CLADE: articulación plural de organizaciones nacionales, regionales e internacionales por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe
25 de septiembre de 2023Para Laura Gianecchinni, coordinadora programática de la CLADE, uno de los destaques de la iniciativa es su poder de articulación de organizaciones nacionales, regionales e internacionales que luchan por el derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Proposito de la CLADE: articular la sociedad para defender el derecho humano a la educación
“El proposito de crear la CLADE fue articular los diversos actores sociales para defender el derecho humano a la educación que en aquel entonces – así como hoy – estaba en riesgo”, explica la primera coordinadora general de la CLADE, Camilla Croso. Al coordinar las acciones e iniciativas de la CLADE hasta 2020, Camilla Croso presenta algunos elementos importantes existentes en la lucha de la membresía a lo largo de todos estos años.
Parlamentarias/os, estudiantes y activistas discuten desafíos y propuestas para la realización de una secundaria garante de derechos
2 de diciembre de 2015
Entre los temas discutidos en el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe” se destacaron la participación ciudadana, los impactos negativos de las pruebas estandarizadas en la calidad educativa y el financiamiento del derecho humano a la educación
2 de diciembre de 2015
Se realizó en São Paulo, Brasil, del 30 de noviembre al 1º de diciembre, el “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, una iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil.
El encuentro tuvo el objetivo de ampliar el debate sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria y al financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, además de promover un acercamiento entre movimientos estudiantiles, parlamentarios/as y organizaciones de sociedad civil. “Tenemos una apuesta en la democracia y el reconocimiento de la participación ciudadana como un derecho, así que creemos que es fundamental el fortalecimiento del diálogo entre el Poder Legislativo y la sociedad civil para la garantía y la realización del derecho a la educación y los demás derechos humanos”, afirmó Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE, en la apertura.
En esta segunda edición del Encuentro de la Red [la primera se llevó a cabo en diciembre de 2014 – sepa más], se profundizó una reflexión sobre los contenidos legislativos referentes a la educación secundaria, abordando especialmente: el financiamiento de la educación en América Latina y el Caribe, la preponderancia de pruebas estandarizadas como mecanismos para mensurar la calidad educativa; y la participación de los/as jóvenes, la gestión democrática en las escuelas y la criminalización de estudiantes, activistas y movimientos estudiantiles.
El evento reunió a delegadas/os de las coaliciones miembros de la CLADE en 13 países de América Latina y el Caribe, parlamentarias/os y estudiantes de secundaria de siete países de la región, además de la Red Africana por la Educación para Todos (ANCEFA), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Conectas, Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) e IBIS/OXFAM.
Desafíos para la realización del derecho a la educación – El encuentro tuvo inicio con una presentación de los avances y retos de la incidencia por la realización del derecho humano a la educación ante el nuevo Marco de Acción para la Educación hasta el 2030, que se adoptó en noviembre durante la Conferencia General de la UNESCO, y su relación con la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible adoptada en septiembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
A continuación, se lanzó el estudio Las Leyes Generales de Educación en América Latina: el Derecho como Proyecto Político, realizado por la CLADE y el IIPE-UNESCO Buenos Aires. El documento analiza en qué medida las leyes generales de educación vigentes en la región promueven la realización del derecho humano a la educación y la consolidación de los Estados como garantes de ese derecho [sepa más].
Los debates que se siguieron destacaron algunas de las principales problemáticas que las personas que luchan por el derecho humano a la educación tendrán que enfrentar en los próximos años, tales como: el paradigma de la competencia entre escuelas y entre actores de la comunidad educativa y la segregación social resultantes de la aplicación de pruebas estandarizadas; la falta de compromiso de los gobiernos con la inversión de más recursos en la educación ante un contexto de crisis financiera; la mercantilización de la educación como tendencia regional y mundial; la discriminación de las y los estudiantes en el interior de los centros educativos por razón de género, condición social, raza, etnia y orientación sexual, entre otras.
Se discutió además la necesidad de fortalecer la participación ciudadana en el debate, diseño y seguimiento de las políticas educativas, así como la preocupante tendencia a la creación de marcos legales que criminalizan la protesta social y la represión violenta y desproporcional a las movilizaciones.
