CIDH saluda avances en materia de derechos humanos de las personas LGBTI
22 de agosto de 2016En comunicado divulgado recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda los avances en materia de derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) que se han registrado durante los últimos meses, particularmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay.
Se han creado nuevas leyes acerca de la identidad de género en Ecuador, Bolivia y Chile, programas para la prevención de la violencia y discriminación en Perú y Costa Rica, y se han adoptado estrategias y guías de salud que tienen como objeto incluir la perspectiva de diversidad sexual en todos los niveles de la atención sanitaria en Uruguay y Guatemala. También se impulsaron acciones enfocadas en la promoción de la no discriminación en los ámbitos familiar (Colombia y Costa Rica), laboral (México y EE.UU.) y educativo (Argentina).
La CIDH celebra estos avances e insta a los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a adoptar mayores esfuerzos para respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo el derecho a la familia, sin discriminación alguna por motivo de orientación sexual o identidad de género.
Lea aquí la nota completa de la CIDH con los detalles de cada acción en curso en los países.
Con información de la CIDH
Red Mixta debate la privatización en y de la educación en América Latina y el Caribe
16 de agosto de 2016Este debate virtual fue el primer impulso para delinear estrategias conjuntas en el ámbito de la Red Mixta y contrarrestar los procesos de privatización de y en la educación en la región, además de incidir por la formulación de leyes y políticas promotoras del derecho humano a la educación y del fortalecimiento de sistemas públicos de educación
Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su primera reunión virtual para discutir las tendencias de la privatización de y en la educación en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas.
Su propósito es impulsar la implementación de marcos legales que sean promotores del derecho humano a la educación y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de la comunidad educativa, en el debate legislativo y presupuestario. Hasta el momento, participan del grupo representantes de 17 países de la región. Para este año, la Red Mixta ha elegido tres temas prioritarios que se discutirán en sus reuniones: la participación y la criminalización de los movimientos sociales, especialmente los que defienden la educación; la no discriminación y la no violencia en la educación, además de la privatización de y en la educación.
En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 29 de julio, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, República Dominicana y Uruguay indicaron las distintas maneras por las cuales se impulsa el proceso de privatización de y en la educación en estos países. Entre las tendencias mencionadas, se destacan: el recorte del financiamiento al sistema público, la transferencia de recursos públicos y de la gestión de centros educativos de la red pública a la iniciativa privada y la ocupación de espacios de toma de decisión en los poderes Legislativo y Ejecutivo por los sectores empresariales.
“El peor enemigo de la educación pública es el propio gobierno que ha agenciado políticas para destruir lo público. La educación en Colombia la dirige la fundación ‘Empresarios por la Educación’, y no el Ministerio de Educación Nacional. La arquitectura de la educación en lo financiero y administrativo, los contenidos, fines y propósitos, evaluación y cobertura la dirigen intereses económicos particulares”, afirma el Senador Senén Niño Avendaño, de Colombia.
En la República Dominicana, además de la influencia de los grupos empresariales, actores religiosos han asumido la gestión de escuelas con recursos públicos. “Recientemente se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Educación y la Conferencia del Episcopado mediante el cual el Ministerio acepta que, con la transferencia de recursos públicos a dicha entidad, ´se gestionen establecimientos educativos de propiedad de las diócesis, parroquias, institutos de vida consagrada y otros organismos eclesiásticos´. Con eso, el Ministerio de Educación ´reconoce a estas estas instancias la dirección, administración y, en sentido general, la gestión de los centros educativos´, lo que entra en contradicción con el principio de que el Estado dominicano debe ofrecer una educación laica, además, de que hay un trato inequitativo hacia otras religiones”, añade la diputada Guadalupe Valdez, de la República Dominicana.
Otro aspecto del proceso de privatización que se destacó en el debate virtual es la tendencia a la disminución de la participación social en el debate sobre políticas educativas – particularmente sobre los sujetos de la comunidad educativa, como docentes y estudiantes -, incluso con la criminalización de la protesta social. “El espacio de definición de las políticas educativas está siendo crecientemente ocupado por sectores privados laicos y no laicos. En ese sentido, el fortalecimiento de la gestión democrática es también un campo de lucha legislativa y tendrían que fortalecerse marcos legales para establecer que las políticas sean definidas por criterios públicos y con participación en la toma de decisiones”, refuerza Camilla Croso, coordinadora de la CLADE.
