Red Mixta debate la privatización en y de la educación en América Latina y el Caribe
16 de agosto de 2016
Este debate virtual fue el primer impulso para delinear estrategias conjuntas en el ámbito de la Red Mixta y contrarrestar los procesos de privatización de y en la educación en la región, además de incidir por la formulación de leyes y políticas promotoras del derecho humano a la educación y del fortalecimiento de sistemas públicos de educación
Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su primera reunión virtual para discutir las tendencias de la privatización de y en la educación en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas.
Su propósito es impulsar la implementación de marcos legales que sean promotores del derecho humano a la educación y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de la comunidad educativa, en el debate legislativo y presupuestario. Hasta el momento, participan del grupo representantes de 17 países de la región. Para este año, la Red Mixta ha elegido tres temas prioritarios que se discutirán en sus reuniones: la participación y la criminalización de los movimientos sociales, especialmente los que defienden la educación; la no discriminación y la no violencia en la educación, además de la privatización de y en la educación.
En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 29 de julio, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Uruguay indicaron las distintas maneras por las cuales se impulsa el proceso de privatización de y en la educación en estos países. Entre las tendencias mencionadas, se destacan: el recorte del financiamiento al sistema público, la transferencia de recursos públicos y de la gestión de centros educativos de la red pública a la iniciativa privada y la ocupación de espacios de toma de decisión en los poderes Legislativo y Ejecutivo por los sectores empresariales.
“El peor enemigo de la educación pública es el propio gobierno que ha agenciado políticas para destruir lo público. La educación en Colombia la dirige la fundación ‘Empresarios por la Educación’, y no el Ministerio de Educación Nacional. La arquitectura de la educación en lo financiero y administrativo, los contenidos, fines y propósitos, evaluación y cobertura la dirigen intereses económicos particulares”, afirma el Senador Senén Niño Avendaño, de Colombia.
En la República Dominicana, además de la influencia de los grupos empresariales, actores religiosos han asumido la gestión de escuelas con recursos públicos. “Recientemente se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado mediante el cual el Ministerio acepta que, con la transferencia de recursos públicos a dicha entidad, ´se gestionen establecimientos educativos de propiedad de las diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada y otros organismos eclesiásticos´. Con eso, el Ministerio de Educación ´reconoce a estas estas instancias la dirección, administración y, en sentido general, la gestión de los centros educativos´, lo que entra en contradicción con el principio de que el Estado dominicano debe ofrecer una educación laica, además, de que hay un trato inequitativo hacia otras religiones”, añade la diputada Guadalupe Valdez, de la República Dominicana.
Otro aspecto del proceso de privatización que se destacó en el debate virtual es la tendencia a la disminución de la participación social en el debate sobre políticas educativas – particularmente sobre los sujetos de la comunidad educativa, como docentes y estudiantes -, incluso con la criminalización de la protesta social. “El espacio de definición de las políticas educativas está siendo crecientemente ocupado por sectores privados laicos y no laicos. En ese sentido, el fortalecimiento de la gestión democrática es también un campo de lucha legislativa y tendrían que fortalecerse marcos legales para establecer que las políticas sean definidas por criterios públicos y con participación en la toma de decisiones”, refuerza Camilla Croso, coordinadora de la CLADE.
A su vez, las políticas económicas que plantean reducir los gastos públicos con derechos fundamentales debilitan el sistema educativo público y profundizan la falsa percepción sobre la calidad superior de la oferta educativa privada. “En Uruguay, pese a tener una mayoría parlamentaria de izquierda, se fueron avanzando propuestas privatizadoras en la educación. Aunque en el país, cada año, hayan aumentado los recursos que se invierten en educación, creció el reclamo por resultados inmediatos para el sistema educativo, basados en un discurso economicista y en una lógica de formación de jóvenes para el mundo del trabajo, que no contemplan la perspectiva de derechos humanos”, analiza el diputado Sebastián Sabini, de Uruguay.
Durante ese encuentro, también se destacó el tratado de libre comercio TISA (sigla en inglés para el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios), que viene siendo negociado en secreto el ámbito del comercio internacional, y representa una enorme amenaza y retroceso a la garantía de los derechos humanos, incluyendo a la educación. En América Latina y el Caribe está siendo negociado por Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú. A su vez, Brasil y Argentina recientemente señalaron su interés en aproximarse a estas negociaciones [lea más sobre el TISA aquí].
Parlacen apoya a la Red Mixta – En el último mayo, las y los integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobaron resolución de apoyo al funcionamiento de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe. Actualmente, ocho diputados/as del Parlacen forman parte en esta red.
El Parlacen exhorta a los ministerios o secretarias de educación y al Poder Legislativo de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a participar en los debates promovidos por dicha iniciativa. En su resolución, el Parlamento afirma “que es fundamental y de mucha importancia la participación ciudadana en el debate legislativo y la ampliación del debate público sobre el derecho a la educación o los contenidos de las normas y políticas públicas”.
El Parlacen es el órgano regional de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana. Está formado por diputados y diputadas electos/as por cada Estado parte y los/as ex presidentes/as y ex vicepresidentes/as de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Más sobre la iniciativa – La Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe fue lanzada en diciembre de 2015, en el marco de un encuentro regional realizado por la CLADE en São Paulo. El evento reunió a delegadas/os de las coaliciones miembros de la CLADE en 13 países de América Latina y el Caribe, parlamentarias/os y estudiantes de secundaria de siete países de la región, además de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conectas, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e IBIS/OXFAM.
La red tiene como objetivos: impulsar la implementación de marcos legales que promuevan el derecho humano a la educación, identificar brechas en las legislaciones existentes y trabajar para que se promuevan nuevos marcos legales garantes del derecho a la educación, teniendo en cuenta los múltiples instrumentos de derechos humanos firmados por los Estados; y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de los sujetos de la comunidad educativa, en el debate legislativo y presupuestario.
