El largo viaje: los esquemas de coordinación de la educación superior chilena en perspectiva
15 de mayo de 2017
Resumen del artículo:
Es más o menos evidente que la educación superior chilena presenta un alto nivel de “privatismo” (Brunner, 2009), que la sitúan entre las más privatizadas del mundo, en términos de quien paga por ella, quien se beneficia directamente de su acción y quien detenta el control de las universidades. No es tan clara, sin embargo, la contribución de la política pública a ese estado de cosas. El análisis sistemático de la acción estatal en el campo de la educación terciaria es todavía un ejercicio inconcluso en Chile, a pesar de la revolucionaria transformación que ella ha experimentado durante las últimas décadas. Este estudio ofrece nuevas posibilidades de análisis para la revisión del caso chileno. Apoyándose en las orientaciones metodológicas de Smelser (2013), produce un marco integrado que observa el progresivo cambio de las políticas a propósito de las interacciones que se plantean entre sus principales dimensiones (de acceso, financiamiento y calidad, entre otras). Sobre esa base, describe la trayectoria de dos regímenes de regulación sectorial que se van integrando progresivamente en tres etapas, primero por falta de manutención del marco regulatorio, luego por decisión de los gobiernos. En fin, constata que están dadas las condiciones para que la política sectorial entre en una nueva era, una en que el desarrollo de las universidades podría volver a depender fundamentalmente del estado.
Descárgalo: Salazar Zegers, J. M., & Leihy, P. S. El largo viaje: Los esquemas de coordinación de la educación superior chilena en perspectiva. Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 25. 2017.
La “letra chica” de la gratuidad
Según los autores, este documento busca poner de manifiesto algunos preocupantes riesgos que entraña la manera en la cual se ha concebido la implementación de la “gratuidad” en el 2016, en Chile. Como se presenta a lo largo del estudio, la opción del gobierno deja a la libre discrecionalidad de las instituciones aspectos críticos de su implementación, particularmente lo que dice relación con el trato respecto a los estudiantes “no beneficiarios”. Asimismo, se evidencia que, lejos de la retórica oficial, en la práctica el mecanismo de financiamiento elegido ha operado como un esquema prácticamente idéntico al de instrumentos de subsidio a la demanda ya existentes
Descárgalo: Víctor Orellana y José Miguel Sanhueza. La “letra chica” de la gratuidad. Fundación Nodo XXI, 2016.
Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación
11 de mayo de 2017
La investigación de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) presenta las formas contemporáneas de privatización en el campo educativo en América Latina y el Caribe y los posibles impactos para la realización del derecho humano a la educación para todos y todas.
Descárgalo: CLADE. Mapeo sobre tendencias de la privatización de la educación en América Latina y el Caribe. Julio de 2015.
La privatización educativa en América Latina
Esta publicación de la Internacional de la Educación presenta la creciente presencia del sector privado en los sistemas educativos de Latinoamérica y plantea que el desarrollo de un amplio abanico de trayectorias de privatización educativa en la región se comprende sólo a la luz de una serie de especificidades (políticas, económicas e institucionales) que, en la mayoría de casos, tienen un carácter marcadamente endógeno. La gran diversidad que representan estas trayectorias constata que América Latina es un espacio privilegiado desde el que pensar y participar en debates teóricos y sociales sobre la economía política de las reformas educativas.
Descárgalo: Antony Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontdevilla. La privatización educativa en América Latina: una cartografía de políticas, tendencias y trayectorias. Abril de 2017
Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su segunda reunión virtual para discutir la participación social y la criminalización de movimientos de docentes, estudiantes y activistas en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas.
En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 14 de octubre, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay indicaron que, pese a la existencia de marcos legislativos que posibilitan la participación social en las políticas educativas, hay una debilidad en la efectiva aplicación de estas leyes.
