Pandemia y privatización en la educación superior: Tecnologías de la educación y reforma de la Universidad
24 de septiembre de 2021El desarrollo de políticas y prácticas de mercado en la ES, junto con la expansión de las asociaciones público-privadas (PPPs por sus siglas en inglés), la participación del sector privado y la creciente participación de los proveedores de servicios de tecnología digital comercial, tiene una larga historia en muchos sistemas educativos de todo el mundo. A través de un completo estudio para la Internacional de la Educación, Ben Williamson y Anna Hogan identifican que la expansión de la tecnología educativa es altamente motivada por beneficios económicos y examinan las diversas formas de la “transformación digital” de las universidades.
A través de un ejercicio de mapeo, los autores identifican once dinámicas y organismos clave en la mercantilización, privatización y comercialización de la ES, las cuales se han reproducido o exacerbado por los procesos de creciente digitalización y dataficación. Estas incluyen la educación digital como catalizadora del mercado, el cambio de comportamiento de los consumidores, el resurgimiento de cursos masivos en línea y la transformación de la Inteligencia Artificial (IA) que ha sido justificada durante la pandemia como una ayuda para “acelerar el proceso de recuperación” de estudiantes que experimentaron una “pérdida de aprendizaje” como resultado de las clases canceladas.
Utilizando las organizaciones y actividades de comercialización, el informe presenta siete resultados principales y problemas claves descubiertos a través de este estudio:
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Reimaginación de la educación superior:
Diversas organizaciones de múltiples sectores tradujeron la crisis de la salud pública en una oportunidad para rediseñar la ES a largo plazo como un sector digitalmente innovador y con gran cantidad de datos de las sociedades y economías postpandémicas. Si bien la enseñanza presencial constituía una amenaza urgente para la salud pública mundial, también fue construida por organizaciones que incluían empresas de tecnología educativa, consultorías, organismos internacionales e inversores, como un problema a más largo plazo y una amenaza para la “capacitación” de estudiantes, la “empleabilidad” y la recuperación económica mundial post-coronavirus. Visualizadas como una forma de “ayuda de emergencia” durante los cierres, las herramientas EdTech (Tecnologías de la Educación) también se presentaron como una oportunidad para la inversión y la obtención de beneficios económicos.
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Gobernanza por infraestructuras tecnológicas:
Aunque todavía es demasiado pronto para saber cómo será el panorama post-pandémico de la ES, parece razonable predecir que la mayoría de las instituciones de ES seguirán utilizando estas infraestructuras tecnológicas para ampliar su oferta. De igual manera, las infraestructuras desarrollarán nuevas capacidades de análisis de datos y aprendizaje automático. Esto constituye una forma de gobernar la ES a través de la tecnología, ampliando la influencia política de las organizaciones del sector privado para que se conviertan en centros políticos “en la sombra”, estableciendo el formato de la enseñanza y el aprendizaje de la ES a distancia, e internacionalmente, a través de infraestructuras técnicas.
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Hibridación universidad-empresa:
Las nuevas PPPs están trabajando para difuminar los límites entre sectores. A medida que las instituciones públicas de ES dependen cada vez más de los modelos empresariales del sector privado y de las prácticas basadas en el mercado, corren el riesgo de privatizar la ES en busca de beneficios. Algunos acuerdos de colaboración público-privada parecen ser complejos a propósito para ocultar las intenciones de obtener beneficios. Sin embargo, cuando se utiliza a las y los estudiantes para generar estos beneficios con tácticas de humo y espejos, tenemos que cuestionar la ética de estos acuerdos.
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Entornos pedagógicos programados:
Es necesario garantizar que la educación no se convierta en algo lineal como una entrega unidireccional de contenidos de docentes (a través de plataformas comerciales) a estudiantes en estos entornos pedagógicos programados. Parte del problema de la rápida asimilación del EdTech por parte de los sistemas de ES durante la pandemia ha sido que los miembros del profesorado han sido los responsables de hacer pivotar su práctica en línea sin una formación y apoyo formales, ni tiempo y recursos suficientes. La expectativa potencial de las y los estudiantes de recibir tanto enseñanza presencial como en línea planteará importantes retos en términos de trabajo académico y podría catalizar un mayor desarrollo de servicios complementarios de “EdTech” para consumidores, incluidos aquellos en los que el personal con empleo precario presenta recursos para su compra por parte de estudiantes consumidores. También podría dar lugar a un mayor uso de datos y herramientas de inteligencia artificial que puedan compensar a profesores, proporcionando comentarios e intervenciones automatizadas.
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Dataficación y vigilancia:
Las empresas de tecnología educativa y sus promotores han aumentado el despliegue del análisis de datos, el aprendizaje automático y la inteligencia artificial (IA) en la enseñanza superior, y han hecho hincapié en el lenguaje y las prácticas del “aprendizaje personalizado” y la “toma de decisiones basada en datos”. La IA también se ha potenciado mediante el despliegue de herramientas de control de datos a gran escala integradas en el software de gestión del aprendizaje en línea, tecnologías de vigilancia como los sistemas de corrección de exámenes a distancia, y sistemas de seguridad en los campus y las aplicaciones de localización de estudiantes. En la imaginación del futuro de la educación superior basada en la IA, la próxima generación de experiencias de aprendizaje será “individual y personalizada” y escalada con algoritmos, junto con la acreditación digital y la alineación de la educación con el trabajo basado en datos.
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Libertad y autonomía académica:
La labor de educadores académicos y académicas se ha visto afectada por la creciente penetración del sector privado y la tecnología comercial en la ES durante la pandemia. Se ha exigido a educadores académicos y académicas que dupliquen su preparación e impartición de clases tanto en formato presencial como en línea. La libertad académica está en peligro cuando la enseñanza y el aprendizaje en línea realizados en un contexto internacional son contrarios a la política de determinados regímenes estatales, lo que hace temer la censura y la supresión de la investigación crítica en la educación a distancia.
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Reproducción de desigualdades:
Muchos y muchas estudiantes, en particular aquellos y aquellas de mayores recursos económicos, han podido mantenerse al día con sus estudios de educación superior a lo largo de la pandemia. No obstante, también hay estudiantes a que no les ha quedado más remedio que hacer una pausa o cancelar sus matrículas. Las desigualdades están determinadas y se profundizan por el género, la clase, la cultura, la raza y el contexto geopolítico, entre otros factores. Al igual que la pandemia presenta a la industria de la tecnología educativa un momento para rediseñar el futuro de la educación superior, los propios sistemas de educación superior tienen la oportunidad de reimaginarse como un sistema más igualitario, y de definir y regular el papel de la tecnología educativa en estos imaginarios alternativos.