A su vez, las políticas económicas que plantean reducir los gastos públicos con derechos fundamentales debilitan el sistema educativo público y profundizan la falsa percepción sobre la calidad superior de la oferta educativa privada. “En Uruguay, pese a tener una mayoría parlamentaria de izquierda, se fueron avanzando propuestas privatizadoras en la educación. Aunque en el país, cada año, hayan aumentado los recursos que se invierten en educación, creció el reclamo por resultados inmediatos para el sistema educativo, basados en un discurso economicista y en una lógica de formación de jóvenes para el mundo del trabajo, que no contemplan la perspectiva de derechos humanos”, analiza el diputado Sebastián Sabini, de Uruguay.
Durante ese encuentro, también se destacó el tratado de libre comercio TISA (sigla en inglés para el Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios), que viene siendo negociado en secreto el ámbito del comercio internacional, y representa una enorme amenaza y retroceso a la garantía de los derechos humanos, incluyendo a la educación. En América Latina y el Caribe está siendo negociado por Colombia, Costa Rica, Chile, México, Panamá y Perú. A su vez, Brasil y Argentina recientemente señalaron su interés en aproximarse a estas negociaciones [lea más sobre el TISA aquí].
Parlacen apoya a la Red Mixta – En el último mayo, las y los integrantes del Parlamento Centroamericano (Parlacen) aprobaron resolución de apoyo al funcionamiento de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe. Actualmente, ocho diputados/as del Parlacen forman parte en esta red.
El Parlacen exhorta a los ministerios o secretarias de educación y al Poder Legislativo de los Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a participar en los debates promovidos por dicha iniciativa. En su resolución, el Parlamento afirma “que es fundamental y de mucha importancia la participación ciudadana en el debate legislativo y la ampliación del debate público sobre el derecho a la educación o los contenidos de las normas y políticas públicas”.
El Parlacen es el órgano regional de representación política y democrática del Sistema de la Integración Centroamericana. Está formado por diputados y diputadas electos/as por cada Estado parte y los/as ex presidentes/as y ex vicepresidentes/as de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Más sobre la iniciativa – La Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe fue lanzada en diciembre de 2015, en el marco de un encuentro regional realizado por la CLADE en São Paulo. El evento reunió a delegadas/os de las coaliciones miembros de la CLADE en 13 países de América Latina y el Caribe, parlamentarias/os y estudiantes de secundaria de siete países de la región, además de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conectas, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e IBIS/OXFAM.
La red tiene como objetivos: impulsar la implementación de marcos legales que promuevan el derecho humano a la educación, identificar brechas en las legislaciones existentes y trabajar para que se promuevan nuevos marcos legales garantes del derecho a la educación, teniendo en cuenta los múltiples instrumentos de derechos humanos firmados por los Estados; y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de los sujetos de la comunidad educativa, en el debate legislativo y presupuestario.
Planes y proyectos de ley recién aprobados en Brasil marcan retrocesos en el tema de género y de diversidad en la educación
18 de mayo de 2016Planes de educación y proyectos de ley recién aprobados en Brasil han demostrado retrocesos en la agenda de género y de diversidad en la educación, y en el abordaje de temas políticos y históricos en clase. En el Estado de Alagoas, la Asamblea de Diputados ha promulgado una ley llamada “Escola livre” [“Escuela libre”] que prohíbe a docentes de escuelas públicas expresar sus opiniones en clase con el objetivo de garantizar la “neutralidad” política, ideológica y religiosa en el ámbito educativo.
La ley establece que los y las estudiantes están en una “posición vulnerable” en el proceso de aprendizaje y les prohíbe a los y a las docentes “adoctrinarlos” en temas políticos e ideológicos, así como no permite que se aborden en las asignaturas obligatorias contenidos que puedan inducir a un “único pensamiento religioso, político o ideológico”, asegurando que se presenten las principales versiones, teorías y perspectivas sobre esos temas.
Estudiantes, académicas/os y sindicatos de docentes han protestado contra esta norma y consideran que, pese la defensa de la pluralidad de ideas académicas, se imponen restricciones al trabajo docente. La ley limita los contenidos discutidos en clase, especialmente el abordaje de temas históricos, políticos y sociales que podrán ser censurados si se llegan a considerar polémicos por parte de otros/as estudiantes o de sus familias.
La ley, que recibió fuerte apoyo de grupos religiosos y de otros movimientos políticos, determina que los y las docentes que no cumplan esa exigencia pueden ser denunciados al Consejo Estadual de Educación o a la Secretaria de Educación, con la posibilidad de recibir distintos tipos de sanciones.
El ex-ministro de Educación, Aloizio Mercadante, declaró que se presentaría un pedido judicial para impedir la sanción de leyes que amenacen la libertad de expresión y la enseñanza de la diversidad en las escuelas. Mercadante afirmó que la pluralidad de ideas debe ser un principio presente en las clases, sin embargo debe ser ejercido en base a la garantía de la libertad de enseñar y de aprender.