“La legislación de Colombia es abundante en mecanismos de participación ciudadana para la formulación y la implementación de leyes e políticas. Sin embargo, en este país los gobiernos de los últimos 30 años cambiaron el sentido de la educación: que dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. No hay por parte del gobierno una real actitud para permitir que familias, universidades, estudiantes y docentes sean los que determinen los rumbos educativos en Colombia. Todo eso ha quedado en manos de los grandes empresarios y son ellos los que tienen la dirección de los programas educativos en Colombia”, analiza el Senador Senén Niño Avendaño, de Colombia.
En este encuentro también se debatieron ampliamente los casos de represión y criminalización de los movimientos y de las manifestaciones públicas, especialmente los casos de Brasil, Honduras, Paraguay y México.
“Nos preocupa la creciente represión y criminalización de los movimientos, en particular del campo educativo en la región. CLADE ha estado en diálogo con los relatores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque Paraguay, Honduras e Brasil – dicho sea de paso, tres países que sufrieron golpes parlamentares - muestran casos graves de criminalización de los movimientos estudiantiles”, subraya Camilla Croso, coordinadora de la CLADE. “Ese es un tema prioritario en nuestra agenda: el descompase entre leyes que de alguna manera reconocen y promueven el derecho a la participación – aunque de manera tímida, una vez que gran parte de las legislaciones no habla de toma de decisión, sino que de consultas – y este creciente proceso de criminalización.”
A su vez, el integrante del Foro por el Derecho a la Educación (Paraguay) Fernando Krug relató los casos de amenazas, imputaciones jurídicas y sanciones aplicadas a estudiantes y docentes en este país. “Desde los años 1990, el Estado ha profundizado una lógica de corrupción y de cercenamiento de derechos, así como ha desarrollado nuevos mecanismos de represión. A partir del golpe de Paraguay, en 2012, se da la reestructuración de los movimientos estudiantiles universitarios y secundarios y, al mismo tiempo, se dan maniobras en los centros educativos para impedir ese proceso de organización de los estudiantes, que tratan de sancionar e imputar a los secundarios”.
Otro aspecto que se destacó en este encuentro virtual fue el avance de legislaciones que restringen el derecho a la protesta en la región. “En México se está buscando formas de reglamentar la protesta social. En el Estado de Michoacán se está discutiendo en el Congreso Local una ley de manifestación que va orientada a limitar a los profesores a movilizarse. Hay sectores muy activos – como docentes, estudiantes, comunidades campesinas – y esta ley tiene toda la intención de controlarlos. Los grupos que quieren aprobar esto quieren omitir en el debate algo esencial: la manifestación tiene origen en la falta de voluntad o de capacidad del Estado en cumplir las demandas sociales”, alerta Lázaro Mineiro Arellano, asesor parlamentar en el estado de Michoacán.
">Integrantes de la Red Mixta debaten la represión y criminalización de los movimientos educativos en la región
9 de febrero de 2017En una reunión virtual, los/as integrantes de esta iniciativa discutieron la creciente represión a los movimientos de estudiantes, docentes y activistas y los proyectos de ley que limitan el derecho a la manifestación pública, además de analizar las legislaciones que aseguran la participación social en las políticas públicas y la necesidad de hacerla efectiva en los procesos de toma de decisiones
Integrantes de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe realizaron su segunda reunión virtual para discutir la participación social y la criminalización de movimientos de docentes, estudiantes y activistas en la región. Coordinada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), la Red Mixta es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y articulación entre legisladores/as y sociedad civil en los ámbitos nacional y regional, con miras a la defensa de la educación pública, gratuita y laica para todas las personas.
En dicho encuentro virtual, que tuvo lugar el día 14 de octubre, los datos presentados por parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, México, República Dominicana y Uruguay indicaron que, pese a la existencia de marcos legislativos que posibilitan la participación social en las políticas educativas, hay una debilidad en la efectiva aplicación de estas leyes.