Durante el COVID-19, las medidas “temporales” de emergencia han surgido como oportunidades experimentales para establecer una nueva “normalidad digital” en la que los actores privados ejercen un papel sustancialmente mayor en las escuelas, colegios y universidades de todo el mundo, con amplias implicaciones para la experiencia de las y los estudiantes y la vida laboral del personal. Aunque las respuestas a la pandemia han sido claramente definidas por regiones y contextos específicos, la digitalización de la enseñanza superior se ha convertido en una vía para privatizar y comercializar aún más la educación pública.
En pocas palabras, la pandemia de COVID-19 ha sido explotada como una oportunidad de emergencia para que el sector privado y las organizaciones comerciales aumenten su penetración e influencia en la educación superior. Los autores recomiendan que las partes interesadas en la ES, incluidos el personal académico, las y los estudiantes y los sindicatos que les representan, trabajen de forma urgente y colegiada para definir imaginarios alternativos que puedan guiar la recuperación postpandémica de la ES.
Para acceder al informe completo (en inglés) pueden hacer clic aquí: Pandemic Privatisation in Higher Education: EdTech & University Reform. De igual manera, pueden acceder al resumen ejecutivo (en español) aquí: Pandemia y privatización – Principales Realidades Observadas.
- Sufragistas: Pioneras de las Luchas Feministas
- Los Congresos Feministas de 1916
- Pioneras Feministas en México
- ¿Qué es el patriarcado?
- Mujeres en la Historia
CLADE inicia el curso de formación sobre perspectiva de igualdad de género para sus miembros
16 de septiembre de 2021Arrancó el último 10 de septiembre el nuevo proceso de formación virtual de la membresía de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), enfocado en la transversalización de la perspectiva de igualdad de género en su quehacer y acción política. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer esta dimensión en la planificación, gestión, acciones de incidencia y en la práctica diaria de la red CLADE.
La formación, que hace parte de un esfuerzo permanente de la CLADE por recuperar las experticias y experiencias que tienen algunos de sus miembros y aliados, diseminándolas entre los demás integrantes de la red para fortalecer colectivamente las capacidades del movimiento por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, está siendo brindada en alianza con la Red de Educación Popular Entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe, REPEM (REPEM LAC) y el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM).
Actualmente 31 personas de 12 países de la región participan en la formación. Se espera que las y los participantes puedan replicar las discusiones y conocimientos adquiridos con los demás miembros de las coaliciones y redes que integran la CLADE.
Entre los temas que serán abordados en la capacitación están: la evolución histórica del movimiento feminista y de la participación de las mujeres en la historia; aspectos conceptuales vinculados al género; relaciones entre el derecho a la educación y la igualdad de género; desafíos para integrar la perspectiva de la igualdad de género en las políticas educativa; y la gestión institucional de organizaciones y redes de sociedad civil con perspectiva de género.
La primera sesión encaminó a las y los participantes en un recorrido histórico sobre la evolución de los movimientos y teorías feministas. “Se necesita descolonizar la memoria y ampliar a la pluralidad de voces para romper con las jerarquías sociales y epistemológicas”, afirmó la historiadora Natalia Rojas Ramos, facilitadora de la sesión, explicando que hay múltiples expresiones del feminismo, algunos sistémicos, otros antisistémicos; unos que defienen la igualdad, otros que la cuestionan justamente por no querer igualarse con el status quo.
Conocer todos estos movimientos es fundamental para reconocer la diversidad de pensamiento, que la historia de la humanidad también es resultado de la lucha de las mujeres, y para de construir el sistema patriarcal. Así, la historiadora retrocedió al siglo XVI, recordando que en esa época se promovió el despojo del poder político de las mujeres, a partir de una violencia simbólica que imprime en una mirada demoníaca en el cuerpo de las mujeres, extirpa sus conocimientos medicinales y transforma el cuerpo de las mujeres en una máquina de trabajo en el espacio doméstico, subyugado por los hombres. “Se profundiza el saqueo de los cuerpos y de los conocimientos de las mujeres, lo que conlleva a un despojo de las prácticas ancestrales y facilita los procesos de colonización”, afirmó.
En seguida, recuperó las contribuciones de europeas blancas, como la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft (1759-1797) y la activista política y abolicionista franccesa Olympique de Gouges (1748-1793), que empiezan a destacar la importancia de reconocer los derechos de las mujeres. Y mencionó el rol de las mujeres que participaron en un congreso femenista de 1848, realizado en Estados Unidos, que culminó en la Declaración de Seneca Falls, configurándose como un antecediente del movimiento de las sufragistas, que defendían los derechos políticos de las mujeres, incluido el derecho al voto.
Más recientemente, Natalia destacó las mujeres femenistas que pasaron a denunciar la violencia machista, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como Simone de Beauvoir (1908-1986), los trabajo de la antropóloga Marija Gimbutas (1921-1994), que estudió el rol de las mujeres en el Neolítico, hasta llegar a las contribuciones de la indígena lésbica contemporánea, Adriana Guzmán, que aporta con una perspectiva feminista comunitaria antipatriarcal.
Para conocer más sobre las contribuciones de las pioneras de las luchas por los derechos de las mujeres y entender cómo se han establecido los movimientos feministas, vale acceder a los siguientes vídeos:
- Sufragistas: Pioneras de las Luchas Feministas
- Los Congresos Feministas de 1916
- Pioneras Feministas en México
- ¿Qué es el patriarcado?
- Mujeres en la Historia
Los efectos de la creciente participación de actores privados en la educación inclusiva
10 de septiembre de 2021El caso de las personas con discapacidad
En las últimas décadas, ha habido una creciente tendencia hacia la participación de actores privados en la educación y la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de este servicio público. Esto se ve tanto en el norte como en el sur global, y con modelos y formas variadas que van desde escuelas privadas no subsidiadas hasta alianzas público-privadas (PPP por sus siglas en inglés) que incluyen el uso de fondos del Estado de diversas maneras. Por medio de entrevistas a profundidad y análisis extensivo de literatura – incluyendo 135 documentos que oscilan entre 1990 a 2019 – el documento verifica efectos adversos de estas tendencias.