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Con la palabra, las y los estudiantes movilizadas/os por el derecho a la educación en São Paulo
Debate sobre el financiamiento de la educación destaca la importancia de la incidencia por más calidad en los gastos públicos
1 de diciembre de 2015
En este panel, realizado en el marco del “II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe”, se compartieron los desafíos de la financiación de este derecho y la importancia de la participación ciudadana para la garantía de una educación pública y gratuita para todas y todos
1º de diciembre de 2015
El último panel del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, discutió el financiamiento del derecho humano a la educación en América Latina y el Caribe.
Participaron María Rehder, coordinadora de proyectos de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados en Argentina, Senén Niño Avendaño, Senador en Colombia, y Guadalupe Valdez, diputada de República Dominicana.
Durante el debate, se destacó la importancia de la participación ciudadana en la construcción de consensos sobre el tema del financiamiento del derecho a la educación, así como procesos de incidencia por más recursos y mejores gastos en la educación, a partir del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y los parlamentos. Se subrayó que el financiamiento de la educación es una propuesta política no solo económica, lo que genera grandes tensiones entre la sociedad civil y los gobiernos, y que se necesita de articulación entre diferentes sectores sociales y poderes para lograr avances. Se reafirmó además que es necesario construir propuestas concretas, desde la sociedad civil y los parlamentos, para garantizar la asignación de más recursos y gastos con calidad para la educación.
En su intervención, Guadalupe Valdez denunció las recientes acciones de represión manifestadas por la Policía Nacional de República Dominicana frente a las protestas pacíficas que se vienen desarrollando a propósito de los escándalos de corrupción desatados en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), encargada de construir nuevos planteles escolares.
Durante los últimos 10 años, se ha visto en el país la irrupción de la movilización ciudadana y de movidas juveniles por la asignación del 4% del PIB nacional para la educación preuniversitaria fuertemente reprimidas. Hoy la sociedad dominicana ve que tratan de reprimir esa lucha pacífica para que los fondos públicos sean ejecutados de manera eficiente, sin corrupción y sin impunidad. “Más allá de la lucha por más recursos para la educación debemos incidir para que se respete el derecho a la participación, y por la calidad y transparencia en la aplicación de los recursos”, afirmó. Mira aquí el video que se presentó en la ocasión, sobre la represión al movimiento organizado contra la corrupción en República Dominicana.
María Rehder, de la Campaña Nacional de Brasil, celebró la conquista de la asignación del 10% del PIB nacional para la educación, pero ponderó que en este momento de crisis financiera y ajuste fiscal, el desafío es incidir para que se mantenga el compromiso del gobierno con esa meta de financiamiento. “No queremos incidir solamente por más recursos, sino para que tengamos también otra lógica de inversión, respecto al derecho de aprender en condiciones adecuadas, tanto en lo que toca a la situación de las y los docentes, como en la infraestructura de las escuelas”, afirmó, refiriéndose al Costo Alumno Calidad (CAQ) y al Costo Alumno Calidad Inicial (CAQi), indicadores de financiamiento del derecho a la educación que fueron desarrollados por iniciativa de la Campaña Nacional, con miras a incidir en que se inviertan recursos para la calidad de la educación.
Por su vez, el senador colombiano Senén Niño Avendaño destacó que la sociedad civil es un actor determinante en la incidencia por una educación pública y gratuita, y afirmó que los principales desafíos de su país son la lucha por la paz y los 23 acuerdos de libre comercio que el Estado ha firmado, con impactos nocivos para la agricultura, la industria y otras áreas, en beneficio de las potencias y en desmérito de la economía nacional. “En este contexto, lamentablemente todos los derechos fundamentales se convertieron en mercancía, inclusive la educación, la salud, la seguridad social y la previdencia, etc”.
