“La deuda de los países latinoamericanos y caribeños desvía recursos que serían claves para una recuperación de la pandemia sostenible, verde e inclusiva”
9 de marzo de 2022En el primer día de actividades del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la CEPAL, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, tuvo lugar un panel de sobre el financiamiento del desarrollo sostenible, con la participación de representantes de bancos e instituciones financieras regionales e internacionales.
El canciller de la República de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós, introdujo la temática del debate, presentando desafíos para el financiamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América Latina y el Caribe, y también propuestas para mejorar este escenario, de acuerdo a la CEPAL.
Según datos de esta Comisión, citados por Quirós, la deuda bruta promedio en América Latina y el Caribe es de cerca de 77,7% del PIB regional, representando un desvío importante de recursos claves de los países, que podrían proveer bienes públicos esenciales para la reconstrucción y recuperación frente a la pandemia COVID-19, de manera sostenible, verde e inclusiva.
El canciller de Costa Rica explicó que la situación fiscal de los países de la región ya presentaba un espacio estrecho para inversiones públicas antes de la pandemia, y con ella se agravó debido a la menor recaudación y los mayores gastos con necesidades inmediatas generados por el contexto de COVID-19.
Señaló también el fuerte impacto de la pandemia en sectores económicos como el turismo, especialmente para países del Caribe, ante las medidas de distanciamiento y restricción a la movilidad.
“En este escenario, tenemos un estrecho espacio fiscal para abordar las necesidades de desarrollo sostenible y brechas estructurales de nuestra región”, destacó.
Agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo en la región
Según Quirós, la pandemia no solo impactó la región en términos de desempleo, pobreza y disminución de la inversión, sino que además obstaculizó derechos económicos, culturales, sociales y ambientales de nuestras poblaciones, especialmente las más vulnerables.
En esta coyuntura, agregó, las respuestas de los organismos multilaterales han sido limitadas y se restringieron a países con menores ingresos. “Eso ha representado desafíos para los países de renta media y renta media alta respecto a sus posibilidades de acceder a financiamiento y modalidades de cooperación, con impactos en sus capacidades reales de abordar de manera sostenible los retos de desarrollo”, afirmó.
En la parte final de su exposición, Quirós presentó propuestas innovadoras para mejorar el financiamiento del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, según el informe especial de CEPAL intitulado “Una agenda innovadora de financiamiento para el desarrollo para la recuperación de América Latina y el Caribe”.
5 propuestas para garantizar el financiamiento a los ODS
El informe de CEPAL destaca 5 propuestas o puntos principales:
1 – ampliar y redistribuir la liquidez de países desarrollados hacia países en desarrollo, desde propuestas como redireccionar los derechos especiales de giro (DEG) no utilizados por países desarrollados para países en desarrollo; y crear fondos multilaterales para la reconstrucción, por ejemplo el FACE (fondo para aliviar los impactos a la economía por el COVID-19), con el objetivo de aumentar la liquidez y el acceso a financiamiento con tasas de interés accesibles.
2 – fortalecer la cooperación regional y aumentar la capacidad de préstamos y respuestas de instituciones financieras regionales, subregionales y nacionales de América Latina y el Caribe, fortaleciendo la cooperación entre ellas.
3 – reformar la institucionalidad de la arquitectura de la deuda multilateral y de los sistemas fiscales: se requieren políticas fiscales contra la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, además, contra los abusos fiscales por parte de las corporaciones.
4- proporcionar a los países instrumentos innovadores para posibilitar el reembolso de la deuda y evitar el endeudamiento excesivo.
5 – integrar medidas de liquidez y reducción de la deuda a estrategias de resiliencia de largo plazo, así como adoptar medidas innovadoras de financiamiento, como bonos verdes y azules.
“Los bancos multilaterales deben apoyar los esfuerzos que ya hacen las instituciones regionales en la dirección del desarrollo sostenible. ¿Qué medidas los bancos de desarrollo pueden adoptar para ampliar la liquidez y distribuirla a países en desarrollo, sin excluir los países de renta media del acceso al financiamiento concesional? ¿Qué rol deberían jugar los bancos de desarrollo nacionales para movilizar recursos al desarrollo sostenible?”, preguntó Quirós a representantes de bancos presentes en el panel.
Video de la reunión:
“Es indispensable un cambio radical y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo que garanticen los derechos humanos”
Para influenciar los debates de la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que culmina hoy, en Costa Rica, con el objetivo de revisar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el continente, tuvo lugar el 6 de marzo la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe”.
En este encuentro, representantes de la sociedad civil, entre ellas/os integrantes de la CLADE, intercambiaron ideas, experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los países de la región, considerando especialmente el impacto del COVID-19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.
De este foro de sociedad civil resultó un documento con propuestas, análisis y demandas, el cual ya fue enviado a la CEPAL para que las autoridades tomen en cuenta en la declaración final del Foro que será adoptada hoy, y también en sus compromisos y acciones políticas.
En el documento de sociedad civil mencionado, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil vinculado a la CEPAL solicita que el próximo Foro de Países de América Latina y el Caribe permita que a los informes preliminares presentados por los países sobre el estado de cumplimiento de los ODS, se añadan los informes paralelos que realicen las organizaciones sociales de los países respectivos. Así mismo, solicita que incluyan a la sociedad civil en los debates preliminares del documento oficial de este Foro.
“Nos sigue preocupando la continuidad de las políticas neoliberales y de ajuste adoptadas por la mayoría de los países de la región, que sin duda obstaculizan el logro de los ODS. Para la aceleración del cumplimiento de la Agenda 2030 es indispensable un cambio radical en la acción de los gobiernos, y la implementación de nuevos modelos de producción y desarrollo, que garanticen los derechos humanos. Constatamos el déficit de indicadores y la ausencia de datos desagregados, que son indispensables para planificar medidas concretas e inclusivas bajo una perspectiva holística de interculturalidad e interseccionalidad. Observamos con gran preocupación el avance de intereses corporativos que amenazan con incidir de manera decidida sin legitimación democrática sobre el sistema multilateral de Naciones Unidas y en las modalidades de implementación de la Agenda 2030”, afirman las organizaciones de sociedad civil que forman parte del Mecanismo.
Los mensajes clave de esta declaración de la sociedad civil serán leídos hoy ante las autoridades presentes en el Foro de Países de América Latina y el Caribe, con una intervención de Laura Hernández Pérez, indígena del pueblo nahua de México e integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI), además de representante del grupo de Pueblos Indígenas del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible.