- En muchos países, el crecimiento de la oferta de educación privada se impulsa bajo el entendimiento de que el sector privado contribuye en la satisfacción de una demanda educativa insatisfecha. Además, ocurre un proceso de privatización por medio de catástrofes – ya sean naturales, humanitarias, conflictos armados – donde los Estados son incapaces de responder por medio de una educación en emergencias. De esta manera, la intervención del sector privado ocurre como medio para subsanar una falla estructural de los gobiernos que no tienen los medios para proveer este servicio público. El Banco Mundial constituye uno de los mayores financiadores externos de la educación privada en países de bajos recursos. Además de financiar, la entidad también promueve la expansión del sector privado en la educación, a través de la reducción y flexibilización de marcos regulatorios, creación de PPPs, y en la introducción de mecanismos privados o “semiprivados”;
- Hay diversas maneras en las que las escuelas privadas pueden excluir estudiantes con necesidades educativas especiales o desalentar su matriculación en sus programas, incluso si tienen prohibido hacerlo. La selección de estudiantes de forma directa o indirecta prevalece en el sector privado. Por ejemplo, la selección indirecta se da por medio constantes suspensiones, salidas anticipadas de la escuela, y aislamiento de las clases;
- Investigaciones centradas en la segregación socioeconómica, racial o étnica señalan una creciente segregación de estudiantes con necesidades educativas especiales, incluyendo a las personas con discapacidad, como consecuencia predominante de la introducción de reformas basadas en el mercado y el crecimiento de los actores privados en la educación. La evidencia muestra que dados los incentivos que el mercado le presenta a los actores privados, las escuelas públicas proveen educación a las poblaciones más desaventajadas. Esto no solo afecta de manera negativa la diversidad de los entornos educativos, sino que, en conjunto con la creciente transferencia de recursos públicos para expandir los esquemas de educación privada y el drenaje de fondos desde las escuelas públicas, ocasiona que las y los estudiantes más marginalizadas/os sean educadas y educados en escuelas públicas que cuentan con pocos recursos, o “escuelas de último recurso”.
El estudio demuestra que, en la lógica de privatización y mercadeo del sistema educativo, ciertas fuerzas centrífugas resultan en la exclusión y segregación de estudiantes con necesidades especiales. Estas fuerzas incluyen la competencia, estandarización, rentabilidad, autonomía y desregulación, se encuentran en choques intrínsecos con las fuerzas que subyacen a la inclusión, lo cual resulta dañino para estudiantes que “no caben” dentro de parámetros preestablecidos.
Para socavar y solucionar este escenario complejo de política educativa, el estudio recomienda que el Estado necesita actuar, siendo el responsable de respetar, proteger y de garantizar el derecho a la educación de todas y todos bajo su jurisdicción. Dentro de un contexto global de creciente comercialización y privatización de la educación, los Principios de Abidjan. establecen que la educación, como bien público, es responsabilidad del Estado. Estos principios proveen claros lineamientos a los Estados para cumplir tanto su deber indelegable de garantizar una educación inclusiva, equitativa y gratuita, como de regular y controlar de manera efectiva a los actores privados que ingresan al sistema educativo.
Si quieres saber más sobre los efectos de la privatización y sus mecanismos de segregación y estratificación en el sistema educativo, junto con una serie de recomendaciones para proveer educación inclusiva y gratuita, puedes leer el documento aquí: Informe de ACIJ.
Talibanes, activismo y derecho a la educación en Afganistán
9 de septiembre de 2021“Si los talibanes prohíben el acceso de las niñas a colegios, daré clases por Facebook. Si limitan los estudios, subiré los libros a internet. Si cortan internet, mandaré libros por correo. No me rindo”, declaró la activista afgana Pashtana Durrani en un vídeo que se ha hecho viral en Twitter.
Con la misma determinación que demuestra Pashtana Durrani , y con motivo del Día Mundial para Proteger la Educación de Ataques, las y los activistas jóvenes de la Campaña Mundial por la Educación (CME) queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo afgano, especialmente con las mujeres y las niñas, en el actual contexto de inseguridad, terror y represión.
>> Lee el texto completo en El País
“Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante”
3 de septiembre de 2021Docente en la Universidad de Córdoba (UNC), Argentina, e investigadora del fenómeno de la mediatización en escenarios educativos, Eva da Porta nos habla acerca de la influencia de los medios de comunicación en la percepción sobre la calidad de la educación en los centros públicos. Para Da Porta, los medios muchas veces abordan la educación como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. “Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes”.
Los medios tienen una gran influencia en la formación de la opinión pública, ¿cómo esto influye en la percepción que se tiene sobre que es una educación de calidad?
El rol ideológico de los medios está siendo nuevamente analizado. En las últimas décadas se habían abandonado las teorías de la imposición y la manipulación ideológica por miradas más centradas en la interpretación y en la capacidad de las audiencias para elegir e interpretar los mensajes mediáticos. Pero algo ha cambiado también estos años en la forma en que los medios producen ideología. Han aprendido y desarrollado mecanismos de imposición muy potentes, articulándose con otros poderes y diversificando su capacidad de imposición simbólica. Así que hoy estamos revalorizando aquellas ideas de los años 60 y 70, que señalan el poder mediático como uno de los poderes centrales del capitalismo contemporáneo en donde se forma y define la opinión pública.
En ese marco, el campo educativo está expuesto a la forma en que los medios se refieren a las distintas cuestiones educativas, pues en estas sociedades mediatizadas la cosa pública está atravesada por los discursos y debates mediáticos. La educación hoy no puede evitar estar hablada, significada y visibilizada por los medios y en ese sentido está expuesta a las formas en que los medios hacen sus discursos: de un modo fragmentado, centrado en el escándalo y el valor noticia, en ciertos estereotipos y visiones simplificadas de la realidad, en argumentos esquemáticos y también orientados ideológicamente. No hay relato mediático neutral, siempre hay una posición asumida. Aunque la noticia tienda a contarse “objetivamente”, siempre hay recortes, elecciones, valoraciones que encuadran el tema que se cuenta.
La cuestión de la calidad educativa rápidamente se convierte en parte de un argumento esquemático, que opera como todo argumento simplificado y ciertamente estereotipado, dando por supuesto un conjunto de cuestiones asociadas a ese término, que no se discuten y operan como sentido común cada vez que se usa en una noticia o discurso mediático. En este esquema, calidad se opone a cantidad, es decir a la educación masiva, educación pública que busca la cobertura total de la población. De modo que la educación pública comienza a vincularse con la “mala calidad”. Por otro lado y estrechamente vinculado con esto, la calidad se vincula a escuela privada, a los modos educativos que ponen énfasis en la individualidad, el mérito personal y el rendimiento en estándares internacionales. Lo que ocurre es que nunca se explicita claramente qué se entiende por calidad educativa, se la da por comprendida y ese mecanismo es justamente el que esconde cómo el discurso neoliberal se ha apropiado de ese término y lo ha cargado de sentidos todos opuestos a la educación pública garantizada por el Estado más cercana al modelo liberal democrático, aun fuerte en nuestra región, que el neoliberalismo necesita transformar. Para ello su principal carta es la “calidad educativa”, pues nadie se opondría a querer una educación de calidad. Lo que ocurre es que para lograrla es necesario, según el discurso neoliberal, adecuar nuestros sistemas educativos a los estándares y las lógicas del mercado, las empresas y las tecnologías de la evaluación.