Un proyecto de ley similar, conocido como “Escuela sin partido”, también fue presentado en ámbito federal, así como en otros Estados y municipalidades de Brasil. La propuesta nacional dice actuar contra “el abuso de la libertad de enseñanza” y prohíbe la presentación de contenidos que puedan exponer conflictos con los principios religiosos o morales de las y los estudiantes o de sus padres y madres.
Género – A su vez, en el municipio de Recife, una propuesta de ley quiere prohibir la elaboración y utilización de materiales didácticos que aborden los temas de género y diversidad sexual, como sexualidad, salud y la diversidad en la composición de las familias. En febrero pasado, los y las parlamentarias/os de esta municipalidad habían pretendido prohibir que el gobierno local distribuyera los libros didácticos que les son enviados por el Ministerio de la Educación porque los mismos presentaban contenidos relacionados con estas temáticas. La propuesta de ley todavía es discutida por los y las parlamentarios/as y están previstas audiencias públicas con la participación de representantes de la sociedad civil, para seguir dialogando sobre el proyecto.
El debate sobre la prohibición de menciones a temas relacionados a género y diversidad sexual ganó fuerza en el país en los últimos dos años, cuando empezaron los procesos participativos de elaboración de los planes municipales y estaduales que orientan la planificación educacional a largo plazo. Sectores religiosos y conservadores incidieron sobre los y las legisladores/as para que se eliminasen de estos planes metas relacionadas al combate a la discriminación y a la desigualdad de género en la educación. Aun así, según monitoreo de los planes de educación que impulsa la iniciativa “De olho nos Planos”, la mayoría de las provincias en Brasil incluyeron menciones a la igualdad de género en sus documentos.
Pese a que algunos planes estaduales o municipales no abordan el tema de la igualdad de género, la Constitución brasileña y los tratados internacionales firmados por el país establecen que deben ser incluidos en las políticas educacionales. “No es posible garantizar el derecho a la educación en Brasil sin asegurar que estas agendas de género, de diversidad sexual y de eliminación de las desigualdades estén en el centro de la política educacional”, defendió Denise Carrera, de la organización Ação Educativa, durante seminario de presentación de los resultados del proyecto “Género y educación: fortaleciendo una agenda para las políticas educativas”.
“Estamos elaborando materiales para orientar a los y las docentes sobre lo que está garantizado por la ley y como enfrentar las presiones y amenazas de grupos fundamentalistas religiosos y de otros movimientos conservadores que están presionando al legislativo y la gestión educativa”, añade Carrera, explicando el proyecto.
Distintas organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Procuraduría Federal de los Derechos de los Ciudadanos una demanda en la cual solicitan que se investiguen violaciones a los derechos humanos realizados por grupos conservadores en escuelas públicas y secretarias municipales de educación, con el objetivo de restringir el derecho a la educación sobre igualdad de género, raza y sexualidad. De acuerdo con estas organizaciones, gestoras/es municipales y profesionales de educación han recibido notificaciones y amenazas de que serán objeto de acciones judiciales caso se aborden estos temas en clase, que incluyen la posibilidad de pedido de prisión, destitución del cargo público e, incluso, el pago de indemnizaciones por daños morales.
En este contexto, la representación de la ONU Mujeres en Brasil recién publicó un posicionamiento público expresando preocupación con estas acciones que desean eliminar el debate sobre igualdad de género en las escuelas del país. “Tales iniciativas se destinan a cambiar los marcos legales y políticas, leyes y tratados internacionales, fundamentales para el desarrollo de la ciudadanía en Brasil y la confrontación de las desigualdades estructurales de género, raza, etnia y orientación sexual”, dice la nota. La ONU Mujeres Brasil también expresa que el poder público debe contraponerse a actos de intimidación o de opresión a los y las profesionales de educación. Y recuerda los compromisos firmados por los Estados para garantizar el cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. “… el Marco de Acción de la Agenda 2030 dedica especial atención a la discriminación basada en el género, así como a grupos vulnerables, para ampliar la educación inclusiva, equitativa y de calidad como un derecho de todas las personas”, completa la nota.
Con informaciones de G1, Diario de Pernambuco y Gênero e Educação.
México aprueba ley que promueve el uso de lengua materna en el sistema educativo
21 de enero de 2016Se aprobaran en México reformas en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que promueven el uso de la lengua materna en el sistema educativo y aseguran el fomento a la educación intercultural y el multilingüismo en los niveles medio y superior. Asimismo, se reconocieron las lenguas indígenas como idiomas nacionales, con la misma validez que el idioma español.