Retos y propuestas para hacer cumplir el ODS 4
Cada año, las revisiones oficiales sobre el cumplimiento de los ODS se enfocan en objetivos específicos. En el año 2022, se analiza especialmente el estado de cumplimiento de los siguientes objetivos: ODS 4 (Educación); ODS 5 (Igualdad de Géneros); ODS 14 (Océanos y Mares); ODS 15 (Ecosistemas Terrestres); ODS 17 (Alianzas Inclusivas).
En relación al ODS 4, Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos, los principales mensajes de la sociedad civil son:
● Es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida, incluyendo a las personas adultas mayores. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria y garantizar su carácter gratuito, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.
● La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas jóvenes adultas, adultas y adultas mayores que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos previstos, sin considerar el estatus migratorio, económico, étnico, credo, sexual, etario, género, ni ningún tipo de discriminación y que incluyan a las personas que por conflictos con a ley se encuentran privadas de su libertad. Se aboga por una educación intercultural, emancipadora, transformadora, despatriarcal, decolonizadora, antirracista e intercultural que contemple la participación activa de toda la comunidad educativa.
● Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales sin discriminación alguna. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados, con la garantía sobre la soberanía de contenidos, acceso libre en los espacios públicos y escuelas, libre de lucro, vigilancia y la intrusión en la órbita íntima de cada persona.
● Es indispensable una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región y aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación. Se requiere que los países cumplan con la Asistencia Oficial para el Desarrollo comprometida en el marco de la Declaración de Incheon. Es en este marco, los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.
● Las políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales.
● Se solicita cumplimentar la educación sexual integral y avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia, con especial urgencia y políticas que pongan fin a la violencia por razones de género y que afectan especialmente a refugiadas, afrodescendientes e indígenas, trabajadoras sexuales, rurales, poblaciones LGTBQ+, a las mujeres migrantes, personas con discapacidad en los ambitos educativos.
● Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos. Los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad en diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucradas.
● Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales, y prevenir los embarazos no planificados en la adolescencia, la violencia obstétrica, así como las uniones o matrimonios precoces y el abuso sexual infantil.
● Debido a la crisis humanitaria de migración es indispensable que a las niñas, niños y adolescentes migrantes se les garantice el derecho a la educación.
Las juventudes y los ODS
También previamente al Foro de la CEPAL, tuvo lugar el 4 de marzo el “Foro de Juventudes de América Latina y el Caribe 2030: Rumbo a la Quinta Sesión del Foro de Países de ALC Sobre Desarrollo Sostenible y al 11° Foro de Juventudes del ECOSOC”. En este espacio, las juventudes participantes compartieron sus opiniones y recomendaciones sobre los cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible priorizados este año para las revisiones de la Agenda 2030.
Los resultados de estas consultas fueron incluidos como insumos a los posicionamientos de juventudes entregados y presentados ante la CEPAL y en los diferentes espacios preparatorios al Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas 2022 – instancia de la ONU para la revisión de los ODS -, así como otros espacios intergubernamentales relevantes.
El 68% de las metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible continúa insuficiente para su logro hacia 2030
8 de marzo de 2022En el primer día del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que se realiza del 7 al 9 de marzo en Costa Rica, organizado por la CEPAL, la secretaria de este órgano regional, Alicia Bárcena, presentó un balance del estado de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región.
El informe completo, cuyos hallazgos centrales Bárcena presentó en la mañana de ayer, 7 de marzo, es intitulado “Una década de acción para un cambio de época”, y puede ser descargado aquí.
Entre los mensajes clave del informe, que evalúa el grado de cumplimiento de los ODS en la post pandemia, se destacan los siguientes:
- se observaron crecientes asimetrías globales entre países desarrollados y países en desarrollo;
- en términos de efectos económicos, sociales y políticos de la pandemia, la América Latina es la región más golpeada del mundo;
- el rol del Estado ha sido central para enfrentar los costos económicos y sociales de corto plazo, pero las medidas de recuperación han seguido un modelo de desarrollo que ya había mostrado sus limitaciones estructurales, y que impone costos crecientes, alejando la consecución de los ODS.
- por otro lado, la CEPAL fortaleció sus capacidades de evaluación de los avances de los ODS hacia 2030.
En conclusión, Bárcena informó que el 68% de las metas de la Agenda 2030 continúa en una tendencia insuficiente hacia el 2030, y casi un tercio de estas se encuentra en trayectorias que se alejan de alcanzar las metas. “Estos resultados refuerzan la necesidad de una década de acción para transformar el modelo de desarrollo con base en un multilateralismo eficaz”, subrayó.
Afirmó también que apenas el 32% de las metas van en ritmo adecuado, mientras que en el 22% se presentan retrocesos, y en el 46% de las metas hay un fuerte riesgo de retroceder.
Datos de la realidad que dificultan el alcance de los ODS hasta 2030
Otros mensajes clave de su intervención fueron:
– El 1% de la población regional tiene el 50% de la riqueza mundial: hay fuertes asimetrías económicas, climáticas, de acceso a la vacunación (apenas el 64% de la población regional está vacunada contra el COVID-19), y también en términos del financiamiento de respuestas a la crisis: los países desarrollados invirtieron 15 mil millones de dólares en el enfrentamiento a la pandemia, mientras que los países emergentes invirtieron menos de 3 mil millones de dólares.
– La deuda es un serio obstáculo para los países latinoamericanos y caribeños, que agudiza los problemas de la restricción externa y reduce el espacio fiscal.
– La pobreza y la pobreza extrema aumentaron en la región, pese a las ayudas de emergencia implementadas por los Estados; y el desempleo y el empleo informal son de los mayores retos.
– Se retrocedió 18 años en lo que toca la participación laboral de las mujeres en la pandemia: 1 de cada 2 mujeres continúa fuera del mercado laboral en la región, y su derecho a la educación también fue afectado con el cierre de las escuelas.
– Aumentaron en la región la violencia de género y la carga desigual de cuidados que recae sobre las mujeres: 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física en la región.
– Se observó la aceleración de la destrucción ambiental marina y terrestre, inclusive con asesinatos de defensores del medio ambiente.
– 3 millones de niños y niñas pueden no volver a la escuela luego de la pandemia.
“Necesitamos combatir la violencia de género y fortalecer la participación política de las mujeres. Es necesario que caminemos para una sociedad del cuidado: del autocuidado, del cuidado del medio ambiente, de la distribución equitativa del poder, etc. La igualdad de género es fundamental para alcanzar los ODS”, resaltó Alicia Bárcena.
Afirmó también que el escenario actual nos presenta la oportunidad de asumir un liderazgo, como región, para caminar hacia una reconstrucción verde: se plantea desde CEPAL la reducción del 12% de la deuda de Caribe (6 mil millones de dólares) para con eso crear un fondo de resiliencia del Caribe, que reúne un conjunto de países que está entre los que más sufren actualmente con desastres provocados por los cambios climáticos.