Hay sectores que defienden simplemente el éxito en pruebas estandarizadas, mientras los movimientos que actúan por el derecho a la educación defienden un concepto más amplio de educación con calidad. ¿Te parece que los medios tienen peso en este debate? ¿De qué manera influyen en la construcción del concepto de la calidad de la educación en la sociedad?
Las pruebas estandarizadas son también otro de esos sentidos que se imponen sin análisis y que se asocian a la calidad educativa. Además se asocian a una idea esencialista de la educación como si hubiera conocimientos que son valiosos para todas las escuelas, para todos los países y para todos los niños y niñas, de manera que imponiéndoles un mismo sistema de medición sea posible conocer el grado de excelencia educativa de los distintos países. Ese modelo homogeneizador no tiene nada que ver con una perspectiva de derechos, que considera que el acceso y la posibilidad de educarse es un derecho universal, pero no los contenidos ni las modalidades, pues cada contexto, país, comunidad tiene derecho a decidir cuáles son los contenidos que considera significativos. Las pruebas estandarizadas arrasan las diferencias e imponen una misma vara de medición a países que tienen condiciones educativas muy diversas y no homogéneas.
Si claro que los medios inciden en esos debates y como dije antes inciden por cercanía ideológica con el modelo neoliberal y privatista, pero otras veces de un modo casi irreflexivo porque reproducen sin cuestionar el discurso social que surge de algunos “especialistas” y fundaciones cuya función central es ofrecer argumentos simplificados que permitan imponer la lógica del mercado, las mediciones estandarizadas y los rankings como única lógica válida para analizar la realidad educativa. Esos diagnósticos y propuestas se toman como datos de la realidad, no como interpretaciones interesadas de determinados grupos sociales. En ese sentido es muy importante que los y las periodistas evalúen críticamente las fuentes informativas, informes interesados de fundaciones y ciertas estadísticas o recomendaciones interesadas en imponer un modelo de mercado.
A modo de ejemplo, se toma como un dato de la “mala calidad educativa” de un país, los resultados de una encuesta realizada por una de estas fundaciones a empresarios, preguntándoles cómo valoran el nivel educativo con que egresan las y los estudiantes del sistema educativo secundario. Esta operación es grave y se repite en numerosos medios no necesariamente adherentes a un discurso privatizador. No se cuestionan las fuentes, ni los intereses que persiguen estas fundaciones o especialistas que difunden informes negativos sobre la educación pública y que dan “recomendaciones” a los gobiernos de cómo mejorar esas performances, como son las pruebas estandarizadas.
¿Qué impacto tiene esta cobertura? ¿Esto es capaz de crear un ciclo que afecta el proceso educativo, influyendo en las políticas gubernamentales dirigidas a la educación?
La influencia de los medios es múltiple y compleja. Podría decirse que más que imponer directamente las políticas crean el clima favorable para tomas de decisiones en uno o en otro sentido. En líneas generales, los medios son muy críticos de la educación pública, de los docentes y estudiantes que se movilizan en defensa de sus derechos y de la masividad del sistema público. Se impone un marco general para hablar de la educación como en crisis constante, como un espacio deficiente, ineficiente y conflictivo. Eso hace que ciertos sentidos sobre la educación se hagan parte del sentido común y de lo aceptable, que es el magma sobre el cual se apoyan luego muchas políticas privatizadoras o represivas sobre los docentes y estudiantes.
Usted coordinó una investigación sobre las disputas alrededor de la privatización de la educación en los medios de comunicación de la región. ¿Es posible percibir alguna relación entre el abordaje que se le da al público y al privado y la calidad educativa?
En nuestra investigación, que fue comparativa entre cuatro países (Argentina, Chile, México y Ecuador), pudimos encontrar muchas características comunes en los medios de tipo hegemónico. Un enfoque crítico respecto de la educación pública siempre caracterizada como un espacio caótico, sin orden, sin calidad, ineficiente y muchas veces contrario a los intereses de las familias y de los propios niños y niñas. Lo que termina siendo un argumento muy potente porque se pone a los niños como víctimas de la mala calidad del sistema y fundamentalmente de sus docentes, que se preocupan más por defender sus derechos que en que sus estudiantes tomen clases. Ese argumento desconoce que la educación es un derecho que, para ser efectivo, requiere de condiciones mínimas para desarrollarse, por ejemplo docentes bien remuneradas/os. De modo que los argumentos críticos sobre las escuelas públicas toman algún aspecto y lo descontextualizan de la problemática general.
El otro tema que se repite es la crítica al Estado desde esquemas de mercado. De este modo el Estado aparece como ineficiente para “administrar” el sistema. En su lugar se ofrecen modelos mixtos o directamente privatizadores. El otro tema recurrente es la criminalización de la protesta docente y estudiantil. Los paros, demandas y movilizaciones son tratados muchas veces con terminología policial, legal y vinculada al delito, como “los sediciosos”, “los ocupantes ilegales”, “los violentos” para referirse a estudiantes o maestras/os en lucha.
De manera general, se observa que en la cobertura mediática sobre la educación se toma en cuenta la opinión de representantes del poder público, las y los llamadas/os “expertas/os” y, cada vez más, representantes del sector privado. Poca expresión tienen las y los estudiantes y docentes. ¿Cómo hacer para que la voz de la comunidad educativa esté más presente?
Ese punto es central cuando nos preguntamos no solo cómo tratan los temas educativos los medios, si no quienes son las voces autorizadas que hablan en los medios, a quienes consultan. En nuestra investigación, apareció con mucha claridad que estudiantes y docentes son “habladas/os” por otros, que son escasas las posibilidades que tienen de hablar y dar testimonio en primera persona. Cuando lo hacen, los medios los ponen en tono genérico “maestro huelguista”, “estudiante movilizado”, sin darle un reconocimiento y legitimidad a su palabra. Frente a esto, los que aparecen como enunciadores autorizados son algunos funcionarios políticos cuyas palabras no son cuestionadas y son tomadas como “los hechos”, y fundamentalmente la voz de ciertos especialistas de fundaciones o universidades privadas, cuya trayectoria intelectual no suele ser reconocida.
Sin embargo se auto instituyen como autoridades o especialistas en temas específicos (calidad educativa, financiamiento educativo, fracaso escolar, bullying o educación autosustentable) que dan datos e interpretaciones de la realidad desde un saber técnico que parece a-ideológico, pero que si se rastrea lo que está más allá, quienes financian esa investigación, las preguntas que se hacen, los métodos para obtener la información, claramente aparecen los intereses por imponer un modelo neoliberal y privatizador.
Las y los docentes e investigadoras/es de los sistemas públicos son escasamente consultadas/os como expertas/os, y en su lugar aparecen fundaciones, coaliciones o grupos de empresarias/os e intelectuales preocupadas/os por la educación, que son los que ofrecen regularmente informes caóticos sobre la educación pública que terminan siendo tomados por los medios como noticia, como la realidad misma.
