalafón y baja de sueldos, recortes en los niveles preescolares y ajustes en programas emblemáticos de educación de personas adultas.
“Este paquete de medidas contra la educación – sin sustento ni información suficiente – viola expresas disposiciones constitucionales que prohíben usar fondos públicos destinados a salud y educación para otros fines, incluso en estados de excepción. Prohíbe igualmente restar asignaciones presupuestarias a las universidades. Las medidas ponen en riesgo el ejercicio del derecho a la educación, del cual el Estado es su garante ante la sociedad nacional e internacional. Atenta además contra el derecho a la vida de grandes capas de la sociedad”, dice la nota.
Para contener retrocesos al derecho a la educación en Ecuador, el CSE plantea:
- Solicitar al presidente del país dejar sin efecto las afectaciones contra la educación por atentar a disposiciones legales, derechos de estudiantes y docentes y compromisos emitidos;
- Exigir al Ministro de Finanzas información integral sobre los recortes a todos los sectores, especialmente salud y educación. E identificar de forma urgente fuentes alternas de financiamiento;
- Exhortar a la Ministra de Educación a canalizar sus esfuerzos para preservar las plazas docentes y la permanencia de estudiantes en el sistema;
- Invitar a la sociedad civil, docentes, estudiantes, Ministerio de Educación, academia, empresas y cooperación a constituir un colectivo multidisciplinario que diseñe desde ahora el modelo y las estrategias de educación para las nuevas condiciones que enfrentará el país en el corto plazo.
>> Posicionamiento del CSE completo.
Aminta Navarro: "No hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes.[/caption]
En la ocasión, Aminta llamó la atención sobre la importancia del derecho a la protesta social como estrategia fundamental para demandar al Estado una educación de calidad, pública y gratuita para todas y todos. “No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita”, explicó.
Lee la entrevista completa.
¿Existe alguna legislación que aborde el tema de la privatización educativa o del lucro en la educación en Honduras?
Aminta Navarro - No hay legislación tácita. O sea, lo que dice la ley es que el derecho a la educación privada existe, pero el rector es el Ministerio de Educación como representante del Estado. Hay una asociación de instituciones privadas educativas en el país, que actúan desde la educación inicial. De hecho, el Estado sólo te garantiza un año de educación preescolar, siendo los otros años de preescolar ofrecidos por el sector privado. Así mismo, está en manos del sector privado la educación bilingüe, que es altamente cara. Las leyes del país no regulan el lucro, pues no dicen hasta cuánto se puede cobrar en matrículas o mensualidades, lo que hoy se regula por la libre oferta y demanda. Así mismo, los padres y madres son libres para enviar sus hijos e hijas al sistema que quieran: público, privado o privado religioso.¿Usted cree que la legislación nacional fomenta o favorece el lucro en la educación en detrimento de una educación pública y gratuita?
Aminta Navarro - Es ambiguo, pero hay como un claro desprestigio, digamos, de la educación pública, mientras hay una tendencia a destacar las supuestas bondades de la educación privada."Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos"Al desprestigiar cada día más la calidad y la pertinencia de la educación pública, se obliga a los padres y madres a prácticamente trabajar para pagar por la educación de sus hijos, para mandarlos a la escuela privada, porque esa “tendría mejores profesores y mejor acceso tecnológico, además de ofrecer clases de un segundo idioma”. También hay mecanismos o políticas que excluyen estudiantes que frecuentaban la escuela pública del ingreso a las universidades porque muchas veces el sistema básico público “no responde a las exigencias de la educación superior universitaria”, lo que abre el espacio de la universidad pública para solamente el ingreso de estudiantes que vienen de la escuela privada.
En la práctica, ¿falta regulación a la actuación del sector privado en el país?
Aminta Navarro - Creo que no solamente hay falta de regulación, sino que la ley hondureña posibilita las transferencias de fondo público al sector privado sin fines de lucro. También se establece la renuncia fiscal del sector privado que actúa en el área educativa y las instituciones privadas gozan de exoneración de impuestos. Además, bajo el modelo de centralización del Estado, hay una modalidad de contratación directa por servicios. Entonces el Estado, si quiere, puede contratar un centro educativo privado para la educación de los niños y niñas, que es lo que se hace también con la salud pública, y se llama tercerización de los servicios. Sin embargo, hay un fuerte movimiento de los profesores, las profesoras, los trabajadores y las trabajadoras de la salud y la educación para impedir que se aplique esta normativa.Respecto a la formulación de las legislaciones en su país, ¿destacaría algún actor o proceso particularmente determinante, o con gran influencia?