“Necesitamos cambios importantes de producción y consumo, y también una nueva arquitectura financiera internacional que apoye los espacios de política e inversión. Para ello, es esencial modificar el actual sistema de deuda y de préstamos”, enfatizó.
Grabación de la reunión:
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación de la pandemia y para el logro de los ODS”
Garantizar los derechos humanos para lograr alcanzar los ODS y enfrentar los impactos de la pandemia. Este fue el mensaje central que salió del panel de apertura del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo inicio hoy y se realiza hasta el 9 de marzo, organizado por la CEPAL.
Participaron en este panel: Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Carlos Alvarado, Presidente de la República de Costa Rica.
La presentación y moderación fue realizada por Rodolfo Solano Quirós, ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, quien resaltó que el gobierno de su país ha promovido procesos de recuperación [de la pandemia COVID-19] basados en una agenda innovadora de financiamiento, e invitando a una nueva forma de pensar, entender y crear mecanismos frescos e innovadores para oportunidades de financiamiento del desarrollo sostenible.
“Los derechos humanos son un eje fundamental de la recuperación. Que salgamos de este Foro con acciones concretas para mejorar la calidad de vida de las poblaciones vulnerables”, añadió el Ministro.
Por un multilateralismo activo que apoye la integración regional
A su vez, Alicia Bárcenas destacó que alcanzar los ODS en un contexto de post pandemia, exige un multilateralismo activo que apoye la integración regional. “Debemos también escuchar a las mujeres, las y los jóvenes, a la sociedad civil y al sector privado, que dan forma tangible a la década de acción para la transformación que tenemos adelante”, agregó.
Señaló también como un paso fundamental para avanzar en el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible hasta el 2030: poner al multilateralismo y a las voluntades colectivas por encima de los liderazgos individuales y nacionalismos.
“La región de América Latina y el Caribe ha sido de las más golpeadas por la pandemia. Se magnificaron diferencias respecto al acceso a bienes públicos, como la salud. Las brechas entre países se profundizaron y se afectó especialmente a las naciones de ingreso medio, que son la mayoría de nuestra región”, afirmó.
Informó también que más de un tercio de la población de la región se encuentra en situación de pobreza, y que este problema es coyuntural, pero también estructural, pues ya antes de la pandemia predominaba en la región la cultura del privilegio. “El 66,7% de habitantes tienen conexión a Internet en la región. Pero, 53 millones de hogares no tienen conexión a Internet. ¿Cómo estudian las niñas y niños en estas casas, cómo trabajan sus padres?”
Bárcenas también llamó la atención al hecho de que falta financiamiento público para promover la Agenda 2030 en la región. Según la representante de CEPAL, Costa Rica es un ejemplo de cómo podemos avanzar en energías renovables, y la región debería ser referencia en este tema, así como crear una ruta regional para fortalecer la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños en la producción y distribución de medicamentos y vacunas.
Mayor inversión pública en el desarrollo sostenible
Amina Mohammed, en su intervención, destacó como un elemento clave para avanzar en el logro de la Agenda 2030, una mayor inversión pública en el desarrollo sostenible, y también en prioridades, como: mayor resiliencia y preparación para el futuro, especialmente desde los aprendizajes de la pandemia; aumentar recursos financieros para sistemas de protección social; invertir en sistemas de producción de alimentos sostenibles y en la transición hacia las energías renovables; profundizar los debates y acciones para una educación transformadora en la post pandemia, buscando soluciones desde la solidaridad; y el fortalecimiento de la igualdad de género, de la protección social universal y de la garantía de empleos formales y dignos para todas las personas.
Por fin, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, señaló en su intervención la responsabilidad moral que tenemos para liderar y resolver los problemas contemporáneos, y resaltó la migración como un desafío regional importante que es también efecto de las desigualdades. “La solidaridad cambia al mundo. La economía de acumular no garantiza la seguridad”, subrayó.
Video de la reunión:
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible enfocará la situación del derecho a la educación
4 de marzo de 2022Costa Rica acogerá, del 7 al 9 de marzo de 2022, la quinta reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizada por la CEPAL. En el evento, altas autoridades y representantes de gobiernos, del Sistema de las Naciones Unidas, instituciones internacionales, sector privado, academia y sociedad civil se darán cita para revisar los avances y desafíos de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) – en la región.
El encuentro intergubernamental, que se realizará en modalidad híbrida, será inaugurado el lunes 7 de marzo a las 08:00 a.m. hora de Costa Rica (GMT-6) por Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, país que ejerce la presidencia pro témpore de la CEPAL; Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas; y Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
>> La agenda completa del evento está disponible aquí.
>> Será posible acompañar el evento en vivo a través del Facebook de CEPAL.
El Foro regional busca proporcionar oportunidades de aprendizaje entre pares a través de exámenes voluntarios, el intercambio de buenas prácticas y la discusión de metas comunes. Sus conclusiones son remitidas directamente al Foro Político de Alto Nivel (FPAN) sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, mecanismo global de seguimiento de la Agenda 2030 que sesiona cada mes de julio en Nueva York.
En el marco de la reunión, Alicia Bárcena presentará el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, titulado “Una década de acción para un cambio de época”.
Participación de la sociedad civil
Dentro del programa oficial del Foro, el miércoles 9 de marzo, de 8:30 a 10:00 (horario de Costa Rica), Nora González Chacón, punto focal del grupo de educación, ciencia y tecnología del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, participará en la mesa con el tema “Educación e igualdad de género: derechos humanos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.
Chacón es coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED) y miembro del comité directivo de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
> Esta y otras actividades oficiales del evento podrán ser seguidas virtualmente en vivo a través del sitio web de la reunión, del portal de internet oficial de la CEPAL www.cepal.org, la página https://live.cepal.org/ y las cuentas institucionales en Twitter (https://twitter.com/cepal_onu) y Facebook (https://www.facebook.com/cepal.onu).
En el día anterior al inicio del Foro, se realizará en modalidad virtual la “Reunión de la sociedad civil de América Latina y el Caribe previa a la Quinta Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible”, a celebrarse el 6 de marzo de 9.00 a 13.00 horas (horario de Costa Rica).
Este encuentro permitirá a representantes de la sociedad Civil intercambiar ideas experiencias y propuestas, respecto a la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en los países de nuestra región, considerando especialmente el impacto del COVID 19 y la necesidad de adecuar la respuesta de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto.