Las modificaciones en los artículos 1, 3, y 11 y la fracción I del artículo 13 de esta ley tiene el propósito de priorizar el uso de la lengua materna de los pueblos y comunidades y promover su uso cotidiano, garantizando el acceso a la educación en idioma español y lengua local.
“Las autoridades educativas federales y las entidades federativas, garantizarán que la población indígena tenga acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural, y adoptarán las medidas necesarias para que en el sistema educativo se asegure el respeto a la dignidad e identidad de las personas, así como a la práctica y uso de su lengua indígena. Asimismo, en los niveles medio y superior, se fomentará la interculturalidad, el multilingüismo y el respeto a la diversidad y los derechos lingüísticos”, asegura el artículo 11.
Los cambios en los artículos de la ley establecen que en el sistema educativo prevalecerá el respeto a la dignidad e identidad de las personas, la práctica y uso de su lengua indígena; y que los planes y programas, nacionales, estatales y municipales en materia de educación y cultura indígena deberán incluir políticas y acciones tendientes a la protección, promoción y desarrollo de las lenguas indígenas.
Otra reforma en esta misma ley – aprobada por el Congreso y sancionada por la Presidencia – modificó los artículos 4 y 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas para que las lenguas indígenas y el español sean considerados idiomas nacionales y tengan la misma validez.
Una de las consecuencias de esta reforma es garantizar que los y las indígenas puedan acceder a la justicia de manera plena, sin que las lenguas originarias sean un obstáculo y una limitante, pues se trata de un ordenamiento de carácter general y su objeto es regular el reconocimiento de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de las comunidades indígenas.
Descarga aquí el decreto publicado en diciembre del 2015 que establece la promoción del uso de las lenguas indígenas.
Descarga aquí el decreto publicado en diciembre del 2015 que reconoce las lenguas indígenas como idiomas nacionales.
Con informaciones de Comunicación de Senado, Canal del Congreso y Oaxaca Media.
Lea también la entrevista: “Si la educación intercultural no es para todos, difícilmente se pueda llamar de intercultural”, con la presidenta del Instituto de Investigaciones para la Evaluación de la Educación (INEE) Sylvia Schmelkes, reconocida socióloga e investigadora sobre el tema.
Perú: Aprobada la ley que prohíbe el castigo físico y humillante de niños, niñas y adolescentes
17 de diciembre de 2015Con informaciones de El Peruano
La aprobación de la ley resulta de un esfuerzo de incidencia de diversas organizaciones que defienden los derechos a la educación, protección y participación de las niñas, niños y adolescentes en el país, entre ellas la CPDE.
El Perú es ahora el noveno país en América Latina en contar con una ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra niños, niñas y adolescentes tras la reciente aprobación del dictamen en el pleno del Congreso de la República, que fue sustentado por la legisladora Luisa María Cuculiza, presidenta de la Comisión de la Mujer. La aprobación de la norma se efectuó el 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos.
Este logro resulta de un esfuerzo de incidencia junto a las autoridades, que han impulsado desde el 2007 diversas organizaciones que defienden los derechos a la educación, protección y participación de las niñas, niños y adolescentes en el país, entre ellas la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE), como parte del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.
“Felicitamos a nuestros compañeros y compañeras del Colectivo por su tenacidad en perseguir lo que es muy justo. La forma como trata una sociedad a sus niños, niñas y ancianas/os, así como a sus docentes, dice mucho de la calidad humana de esa sociedad. Esta ley será un marco para luchar, desde donde estemos, contra la violencia que hoy parece impregnada en nuestro país. Debemos evitar que se enraíce”, afirma Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la CPDE.
Yessenia Huamanñahui, educadora de Infant, otra organización que ha incidido por la aprobación de la ley, explicó que el objetivo principal de la norma es que contribuya a promover nuevas prácticas de crianza y para que se deje de lado la violencia, lo que permitirá a las familias, educadoras/es y cuidadoras/es tener nuevas herramientas para criar a niñas/os y adolescentes.
Diversas/os especialistas han señalado que los/as niños y niñas que son sometidas/os a castigos físicos y humillantes tienen problemas de autoestima, falta de confianza e inseguridad; de allí la importancia de esta norma para avanzar mejor como sociedad.
Al respecto, el congresista José Urquizo Maggia, autor de una de las iniciativas legislativas sobre la misma materia, señaló que “esta propuesta estaba incluida en el Código de los Niños por varios años, pero como no se ha alcanzado consenso, se optó por aprobarla como una ley específica que visibilice y aborde la problemática de miles de niños y niñas en nuestro país”.