“La legislación de Colombia es abundante en mecanismos de participación ciudadana para la formulación y la implementación de leyes e políticas. Sin embargo, en este país los gobiernos de los últimos 30 años cambiaron el sentido de la educación: que dejó de ser un derecho y se convirtió en mercancía. No hay por parte del gobierno una real actitud para permitir que familias, universidades, estudiantes y docentes sean los que determinen los rumbos educativos en Colombia. Todo eso ha quedado en manos de los grandes empresarios y son ellos los que tienen la dirección de los programas educativos en Colombia”, analiza el Senador Senén Niño Avendaño, de Colombia.
En este encuentro también se debatieron ampliamente los casos de represión y criminalización de los movimientos y de las manifestaciones públicas, especialmente los casos de Brasil, Honduras, Paraguay y México.
“Nos preocupa la creciente represión y criminalización de los movimientos, en particular del campo educativo en la región. CLADE ha estado en diálogo con los relatores de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque Paraguay, Honduras e Brasil – dicho sea de paso, tres países que sufrieron golpes parlamentares – muestran casos graves de criminalización de los movimientos estudiantiles”, subraya Camilla Croso, coordinadora de la CLADE. “Ese es un tema prioritario en nuestra agenda: el descompase entre leyes que de alguna manera reconocen y promueven el derecho a la participación – aunque de manera tímida, una vez que gran parte de las legislaciones no habla de toma de decisión, sino que de consultas – y este creciente proceso de criminalización.”
A su vez, el integrante del Foro por el Derecho a la Educación (Paraguay) Fernando Krug relató los casos de amenazas, imputaciones jurídicas y sanciones aplicadas a estudiantes y docentes en este país. “Desde los años 1990, el Estado ha profundizado una lógica de corrupción y de cercenamiento de derechos, así como ha desarrollado nuevos mecanismos de represión. A partir del golpe de Paraguay, en 2012, se da la reestructuración de los movimientos estudiantiles universitarios y secundarios y, al mismo tiempo, se dan maniobras en los centros educativos para impedir ese proceso de organización de los estudiantes, que tratan de sancionar e imputar a los secundarios”.
Otro aspecto que se destacó en este encuentro virtual fue el avance de legislaciones que restringen el derecho a la protesta en la región. “En México se está buscando formas de reglamentar la protesta social. En el Estado de Michoacán se está discutiendo en el Congreso Local una ley de manifestación que va orientada a limitar a los profesores a movilizarse. Hay sectores muy activos – como docentes, estudiantes, comunidades campesinas – y esta ley tiene toda la intención de controlarlos. Los grupos que quieren aprobar esto quieren omitir en el debate algo esencial: la manifestación tiene origen en la falta de voluntad o de capacidad del Estado en cumplir las demandas sociales”, alerta Lázaro Mineiro Arellano, asesor parlamentar en el estado de Michoacán.
“Hay una tendencia en América Latina y el Caribe a aprobar leyes que privilegian apenas el cuidado a la primera infancia, sin garantizar la integralidad de derechos”
1 de noviembre de 2016En esta entrevista, Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), alerta sobre el avance de un proyecto de ley para la primera infancia en Argentina, que no reconoce la interdependencia de los derechos de los/as niños y niñas, y, a su vez, no asegura su derecho a la educación
El Comité Argentino de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) se está movilizando para frenar en el Senado de Argentina la aprobación de un proyecto de ley que propone una “Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia”. Una petición online plantea que este proyecto de ley y el “Plan Nacional de Primera Infancia”, implantado por el gobierno federal en el 2015, excluyen a la educación como derecho humano que garantiza la realización de otros derechos. Asimismo, el Comité Argentino propone que se fortalezca la política para esta etapa educativa en este país, garantizando la extensión de la obligatoriedad de la oferta educativa a los/as niños/as de 4 años, la universalización del acceso de los/as niños de 3 años a la educación y la ampliación en la cobertura de los Jardines Maternales. Aún reconociendo la importancia del cuidado, las organizaciones de derechos humanos defienden que las políticas y los marcos normativos reconozcan y garanticen el derecho a la educación a este rango etario.