El encuentro de la sociedad civil será exclusivamente en modalidad virtual. Para participar deberá inscribirse primero en el registro de participantes del Foro, en la página Oficial de la CEPAL (https://eventos.cepal.org/event/66/registrations/) y luego inscribirse en el registro de la reunión de la sociedad civil, completando este formulario de inscripción.
De este foro de sociedad civil resultará una declaración con propuestas, análisis y demandas que se presentará ante el Foro oficial.
>> Para saber más, descarga aquí la agenda del encuentro.
¿Qué se discutirá en el Foro y cuál es su importancia para la educación de América Latina y el Caribe?
Cada año, las revisiones oficiales sobre el cumplimiento de los ODS se enfocan en objetivos específicos. En el año 2022, con la perspectiva adoptada por la ONU sobre el carácter integral e indivisible de la Agenda 2030, se analizará especialmente el estado de cumplimiento de los siguientes objetivos:
➢ ODS 4 (Educación).
➢ ODS 5 (Igualdad de Géneros).
➢ ODS 14 (Océanos y Mares).
➢ ODS 15 (Ecosistemas Terrestres).
➢ ODS 17 (Alianzas Inclusivas).
Al final del Foro, los gobiernos participantes presentarán una declaración final que resultará de los análisis de los ODS mencionados: su situación, desafíos, avances y compromisos para fortalecer la agenda hacia futuro.
Con el objetivo de que la voz de la sociedad civil de la región quede expresada en este documento final, el Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo Sostenible (MeSCALC), en el cual integrantes de la CLADE participan activamente, desarrolló un proceso previo de consulta a los grupos de representación temática y colectivos de la región sobre el cumplimiento de los ODS que se enfocan en la revisión de este año.
Como resultado, se identificaron desafíos y propuestas para contribuir al progreso de la Agenda 2030 en los países de la región, con la expectativa de mejorar el diálogo con los gobiernos para una contribución cualitativa. Estos hallazgos y mensajes clave fueron compartidos con la CEPAL, y se espera que sean observados por las autoridades.
Mensajes sobre el ODS 4, referido a la educación, que salieron de la consulta
1) Es indispensable reforzar la educación pública como derecho humano fundamental desde la infancia y a lo largo de la vida. Es importante garantizar este derecho en todos los niveles obligatorios, asegurando una educación de calidad y permanente desde el nacimiento hasta el nivel superior. Ello incluye la educación universitaria como derecho humano que debe garantizar el Estado de manera gratuita, de calidad, accesible, asegurando el presupuesto necesario.
2) La educación debe entenderse como un bien público de acceso irrestricto, laico, a lo largo de la vida y que garantice ofertas para personas adultas que no han tenido la oportunidad de acceder al derecho a la educación en los tiempos previstos. Se destaca la importancia de una educación emancipadora, transformadora, despatriarcalizadora, decolonizadora, antirracista e intercultural.
3) Considerando la situación de pandemia y las necesidades propias de la sociedad del conocimiento hay que determinar el fortalecimiento de las radios comunitarias, el acceso a internet como un derecho humano; garantizar equilibrios regionales y una cobertura amplia en términos de conectividad, equipamiento y competencias digitales. El efectivo acceso a la conectividad como derecho requiere su consideración como bien y servicio público por los Estados.
4) Formar en competencias digitales a la ciudadanía, sin discriminar por estatus migratorio o de otros tipos, así como transferir recursos, equipos y dispositivos necesarios a estudiantes, docentes y centros educativos para el acceso a la educación digital en todos los niveles.
5) Es indispensable y urgente aumentar la proporción de presupuesto nacional dedicado a la educación, especialmente presupuestos sensibles al género. Que los países de nuestra región se comprometieron a asignar y cumplir con un mínimo del 6% del PIB y 20% del presupuesto nacional para la educación.
6) Las políticas complementarias que coadyuvan a garantizar el derecho humano a la educación se centran en la protección social universal, la promoción del ingreso básico universal como derecho ciudadano, así como el apoyo dirigido a hogares encabezados por madres solas o monoparentales. Es urgente una reforma fiscal que disminuya la regresividad de los actuales esquemas impositivos en la región de igual forma avanzar en el marco normativo y la institucionalidad para hacer frente a la discriminación, violación de derechos humanos, y a todo tipo de violencia.
7) Reconocer y respaldar las distintas formas de educación en las comunidades y pueblos: los saberes ancestrales, conocimientos y la relación con la naturaleza y comunidad son aprendizajes importantes y deben contar con los insumos necesarios, así como la consulta y el diálogo permanente con los pueblos y comunidades involucrados.
8) Es necesario considerar medidas de estímulo a la escolarización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con transferencias de ingresos familiares asociados a la concurrencia a la escuela. En este nivel, es imperante, debido a la crisis humanitaria de migración, que a las niñas, niños y adolescentes migrantes en fronteras y dentro de los países, se les garantice la educación, incluyendo materiales educativos como seguimiento de avances escolares y de educación sexual integral promotores de derechos como estrategia fundamental para promover la equidad de género y el respeto a las diversidades sexuales.
CME lanza campaña global sobre Educación en Emergencias
24 de febrero de 2022Unir y movilizar el movimiento global para proteger los derechos de los y las estudiantes en contextos de emergencia, además de abordar las causas estructurales de las crisis, poniendo el foco en los derechos, la dignidad y la solidaridad. Ese es el objetivo de la campaña global sobre Educación en Emergencias: Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya! , que fue lanzada el último martes (1/3), con un diálogo virtual organizado por la Campaña Mundial por la Educación (CME), que contó con la presencia de activistas y autoridades, entre ellas Marisela Figueroa, Viceministra de asuntos Técnicos y Pedagogicos del Ministerio de Educación de Honduras.
“La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de los países que sufren conflictos y crisis prolongadas, cuyos sistemas educativos eran ya muy frágiles. La vulneración sistemática del derecho a la educación en estos contextos es una verdadera tragedia humana”, declara el presidente de la CME, Refat Sabbah.
Según la Campaña Mundial, las situaciones de emergencia tienen consecuencias devastadoras para el derecho a la educación de millones de personas, y afectan gravemente a los progresos en el cumplimiento del conjunto de la Agenda de Desarrollo Sostenible y, en concreto, al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 4). Toda una generación de niños, niñas y jóvenes que viven en contextos de emergencias se ven privados no solo de su derecho humano a una educación de calidad, sino también de la protección que brinda la educación en este tipo de contextos. En situaciones de emergencia, la educación puede ser el único espacio seguro.