¿Qué se puede hacer para cambiar el enfoque en las noticias, generando discusiones sobre cómo construir un sistema público de educación fortalecido y de calidad? ¿Los medios están dispuestos a hacer ese cambio?
Los medios siguen la lógica de la noticia. Lo que no entre en esa dinámica queda en los márgenes, lo que no pueda llamar la atención de las/os destinatarios se descarta. En ese sentido es importante disputar la agenda de los medios. Generar información, noticias, informes, que los medios puedan tomar como noticia por algunos motivos. Eso es importante, también es importante debatir, desnaturalizar lo que aparece como “la realidad educativa”, mostrar que solo son argumentos y que se pueden ver los hechos desde otro lugar. Es importante establecer diálogo con periodistas y comunicadoras/es sensibles a la problemática, y desarrollar algún tipo de formación u orientación para ellas/os del mismo modo que se hace respecto de cuestiones como violencia de género o delito e infancia. Ofrecerles otros argumentos, otras formas de analizar los problemas educativos, mostrar la falacia escondida atrás de esos informes de especialistas que no transparentan sus verdaderas intenciones, y apuntar a que estudiantes y docentes, cuando entrevistadas/os, puedan desarticular la lógica que los estigmatiza y los criminaliza.
A su vez potenciar los numerosos medios de tipo progresista y alternativo que en estos últimos tiempos han crecido a la luz del desarrollo de las redes. Estos medios tienen otros enfoques sobre educación, les dan voz a actores educativos excluidos de los grandes medios y fundamentalmente se posicionan frente a la educación como un derecho. Este es un fenómeno notable que también hemos podido constatar en nuestra investigación. Estos hallazgos siguen la idea que plantea Manuel Castells, quien señala que cuando hay una alianza fuerte entre modelo político y discurso de los medios dominantes, las redes son el espacio para expresar el malestar y expresar los temas que quedan excluidos de esos espacios hegemónicos.
¿En qué medida la percepción de la “mala calidad” en las escuelas públicas debilita el sistema educativo público? ¿Qué recomendaciones haría para las organizaciones de la sociedad civil que quieren influir en los medios de comunicación desde una perspectiva de los derechos humanos y del fortalecimiento de la educación pública?
En primer lugar es importante reconocer que más allá de los medios, la educación pública en nuestros países es aún muy valorada y defendida cuando es atacada. El tema es que este tipo de operatoria es sutil. Cuando solo se publica en un medio durante un mes el modo en que las universidades y las escuelas se “destruyen” en una medida de fuerza, como un paro docente o una toma estudiantil, la imagen de deterioro y desidia se terminan imponiendo por sobre la de defensa de derechos, que es la razón que hace que un docente o un estudiante deje de cumplir sus roles cotidianos y decida una medida de este tipo.
Frente a esa imagen de deterioro es importante que las organizaciones educativas hagan públicas estas demandas y comuniquen no solo las demandas, si no también los resultados, los hallazgos, los “éxitos” de la educación pública, no en términos de mercado si no en términos de lo que la propia organización se propone a verificar. Por ejemplo alfabetizar a un grupo de mujeres migrantes, recuperar técnicas artesanales ancestrales o lograr que las y los estudiantes desarrollen procesos creativos en las escuelas. Es importante que estas ideas puedan acceder a la agenda pública. De igual modo es importante diseñar una estrategia comunicacional cuando se va a realizar una medida de fuerza, para no dejar que los medios armen la noticia con los estereotipos repetidos infinitas veces. Es importante decidir quiénes van a hablar a los medios, qué van a decir y dónde pondrán los énfasis en sus discursos.
A su vez, es importante la articulación y el trabajo en red entre las organizaciones para potenciar los medios alternativos, los observatorios y todos aquellos espacios mediáticos que potencien una perspectiva de derechos y no naturalicen la lógica de mercado que hoy se impone de modo sutil y silencioso.
“La educación de calidad es la realización de los DDHH en y por la educación”
Como especialista en el área del derecho humano a la educación, es el autor de la tesis “Norma de Calidad de la enseñanza: Desafíos institucionales y Bases para la construcción de una Teoría Jurídica”, en la que analiza el significado de la disposición constitucional sobre la calidad de la educación en Brasil y establece un marco conceptual para el contenido normativo de este principio en relación con la educación básica.
En una entrevista con la CLADE, Ximenes defiende la importancia de discutir la calidad en un momento de impulso a la regulación legal de la calidad de la educación básica en Brasil y en otros países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, dice: “No podemos caer en la respuesta fácil de establecer solamente normas mínimas de calidad, ya que reduciría la amplia dimensión del derecho a la educación.” Aquí está la entrevista.
Tu investigación tiene como punto de partida la Constitución brasileña, que establece una serie de principios que se tienen que seguir en la educación, como garantía de un estándar de calidad. ¿A qué conclusión llegaste sobre el sentido de esta disposición constitucional en la educación básica?
En el caso del principio constitucional de la calidad estándar de la educación, mi estudio dice que el derecho a la educación básica de calidad es el derecho a la más alta calidad bajo las condiciones existentes. Esto ya contradice la perspectiva tradicional del derecho, que haría un camino contrario: para ser un derecho, sería necesario que sea ejecutable inmediatamente y estar bien definido. Por esta línea de pensamiento, nosotros sólo podríamos considerar un derecho los niveles mínimos que la ley considera como una regla, por ejemplo, el número mínimo de alumnos por clase, cantidad mínima de recursos, las disposiciones mínimas que pueden ser de ejecución inmediata a través de los tribunales. Este enfoque minimalista no da cuenta de una agenda para la realización del derecho a la educación como un derecho humano. Así que invierto esta lógica para argumentar que el derecho a la calidad debe realizarse al máximo, y que el establecimiento de las condiciones básicas mínimas para la concreción de este derecho debería ser un proceso gradual hacia su plena realización.
¿Y cuál sería el contenido del cumplimiento de la plena realización de acuerdo a su investigación?
El contenido del logro de la máxima calidad del derecho a la educación de calidad será determinado de manera interdisciplinaria, y yo establezco esta proposición básica de la interpretación del derecho humano a la educación en base a los instrumentos de derecho internacional, que contienen en gran medida las perspectivas de la comunidad educativa internacional. Lo más legítimo para hablar sobre el contenido de esta máxima calidad es el campo de la educación, y no el campo legal. De ahí que la integración y la interdisciplinariedad son necesarias, dentro de una perspectiva que escapa a la idea del Derecho como ciencia pura, y de un tecnicismo legal centrado en sí mismo.
¿Cuál es, en su opinión, la relación entre educación de calidad y la teoría de los derechos humanos?