Aminta Navarro - Creo que hay toda una cuestión de construcción de imaginarios, que inclusive toma las mismas banderas del movimiento que defiende la educación pública y gratuita, para justificar la privatización. Por ejemplo, el Estado puede decir que, para garantizar el derecho humano a la educación, con calidad y pertinencia, necesita contratar instituciones privadas, las cuales “tienen mejores profesores, más eficientes y que coordinan mejor su trabajo”. Es algo que se dice de manera constante en el país, como que para que la sociedad lo vaya aceptando de alguna forma. Es sutil el mensaje, pero cada vez más te dicen que la educación pública no sirve y que el Estado debe tener resultados, siendo que la gestión por resultados solo te puede garantizar una institución privada.¿Y la privatización en la educación nacional ha aumentado en los últimos años, es una tendencia?
Aminta Navarro - Yo diría que el movimiento de profesores, profesoras, trabajadoras y trabajadores de la salud del país se ha unido y ha logrado, digamos, frenar esta intencionalidad del gobierno. Pero, no quiere decir que las medidas hacia la privatización no se implementarán.La definición 'organizaciones sin fines de lucro' varía según el país. En Honduras, ¿considera que estas organizaciones actúan con coherencia a esta nomenclatura?
Aminta Navarro - Hay en el país las fundaciones de empresarios. Son llamadas fundaciones sin fines de lucro, y en ese sentido pueden captar recursos del Estado para desarrollar sus proyectos. Pero, entendemos que estas fundaciones debilitan la sociedad civil que hace un trabajo por la educación pública y gratuita, porque el Estado les transfiere recursos. En el caso de la educación inicial, se les transfiere fondos a fundaciones que no son lucrativas, pero nadie evalúa los resultados de la educación que estos centros ofrecen, o sea, no hay un control por parte del Estado.¿Existen brechas en la legislación actual de Honduras, que estimulen la práctica lucrativa en la educación?
Aminta Navarro - Yo creo que sí. El sistema posibilita la libertad de la educación privada y que el padre o madre es libre para matricular sus hijos e hijas en la educación pública, la privada, o inclusive la religiosa privada. Mientras tanto, se hace todo un desprestigio de la educación pública, con pruebas para medir resultados de aprendizaje, las cuales apuntan a que los niños y niñas del país no saben leer, escribir, ni comprender. Eso sustenta y apoya el sector privado y el lucro en la educación. Hay una oferta [de educación privada] y los padres y madres que pueden pagar por una escuela, aunque no tengan casa, prefieren pagar por la educación de uno o dos hijos, que comprar una casa. En el sistema privado no hay huelgas de docentes y las escuelas privadas suelen ser bien equipadas. Pero, el Estado no equipa, no mejora las condiciones de las escuelas públicas, incluyendo el acceso a la Internet, no cumple [con sus deberes], mientras que la educación privada sí ofrece estas condiciones. Además, lo puede hacer porque no paga impuestos. Son incentivos para el sector privado y el lucro porque, en la medida en que hay más desilusión, desesperanza por la educación pública, más apertura hay para la actuación de empresas con fines de lucro en la educación.Respecto al marco legislativo vigente en su país, ¿hay algún ajuste que deba hacerse para consolidar la educación como un derecho humano fundamental?
Aminta Navarro - En la ley de educación que se aprobó en el 2012, queda reflejada la educación como un derecho humano. Creo que lo que hay es una debilidad del sector educativo y de las condiciones de trabajo de los maestros y maestras de la educación básica inicial."No tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes"Así mismo, no tenemos hoy en Honduras el derecho a la movilización y la protesta social. Entonces, si no se cumple [el derecho a la educación], no se lo puede exigir haciendo una marcha, por ejemplo. Pero, tampoco hay mecanismos para que te escuche el director de la escuela, o te escuche el Ministro, y para que lo que expresan los profesores o la sociedad civil se tome en cuenta. Por lo contrario, hoy eso es motivo de encarcelamiento, persecución contra profesoras/es y estudiantes, aunque la ley diga que hay un claro derecho a la educación pública y gratuita. Infelizmente, el sector público no te garantiza la gratuidad.