“Se ha hablado mucho sobre la educación en situaciones de emergencia. Se han elaborado informes y se han celebrado conferencias, pero seguimos sin ver suficientes cambios sobre el terreno. ¡Ya es hora de pasar a la acción!. Con nuestra campaña Protejamos la Educación en Emergencias ¡Ya! queremos hacer un llamamiento a los gobiernos y a la comunidad internacional para que tomen medidas inmediatas y así conseguir que realmente nadie quede atrás”, afirma Grant Kasowanjete, Coordinador Global de la CME.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) se sumará a esta movilización internacional, con la realización de acciones regionales y en distintos países de América Latina y el Caribe – especialmente en el marco de una Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) prevista para realizarse en la última semana de abril, enfatizando el tema educación en emergencias. Se compartirán novedades pronto.
Datos sobre la crisis educativa
Ya antes de la COVID-19, 127 millones de niños y jóvenes en edad escolar primaria y secundaria que vivían en países afectados por crisis no estaban escolarizados, una cifra que asciende a casi la mitad de la población sin acceso a la educación en todo el mundo.
El 48% de los niños y niñas refugiados en edad escolar no tienen acceso a la educación.
Se prevé que, en 2050, habrá 140 millones de nuevas personas desplazadas en el Sur de Asia, África subsahariana y América Latina a causa del cambio climático.
Las niñas tienen más probabilidades que los niños de no asistir a la escuela en contextos de emergencia. Hasta 20 millones de niñas, en particular niñas adolescentes, corren el riesgo de abandonar la escuela de forma permanente en el 2023.
A pesar de lo dramático de la situación, la educación sigue siendo uno de los ámbitos menos financiados en la ayuda humanitaria, ya que recibe tan solo el 2,4 % del total de la financiación humanitaria mundial.
Lanzamiento global de la campaña
Participaron del evento virtual:
- Stefania Giannini – Subdirectora General de Educación, UNESCO
- Yasmine Sherif –Directora de Education Cannot Wait (ECW)
- Refaat Sabbah –Presidente de la Campaña Mundial por la Educación (CME)
- Dennis Sinyolo –Coordinador Regional para África, Education International (EI)
- Aseel Saraih –Periodista, miembro de la Red una Educación Digna para Todos y Todas en Yemen, Campaña Árabe de una Educación para Todos y Todas (ACEA)
- Ilustre Joyce Moriku Kaducu – Ministra de Estado de Educación de Uganda – Educación Primaria
- Assane Hamza, Vicesecretaria General, Ministerio de Educación Nacional de Níger
- Marisela Figueroa, Viceministra de asuntos Técnicos y Pedagogicos del Ministerio de Educación de Honduras
- Madeleine Zúñiga – Vicepresidenta, Junta Directiva de la CME (moderadora)
Si no pudiste acompañar en vivo, mira a continuación la grabación del evento:
CCNGO y la educación para el futuro: ¿Cómo garantizar este derecho hasta el 2030?
14 de febrero de 2022“La educación como derecho humano está reconocida en muchos tratados internacionales y en la mayoría de las leyes en todo el mundo. Se considera un derecho fundamental y un medio indispensable para lograr otros derechos. La educación es un derecho habilitador, ya que busca generar conocimientos y habilidades que capaciten a las personas para desarrollar todo su potencial. Los gobiernos y la comunidad internacional son los principales responsabilidad de su realización”, afirma la Consulta Colectiva de las ONG sobre la Educación 2030 (CCNGO, por su acrónimo en inglés), instancia que reúne a representantes de organizaciones de la sociedad civil para hacer seguimiento al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4, referido a la educación, y a la Agenda de Educación 2030, luego en la introducción del documento “El papel de las organizaciones de la sociedad civil en 2050 y más allá: Contribución de la Consulta Colectiva de ONG de la UNESCO sobre Educación 2030 a la Iniciativa Futuros de la Educación de la UNESCO”.
El documento fue resultado de una serie de debates y reflexiones de la instancia, que cuenta con representantes de organizaciones, redes y movimientos sociales de todo el mundo, y además fue una respuesta a la convocatoria y consulta de la UNESCO para que la sociedad civil presentase sus aportes al documento Reimagining our futures together: a new social contract for education [Reimaginando nuestros futuros juntes: un nuevo contrato social por la educación] de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación.
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una de las redes de sociedad civil que participó en este proceso, y fue la responsable por asegurar que en la introducción del primer documento mencionado estuvieran presentes el contexto general, lo criterios, desafíos y valores que tienen que pensarse en la educación presente y futura para garantizarla como un derecho humano.
“También aportamos nuestra retroalimentación, nuestras opiniones para los demás capítulos y aportamos nuestras experiencias desde América Latina y el Caribe que podrían ejemplificar, señalar caminos del futuro para la educación que queremos y para lograr llegar a los objetivos de la Agenda 2030 y más allá”, afirma Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la CLADE.
Más democracia en UNESCO
Nelsy explica que, durante todo el proceso de construcción del documento y de debates en el CCNGO, la CLADE logró ampliar la participación de grupos de la sociedad civil en la instancia. “La CLADE participó muy activamente en el debate sobre un nuevo modelo de gobernanza de la Educación 2030. Hicimos un trabajo importante de articulación con diversos actores de la región y también con actores que representan la región en UNESCO-París para lograr empujar los posicionamientos de CCNGO, que tuvieron siempre un criterio de favorecer la mayor participación y la mayor democracia posible en ese modelo de gobernanza y evitar a todo costo un modelo de gobernanza sostenido en un grupo de notables con una mirada desde el norte”, explicó.
“Hicimos un aporte importante, muy articulado y en alianza con todo el grupo de CCNGO, que quedó efectivamente en el modelo de gobernanza que se está implementando en la UNESCO. Logramos modificar algunas cuestiones que limitaban la participación más amplia de la sociedad civil organizada, para tener un ejercicio más democrático”, subrayó también.
Financiación educativa
La coordinadora de la CLADE también destacó la importancia de la incidencia de la Campaña en el debate de CCNGO sobre la financiación educativa. “Otro aporte de la CLADE en el CCNGO fueron los aspectos referidos a los modelos de financiación que quedaron en la última edición del GEM [Global Education Meeting – Reunión Mundial de Ministros de Educación], a fines del año pasado, que se concentró en el tema. Logramos incluir el enfoque de políticas fiscales progresivas como un mecanismo claro de financiamiento educativo en la declaración final de este encuentro”, enfatizó.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país. “Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas: 1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio. 2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa. 3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías. 4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo. 5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros. 6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo. 7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura. 8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
">Entre 2016 y el presente: la educación argentina presenta avances y retrocesos
8 de febrero de 2022Si bien entre los años 2006 y 2014 hubo mejoras significativas en términos de políticas públicas y normativas garantes del derecho a la educación en Argentina, solo en el año 2015 se cumplió con la inversión educativa prevista en la ley y los años posteriores marcaron un retroceso en todos los aspectos. Esta es la afirmación de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en respuesta al Informe País 2021, documento publicado la semana pasada por el gobierno argentino que presenta indicadores relacionados con el derecho a la educación en Argentina en el Objetivo 4 de la Agenda 2030.