Para reflexionar sobre el tema de la atención en la primera infancia en Argentina y en América Latina y el Caribe, entrevistamos a Mercedes Mayol Lassalle, Vicepresidenta Regional para América Latina de la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP). “No es posible cuidar sin educar, ni educar sin cuidar porque son dos prácticas inseparables para el desarrollo pleno del ser humano. Lo que planteamos es que este proyecto de ley está proponiendo una política que no reconoce la interdependencia de los derechos del niño y de la niña y la integralidad de la gestión de las políticas para la infancia”, señala. “En este proyecto de ley se soslaya la palabra educación y se la reemplaza por la estimulación temprana, que presupone un sujeto que tiene un riesgo de desarrollo, y que por eso necesita ser objeto de una intervención. O sea, eso es bien diferente de la perspectiva educativa.”
El Comité Argentino de la OMEP ha expresado al Congreso Nacional sus críticas al proyecto de ley que establece las bases de la “Política Federal de Cuidados para la Primera Infancia”. ¿Podría explicar cuáles son los puntos principales de discordancia respecto a la propuesta?
Hace más de un año que este proyecto de ley ya tiene la sanción de la Cámara de Diputados y le falta la sanción de la Cámara de Senadores. Lo que estamos haciendo es un trabajo de concientización y de conversación con todos los políticos y hemos ido a las reuniones de la Comisión de Población, que está tratando este tema. Parece que no lo van a aprobar, pero esto es muy débil porque muchas veces se reúnen rapidamente y, sobretodo cuando se va llegando al fin del año, suele ocurrir que se hace un paquete de leyes y se aprueba en la madrugada. Por eso, hay que estar muy atentos y explicarles a los políticos qué pasa con la primera infancia. Un proyecto muy parecido con ese ya se aprobó en Uruguay. O sea, hay en varios países de América Latina y el Caribe una tendencia a aprobar este tipo de leyes que apuntan solamente a políticas de cuidado para la primera infancia.
La sociedad todavía no reconoce que los niños pequeños son titulares de derechos desde que nacen. Las políticas que hasta ahora se vienen desarrollando suelen ser desarticuladas y no están garantizando atención de forma integral, como establece la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es un problema mundial porque, si revisamos la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, ahí se plantea una división en la etapa de la primera infancia, donde los niños de 5 años gozan del derecho a la educación infantil, mientras que a los más pequeños solamente se apuntan programas de cuidado.
El tema es que no es posible cuidar sin educar, ni educar sin cuidar porque son dos prácticas inseparables para el desarrollo pleno del ser humano. Lo que planteamos es que este proyecto de ley está proponiendo una política federal que no reconoce la interdependencia de los derechos del niño y la integralidad de la gestión de las políticas para la infancia.
¿De qué manera la política de cuidado para niños/as de 0 a 3 años propuesta por esta ley no está de acuerdo a los principios de los derechos de la infancia? ¿Cuáles aspectos de la ley no toman en cuenta el derecho a la educación de los/as niños y niñas?
Este proyecto genera un nuevo sistema distinto del sistema educativo, o sea, los agentes que cuidan de los niños arman una carrera de cuidador, lo que desconoce la importancia del conocimiento y de las competencias específicas para las personas que cuidan y educan a los niños pequeños, la cual se demuestra en muchísimos estudios a nivel mundial. Cuanto más preparado el adulto que está al lado del niño pequeño, más se enriquece su desarrollo.
Por el proyecto, se habilitaría a estas personas con un pequeño curso, tanto para que sean cuidadores hogareños, como para que trabajen en Centros de Cuidado para la Primera Infancia [en lugar de los Jardines Maternales o las Escuelas Infantiles]. Estos centros representan una nueva institucionalidad pública, que niega 140 años de tradición en educación inicial. A su vez, la idea del cuidador reniega la larga y densa trayectoria de la formación de docentes que ha sido un símbolo de progresismo y de calidad de la educación inicial en Argentina.
En este proyecto de ley se soslaya la palabra educación y se la reemplaza por la estimulación temprana, lo que significa que no se está abordando una perspectiva humanizante del niño. Este concepto de estimulación presupone un sujeto que tiene un riesgo de desarrollo, y que por eso necesita ser objeto de una intervención. O sea, eso es bien diferente de la perspectiva educativa.