¿Qué recomendaciones haría a las organizaciones de la sociedad civil que actúan contra la mercantilización de la educación y en defensa de la gratuidad educativa?
Aminta Navarro - Yo creo que, más que presionar por cambios legislativos, la sociedad civil debe exigir la aplicación de la legislación que ya existe para la garantía de la educación pública. En el país, lo que vivimos es una total desaplicación de la justicia y la ley. La norma establece que en el país la educación es pública, gratuita y un derecho humano. La ley fundamental de educación retoma la educación como un derecho fundamental, y además establece que la educación debe darse en español, inglés y que los pueblos originarios tienen derecho a ser educadas/os en su lengua materna, teniendo el español como segunda lengua. Sin embargo, esta legislación no se aplica.¿Y en relación al derecho a la movilización? ¿Usted cree que si las y los estudiantes y profesoras/es tuvieran garantido su derecho a la protesta, la educación estaría mejor?
Aminta Navarro - La Constitución del país sí asegura el derecho a la protesta y que este no puede ser violado. Ya es una garantía constitucional, pero una cosa es lo que dice la constitución y la ley, y otra es la práctica cuando estás en un país y un momento como el nuestro, donde no se cumplen las normas. Estamos en un gobierno centralizador, con limitados esfuerzos democráticos. Incluso, se está discutiendo una propuesta de prohibir a los profesores y profesoras que salgan a las manifestaciones en el país. Eso sería inconstitucional porque estaría violentando el derecho a la protesta establecido en la Constitución de la República. ">Aminta Navarro: “En la medida en que hay más desesperanza por la educación pública, más se da la apertura para el lucro en la educación”
21 de marzo de 2020La lucha por una educación pública y gratuita, la privatización del sistema educativo, la criminalización y represión contra la protesta social, leyes educativas y la calidad de la educación en Honduras, fueron algunos de los temas abordados durante entrevista de Aminta Navarro, coordinadora del Foro Dakar Honduras, a la CLADE. (más…)
Fernanda: "Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado". Foto: conadu.org.ar[/caption]
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe "Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina", el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
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La investigación cita la tendencia hacia un borramiento de la frontera entre lo público y lo privado en la región. ¿Puede explicar cómo y por qué se da este proceso?
Fernanda Saforcada - Nosotras hablamos de este borramiento entre lo público y lo privado por algunas cuestiones que emergieron en la investigación. La primera tiene que ver con cómo jurídicamente se deja de hablar de educación pública y educación privada, y se habla de educación en general. Luego, se distingue si la gestión es estatal o particular, como si fuese solamente un tema de gestión. Lo que está por detrás es el interés en hacer parecer que toda la educación es pública, incluso la privada. Esto se observa en todos los niveles educativos y también en la educación superior.“El primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada”En ese sentido, está presente la idea de que lo privado también es público porque estas universidades finalmente sirven o tienen “fines públicos”, “hacen un servicio público” y, por lo tanto, no se pueden pensar como cualquier otra entidad privada. Entonces, el primer borramiento entre lo público y lo privado se da en cómo jurídica, cultural o simbólicamente, se tiende a desplazar el sentido de lo público, pensando que dentro de lo público hay gestión estatal y gestión privada. La segunda cuestión, que va de la mano a la anterior, es el planteamiento de que la distinción público versus privado no tiene sentido, pues dicen que las universidades privadas más tradicionales son iguales a las universidades públicas. Se afirma que lo que habría de distinguirse es si son comerciales o no comerciales, o si son de calidad o no. En algunos países, aparece la distinción entre universidades con y sin fines de lucro. Lo que sostenemos es que estas son distinciones que se pueden hacer, pero que eso no implica dejar de tener presente la distinción entre universidad pública y universidad privada; no implica que tenga valor, y muy importante, en términos de regulación del sistema esta distinción entre público y privado. En la investigación, nos propusimos reconstruir las trayectorias de la privatización en los distintos países, y esto todavía está en proceso, ya que solamente publicamos la primera etapa. Pero, cuando uno mira a esas trayectorias de la privatización, lo que encuentra es que la primera ola de privatización se produce a mediados del siglo pasado y, sobretodo, por la acción de la Iglesia Católica. En esta primera ola, la mayoría de las instituciones privadas que se abren fueron universidades confesionales. Poco tiempo después, en el marco del desarrollismo, se abren algunas universidades privadas con una fuerte orientación técnica, pero pocas. A fines de los 1980 y comienzo de los 1990, aparece la privatización de instituciones. Entonces, vemos que las universidades privadas que surgieron con anterioridad buscan distinguirse de las que aparecen en los 1990. Se plantea que ya no hay sentido en hablar de público o privado, sino que se debe distinguir entre las universidades tradicionales y las nuevas, o entre universidades comerciales y no comerciales, de calidad y sin calidad. Se plantea que las nuevas universidades no tienen calidad.
“Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político”Desde nuestra perspectiva, dichas distinciones no quitan la importancia de diferenciar entre lo público y lo privado en términos de la forma cómo se regula el sistema. Cuando hablamos de privatización, no hablamos solamente en términos económicos, sino también en términos ideológico-políticos. Cuando hablamos de instituciones privadas en materia educativa, superior o básica, no solo se habla en instituciones privadas con interés comercial o económico, sino que muchas veces el interés es prioritariamente ideológico o filosófico-político. Por ejemplo, en las universidades confesionales, puede ser que haya una captación de recursos, pero el interés no pasa por el recurso económico, el interés primordial tiene que ver con la formación de subjetividades, acordes a un cierto ideario, doctrinario, ideológico. Entonces, somos muy enfáticas en la importancia de pensar la privatización en esta doble dimensión. Entendemos la privatización como proceso por el cual un sistema, un conjunto de instituciones se orientan al sector privado, o pasan a regirse por el sector privado, ya sea por sus objetivos o por sus formas de funcionamento económico o ideológico-político. En dicha equiparación entre lo público y lo privado, desaparece esta lógica y parece que la diferencia entre público y privado solo tiene que ver con lo comercial y no comercial, o con las formas de financiamiento. Planteamos lo contrario, pues las universidades son privadas porque funcionan de acuerdo a los intereses e ideario de un sector particular. Estas cuestiones, que son de corte más simbólico y político, tienen también una expresión material en el borramiento entre lo público y lo privado, como estrategia. Esta fue la manera que encontraron en muchos países, para redirigir fondos públicos - que históricamente eran invertidos exclusivamente en el sector público universitario - al sector privado. En este siglo, y sobre todo en los últimos cinco o seis años, fondos de investigación que antes solo se otorgaban mediante concursos u otros dispositivos de distribución, a investigadoras/es de universidades o centros de investigación públicos, empiezan a ser distribuidos de acuerdo al criterio de la “calidad” incluyendo sector público y privado. Lo que plantean estas políticas es que lo que importa es la calidad del proyecto de investigación o de los investigadores/as. No se habla sobre público-privado. Cualquier investigador puede concurrir a estos fondos, ya sea de universidad pública o de universidad privada. Lo mismo pasa con las becas para la formación de postgrado, investigación, o sistemas de incentivos a investigadores. Lo que encontramos es que hay una masa de recursos muy sustantiva que antes solo iba al sector público, y que este borramiento entre público y privado, y el desplazamiento a otras lógicas de distinción entre instituciones, habilitan a que una parte sustantiva de esos recursos se dirija al sector privado.
¿Cuáles son las principales diferencias entre los modelos público y privado en la educación universitaria latinoamericana, en materia de acceso, calidad, equidad, inclusión, etc.?