“La Ley de Educación Nacional sancionada en el año 2006 establece que el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB)”. Sin embargo, entre 2015 y 2019 solo se llegó a ese porcentaje en el año 2015, para luego descender entre el 1,6% a 1,1% del PIB (-33%) hasta el 2019.
Educación durante la pandemia
La profundización de las desigualdades y el impacto de la pandemia por el COVID-19 afectaron fuertemente el acceso al derecho a la educación en el país. El análisis de la CADE cita el informe “Impacto de la pandemia en la educación de niños, niñas y adolescentes” presentado por UNICEF Argentina en julio de 2021 que muestra que “más de 1 millón de estudiantes no pudieron regresar a las aulas desde el inicio del ciclo lectivo 2021”. La CADE subraya que, si bien en el período 2020-2021 se pueden observar programas específicos para atender a estas dificultades, será necesario incrementar la inversión educativa y diseñar políticas inclusivas para la garantía del derecho a la educación en el país.
“Lo mencionado hasta aquí hace suponer que aun con las leves mejoras en términos de algunos indicadores de eficiencia interna en el periodo 2018 y 2019 mencionados en el informe argentino, ante la profundización de las desigualdades y la inequidad en el acceso al derecho a la educación en el marco de la pandemia, las metas de la Agenda 2030 serán muy difíciles de alcanzar sin políticas públicas integrales y una fuerte inversión orientada a la equidad y justicia educativa”, subraya la CADE.
Recomendaciones*
Destacamos los grandes esfuerzos realizados por los Estados argentinos y en particular por la gran mayoría de los equipos docentes y directivos de los establecimientos educativos en el periodo de pandemia. Aun así, se requieren de una serie de políticas educativas tendientes a garantizar derecho a la educación en el país, por lo que la CADE presenta una serie de recomendaciones. Son ellas:
1. Ampliación de las ofertas educativas en términos de aumento de secciones y unidades de servicio que contemplen la cantidad de estudiantes proyectados según las trayectorias teóricas y reales de los y las estudiantes. En particular del nivel inicial y medio.
2. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento escolar, con igualdad de recursos en términos de justicia educativa.
3. Disminución de la brecha digital: conectividad, equipamiento tecnológico para cada uno de los establecimientos y la entrega anual de dispositivos electrónicos a la totalidad de ingresantes del nivel primario y secundario. Mantenimiento y actualización del equipamiento y la entrega, reemplazo o actualización de notebooks para uso de los y las docentes. Formación docente para la inclusión educativa con tecnologías.
4. Mejora de las condiciones de enseñanza y aprendizaje con actualización de salarios docentes y reconocimiento de horas de trabajo remunerado fuera del aula; fortalecimiento a la gestión institucional y pedagógica del nivel secundario; acompañamiento a las trayectorias educativas reales del estudiantado considerando acceso, permanencia y egreso; articulación entre niveles educativos, en particular entre el nivel medio y la educación superior; formación inicial (con énfasis en el número de docentes requeridos en el nivel inicial para el cumplimiento de las metas) y formación continua y mayor articulación entre la formación y el mundo del trabajo.
5. Transferencias económicas desde el nacimiento hasta los 19 años, teniendo en cuenta la sobre edad del estudiantado del nivel medio y los colectivos más discriminados por género, identidad y orientación sexual, población migrante, entre otros.
6. Garantía de transporte de los y las estudiantes: en el caso del ámbito rural por el impacto que esta prestación tiene en el presentismo.
7. Diseño integral y articulado de las políticas educativas para el logro de los Objetivos de la Agenda 2030 con áreas vinculadas a la salud, al trabajo, a la promoción social y a la cultura.
8. Inversión económica que garantice el derecho fundamental a la educación con el 8% del PIB requerido para el costeo de las políticas mencionadas, teniendo en cuenta el nivel universitario y la inversión necesaria en cada una de las 24 jurisdicciones del país para que la justicia educativa sea una realidad.
* En base a Browne, M.; Alvarez, M.; Paredes, D.; Gardyn, N.; Oviedo, M.; Herbón, M. “El Derecho a la educación en números: ¿cuál es la inversión necesaria para cumplirlo en los próximos 10 años? Metas de inversión para el cumplimiento del derecho a la educación al 2030 en Argentina. Propuesta para abrir la discusión de mediano y largo plazo.”, Fundación SES, UNIPE, con el apoyo de CADE; GCFE, UNICEF Argentina, 2020. https://fundses.org.ar/es/biblioteca/derecho-la-educacion-en-numeros.
Haití: hay que aumentar la proporción de estudiantes del sector público al 60%
31 de enero de 2022Aumentar la proporción de estudiantes del sector público al 60%, establecer un verdadero servicio de transporte con autobuses para las y los estudiantes en su totalidad, y desarrollar políticas públicas y comunitarias de acceso a bibliotecas digitales municipales, salas de cómputo dentro de las escuelas públicas, etc. Estas son algunas de las recomendaciones que la Reagrupación Educación para Todos y Todas de Haití (REPT), en alianza con organizaciones locales y con la participación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), presentó sobre la situación del derecho humano a la educación en Haití, en el marco de la revisión de este país ante el Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La sesión oficial del examen se realiza hoy (31/1). Este es el segundo país latinoamericano y caribeño donde la CLADE tiene miembros, que fue analizado este año por el EPU, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el monitoreo, seguimiento y promoción de los derechos humanos como responsabilidad de los Estados. La semana pasada, le tocó a Venezuela ser revisada.
En el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Haití publicado por la EPU, todos los párrafos sobre el derecho a la educación que quedaron incluidos son tomados del informe EPU realizado por la REPT, CLADE y otras organizaciones aliadas. Lee el resumen en español y en francés.
Contexto educativo
Además de las recomendaciones, el informe presentado a la ONU por la REPT y organizaciones aliadas da a conocer el contexto actual del sistema educativo haitiano. “Este informe dice respecto a la situación del derecho a la educación en Haití y expone los escasos avances y los importantes retrasos del sistema educativo haitiano a menos de una década de la fecha límite de 2030 para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS], en particular el ODS 4 [Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación]”, se subraya en el documento.