Esta norma comprende el hogar, la escuela, el trabajo y otros ámbitos; además, incorpora el “derecho al buen trato” en el Código de los Niños.
El defensor del Pueblo, Eduardo Vega Luna, saludó la decisión del Congreso de la República. “Sin duda, la ley contribuirá significativamente a detener el círculo de la violencia y a desterrar el uso del castigo físico como una práctica aceptada en nuestra sociedad”, sostuvo.
La adjunta para la niñez y adolescencia, Mayda Ramos Ballón, señaló lo importante que es para los/as niños y niñas recibir cuidado, protección y educación no violentos, en un ambiente armonioso, solidario y afectivo.
En América Latina y el Caribe, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil y Nicaragua tienen una norma similar.
Descargue aquí un documento que contiene los antecedentes y sustentos de la ley.
Descargue aquí el texto de la ley.
Parlamentarias/os, estudiantes y activistas discuten desafíos y propuestas para la realización de una secundaria garante de derechos
2 de diciembre de 2015
Entre los temas discutidos en el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe” se destacaron la participación ciudadana, los impactos negativos de las pruebas estandarizadas en la calidad educativa y el financiamiento del derecho humano a la educación
2 de diciembre de 2015
Se realizó en São Paulo, Brasil, del 30 de noviembre al 1º de diciembre, el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
El encuentro tuvo el objetivo de ampliar el debate sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria y al financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, además de promover un acercamiento entre movimientos estudiantiles, parlamentarios/as y organizaciones de sociedad civil. “Tenemos una apuesta en la democracia y el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho, así que creemos que es fundamental el fortalecimiento del diálogo entre el Poder Legislativo y la sociedad civil para la garantía y la realización del derecho a la educación y los demás derechos humanos”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura.
En esta segunda edición del Encuentro de la Red [la primera se llevó a cabo en diciembre de 2014 – sepa más], se profundizó una reflexión sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria, abordando especialmente: el financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, la preponderancia de pruebas estandarizadas como mecanismos para mensurar la calidad educativa; y la participación de los/as jóvenes, la gestión democrática en las escuelas y la criminalización de estudiantes, activistas y movimientos estudiantiles.
El evento reunió a delegadas/os de las coaliciones miembros de la CLADE en 13 países de América Latina y el Caribe, parlamentarias/os y estudiantes de secundaria de siete países de la región, además de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conectas, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e IBIS/OXFAM.
Desafíos para la realización del derecho a la educación – El encuentro tuvo inicio con una presentación de los avances y retos de la incidencia por la realización del derecho humano a la educación ante el nuevo Marco de Acción para la Educación hasta el 2030, que se adoptó en noviembre durante la Conferencia General de la UNESCO, y su relación con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A continuación, se lanzó el estudio Las Leyes Generales de Educación en América Latina: el Derecho como Proyecto Político, realizado por la CLADE y el IIPE-UNESCO Buenos Aires. El documento analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho [sepa más].
Los debates que se siguieron destacaron algunas de las principales problemáticas que las personas que luchan por el derecho humano a la educación tendrán que enfrentar en los próximos años, tales como: el paradigma de la competencia entre escuelas y entre actores de la comunidad educativa y la segregación social resultantes de la aplicación de pruebas estandarizadas; la falta de compromiso de los gobiernos con la inversión de más recursos en la educación ante un contexto de crisis financiera; la mercantilización de la educación como tendencia regional y mundial; la discriminación de las y los estudiantes en el interior de los centros educativos por razón de género, condición social, raza, etnia y orientación sexual, entre otras.
Se discutió además la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el debate, diseño y seguimiento de las políticas educativas, así como la preocupante tendencia a la creación de marcos legales que criminalizan la protesta social y la represión violenta y desproporcional a las movilizaciones.
Lee también:
Con la palabra, las y los estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación en São Paulo
Debate sobre el financiamiento de la educación destaca la importancia de la incidencia por más calidad en los gastos públicos
1 de diciembre de 2015
En este panel, realizado en el marco del “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, se compartieron los desafíos de la financiación de este derecho y la importancia de la participación ciudadana para la garantía de una educación pública y gratuita para todas y todos
1º de diciembre de 2015
El último panel del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, discutió el financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Participaron María Rehder, coordinadora de proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados en Argentina, Senén Niño Avendaño, Senador en Colombia, y Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana.
Durante el debate, se destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de consensos sobre el tema del financiamiento del derecho a la educación, así como procesos de incidencia por más recursos y mejores gastos en la educación, a partir del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y los parlamentos. Se subrayó que el financiamiento de la educación es una propuesta política no solo económica, lo que genera grandes tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, y que se necesita de articulación entre diferentes sectores sociales y poderes para lograr avances. Se reafirmó además que es necesario construir propuestas concretas, desde la sociedad civil y los parlamentos, para garantizar la asignación de más recursos y gastos con calidad para la educación.