Fernanda Saforcada - Creo que la gran diferencia tiene que ver con lo que construye políticamente uno y otro, incluso más allá de lo que efectivamente se enseñe o se investigue dentro de estas instituciones. La idea misma de lo público - pensado como bien común -. en términos simbólicos y políticos, es bien potente. Me parece que eso es parte de cómo se construye, cultural y simbólicamente, al servicio de otras perspectivas políticas. Cuando empezamos a analizar caso a caso, por supuesto, que uno encuentra muchas contradicciones. En Brasil, el sector público universitario es identificado como de mayor calidad y donde se produce casi la totalidad del conocimiento, en términos de proceso de investigación. Pero, la condición para ingresar a la universidad es la selectividad, aunque haya sido tensionada con las políticas de cupos para personas negras, indígenas y con menos ingresos. O sea, se sigue construyendo la idea de una distinción entre quienes merecen, o no, estar en la universidad pública. Por supuesto, que defendemos la universidad pública, pese a los procesos de selectividad que, desde mi punto de vista, van a contramano del derecho a la educación. Esta es la universidad pública donde existen algunos elementos muy importantes que hacen a lo público, pero además es donde existe la potencia de construir algo distinto. Por eso, la privatización me preocupa más en términos ideológicos y políticos, que en lo económico. Por otro lado, están las universidades de bajo costo, que son un problema en Brasil y Perú, por ejemplo. No es algo que ocurra en todos los países, pero son instituciones que están ofreciendo una formación muy débil en la mayoría de los contextos. En realidad, no les importa la educación, sino el lucro. Captan una cantidad de recursos muy sustantiva y tienen a muchos jóvenes matriculadas/os. Eso les da un poder muy grande en términos de negociar con ámbitos de la política pública y actores de poder. Así, las universidades privadas son actores que cada vez tienen más poder. Nuestra investigación demuestra que la capacidad de incidencia del sector universitario privado en ámbitos de la política pública es notoria. Tienen capacidad de lobby en el poder ejecutivo, en los ministerios, capacidad para buscar las estrategias que les permitan ser parte creciente en los organismos y agencias de la definición de la política. Por ejemplo, si existe un consejo de educación superior, despliegan estrategias para tener cada vez más representantes en este espacio. Tienen capacidad de lobby o de ser directamente parte de los poderes legislativos. Suelen tener congresistas y legisladores propios, inclusive financian campañas políticas para legisladores.La investigación también afirma que hay una disputa respecto a los sentidos de la educación. ¿Qué está en juego?
Fernanda Saforcada - Lo que está en juego es el sentido de la educación. No se puede mirar la privatización universitaria por fuera de la privatización de la educación básica. En estas últimas fases del capitalismo post-Estado de bienestar, hubo una mirada del poder económico sobre la educación como un nicho comercial que no había sido explotado aún. Entonces, a partir de los 1990, hubo una arremetida clara del sector productivo para explotar el potencial de lucro en la educación, una posibilidad de negocio en gran escala, que todavía estaba mayoritariamente en manos de los Estados. Así se pensó en ir avanzando la explotación de este negocio desde los intereses de los países centrales y de las grandes multinacionales y corporaciones, apostando que avanzara el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS o GATS en inglés) de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando eso se frena, a fines de los 1990, y no logran que los países abran el sector educación dentro del Acuerdo General de Comercio de Servicios, entonces algunas empresas empiezan a desarrollar estrategias para expandir el negocio sea con sedes locales o con alianzas de empresas transnacionales para la venta de servicios educativos.“Hay un interés estratégico político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado”Por otro lado, en el contexto del neoliberalismo, se construyó la idea de la crisis del Estado y lo privado como la alternativa, de manera que se establecieron las bases simbólicas para la educación privada como salida, lo que implicaba formar otras subjetividades. Ahí hay un interés estratégico político de ciertos sectores de poder económico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y el modo de tener mayor injerencia en la educación es sacarla del Estado, en términos de redireccionarla a otro sentido. Milton Friedman, en su libro “Libertad de Elegir”, decía que “la educación constituye una isla socialista en el mar del mercado”. De alguna manera, lo que estaba planteando era que hay algo de ese modelo educativo público, estatal, orientado en términos de derechos, justicia social e igualdad, que entrañaba lo que él identificaba como socialismo. Realmente no es así, pero en todo caso camina en un sentido social. Hay un texto de Norbert Lechner, que escribió mirando Chile en los 1980, que plantea cómo la contrucción del orden que identificamos como neoliberal implicó una confluencia entre neoliberalismo y neoconservadurismo. La idea de poner el mercado en el centro de lo político y lo social –lo propio del neoliberalismo– fue una estrategia potente para desarticular las lógicas colectivas y de derechos del Estado de bienestar, para poder construir allí un nuevo modelo conservador que restaure el orden, las jerarquías y el control social. El razonamiento tiene lógica, pues, si en los 1990 presenciamos el auge del neoliberalismo, del individualismo y de la libertad del mercado, hoy los gobiernos autoritarios ya no siguen únicamente la lógica neoliberal y del mercado, sino que en estos tiempos vemos cómo ganan terreno políticas y perspectivas propias de una lógica conservadora de control, de jerarquía social, autoridad y orden. En este contexto, para estos sectores conservadores es preciso romper la forma en que históricamente se conformaron los sistemas educativos en los Estados liberales. En los orígenes de los sistemas educativos en el marco de los nacientes Estados liberales, la educación resultaba una herramienta potente para la formación de los ciudadanos y ciudadanas, es decir, de sujetos que jugaran esas nuevas reglas de juego del Estado liberal. Ese es parte del origen de la idea de educación para todos y todas. Ahora ya no es necesario. Los Estados están instalados. Todas y todos somos partes de este orden social y político, y ya no es indispensable la educación de todas las personas para preservar ese orden. Así, según los sectores neoliberales y neoconservadores, lo que necesitamos ahora, por el contrario, es que la educación deje de alimentar la idea de lo igualitario, del derecho. Para eso, hay que romper con la educación pública, o por lo menos con su definición histórica. Creo que hay que mirar esa progresión histórica para entender por qué este grado de acción e injerencia de ciertos sectores del poder económico y político en la educación y las universidades.