Roberto Morengo, asesor legislativo de la Cámara de Diputados de Argentina, destacó los avances en la actual ley de financiamiento de la educación, que alcanzó el 6% del PIB nacional, resultado de una fuerte lucha de los sindicatos docentes; la obligatoriedad de la educación secundaria; y la nueva Ley de Educación Superior, que garantiza la gratuidad de la educación terciaria y elimina los exámenes para ingreso a la universidad. Sin embargo, ponderó que será un desafío mantener las conquistas y contener retrocesos, ante el hecho de que un partido de derecha regresó al poder en las recientes elecciones presidenciales. “Además de este contexto político, las medidas de ajuste fiscal están reduciendo significativamente los recursos para la educación. Tenemos un tema de agenda importante que es saber cuánto necesitamos invertir en educación para realizar este derecho”, concluyó.
Encuentro regional de parlamentarias/os y sociedad civil defiende la participación y la actuación conjunta contra la criminalización de la protesta social
Este debate, con énfasis en la lucha de la juventud por el derecho a la educación en América Latina y el Caribe, subrayó la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, para fortalecer la participación ciudadana y contener la criminalizacion de la protesta en la región
1º de diciembre de 2015
El segundo día del II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, por iniciativa de la CLADE, en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, inició con un debate sobre la participación social de las y los jóvenes y la criminalización de la protesta social en nuestra región.
Participaron Rafael Custodio, coordinador del programa de Justicia de la Organización Conectas Derechos Humanos, Brenda Fraga Gutiérrez, diputada del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo en México, y Allison Nicolle Rosales, estudiante de secundaria en Honduras, y Laura Giannecchini, Coordinadora de Desarrollo Institucional de la CLADE, como moderadora.
En las discusiones, se destacó que la criminalización de la protesta social es una tendencia regional y mundial. Para enfrentarla y fortalecer la participación ciudadana, se defendió la necesidad de articular esfuerzos entre los niveles nacional, regional y mundial, así como entre varios sectores de lucha y poderes, más allá del campo educativo. Específicamente, se abordó la toma de centros educativos en el Estado de São Paulo, Brasil, en contra de la reorganización y el cierre de escuelas en el Estado, la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala, México, en septiembre de 2014, y el alto nivel de violencia y represión del Estado contra la protesta social en Honduras. En su intervención, Custodio argumentó que la sociedad civil y el legislativo se movilicen por una reforma de las fuerzas policiales para que sepan cómo actuar respetando los derechos humanos en situación de movilización y protesta social. “Es necesaria una reforma de nuestro modelo de seguridad pública, recordando que la policía tiene la finalidad de proteger los derechos humanos y no atacarlos”, afirmó.
Asimismo, subrayó que la policía no actúa de manera aislada, y la sociedad civil en general legitima y defiende ese tipo de acción violencia, mientras que el Poder Judicial sigue siendo un poder conservador en la mayoría de los países. “Por ello, debemos movilizarnos para informar y sensibilizar a la población sobre el problema de la criminalización y la importancia de la protesta como elemento fundamental de la democracia y motor de las transformaciones sociales”.
A su vez, Brenda Fraga recordó que se completó un año de la desaparición forzada de 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en septiembre de este año, y que estos normalistas fueron víctimas de violencia por manifestarse y defender que la educación debe ser popular y para todas y todos. “Sus familias están amenazadas y se encuentran en una lucha constante todos los días. El seguimiento que las familias de los estudiantes le han dado al caso es más firme que lo que hacen las instituciones del país”, afirmó.
Asimismo, destacó que la sociedad civil en México sigue organizada para exigir una respuesta del Estado respecto al caso y que no sigan sucediendo casos de violencia y represión como este. Por otro lado, lamentó que los medios del país no le hayan dado visibilidad a este movimiento. “Debemos impulsar el diálogo entre el parlamento y la sociedad civil, y la articulación entre diferentes sectores de la sociedad para crear escenarios de confianza, en que no se permita que pasen estas situaciones de violencia y represión”.