En su intervención, Guadalupe Valdez denunció las recientes acciones de represión manifestadas por la Policía Nacional de República Dominicana frente a las protestas pacíficas que se vienen desarrollando a propósito de los escándalos de corrupción desatados en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), encargada de construir nuevos planteles escolares.
Durante los últimos 10 años, se ha visto en el país la irrupción de la movilización ciudadana y de movidas juveniles por la asignación del 4% del PIB nacional para la educación preuniversitaria fuertemente reprimidas. Hoy la sociedad dominicana ve que tratan de reprimir esa lucha pacífica para que los fondos públicos sean ejecutados de manera eficiente, sin corrupción y sin impunidad. “Más allá de la lucha por más recursos para la educación debemos incidir para que se respete el derecho a la participación, y por la calidad y transparencia en la aplicación de los recursos”, afirmó. Mira aquí el video que se presentó en la ocasión, sobre la represión al movimiento organizado contra la corrupción en República Dominicana.
María Rehder, de la Campaña Nacional de Brasil, celebró la conquista de la asignación del 10% del PIB nacional para la educación, pero ponderó que en este momento de crisis financiera y ajuste fiscal, el desafío es incidir para que se mantenga el compromiso del gobierno con esa meta de financiamiento. “No queremos incidir solamente por más recursos, sino para que tengamos también otra lógica de inversión, respecto al derecho de aprender en condiciones adecuadas, tanto en lo que toca a la situación de las y los docentes, como en la infraestructura de las escuelas”, afirmó, refiriéndose al Costo Alumno Calidad (CAQ) y al Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), indicadores de financiamiento del derecho a la educación que fueron desarrollados por iniciativa de la Campaña Nacional, con miras a incidir en que se inviertan recursos para la calidad de la educación.
Por su vez, el senador colombiano Senén Niño Avendaño destacó que la sociedad civil es un actor determinante en la incidencia por una educación pública y gratuita, y afirmó que los principales desafíos de su país son la lucha por la paz y los 23 acuerdos de libre comercio que el Estado ha firmado, con impactos nocivos para la agricultura, la industria y otras áreas, en beneficio de las potencias y en desmérito de la economía nacional. “En este contexto, lamentablemente todos los derechos fundamentales se convertieron en mercancía, inclusive la educación, la salud, la seguridad social y la previdencia, etc”.
Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados de Argentina, destacó los avances en la actual ley de financiamiento de la educación, que alcanzó el 6% del PIB nacional, resultado de una fuerte lucha de los sindicatos docentes; la obligatoriedad de la educación secundaria; y la nueva Ley de Educación Superior, que garantiza la gratuidad de la educación terciaria y elimina los exámenes para ingreso a la universidad. Sin embargo, ponderó que será un desafío mantener las conquistas y contener retrocesos, ante el hecho de que un partido de derecha regresó al poder en las recientes elecciones presidenciales. “Además de este contexto político, las medidas de ajuste fiscal están reduciendo significativamente los recursos para la educación. Tenemos un tema de agenda importante que es saber cuánto necesitamos invertir en educación para realizar este derecho”, concluyó.
Encuentro regional de parlamentarias/os y sociedad civil defiende la participación y la actuación conjunta contra la criminalización de la protesta social
Este debate, con énfasis en la lucha de la juventud por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, para fortalecer la participación ciudadana y contener la criminalizacion de la protesta en la región
1º de diciembre de 2015
El segundo día del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, inició con un debate sobre la participación social de las y los jóvenes y la criminalización de la protesta social en nuestra región.
Participaron Rafael Custodio, coordinador del programa de Justicia de la Organización Conectas Derechos Humanos, Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México, y Allison Nicolle Rosales, estudiante de secundaria en Honduras, y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE, como moderadora.
En las discusiones, se destacó que la criminalización de la protesta social es una tendencia regional y mundial. Para enfrentarla y fortalecer la participación ciudadana, se defendió la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, más allá del campo educativo. Específicamente, se abordó la toma de centros educativos en el Estado de São Paulo, Brasil, en contra de la reorganización y el cierre de escuelas en el Estado, la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, México, en septiembre de 2014, y el alto nivel de violencia y represión del Estado contra la protesta social en Honduras. En su intervención, Custodio argumentó que la sociedad civil y el legislativo se movilicen por una reforma de las fuerzas policiales para que sepan cómo actuar respetando los derechos humanos en situación de movilización y protesta social. “Es necesaria una reforma de nuestro modelo de seguridad pública, recordando que la policía tiene la finalidad de proteger los derechos humanos y no atacarlos”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la policía no actúa de manera aislada, y la sociedad civil en general legitima y defiende ese tipo de acción violencia, mientras que el Poder Judicial sigue siendo un poder conservador en la mayoría de los países. “Por ello, debemos movilizarnos para informar y sensibilizar a la población sobre el problema de la criminalización y la importancia de la protesta como elemento fundamental de la democracia y motor de las transformaciones sociales”.