¿Cuáles son los impactos de la privatización de la educación en los sentidos de la educación y para los sujetos de las comunidades educativas?
Fernanda Saforcada - Para las y los docentes, en general, implica formas precarizadas de trabajo. Por lo general, las universidades y escuelas privadas tienden a tener condiciones de trabajo más precarias, inestables, claro con muchas diferencias entre una institución y otra. Para las y los estudiantes, los impactos negativos son muchos, especialmente en lo que toca a las universidades de bajo costo. En Perú, por ejemplo, hay casos de universidades privadas con aranceles muy bajos, pero que un congresista que fue a recorrerlas encontró que, por ejemplo, una de ellas era un edificio de dos aulas, una con piso de tierra y otra con piso hasta la mitad; con un frente que parecía ser un edificio mucho más grande, pero que al entrar era pequeño o que tenían por allí tres profesores para dictar todas las materias de todas las carreras."Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación"Hay también universidades que sólo dictan carreras a distancia, que contratan a un profesor para que escriba los módulos una vez y después usan esos módulos. Lo único que tienen es un tutor que, en muchos casos, no tiene formación. En estos casos, lo que hay es realmente una estafa. Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y se resuelve también su interés en que no haya más educación. La educación universitaria también tiene fines político-ideológicos muy claros. Uno puede identificar, por ejemplo, como algunas universidades privadas son las que forman los miembros de los gobiernos de derecha o de los gobiernos que avanzan hacia políticas que, en general, delimitan los derechos en los distintos países. Quienes ocupan estos cargos, en general, vienen de determinadas universidades privadas. Entonces, el hecho de ser instituciones de formación es lo que les da esta capacidad de incidencia e influencia en las políticas públicas. La universidad tiene que ver con la formación de más alto nivel de un sector importante y creciente de nuestras poblaciones. Aquí hay un cuestión política de enorme importancia: ¿a quién responde esta formación? ¿Responde a los intereses de un sector particular y a los intereses del poder económico? ¿Responde a los intereses de la iglesia católica? ¿Responde a lo que democráticamente definimos como bien común?
>>Lee la primera parte de la entrevista:El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado">
Fernanda Saforcada: La privatización educativa se realiza también con fines ideológicos y políticos
15 de marzo de 2020“Hay un interés estratégico y político por encontrar los modos de tener mayor injerencia en la educación, y uno de los modos es sacarla del Estado”, explica la investigadora argentina Fernanda Saforcada, en esta segunda parte de una entrevista sobre las tendencias hacia la privatización y mercantilización de la educación superior en América Latina y el Caribe.
Al lado de Daniela Atairo, Lucía Trotta y Aldana Rodríguez Golisano, Fernanda Saforcada elaboró el informe “Formas de privatización y mercantilización de la educación superior y el conocimiento en América Latina”, el cual analiza las tendencias, los matices e impactos de esta temática para el derecho a la educación, en ámbito regional.
En esta parte del diálogo, Fernanda profundiza en los motivos y consecuencias del proceso de privatización de la educación superior en la región.
“Una educación que tiene como única finalidad conseguir recursos económicos con costos bajos, y además políticamente sirve a ciertos sectores que no quieren que haya una población más educada. Se resuelve la demanda de la educación superior y también su interés en que no haya más educación”, así explica las intenciones de empresas con fines de lucro, que cada vez más invierten en la educación superior privada, como un negocio.