La educación de calidad es la que realiza el derecho humano a la educación (DHE), realiza los derechos humanos en la educación y por medio de la educación. En este sentido, contamos con la contribución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, que estipula que el DHE debe tener las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. En esta perspectiva ampliada, este es el contenido del derecho a la educación que yo relaciono con los principios constitucionales de la educación presentes en la Constitución Federal.
El derecho a una educación de calidad tiene la dimensión de determinar que el Estado adopte medidas para la realización directa de este derecho, por ejemplo, invirtiendo recursos para garantizar las condiciones de trabajo a las escuelas, pero también implica posiciones fundamentales de derechos humanos que son salvaguardias contra acción arbitraria por parte del Estado o de otros. Por lo tanto, el derecho humano a la educación es también aquel que garantiza el espacio de la libertad académica de los estudiantes y profesores, el derecho a la pluralidad de conceptos pedagógicos, la posibilidad de que la escuela construya con relativa autonomía sus proyectos educativos, etc. Se trata de derechos que sin duda requieren la acción directa del Estado, pero van más alla de esta dimensión: exigen que se den condiciones de autonomía relativa a la escuela y a los estudiantes.
En este sentido, ¿cuál es su opinión sobre los medios y métodos de evaluación externa y estandarizada de la enseñanza? ¿Se podría decir que estos formatos no son suficientes para asegurar y medir la calidad de la educación?
En general, se tiene una opinión contraria a la mía respecto a las políticas que interpretan la calidad de la educación a partir de la estandarización, de la adopción de textos apostillados y de la entrada de los sistemas de educación privados. Entiendo que esta es una interpretación de la idea de la norma de calidad que no se justifica, ya que reduce casi por completo el espacio para la realización de otros principios constitucionales, como el principio de la libertad de enseñanza y el aprendizaje, el principio de la autonomía relativa escuelas y de la pluralidad, que están de acuerdo con la adaptabilidad prevista por el Comité DESC.
El respeto de los derechos humanos en el proceso educativo también es fundamental para comprender y llevar a cabo una educación de calidad. Es decir, no sólo promover ciertas capacidades y habilidades valoradas por el mercado y por las pruebas estandarizadas, la realización de DHE también debe permitir la realización de otros derechos humanos en la educación, por ejemplo, el derecho a la participación y la ciudadanía.
Por otra parte, la realización de los derechos humanos a través de la educación se debe lograr en la medida en que la escuela y el sistema educativo promuevan una cultura de derechos humanos y de lucha contra las desigualdades y las discriminaciones estructurales como el racismo, la dominación de género y la homofobia. Aquí relaciono el derecho humano a la educación con el principio de la igualdad, lo que implica, para la educación, la igualdad de oportunidades y la igualdad de condiciones. En la educación básica, la igualdad de condiciones debe prevalecer pues en esta etapa el derecho humano a la educación se rige por el principio de la universalidad. Esto implica la búsqueda de la eliminación de las desigualdades sociales a través de educación y la promoción de políticas públicas que garanticen condiciones básicas de calidad a todas y todos, y que fortalezcan los segmentos explotados y marginalizados. Una escuela que tiene un buen resultado en el examen PISA, pero que promueve la desigualdad y la segmentación, está interpretando la calidad con estrechez al sobrevalorar una prueba estandarizada.
En tu estudio, tú indicas las dimensiones para evaluar el cumplimiento de una educación de calidad. ¿Cuáles son?
He buscado en la literatura y en los documentos internacionales los factores relacionados con la mejora de la calidad del derecho humano a la educación. Sistematicé la información sobre estas dimensiones de la realización del derecho humano a la educación, que tienen algun nivel de protección jurídica. Ellas son siete: la dimensión de los estudiantes; ambiente escolar; condiciones de infraestructura y suministros básicos; contenido; procesos educativos pertinentes; resultados y la financiación pública. Hoy, sin embargo, hay una tendencia a la definición de las dimensiones jurídicas de la educación de calidad solamente a partir de niveles mínimos.
La Constitución brasileña de 1988 (art. 206, VII) y los tratados internacionales no facultan esta interpretación. En ellos, la educación de calidad es el derecho a recibir la máxima calidad, considerando las sietes dimensiones. Establecer niveles mínimos puede ser importante en contextos en los cuales ni siquiera estos se cumplen, pero el derecho a la educación, y el derecho a reivindicar el derecho a una educación de calidad van mucho más allá. En este sentido, sostengo en este estudio que la realización del derecho humano a la educación de calidad implica la realización de estas dimensiones de manera integrada, para que todas contribuyan con el derecho humano a la educación de calidad en esta perspectiva maximalista, es decir, que todas se realicen al máximo.
Es muy común afirmar que la ley brasileña no protege, no establece cuál es el contenido de la educación de calidad, y que necesitaríamos un estándar más objetivo. Esto no es cierto. Tú encontrarás una gran cantidad de definiciones de cada una de estas dimensiones en el contenido de la legislación brasileña. Lo que pasa es que algunas de estas dimensiones son más detalladas, y otras menos, en términos de contenido jurídico. En verdad sería útil integrar estas dimensiones amplias a un documento jurídico con fuerza normativa, pero para ello tendríamos que huír del intento minimalista y de la homogeinización de los resultados a través de pruebas estandarizadas.
¿Por qué esta financiación es una dimensión importante de la realización de una educación de calidad, y, en consecuencia, cuál sería el impacto de la privatización de la educación en este nivel de calidad?
Elegí incluir la financiación de la educación como una dimensión de su calidad en el contexto específico del debate jurídico sobre este tema en Brasil hoy, que está relacionado con la definición del costo calidad del estudiante (“custo aluno qualidade” en portugués). Este concepto ha sido creado por la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil y expresa una formulación original que se ha logrado en el país, que acerca el tema del financiamiento al de la calidad. En realidad, esta fórmula somete la lógica de la financiación de la educación a la de la garantía de las condiciones de realización progresiva de la calidad socialmente exigida.
En cuanto a la segunda pregunta, estoy convencido de que la única manera de lograr el derecho humano a la educación es a través de un sistema público coherente y equitativo, en el que el sistema privado se coloca como subsidiario, como una opción eficaz de las familias, o de los estudiantes, y no en la perspectiva de hoy en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y en Brasil, donde el sistema privado se justifica por la segmentación social. En este sentido, el propio sistema viola los derechos humanos y el principio de la igualdad. Además, ahora hay un proceso de ingreso de la lógica privada y de la ganancia en la educación pública. Esto trae riesgos para la realización del derecho humano a la educación, cuando se canalizan recursos públicos para estas empresas que venden materiales apostillados, estandarizados, además de sistemas privados de gestión, a las escuelas públicas.