A su vez, Brenda Fraga recordó que se completó un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en septiembre de este año, y que estos normalistas fueron víctimas de violencia por manifestarse y defender que la educación debe ser popular y para todas y todos. “Sus familias están amenazadas y se encuentran en una lucha constante todos los días. El seguimiento que las familias de los estudiantes le han dado al caso es más firme que lo que hacen las instituciones del país”, afirmó.
Asimismo, destacó que la sociedad civil en México sigue organizada para exigir una respuesta del Estado respecto al caso y que no sigan sucediendo casos de violencia y represión como este. Por otro lado, lamentó que los medios del país no le hayan dado visibilidad a este movimiento. “Debemos impulsar el diálogo entre el parlamento y la sociedad civil, y la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para crear escenarios de confianza, en que no se permita que pasen estas situaciones de violencia y represión”.
En su intervención, Allison Rosales comentó la grave situación de violencia del Estado contra las y los estudiantes de secundaria movilizadas/os por el derecho a la educación en Honduras, rechazó la discriminación contra la juventud del país, especialmente por razones étnicas, geográficas, sociales, económicas y de género, y defendió que se reconozcan las culturas juveniles y sus formas de expresión, inclusive a través del arte. “Hace tres o cuatro meses, una niña apareció muerta por decir la verdad. Tengo miedo de decir la verdad. Somos valientes al luchar e inclusive por ir a estudiar en la condición de que a veces no hay asientos, pizarras, mobiliario, ni libros”, afirmó.
Estudiantes, parlamentarias/os y expertas/os dan alerta sobre los efectos negativos de las pruebas estandarizadas en la educación
En debate durante el II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, plantearon los impactos nocivos de este tipo de prueba, como la segregación y la estigmatización de estudiantes y escuelas, y propusieron que se desarrollen formas de evaluación alternativas con miras a una educación transformadora
1º de diciembre de 2015
En el marco del II Enuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, se discutieron los impactos de la aplicación de las pruebas estandarizadas en la realización del derecho humano a la educación.
Participaron de este debate: Oscar Palomino, representante de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Sebastián Sabini, diputado nacional en Uruguay, y Gonzalo Oyarzún, investigador y vocero de la Campaña “Alto al SIMCE” de Chile, con Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, como moderadora.
En su intervención, Oyarzún compartió la experiencia del movimiento “Alto al SIMCE”, que nació a mediados de 2013 como una iniciativa de organizaciones de estudiantes, apoderadas/os, profesoras/es y académicas/os de distintas instituciones y ciudades de Chile, unidas/os en rechazo a los efectos de este sistema nacional de medición de la calidad de la educación, que consiste en una prueba aplicada en octubre a las y los estudiantes de segundo, cuarto y octavo básicos, así como del segundo medio del país.
El movimiento “Alto al SIMCE” considera que esta medición estandarizada no garantiza la mejoría de la calidad educativa, reproduce la segregación social y la presencia del mercado en la educación, y promueve la competencia entre los centros educativos y el agobio de las y los docentes. Propone también reemplazar la prueba por un sistema que se haga cargo de las realidades locales y confíe a las y los maestras/os este proceso de evaluación. “Otro efecto negativo del SIMCE ha sido la reducción del contenido curricular, pues se han substituido horas de disciplinas como historia y artes por clases de preparación para la prueba, que solo enfatiza la lectoescritura y matemática”, dijo. En esa ocasión, también se presentó un video con más informaciones sobre las demandas del movimiento y sus propuestas [míralo aquí].
Oscar Palomino, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, compartió desafíos de la lucha del movimiento estudiantil de ese país por una educación pública y gratuita, especialmente la represión del Estado, y mencionó que una de sus principales reivindicaciones es la extinción de los exámenes para ingreso a la universidad. “Hoy las personas que están en la universidad vienen de escuelas particulares o de las públicas que tienen más infraestructura. El Estado le da hoy a la educación un carácter mercantilista y solamente estudiantes que tienen más recursos pueden elegir su carrera y el lugar donde quieren estudiar. A los bachilleres que no entran a la universidad resta entrar en los tecnológicos para que sean mano de obra barata”, afirmó.