En su intervención, Allison Rosales comentó la grave situación de violencia del Estado contra las y los estudiantes de secundaria movilizadas/os por el derecho a la educación en Honduras, rechazó la discriminación contra la juventud del país, especialmente por razones étnicas, geográficas, sociales, económicas y de género, y defendió que se reconozcan las culturas juveniles y sus formas de expresión, inclusive a través del arte. “Hace tres o cuatro meses, una niña apareció muerta por decir la verdad. Tengo miedo de decir la verdad. Somos valientes al luchar e inclusive por ir a estudiar en la condición de que a veces no hay asientos, pizarras, mobiliario, ni libros”, afirmó.
Estudiantes, parlamentarias/os y expertas/os dan alerta sobre los efectos negativos de las pruebas estandarizadas en la educación
En debate durante el II Encuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, plantearon los impactos nocivos de este tipo de prueba, como la segregación y la estigmatización de estudiantes y escuelas, y propusieron que se desarrollen formas de evaluación alternativas con miras a una educación transformadora
1º de diciembre de 2015
En el marco del II Enuentro de la Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, que se realizó del 30 de noviembre al 1º de diciembre en São Paulo, Brasil, iniciativa de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en alianza con la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación de Brasil, se discutieron los impactos de la aplicación de las pruebas estandarizadas en la realización del derecho humano a la educación.
Participaron de este debate: Oscar Palomino, representante de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, Sebastián Sabini, diputado nacional en Uruguay, y Gonzalo Oyarzún, investigador y vocero de la Campaña “Alto al SIMCE” de Chile, con Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, como moderadora.
En su intervención, Oyarzún compartió la experiencia del movimiento “Alto al SIMCE”, que nació a mediados de 2013 como una iniciativa de organizaciones de estudiantes, apoderadas/os, profesoras/es y académicas/os de distintas instituciones y ciudades de Chile, unidas/os en rechazo a los efectos de este sistema nacional de medición de la calidad de la educación, que consiste en una prueba aplicada en octubre a las y los estudiantes de segundo, cuarto y octavo básicos, así como del segundo medio del país.
El movimiento “Alto al SIMCE” considera que esta medición estandarizada no garantiza la mejoría de la calidad educativa, reproduce la segregación social y la presencia del mercado en la educación, y promueve la competencia entre los centros educativos y el agobio de las y los docentes. Propone también reemplazar la prueba por un sistema que se haga cargo de las realidades locales y confíe a las y los maestras/os este proceso de evaluación. “Otro efecto negativo del SIMCE ha sido la reducción del contenido curricular, pues se han substituido horas de disciplinas como historia y artes por clases de preparación para la prueba, que solo enfatiza la lectoescritura y matemática”, dijo. En esa ocasión, también se presentó un video con más informaciones sobre las demandas del movimiento y sus propuestas [míralo aquí].
Oscar Palomino, de la Federación de Estudiantes Secundarios de Ecuador, compartió desafíos de la lucha del movimiento estudiantil de ese país por una educación pública y gratuita, especialmente la represión del Estado, y mencionó que una de sus principales reivindicaciones es la extinción de los exámenes para ingreso a la universidad. “Hoy las personas que están en la universidad vienen de escuelas particulares o de las públicas que tienen más infraestructura. El Estado le da hoy a la educación un carácter mercantilista y solamente estudiantes que tienen más recursos pueden elegir su carrera y el lugar donde quieren estudiar. A los bachilleres que no entran a la universidad resta entrar en los tecnológicos para que sean mano de obra barata”, afirmó.
En su ponencia, el diputado Sebastián Sabini recordó la constante tensión entre la educación como derecho humano y la educación como mercancía, especialmente en la secundaria. “Estas pruebas estandarizadas no tienen el objetivo de mejorar la educación, sino evaluar la calidad de la educación según las exigencias del mercado”.
Según Sabini, este tipo de evaluación es limitada, pues mide un momento determinado y no los procesos individuales, comparando culturas locales que son muy diversas y generando la estigmatización de los centros educativos, docentes y estudiantes. Defendió que la educación debe ser holística, integral y promover la ciudadanía y la enseñanza del arte. “Hay que contextualizar estas pruebas estandarizadas y explicar su verdadera dimensión, además de buscar alternativas de evaluación”, concluyó.