Estos materiales y sistemas se insertan con poca o ninguna participación de la comunidad escolar del municipio o de la escuela, imponiendo regímenes educativos estandarizados, que por un lado, tienden a reducir el contenido de la educación a contenidos mínimos y le retiran otras dimensiones esenciales del derecho humano a la educación (como la libertad, el pluralismo, la autonomía relativa de las escuelas, la gestión escolar democrática en las escuelas, etc). Otro problema que existe hoy en día es una generalización de la formación de nuevos profesionales de la educación básica en instituciones privadas, oligopolios de baja calidad, que inclusive se promocionan valiéndose de precios bajos.
¿Cuál es el límite de la actuación del sistema de justicia en relación con el sistema educativo?
En Brasil hoy se puede exigir el derecho a la educación en la corte. La pregunta es cómo efectuar la demanda para hacer efectiva una decisión judicial, y cuáles son los límites del control judicial sobre la política educativa. Debido a que hay situaciones que pueden ser interpretadas como justiciabilidad negativa, que es aquella que se realiza sin diálogo con el campo educativo, o que se limita a repetir determinados registros de decisión que no tienen grandes impactos en la realización efectiva del derecho humano a la educación. También existe la posibilidad de que la legalización todavía le dé más peso a la dimensión de los resultados, provocando distorsiones en el sistema educativo, en relación con la calidad educativa. Cuestiones más objetivas y menos relacionados con el campo pedagógico son más apropiadas para el control judicial.
Yo recomendaría una actuación del poder judicial con el fin de exigir que se cumpla la garantía de una infraestructura adecuada en las escuelas, que todas las escuelas tengan espacios físicos adecuados, número suficiente de maestros, que se cumpla con los requisitos legales relacionados con la valoración de los trabajadores de la educación, las condiciones para la inclusión de los estudiantes con discapacidades, la supervisión de la aplicación de los recursos públicos para la educación, y, por supuesto, el requisito de disponibilidad de cupos accesibles y apropiados para todos.
Sobre este último punto, nuestra experiencia en la Ação Educativa ha demostrado que más eficaz que la acción individual es la promoción de demandas judiciales de carácter colectivo, que lleven al poder judicial a ampliar su diálogo con el campo de la educación – mediante la realización de Audiencias Públicas, por ejemplo, – y a fortalecer el programa de monitoreo para realizar el derecho a la educación. El objetivo debe ser el de obtener decisiones judiciales que demanden al Estado eliminar las omisiones de las políticas públicas, mediante la presentación de planes específicos para la expansión y la valoración de sus sistemas educativos, cuyo desarrollo pueda ser monitoreado por las organizaciones de la sociedad civil.
CLADE inicia acción para fortalecer la igualdad de género en las escuelas rurales
26 de agosto de 2021Contribuir al fortalecimiento de la igualdad de género y prevención de la violencia de género en las escuelas rurales, generando y divulgando datos empíricos y estrategias que puedan orientar el tratamiento y la prevención de la violencia en los espacios educativos y contribuyendo al desarrollo y difusión de materiales y políticas públicas para abordar este tema. Este es el objetivo del proyecto recién lanzado “Estrategias para prevenir la violencia sexual y de género y fomentar la equidad en las escuelas rurales”, iniciativa que se implementa entre 2021 y 2023 en Nicaragua, Honduras y Haití, bajo la coordinación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con Alternatives (Canadá) y en los países con Foro Dakar Honduras, Reagrupación para Todas y Todos de Haití y el Foro de Educación y Desarrollo Humano de la Iniciativa por Nicaragua.
“Esta propuesta es innovadora ya que trata un tema invisible y poco investigado para la sociedad y propone un método participativo con el involucramiento directo de los actores, como partícipes centrales en el proceso de investigación-acción y posterior propuesta de política pública. Es importante anotar que la CLADE participa en diversos escenarios regionales e internacionales de debate y decisión en torno al Derecho Humano a la Educación; en estos espacios, divulga sus productos, posiciona temas de discusión y actúa de forma articulada con actores de otras regiones, como África, Asia, el mundo árabe y otras regiones del planeta. Los resultados de este proyecto podrán compartirse al interior de la región latinoamericana y viajar a otras latitudes”, afirmó Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Con el enfoque de investigación acción participativa, el proyecto se propone desarrollar el conocimiento y la capacidad local para identificar y prevenir las múltiples expresiones de violencia y de violencia de género y para diseñar y adaptar las herramientas e instrumentos existentes, contribuyendo así para incorporar este tema en las prácticas locales y también en los instrumentos de política nacional y regional. Todo el proceso contará con una estrategia comunicativa y educomunicativa que dará cuenta del mismo en cada una de sus etapas, como una forma de compartir aprendizajes con toda CLADE y con los aliados nacionales, regionales y globales.
Taller formativo de arranque del proyecto: temas y metodología en debate
Como actividad preparatoria del proyecto, la CLADE realizó la semana pasada, entre los días 16 y 19 de agosto, una serie de talleres para definir conceptos y metodologías comunes sobre el tema y el desarrollo del proyecto. En dicha actividad, participaron los equipos nacionales responsables del proceso y también los equipos coordinadores del mismo en CLADE y Alternatives. Se contó, además, profesionales de investigación y comunicación, tanto en temas de violencia como del enfoque investigación acción participativa.
Una de las especialistas que participó en la formación fue María Guadalupe Ramos Ponce, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CADEM). Durante su exposición, habló sobre la violencia de género.
“La violencia de género se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia”, explicó.
Según Guadalupe Ramos, la violencia contra las mujeres y las niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la víctima, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. “La violencia contra las mujeres y niñas abarca, con carácter no limitativo, la violencia física, sexual y psicológica que se produce en el seno de la familia o de la comunidad, así como la perpetrada o tolerada por el Estado”, dijo.
Añadió que los feminismos han señalado la urgencia de desmontar el modelo hegemónico del patriarcado, que está detrás de todas las violencias, desigualdades y opresiones de la sociedad actual. “Eso porque el patriarcado [organización social en la que el varón goza de una condición de supremacía sobre la mujer, la cual se encuentra en una situación de opresión tanto en la esfera pública como en la esfera privada] está en el capital, en la apropiación de la riqueza, restringiendo las libertades y los derechos, congelando sueldos, y fomentando los empleos en precario. En el precio de la vivienda, la especulación, la privatización de la sanidad, la destrucción del planeta y en la pobreza y la educación sexista y discriminatoria”, subrayó.
Metodología de Investigación Acción-Participación
Para abordar, estudiar el tema y actuar en las comunidades educativas de los tres países que participan en el proyecto, la metodología adoptada es la Investigación Acción-Participativa (IAP). Durante los talleres mencionados, la investigadora y docente argentina, directora de la Facultad de Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba, Maria Cristina Mata, explicó qué significa este enfoque metodológico.