En su ponencia, el diputado Sebastián Sabini recordó la constante tensión entre la educación como derecho humano y la educación como mercancía, especialmente en la secundaria. “Estas pruebas estandarizadas no tienen el objetivo de mejorar la educación, sino evaluar la calidad de la educación según las exigencias del mercado”.
Según Sabini, este tipo de evaluación es limitada, pues mide un momento determinado y no los procesos individuales, comparando culturas locales que son muy diversas y generando la estigmatización de los centros educativos, docentes y estudiantes. Defendió que la educación debe ser holística, integral y promover la ciudadanía y la enseñanza del arte. “Hay que contextualizar estas pruebas estandarizadas y explicar su verdadera dimensión, además de buscar alternativas de evaluación”, concluyó.
Após era neoliberal, América Latina consolida educação como direito, diz pesquisa
17 de diciembre de 2014No entanto, ainda existe uma distância grande entre o que a legislação garante e o que é oferecido aos cidadãos, sobretudo nos países mais pobres da América Central
Fonte: Rede Brasil Atual
17 de dezembro de 2014
No Haiti apenas 15% das escolas são públicas e gratuitas, sendo que 40% a população do país está desempregada. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
São Paulo – Depois de um período marcado pela redução do papel do Estado na garantia de direitos e por políticas ditadas por dogmas do mercado financeiro e empresarial, nos anos 1980/1990, a América Latina chegará a 2015 considerando institucionalmente a educação como um direito humano em todos os países do bloco.
Apesar disso, ainda existe, na prática, uma distância grande entre o que reconhece a legislação e o que é garantido à população, sobretudo nos países mais pobres da América Central.
É o que mostram dados preliminares de um estudo da Unesco de Buenos Aires e da Campanha Latino Americana pelo Direito à Educação (Clade), a ser lançado no ano que vem.
Todos os países da região determinam um período mínimo de escolarização obrigatória durante a infância, com objetivos de formar um indivíduo livre, pleno, produtivo e apto para exercer sua cidadania. Os governos devem ser responsáveis por oferecer educação pública da forma mais ampla e democrática possível, segundo o levantamento, que avaliou os documentos norteadores do ensino em El Salvador, Cosa Rica, Cuba, Guatemala, México, Colômbia, Panamá, Brasil, República Dominicana, Paraguai, Peru, Argentina, Nicarágua, Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, Honduras e Equador.
“Na América Latina temos um debate legislativo sobre a educação extremamente rico, que reflete o momento que a região está vivendo. Nos anos 2000 se iniciou um debate para repensar o papel do estado e vemos hoje, quase 15 anos depois, que os marcos normativos expressam essa mudança e que os Estados assumem a educação como um direito humano fundamental, com a responsabilidade de garanti-lo. E não são só as leis que dizem isso, mas também o debate legislativo regional”, afirma o coordenador do projeto de educação e equidade na América Latina, Néstor Lopéz.
Na Argentina, por exemplo, a educação tem entre seus principais objetivos legais “fomentar a construção de uma memória coletiva sobre os processos históricos e políticos que quebraram a ordem constitucional e terminaram instaurando o terrorismo de Estado, com objetivos de provocar nos alunos reflexões e sentimentos democráticos e de defesa do Estado de direito e a plena vigência dos direitos humanos”, segundo os documentos norteadores. Lopéz entende que o país incorpora na escola um estudo crítico sobre a ditadura para criar consciência política nos estudantes.
Apesar do aparato teórico e legislativo bem formulado, o estudo aponta que há uma distância grande entre a legislação e a real garantia do direito à educação de qualidade, sobretudo nos países mais pobres, como Honduras, El Salvador e Nicaragua. No Haiti, por exemplo, apenas 15% das escolas são públicas e gratuitas, sendo que pelo menos 40% a população do país está desempregada.
“É claramente uma distância abismal entre a lei e o que acontece com os cidadãos. São países com problemas de pobreza, debilidade do Estado e atravessadas por situações de violência, mas não necessariamente é culpa do marco normativo. A Republica Dominicana poderia fazer parte desse grupo, mas optou por priorizar um grande trabalho de inclusão pela educação, que está ajudando o Estado a reduzir suas dívidas com a população”, avalia Lopéz.
“Há também outros países com mais recursos, onde não há um problema predominante de pobreza, mas sim de alinhamento de políticas, onde o Estado expressa o projeto político apenas de determinados setores da sociedade”, diz. Por isso, o estudo aponta que é preciso que a sociedade civil se engaje na luta pela educação pública, gratuita e de qualidade e cobre o estado e os parlamentares pelo cumprimento das leis.