Cuando uno habla de cuidado para la primera infancia y pone a la escuela apenas como un dispositivo de cuidado, se está equivocando. La escuela tiene otra función social. La escuela cuida, es cierto, porque justamente la educación debe ser atravesada por esta ética. Sin embargo, cualquier práctica de cuidado, al no contemplar la educación, implica un descuido y una desprotección de otros derechos del niño. Hay mucho riesgo de que se creen “instituciones depósito”, si uno no garantiza todo lo que aporta la educación infantil, con la cultura, los lenguajes y los conocimientos específicos.
No estamos en desacuerdo con muchos de los fundamentos de este proyecto, porque se basan en la enorme desigualdad del acceso a la educación inicial, y sabemos que este nivel en América Latina, sobretodo para los niños más pequeños, está muy privatizado. Hay grandes negocios por detrás de ello y tenemos que contrarrestarlo. La educación es un derecho, no es un servicio. Ha habido mucha ausencia de políticas del Estado que protejan los derechos de la primera infancia y eso es parte de esta fractura y de esta ignorancia en concebir al niño como ciudadano y de la falta de voluntad de invertir en los primeros años de vida.
En la mirada de la OMEP, ¿cuáles son las medidas necesarias para garantizar los derechos al cuidado y a la educación en la primera infancia en la región?
Es importante decir que nosotros en América Latina y el Caribe tenemos leyes que permiten otra política. En Argentina, con este proyecto, podremos agregar una nueva ley que niega los avances ya asegurados en otras legislaciones. Ya tenemos la Ley de Educación Nacional y lo que hace falta es cumplirla. El artículo 18 de esta ley dice que la educación inicial es una unidad pedagógica que abarca desde los 45 días hasta los 5 años, inclusive. Y la mayor parte de las leyes que se han dictado en América Latina y el Caribe después de los años 90 contemplan la educación inicial. Lo que hace falta es cumplir con estas leyes existentes y arbitrar los recursos necesarios y suficientes para convertirlas en realidad, concretando y garantizando los derechos de los niños desde el momento en que nacen.
Si se aprueba la “ley de cuidado” eso va a ser tremendo, porque se va a justificar y reforzar la política nacional que sigue fraccionando a la primera infancia en dos circuitos: los pobres van al circuito del cuidado y los niños de familias con recursos van al sistema privado, o a las pocas escuelas públicas que ofrecen atención a esta etapa. Porque, lamentablemente, hay enormes desigualdades respecto a las provincias, las cuales generalmente invierten apenas en el nivel que es obligatorio, o sea, ofrecen salas de 4 y 5 años.
No estamos proponiendo desde la OMEP que se institucionalicen a los niños, o sea, que todos tengan que ir a la escuela infantil o al jardín. Hay niños que están en otros contextos, como los rurales o semi rurales. Hay distintas formas de promover políticas públicas para que los niños puedan gozar de sus derechos. Hay muchos formatos para ofrecer atención a la primera infancia, pero todos ellos tienen que incluir el componente educativo.
Paraguay aprueba ley que prohíbe castigo a niños, niñas y adolescentes
11 de octubre de 2016Paraguay es el diecimo país en América Latina y el Caribe en tener una ley que prohíbe el castigo físico y humillante de niños, niñas y adolescentes. El Congreso Nacional aprobó el 17 de agosto del 2016 la “Ley de Promoción del Buen Trato, Crianza Positiva y de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes Contra el Castigo Físico o Cualquier Tipo de Violencia Como Método de Corrección o Disciplina”, que fue sancionada por el Ejecutivo en septiembre.
En su artículo primero, se reconoce el derecho de niños/as y adolescentes al buen trato y a la protección de su dignidad. “Queda prohibido el castigo físico y los tratos humillantes infligidos a niños, niñas y adolescentes como forma de corrección o disciplina, en especial por parte de los padres, tutores, guardadores o responsables de su educación, cuidado, orientación, o tratamiento de cualquier clase”, establece la legislación.