La IAP se define, según sus intervenciones, como un modo específico de abordar el quehacer científico. Es la producción de conocimiento que se realiza de modo colaborativo entre investigadores profesionales y determinados grupos sociales con una explícita intencionalidad política: contribuir a la transformación social, a suprimir las inequidades y situaciones de dominación existentes que afectan principalmente a las grandes mayorías populares y a sectores subalternos de la sociedad.
“La IAP representa una opción de trabajo junto a los grupos o clases sociales dominadas y excluidas, que busca incidir en su organización y en su capacidad de participar en las decisiones que afectan su vida cotidiana, potenciando así su condición de protagonistas activos de su historia”, afirmó.
La investigación acción participativa no es exclusivamente una metodología de investigación, explica Maria Cristina Mata. Es al mismo tiempo una práctica educativa – porque supone que los sujetos que la desarrollan realizan aprendizajes y avances en la comprensión de sí mismos y de su realidad – y es también una estrategia de intervención social – porque se opera sobre la realidad investigada.
“Este tipo particular de investigación es también acción. En general esta afirmación suele asociarse al hecho de que se trata de un tipo de investigación que tiene finalidades prácticas. Y eso es cierto. Porque los problemas que se investigan, y que son en general aquellos donde se expresan las múltiples opresiones y desigualdades que se viven – desde la falta de tierra para los campesinos hasta la incomprensión que suelen sufrir los jóvenes por parte de adultos autoritarios, para dar algunos ejemplos-, se abordan para provocar cambios en esas situaciones; es decir, para desarrollar acciones que las modifiquen”, destacó.
El proyecto abarca diversas acciones y etapas que se impulsarán hasta el 2023. La CLADE seguirá difundiendo los hallazgos, experiencias, aprendizajes y logros del proyecto, sobre la marcha, y especialmente desde producciones educomunicativas y dando a la comunicación un rol transversal y estratégico en la expresión, visibilidad y construcción de conocimientos sobre la temática de la violencia de género y su superación, en y con las comunidades que forman parte de la iniciativa.
3 ejes contra la privatización de la educación: recomendaciones de personas expertas
24 de agosto de 2021En abril de 2021 la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) lanzó la investigación “El lucro en la legislación sobre educación en América Latina y el Caribe.” El estudio apunta a tres ejes contra la privatización de la educación.
Los aportes son de personas expertas entrevistadas. El objetivo es contribuir a la incidencia política de los movimientos sociales que luchan por la educación como un derecho humano en América Latina y el Caribe. Como tal, que no esté sujeto a la mercantilización.
Los tres ejes contra la privatización de la educación
- Producción de información. Los expertos aportan que son necesarios estudios sobre la calidad, la oferta y la segregación escolar, que profundicen en la relación directa entre las desigualdades educativas y la relación público-privada en toda la región a nivel local, nacional, regional e internacional. También es necesario un mapeo más específico de la educación superior para arrojar luz sobre la lógica de la extracción de ganancias en las instituciones en esta etapa de la educación.
- Investigación para difusión de información. Otra recomendación se da a los esfuerzos de difusión de información y producción de campañas y sensibilización. Las personas entrevistadas enfatizan la relevancia de la movilización que muestre la cuestión del lucro en la educación y sus efectos negativos. Se propone la creación de redes entre diferentes organizaciones para construir narrativas contrahegemónicas en oposición a la privatización. Eso también se aplica en favor del fortalecimiento de la educación pública y gratuita. A través de datos de calidad, el objetivo es que se deconstruyan ideas como la superioridad de la calidad de la oferta privada. La estrategia está enfocada en hacer visible la importancia de la financiación pública para todos los niveles y etapas de la educación.
- Campañas para la confrontación política con miras a cambios en la legislación, de manera a garantizar la exclusividad de recursos públicos para la educación pública. Se proponen acciones de fortalecimiento a la sociedad civil, así como el abogar por la exclusividad de los recursos públicos para las escuelas públicas y gratuitas. Asimismo por la existencia de mecanismos de control social de cualquier recurso público transferido a instituciones privadas.
Qué piensa la CLADE
Para la Campaña, los resultados de esta investigación señalan un largo camino por recorrer. Considerando la variedad de formas de lucro instaladas en y a través de la educación, que se fortalecen con el respaldo de la ley. Otro aspecto es la sombra de los vacíos legales.
Preocupa el hecho de que los recursos públicos no se canalicen adecuadamente para fortalecer la educación pública y gratuita. Eso se suma a la gravedad de la falta de financiación suficiente para garantizar el derecho humano a la educación en muchos contextos.
Mira el documento completo aqui y profundiza en los ejes contra la privatización de la educación
ASPBAE: Nos mantenemos firmes para promover el derecho a la educación de todos y todas en Afganistán
23 de agosto de 2021Protección y defensa de los derechos humanos y las libertades de todas las personas en Afganistán; detención de inmediato de la violencia; garantía de una educación de calidad verdaderamente para todos y todas; y la protección de las escuelas y lugares de aprendizaje de cualquier violencia o conflicto. Esas son algunas de las demandas de la Asociación de Asia Pacífico Sur para la Educación Básica y de Adultos (ASPBAE) acerca de la toma de poder de los talibanes en el país.
Esas y otras demandas de la asociación fueron publicadas hoy (23) a través de un pronunciamiento. “La ASPBAE se solidariza con sus miembros, socios para el desarrollo y el pueblo de Afganistán mientras el país se enfrenta a otra toma de poder de los talibanes que amenazará los duramente reñidos progresos realizados en educación, democracia, derechos humanos y libertades fundamentales”, destaca el comunicado.
Según la red, las mujeres y las niñas, los grupos étnicos perseguidos, las minorías religiosas, las personas que promueven los derechos humanos y las libertades y quienes trabajan por una paz y un desarrollo verdaderamente inclusivos en todo Afganistán están cada vez más amenazados y temerosos por sus vidas y libertades.
“Como red regional de más de 200 organizaciones de la sociedad civil e individuos que operan en alrededor de 30 países de Asia-Pacífico, incluido Afganistán, ASPBAE se mantiene firme en su misión de promover el derecho a la educación para todos, y en todas las situaciones, basado en principios básicos de defender la dignidad humana, la participación en la sociedad y la promoción de la tolerancia y la paz”, afirma.
>> Lee el pronunciamiento completo en inglés
Informe luz de la situación de la educación en Guatemala al 2021
28 de julio de 2021Este documento analiza la implementación de la Agenda de Educación 2030 en Guatemala en el periodo 2015-2020, sugiriendo acciones y recomendaciones para acelerar su cumplimiento, ya que Guatemala se comprometió a realizar acciones en favor del desarrollo del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 en el país, pero ha avanzado poco, especialmente debido a la insuficiente inversión realizada por el Estado en la educación pública.
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