Según el informe, la tasa de alfabetización de Haití es de aproximadamente el 61% (64,3% para hombres y 57,3% para mujeres). El índice es inferior al 90% de tasa de alfabetización promedio de América Latina y el Caribe.
“La población haitiana en edad escolar de 3 a 18 años representa el 33,3% de la población (PDEF 2020, p. 19). El 23% de la población es analfabeta, de los cuales el 30% son mujeres rurales, el 24% hombres rurales y el 13% mujeres urbanas. El 37% de los niños de 36 a 59 meses no asisten a un programa preescolar”, se afirma en el documento.
Además, en todo el país, la tasa de abandono escolar de las niñas y los niños más pobres se encuentra entre las más altas. “En las áreas rurales, esta tendencia es más pronunciada: la tasa de asistencia escolar es del 50% entre los niños que viven en la pobreza extrema, en comparación con el 59% en las áreas urbanas. La tasa de asistencia de las niñas que viven en áreas rurales es más baja (alrededor del 50%) que la de las niñas que viven en áreas urbanas (70%)”, se subraya en el informe.
Recomendaciones
Para cambiar el contexto educativo en el país y fortalecer los caminos hacia la garantía del derecho a la educación, la Reagrupación destacó 24 recomendaciones al Examen Periódico Universal de la ONU, divididas en tres grupos, relativas a la prestación del servicio público de educación, a la continuación de las actividades escolares en un contexto de inseguridad e inestabilidad política y ante la retomada de las actividades escolares durante y después de la crisis del COVID-19.
Según las organizaciones autoras del informe, estas recomendaciones fueron “formuladas para atender, en el corto, mediano y largo plazo, las diversas fallas del sistema y conducirlo a dar un giro cualitativo hacia la educación pública, de calidad, inclusiva y no discriminatoria”.
>> Lee el documento completo (en francés)
Educación en América Latina y el Caribe: Los mensajes clave de un informe sobre el cumplimiento de este derecho en la región y su relación con la privatización
17 de diciembre de 2021De acuerdo con el documento lanzado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), intitulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la Garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas”, la región de América Latina y el Caribe cuenta con complejos y sostenidos procesos de construcción y reproducción de desigualdades que se expresan en la educación como en otras dimensiones sociales.
El informe analiza los debates entorno a lo público y lo privado en el ámbito educativo, la inclusión y las desigualdades, el financiamiento educativo, la cuestión docente, la participación de la sociedad civil y de las organizaciones sindicales, y las disputas por los sentidos de la educación.
Con la convicción de la CLADE y de Fernanda Saforcada y Alan Baichman – autores de este escrito – de que el derecho a la educación y su garantía no están sólo en los números de las estadísticas o los reportes que se presentan, sino en la construcción política y en las disputas que cotidianamente, a niveles macro y micro, se desenvuelven, este informe desglosa su mecánica de acuerdo con los tópicos centrales, que se retoman a continuación.
La educación pública en la encrucijada: entre la garantía del derecho y los avances privatizadores
Según el estudio, desde fines del siglo pasado se han observado tendencias crecientes de privatización y de debilitamiento de la educación pública a nivel global. Estas tendencias se han extendido, profundizado y complejizado en este siglo no sólo por la expansión del sector privado, sino también por la acción de actores transnacionales de venta de servicios educativos y por la injerencia del sector empresarial en el ámbito de lo público.
Lo que se comprende por lo público y lo privado en materia educativa, así como las perspectivas en torno a cuál es el rol que el Estado debe asumir, es objeto de disputa. Las reformas neoliberales de los años 1990, en el contexto del Consenso de Washington, impulsaron nuevas formas de nominar que buscaban licuar el sentido histórico de la educación pública, al proponer que toda la educación es pública y desplazar la distinción entre público y privado a una clasificación de modos de gestión: gestión estatal o gestión particular. De este modo, la educación privada es reconocida como pública y, al mismo tiempo, la educación pública pierde su sentido histórico asociado a lo común.
Financiamiento de la educación latinoamericana: avances y retrocesos
El informe explica que, entre el 2000 y el 2014, la inversión en educación en el conjunto de la región aumentó considerablemente. Según la UNESCO y el Banco Mundial, en el 2000 América Latina y el Caribe invertía en educación el 3.86% del Producto Bruto Interno (PBI) regional, en tanto que para 2014 este valor ascendió a 5.26%. Algunos países de la región han logrado alcanzar el 6% del PBI y otros han podido acercarse. Brasil alcanzó el 6.24% en el 2015. Bolivia logró alcanzarlo desde el 2002, llegando al 7,29% en el 2014. Costa Rica lo logró desde el 2009, con 7,06% para este indicador en el 2016. Cuba superó el valor de referencia en primer lugar, presentando el 12,84% para 2010 (último año con datos disponibles) y Venezuela con 6,88% en el 2009.
Por otro lado, en términos de deuda, la mayor parte de los países no alcanza los estándares mínimos comprometidos, tanto en relación con el derecho a la educación como con el ODS 4 – Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de número 4, referido a la educación. Esta deuda es histórica y se vincula tanto con las características de nuestros Estados como con las relaciones internacionales y las exigencias de ajustes fiscales en el marco de las deudas externas de los países de la región. A pesar de que los primeros años de este siglo constituyeron un período de expansión del financiamiento público a la educación. Sin embargo, aún con tendencias de incremento de los recursos educativos en un contexto de crecimiento de las economías latinoamericanas, la mayor parte de los países no logró cumplir con las metas asumidas en esta materia (6% del PBI y 20% del total del gasto público destinados a educación).
Derecho a la educación y participación de la sociedad civil: un campo en tensión
Desde una concepción de participación positiva, los distintos sectores de la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar, opinar, criticar y debatir sobre las políticas educativas en sus distintas dimensiones y momentos, sean estos los procesos de toma de decisión, la construcción programática y planificación de la política, su implementación y desarrollo, y su evaluación. En América Latina y el Caribe, según el estudio, son habituales las protestas por parte de sindicatos docentes y de centros de estudiantes que abogan por más financiamiento para la educación, por mejores condiciones salariales para las trabajadoras y los trabajadores de la educación, y mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje en general. También se han llevado adelante acciones exigiendo una mayor oferta educativa estatal (sobre todo en nivel inicial y superior) debido a que las vacantes públicas no son suficientes. En los últimos años también se ha visto la incursión de interlocutores por parte de la Iglesia, otras instituciones religiosas y el sector empresarial-privado.