Respecto a los ambientes educativos, la nueva ley también afirma que los/as educadores/as deben emplear estrategias pedagógicas y disciplinarias no violentas basadas en la resolución pacífica de los conflictos. Asimismo, se determina que el Ministerio de Educación y Cultura asigne los recursos necesarios para que se implemente dicha ley en el ámbito de la educación formal y no formal, cambiando su cultura institucional.
En América Latina y el Caribe, Venezuela, Uruguay, Costa Rica, Honduras, Argentina, Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú tienen una norma similar. En el mundo, 50 países prohíben los castigos corporales.
Con informaciones de Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children Prohibiting Corporal Punishment .
Vea los videos del I Encuentro Regional
7 de octubre de 2016Aquí podrás asistir a una serie de entrevistas que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) realizó con parlamentarias/os y representantes de la sociedad civil de 10 países de América Latina y el Caribe, que estuvieron presentes en el Encuentro Regional de Parlamentarias/os “El Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe” (9 y 10 de diciembre de 2014 en São Paulo, Brasil). Este evento fue promovido por la CLADE, con el apoyo de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, y tuvo el objetivo de promover la interlocución entre parlamentarias/os de la región, en una perspectiva que reconoce la educación como derecho humano.
En el encuentro, además, se discutió sobre el panorama de las leyes generales de educación y otras leyes de educación pertinentes de la región, identificando avances y desafíos en este campo.
Este evento promovido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, tiene el objetivo de promover la interlocución entre parlamentarios de América Latina y el Caribe, en el reconocimiento de la educación como derecho humano, abriendo también la discusión sobre las leyes generales de educación en la región. A propósito, Camila Croso, Coordinadora General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, comparte las expectativas y el sentido de este evento aquí. ">
São Paulo, lugar de discusión sobre la educación en América Latina y el Caribe
21 de septiembre de 2016Fuente: ALER
Parlamentarios y parlamentarias de Argentina, Guatemala, Perú, Honduras, El Salvador, República Dominicana, Haití y Ecuador junto con representantes de organizaciones de Brasil y Bolivia se reúnen en São Paulo este 9 y 10 de diciembre para dialogar sobre el derecho humano a la educación.
Este evento promovido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, tiene el objetivo de promover la interlocución entre parlamentarios de América Latina y el Caribe, en el reconocimiento de la educación como derecho humano, abriendo también la discusión sobre las leyes generales de educación en la región.
A propósito, Camila Croso, Coordinadora General de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación, comparte las expectativas y el sentido de este evento aquí.
CLADE promueve encuentro regional de parlamentarios/as para discutir el derecho humano a la educación
16 de septiembre de 2016El evento, que tendrá lugar en la ciudad de São Paulo, en Brasil, reunirá autoridades de 8 países para discutir el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
3 de diciembre de 2014
Se realizará en los días 9 y 10 de diciembre en São Paulo, Brasil, el encuentro regional de parlamentarios/as El derecho a la educación en América Latina y el Caribe, evento promovido por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), con el apoyo de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
El encuentro, que tendrá la participación de autoridades de 8 países, más representantes de la sociedad civil de Haití, Brasil, Bolivia y Argentina, tiene el objetivo de promover la interlocución entre parlamentarios de América Latina y el Caribe, en una perspectiva que reconoce la educación como derecho humano, así como discutir el panorama de las leyes generales de educación y otras leyes de educación pertinentes, identificando avances y desafíos en este campo.
Con esta reunión, también se pretende profundizar una comprensión respecto al grado de participación de la sociedad civil en el desarrollo de leyes, apuntando aprendizajes y recomendaciones.
Acompañe en este blog la cobertura del encuentro.
Servicio:
Fechas: 9 y 10 de mayo de 2014
Hora: A partir de las 9h00 (horario de Brasil)
Local: Hotel Higienópolis – Av. Angélica, 310 – Santa Cecília, São Paulo (SP), Brasil.
