Para la CLADE, garantizar el derecho humano a la educación implica asegurar sistemas educativos públicos, gratuitos, inclusivos y de calidad que promuevan la igualdad de género, respeten la diversidad sexual y eliminen todas las formas de discriminación. La educación debe constituirse en un espacio donde todas las personas —independientemente de su identidad de género y/o orientación sexual— puedan aprender, desarrollarse plenamente y participar en condiciones de igualdad.
En América Latina y el Caribe, si bien se han registrado avances importantes en la expansión de la escolarización, persisten profundas brechas vinculadas a las desigualdades sociales y de género.
Las niñas, adolescentes y personas con identidades de género diversas continúan enfrentando múltiples obstáculos para ejercer plenamente su derecho a la educación, entre ellos la violencia de género en las escuelas, el embarazo adolescente, los estereotipos de género en el currículo y la discriminación basada en la orientación sexual y/o identidad de género. Estas desigualdades deben comprenderse desde un enfoque de interseccionalidad, entendido como la interacción simultánea de múltiples sistemas de opresión —como género, raza, clase, discapacidad o territorio— que configuran experiencias diferenciadas de exclusión.
El derecho a la educación, según el marco internacional de derechos humanos, debe garantizarse conforme al enfoque de las 4A:
Para avanzar hacia sistemas educativos que promuevan la igualdad de género y respeten la diversidad sexual, es necesario fortalecer las políticas públicas y las estrategias de incidencia en torno al derecho humano a la educación.
En primer lugar, es fundamental garantizar la disponibilidad de sistemas educativos públicos con recursos suficientes, incluyendo infraestructuras seguras, materiales pedagógicos inclusivos y docentes formados/as/es en igualdad de género y diversidad.
En segundo lugar, se deben implementar políticas que aseguren la accesibilidad educativa sin discriminación, eliminando barreras que afectan particularmente a niñas, jóvenes y personas con identidades de género diversas.
En tercer lugar, es necesario fortalecer la aceptabilidad de los contenidos educativos, promoviendo currículos que cuestionen los estereotipos de género, reconozcan la diversidad sexual y fomenten relaciones igualitarias. La incorporación de pedagogías feministas y enfoques transformadores de género puede contribuir a generar procesos educativos más justos y democráticos.
En cuarto lugar, los sistemas educativos deben desarrollar la adaptabilidad necesaria para responder a sociedades diversas y en constante transformación, reconociendo la pluralidad de identidades, experiencias y contextos culturales presentes en América Latina y el Caribe.
La CLADE reafirma que la educación tiene un papel fundamental en la construcción de sociedades más justas, democráticas e igualitarias. Garantizar sistemas educativos que promuevan la igualdad de género y respeten la diversidad sexual es una condición indispensable para avanzar hacia la plena realización del derecho humano a la educación para todas las personas.