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Fernanda Saforcada: El 55% de la educación superior en América Latina pertenece al sector privado
2 de marzo de 2020América Latina y el Caribe (AL&C), junto a la Asia Meridional Sur, es de las regiones del mundo con más privatización en la educación superior. Más del 50% de las matrículas de AL&C están en las universidades privadas. Eso significa que la mayor parte de estudiantes en la región no tiene acceso a la educación superior pública. (más…)
La influencia del sector educativo privado en la educación pública mexicana
17 de febrero de 2020
En diálogo con la CLADE, Mauro Jarquín, tesista de Ciencia Política, ex-consejero estudiantil en la FCPyS y colaborador de medios electrónicos como Insurgencia Magisterial y Otras Voces en Educación, presenta sus observaciones y análisis respecto a las políticas públicas y leyes educativas en México, y en qué medida favorecen la privatización y el lucro en la educación, en detrimento de sistemas educativos públicos y gratuitos.
En esta segunda parte del relato, el investigador analiza cómo las corporaciones empresariales han influenciado las políticas educativas en el país, y cómo la educación ha sido parte de la estrategia de estos grupos para llegar al poder. (más…)
Nueva reforma educativa en México y el lucro en la educación
Se ha completado un año de gestión de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México, país que nunca había sido gobernado por un partido públicamente declarado de izquierda. Una de sus primeras acciones en el gobierno fue la promulgación de una reforma educativa, que también completó un año de vigencia.
La reforma, según especialistas y líderes del campo educativo del país, se presentó como un cambio a la reforma anterior, de 2013, impulsada por el ex-presidente Enrique Peña Nieto.
Brasil: descumplimiento del Plan Nacional de Educación
“Para garantizar parámetros mínimos de calidad para el derecho humano a la educación en Brasil, se necesitan nuevas inversiones en el Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) de aproximadamente U$ 12 mil millones por año, valor que significa apenas un 0,9% del PIB brasileño”, subraya la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil (CNDE) en informe enviado a las Naciones Unidas. Según la campaña, se observa como gran retroceso en el país el no cumplimiento del Plan Nacional de Educación (PNE) por el gobierno nacional. Resultado de un proceso de construcción democrática con amplia participación popular, el Plan es la principal política educativa del país, y establece metas y acciones para que se cumplan durante sus 10 años de vigencia, de 2014 a 2024. Una de las metas es la ampliación del financiamiento público para la educación, hasta llegar al 7% del PIB en el 5º año de vigencia del PNE y al 10% del PIB en el final del decenio. Este aumento de recursos haría posible implementar el Costo Alumno Calidad Inicial y el Costo Alumno Calidad (CAQi y CAQ), indicadores que calculan la inversión financiera necesaria por estudiante al año, en cada etapa y modalidad de la educación básica pública, para garantizar el acceso a la educación de calidad para todas y todos. Según el informe de la CNDE, solamente el 0,6% de las escuelas brasileñas atienden a los indicadores de calidad previstos en el CAQi. La CNDE recomienda la creación de un nuevo Fundeb para que el país pueda alcanzar las metas y estratégias de su Plan Nacional de Educación y cumplir el ODS 4, objetivo referido a la educación de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030."Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación"El actual Fundeb es un fondo para la educación compuesto por recursos de los impuestos y complementado por el gobierno federal. Sin embargo, su vigencia termina en el 2020 y el desafío, según la Campaña Nacional, es asegurar la adopción de un nuevo fondo, con implementación permanente, que cuente con recursos adecuados para la aplicación del CAQ/CAQi y el cumplimiento de todas las metas y estratégias del PNE. “Animamos el Foro Político de Alto Nivel a recomendar al Estado brasileño, siguiendo las observaciones presentadas por el CRC [Comité de los Derechos del Niño de la ONU], en su última revisión al Brasil, la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad de garantizar recursos financieros para la implementación del Plan Nacional de Educación - Ley 13.005/2014 -, aún en situaciones de crisis económicas o inestabilidad política, centralizando esfuerzos en la meta 20 que establece la implementación del CAQi/CAQ, y en la aprobación de un nuevo Fundeb con mayor complementación de recursos por parte de la Unión, fortaleciendo así la educación básica pública”, recomendó la Campaña Nacional en su informe a la ONU.