Las disputas por los sentidos de la educación
El ODS 4 se titula “Educación de calidad”. Se vuelve central entonces la discusión acerca de qué entendemos por calidad, quién y qué define una educación de calidad. Podría sostenerse que los aprendizajes son de “calidad” si son acordes al contexto vivido por quienes los aprenden, situados, significativos y relevantes. Se puede pensar que un sistema educativo es de calidad si está en diálogo con los problemas, los desafíos y las necesidades de una localidad determinada y su sociedad; si se orienta por un proyecto social, igualitario y colectivo. El informe presenta que la definición de qué es una educación de calidad hoy está determinada por las lógicas de las evaluaciones estandarizadas de resultados. La gravitación de la evaluación estandarizada como estrategia de regulación de la educación no atañe sólo a América Latina y el Caribe, sino que es global y resulta evidente cuando se observan las repercusiones y la eficacia, en términos de impacto político, de la iniciativa PISA, y otras medidas de evaluación aplicadas por la región.
Educación a lo largo de la vida: un panorama del acceso a la educación formal
También según el estudio, en la región, los niños y las niñas de entre 3 y 4 años tienen un promedio de que 6 de cada 10 participan en programas de educación preescolar; sin embargo, hay una alta heterogeneidad en la región: en algunos países la matriculación es casi universal; en otros se ubica en torno al 30%. UNESCO reporta que la tasa neta de matrícula de educación primaria en la región es del 93.1%. Muchos países superan el 95% en la tasa de matrícula, aunque también son numerosos los países que están por debajo de esa cifra, lo que significa una enorme cantidad de niños y niñas sin escuela, demostrando que la educación primaria es aún una deuda.
En términos de educación secundaria, la tasa neta de matrícula en la región era del 76.9% en 2017, evidenciando un crecimiento en más de 4 puntos desde el 2010 (se encontraba en el 72.8%). A pesar de un notorio avance en la región, los números son muy lejanos respecto de los compromisos asumidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 2017 la tasa bruta de matrícula en el nivel terciario para la región era del 50.6%. Datos demuestran que El Salvador, Guatemala y Honduras se encuentran con una tasa menor al 30%, mientras que Argentina y Chile logran superar un 85%. Existen grandes diferencias entre los países de la región y dentro de cada país se verifican muy desiguales posibilidades de acceso en base a las desigualdades socioeconómicas.
La región tiene una historia de vinculación de la educación popular, protagonizada por movimientos sociales y políticos, con la educación de personas jóvenes y adultas. Sin embargo, se mantienen varios desafíos para la educación de personas jóvenes y adultas. Por un lado, muchos programas todavía se concentran en el primer nivel de la alfabetización y se presta muy poca atención a los niveles siguientes. Por otro lado, hay escasa producción de datos e indicadores específicos sobre el tema que permitan elaborar mejores programas y políticas.
Educación, inclusión y desigualdades
Se identifican tres ejes en torno a la inclusión educativa en la región, según el estudio: un primer eje es que la educación inclusiva estuvo ligada únicamente a la escolaridad de personas con discapacidades; luego esta noción se amplía y se pasa a una concepción de inclusión educativa con foco en determinados grupos sociales reconocidos como aquellos excluidos; finalmente, en el contexto del pos-neoliberalismo, la inclusión educativa se articula y redefine en una perspectiva general de inclusión social, como una de las dimensiones de políticas orientadas a dar respuesta a las desigualdades.
En términos de educación y género, en América Latina y el Caribe se ve que por cada 93 niños que terminan el primer ciclo de enseñanza secundaria hay 100 niñas y que “el número de mujeres pobres que terminaron los dos ciclos de enseñanza secundaria es superior al de los varones” (UNESCO, 2018). Además, en la región, las brechas en las tasas de finalización de la educación secundaria en relación con los niveles de ingresos de las familias de las y los jóvenes son muy pronunciadas. El informe demuestra que dentro del 20% de la población con mayores ingresos, un 83% de los y las jóvenes logra culminar la secundaria, mientras que en los sectores con menos recursos solo un 35.4% culmina la secundaria.
En cuanto a la educación y migración, la UNESCO (2019) señala que “la migración y los desplazamientos requieren sistemas educativos que atiendan a las necesidades de quienes migran y de quienes se quedan. Los países deben reconocer en su legislación el derecho de los migrantes y refugiados a la educación y hacerlo cumplir en la práctica.”
Con respecto a los pueblos originarios UNESCO (2019) señala que “en muchos lugares, para los pueblos indígenas la educación ha implicado una asimilación forzosa a través de la escuela. Se suman a ello la pobreza y la migración a zonas urbanas, que involucran a menudo erosión cultural, pérdida de la lengua y discriminación. La pérdida de la lengua constituye un gran problema para las poblaciones indígenas urbanas. En las ciudades de México, el Ecuador y el Perú, las generaciones jóvenes tienen muchas menos probabilidades de hablar las lenguas indígenas que los jóvenes de las zonas rurales.”
Las y los docentes en América Latina y el Caribe: un panorama complejo
Las trabajadoras y los trabajadores de la educación juegan un rol esencial para pensar el derecho a la educación; en particular, si se lo piensa como derecho social. Esta consideración supone resaltar la dimensión colectiva de la tarea frente a fuertes tradiciones que tienden a individualizarla. En la región hay más de 7 millones de docentes trabajando a diario, representando el 4% de la fuerza laboral total de la región y más del 20% de los trabajadores, trabajadoras, técnicas/os y profesionales (Banco Mundial, 2015).
A su vez, en la docencia existe una división sexual del trabajo, siendo las mujeres cerca del 75% de las y los profesoras/es de América Latina, pero el rango va desde un 62% en México hasta un 82% en Uruguay, Brasil y Chile (Banco Mundial, 2015). Los salarios docentes históricamente han sido bajos. En la región hay una brecha entre la remuneración del profesorado y de otros sectores profesionales, y a esto se suma el alto grado de trabajo no reconocido y no pago de las y los docentes.
Las condiciones básicas de trabajo –como lo son el salario y el tiempo de trabajo– aún constituyen un problema central a la hora de analizar el trabajo de las y los profesoras/es, y de pensar políticas orientadas a garantizar el derecho a la educación.
Conclusión del estudio
En América Latina y el Caribe, la garantía de la educación como derecho humano fundamental y como derecho social de toda la población, en condiciones igualitarias y de calidad, es aún una deuda para grandes sectores sociales. Este informe – realizado por CLADE, con el apoyo de OXFAM, EDUCO y DVV International, presenta una mirada amplia y multidimensional del estado de situación del derecho a la educación en América Latina y el Caribe, y de los avances en el cumplimiento del ODS 4.
Para leer a manera más detallada cómo este informe brinda una compleja y desafiante mirada al acceso a la educación, puedes acceder al contenido completo aquí: El derecho a la educación en América Latina y el Caribe – De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4
