Promueven formación, orientación y asesoramiento a familias migrantes en Argentina
10 de octubre de 2018La red regional Espacio Sin Fronteras (ESF) tiene como misión incidir políticamente en las instancias de toma de decisión a nivel local, regional e internacional, proponiendo el desarrollo de políticas públicas para migrantes en base a los derechos humanos. Con este objetivo, realiza foros, actividades de formación, reuniones con autoridades, publicaciones e investigaciones, y el monitoreo de políticas públicas, desde actividades que se impulsan a nivel regional y en los diez países de América Latina y el Caribe (AL&C) donde el ESF tiene miembros.
Un ejemplo de ese trabajo, enfocado en la formación, orientación y asesoramiento a familias migrantes, es la Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones, que se impulsa en Mendoza, Argentina.
La Clínica Socio-Jurídica en Derechos Humanos y Migraciones surge el 2016 a partir de una alianza de la Asociación Ecuménica de Cuyo, miembro de la red Espacio sin Fronteras en Argentina, con Xumek – Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos- y la Universidad Nacional de Cuyo. Está integrada por equipos interdisciplinarios de estudiantes, docentes y graduados/as de las carreras de Trabajo Social, Abogacía y Sociología, y se ubica en Mendoza, Argentina.
La trayectoria de trabajo junto a la población migrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo le permitió conocer las difíciles condiciones en las cuales se desenvuelve la vida de estas personas, que suelen sufrir con: problemas de documentación; informalidad, precariedad y/o explotación laboral; actos de discriminación en centros de salud y escuelas públicas (atención diferenciada); y desvalorización de su cultura, entre otras cuestiones. Además, frente al avance de gobiernos neoliberales en la región y sus consecuentes impactos negativos sobre las condiciones de vida de la población, se ha observado un recrudecimiento del discurso xenófobo a nivel mediático y social, que intenta posicionar a la población extranjera como “chivos expiatorio” de la crisis que atraviesa Argentina. Así, la extranjeridad, principalmente de los países limítrofes, se conviertió en un nuevo “culpable” de una política económica excluyente, cuyos argumentos son defendidos y amplificados por los medios de comunicación hegemónicos.
En este marco, el Ejecutivo Nacional sancionó en el 2017 un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2017), que modificó aspectos sustanciales de la legislación migratoria argentina, significando un retroceso en materia de derechos y habilitando un peligroso discurso que asimila a la migración con la criminalidad. Este Decreto coloca a las y los migrantes en una situación de vulnerabilidad, siendo que estas personas no encuentran respuestas de las instituciones públicas frente a hechos de discriminación o vulneración de derechos que sufren por su condición migratoria.
Desde las Clínicas Socio-Jurídicas, entendemos que la migración es un derecho humano fundamental y, por tanto, los/as migrantes son sujetos de derecho inalienables, sin importar su condición migratoria. Si bien esto es reconocido por la actual Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, todavía existe una multiplicidad de prácticas y discursos discriminatorios y xenófobos que dan cuenta de la invisibilización y poca intervención estatal en cuanto a esta problemática. Es por esto que entendemos como una necesidad fundamental el abordaje de la temática migratoria en cuanto al reconocimiento y defensa de derechos de un sector constituido como una minoría vulnerable, ante procesos económicos, políticos y sociales que los ponen en desventaja con respecto al resto de la ciudadanía, afirma Valeria Chiavetta, coordinadora de la Clínica Socio-Jurídica.
Con la iniciativa se garantiza un espacio de escucha y asesoramiento gratuito a las personas migrantes, tanto en lo referido a la realización de trámites de radicación, como en el caso de vulneraciones de sus derechos en diversos ámbitos de la vida cotidiana. El trabajo en la Clínica tiene cinco grandes objetivos, a partir de los cuales se desarrollan diversas actividades: atención y acompañamiento a las personas migrantes; formación a estudiantes, graduadas/os y funcionarias/os públicas/os; sensibilización; incidencia pública y articulación con otros sectores y clínicas.
Desarrollar esta experiencia fue posible principalmente por el proceso de formación y acompañamiento que recibimos desde la Pastoral de Migraciones de Neuquén y de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), quiénes nos motivaron a iniciar esta experiencia en Mendoza con el apoyo del Comité Católico contra el Hambre y para el Desarrollo (CCFD) de Francia. Este proceso implicó encuentros y jornadas de formación, intercambio y debate en las provincias de Mendoza y Buenos Aires, cuenta Chiavetta.
A partir de este trabajo colaborativo, se formó una Red Nacional de Clínicas Socio-jurídicas en Derechos Humanos y Migraciones[1], que presta orientación y asesoramiento a familias migrantes ante posibles litigios estratégicos en el ámbito judicial. Para esta tarea, se articula con organismos públicos como la Dirección Nacional de Migraciones, el Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), el Ministerio Público, escuelas y hospitales, entre otros.
- Resultados positivos de la experiencia
– Incorporación de la temática migratoria desde la perspectiva de derechos humanos en la Universidad Nacional de Cuyo, a partir de la participación de estudiantes en proyectos de extensión universitaria y en el dictado de clases al respecto, en las cátedra de Derechos Humanos y Demografía.
– Efectiva atención y asesoramiento jurídico gratuito en los territorios donde vive la población migrante, particularmente en las ferias populares de economía social.
– Asesoramiento a la población migrante en los territorios en que trabaja: alrededor de 150 familias fueron acompañadas y asesoradas durante los años 2017 y 2018.
– Participación de líderes migrantes en el desarrollo de las actividades.
– Elaboración de materiales pedagógicos, de difusión y de articulación institucional.
– Creación de una Mesa de Diálogo Interinstitucional para la Promoción de Derechos de personas Migrantes, desde la articulación con diferentes organismos públicos, como la Dirección Nacional de Migraciones, Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia (INADI), Ministerio Público y Procuraduría de la Nación, entre otros.
– Afianzamiento de la Asociación Ecuménica de Cuyo como organización social referente en la temática migratoria.
– Generación de acciones de visibilización de la problemática migratoria y sensibilización de la comunidad mendocina.
– Formación de funcionarios/as y administrativos/as públicos/as mediante el dictado de capacitaciones en instituciones estatales.
– Actividades de promoción, difusión y conocimiento de la Ley de Migrantes entre comunidades migrantes e instituciones públicas.
- Desafíos
– Mejorar la difusión de las acciones de la iniciativa para alcanzar a los y las migrantes que hablan las lenguas aymara y quechua.
– Producir sistematizaciones de la experiencia que permitan compartir aprendizajes con otras organizaciones y producir conocimiento.
– En un contexto de crisis económica y retrocesos en materia de derechos humanos en Argentina y la región, fue un reto fortalecer redes y alianzas que permitieran a las organizaciones de la sociedad civil recrear y reinventar acciones de incidencia para posicionar la política migratoria en clave de derechos humanos.
– Lograr que en Mendoza se asuma la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos, pues están ausente en las agendas de gobiernos locales, mientras encuentran receptividad en el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y espacios formativos comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos, como fundamentos democráticos creadores de una sociedad más intercultural e igualitaria.
[1] Integrada por una clínica en la Capital Federal (conformada por CELS-CAREF y UBA), una en Neuquén (conformada por la Pastoral de Migraciones de Neuquén y la Universidad del Comahue) y otra en Jujuy (Andhes y la Universidad Nacional de Jujuy), además de la de Mendoza.