Chile: privatización de la educación
El Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile presentó cinco problemáticas principales respecto al financiamiento educativo en el país, en su informe a las Naciones Unidas:- el gasto en educación como porcentaje del PIB en el 2016 fue del 5,35% (Banco Mundial) y no llega al valor recomendado por la UNESCO.
- en Chile, se financia con la misma preferencia la educación pública y la particular subvencionada y esto se realiza por medio de una subvención básica por estudiante que asiste a clases, lo que genera una competencia entre las escuelas por captar matrícula.
- Chile se ha caracterizado por un aumento sostenido de la participación de entidades privadas en la oferta de la educación, en detrimento de las públicas, lo que ha generado el surgimiento de distintos tipos de sostenedores que buscan el lucro con los recursos que perciben de las familias y del Estado, existiendo incluso holdings educacionales organizados para tal efecto. “La consecuencia directa es que si las condiciones de base del sistema educativo son una mayoritaria participación de privados, los aumentos en los recursos en educación van subsecuentemente a beneficiar mayoritariamente a estos sectores privados, aumentando aún más sus ganancias y la segregación en el sistema chileno”, dice el informe.
- Las políticas implementadas en los últimos años, principalmente para la gratuidad de la Educación Superior, la Ley de Inclusión y la Nueva Educación Pública, no garantizan el trato preferente del Estado a las instituciones públicas, dejándolas en peores condiciones, al mismo tiempo en que permiten y fomentan la proliferación de entidades privadas y no alteran significativamente la estructura de financiamiento de la educación en Chile.
- No se han observado cambios relevantes en los últimos años que apunten a un monitoreo transparente y público de los presupuestos. Tampoco se ha creado una plataforma donde se realice de manera más democrática y participativa esta fiscalización, considerando la opinión de los distintos actores del sistema educativo.
El Salvador: Sin cambios
Según el informe de la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), no se observaron cambios relevantes en el financiamiento de la educación pública en El Salvador, en los últimos años. “La asignación del PIB para la educación es del 3.7%. Actualmente el presupuesto es de 930 millones de dólares anuales”, afirmó la Red. Desde el 2014, RESALDE impulsa la campaña “6% Sí, por la educación”, demandando la inversión de al menos el 6% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, para universalizar la educación desde la primera infancia hasta la universidad. En el marco de la campaña, RESALDE ha intercedido ante alcaldes, Ministerio de Educación e integrantes de la Asamblea Legislativa nacional, para instarlos a priorizar la educación en los presupuestos y políticas. La red dialogó especialmente con integrantes de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Legislativa nacional, que apoyó fuertemente la campaña, lo que le motivó a elaborar y proponer un Anteproyecto de Ley Especial para el Financiamiento de la Educación, que establece el aumento progresivo de recursos para la educación, hasta alcanzar el 6% del PIB. En el informe presentado por la Red a la ONU, se destaca que el “Anteproyecto de Ley especial para el financiamiento de la educación” infelizmente quedó archivado luego de ser presentado a la Casa Presidencial, y hasta hoy no fue enviado a la Asamblea Legislativa para que sea discutido. >> Lee+ Experiencias de lucha por el financiamiento adecuado para una educación de calidadGuatemala: U$ 28 millones a menos para la Educación
Según el informe elaborado por el Colectivo de Educación para Todas y Todos de Guatemala, el Estado guatemalteco deja de invertir aproximadamente 22 mil millones de quetzales (U$ 28 millones) por año a la educación del país. “La ley Nacional de Educación decreto 12-91 plantea que es necesario invertir el 7% del Producto Interno Bruto de Guatemala, esto debería ser 35 mil millones de quetzales (U$ 45 millones) aproximadamente. Sin embargo, la inversión actual en educación es de 13 mil millones de quetzales (U$ 17 millones)”, subraya el informe">¿Cómo está el financiamiento educativo en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala?
8 de enero de 2020Informes elaborados por foros nacionales miembros de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Brasil, Chile, El Salvador y Guatemala, muestran que los gobiernos de estos países no cumplen las leyes de financiamiento educativo, afectando de manera negativa a la calidad de la educación en ámbito nacional. Además, en el caso de Chile, hay una fuerte tendencia hacia la privatización de la educación.
Los documentos fueron presentados ante el último Foro Político de Alto Nivel de la ONU (julio de 2019), donde se revisó el estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre ellos el ODS 4, referido a la educación.
A continuación, lee más informaciones sobre cada uno de dichos países. (más…)
