En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, organizaciones feministas de América Latina y el Caribe compartieron un pronunciamiento colectivo que reafirma el papel de la Educación Popular Feminista (EPF) como herramienta clave para construir conciencia crítica, para fortalecer la organización social, la participación democrática y la defensa de los derechos humanos en la región, además disputa sentidos comunes, cuestiona jerarquías y promueve procesos de formación política desde las experiencias de los territorios.
El documento, impulsado por la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), organización que integra la directiva de la CLADE, destaca que la Educación Popular Feminista (EPF) fortalece la organización colectiva y amplía el acceso a la ciencia y la cultura desde los saberes de las mujeres. Las múltiples crisis que atraviesa la región, incluidas las desigualdades de género, la crisis climática y la precarización de la vida, afectan de manera desproporcionada a mujeres y niñas, especialmente a quienes enfrentan condiciones de pobreza, racismo y exclusión.
El pronunciamiento 8M|Educación Feminista para Defender la Vida, la Soberanía y los Derechos: Organizar, Resistir, Transformar también subraya que el acceso a la justicia continúa siendo una deuda pendiente para amplios sectores de mujeres en la región, debido a brechas institucionales, económicas, territoriales y culturales que perpetúan la impunidad frente a diversas violencias y al despojo de territorios.
Frente a este contexto y en la antesala de la próxima sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés), las organizaciones entre las cuales se suma la CLADE, llaman a fortalecer los marcos multilaterales de derechos humanos, garantizar sistemas de justicia con enfoque de género e interseccional y reconocer el papel fundamental de los movimientos de mujeres y feministas en la defensa de la democracia, los territorios y la sostenibilidad de la vida.
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8M | Educación Feminista para Defender la Vida, la Soberanía y los Derechos: Organizar, Resistir, Transformar
En el marco del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo) y de la próxima CSW70 de Naciones Unidas, las socias de la Red de Educación Popular entre Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM), presentes en XX países de la región, compartimos este pronunciamiento colectivo. Desde nuestros territorios reafirmamos el papel de la educación popular feminista, la participación de los movimientos de mujeres y la defensa del multilateralismo y del derecho internacional de los derechos humanos, y llamamos a fortalecer el acceso a la justicia, la democracia participativa y la protección de los territorios y de quienes defienden la vida.
Crisis múltiples, soberanía en disputa y ataques al multilateralismo
En América Latina y el Caribe, las múltiples crisis violencias, desigualdades estructurales, crisis climática y precarización de la vida recaen de manera desproporcionada sobre las mujeres y las niñas en toda su diversidad, en particular mujeres empobrecidas, indígenas, afrodescendientes, rurales, migrantes, mayores y de sectores populares. Como advierten CEPAL y ONU Mujeres, ellas concentran los mayores impactos de la pobreza, la inseguridad y la sobrecarga de los trabajos de cuidado.
Hoy asistimos además a una escalada de ataques contra la soberanía de los pueblos, el multilateralismo y el sistema internacional de derechos humanos y de defensa del planeta. Nuevos gobiernos y actores de poder cuestionan normas fundamentales del derecho internacional, debilitan mecanismos de protección, recortan financiamiento a instituciones y desacreditan órganos de protección, mientras promueven discursos que legitiman el patriarcado, el sexismo, el racismo y la exclusión. En este contexto de debilitamiento de las democracias y erosión del Estado de Derecho, los derechos conquistados y la sostenibilidad de la vida no están garantizados: están bajo amenaza.
Acceso a la justicia desde los territorios
El acceso a la justicia sigue siendo una promesa incumplida para amplios sectores de mujeres en la región. Las barreras institucionales, territoriales, económicas, lingüísticas y culturales, sumadas al racismo estructural y la violencia patriarcal, perpetúan la impunidad frente a las violencias, el despojo y la criminalización de defensoras. Desde los territorios, las mujeres sostienen prácticas comunitarias de acompañamiento, denuncia y exigibilidad de derechos humanos, profundamente vinculadas con la defensa de la Madre Tierra y de los bienes comunes que sostienen la vida.
Reafirmamos que los Estados tienen la obligación jurídica de garantizar el acceso efectivo a la justicia y proteger a quienes defienden los derechos humanos y los territorios. En este contexto, la CSW70 representa una oportunidad para reafirmar los compromisos internacionales con el acceso a la justicia para todas las mujeres y niñas y fortalecer los marcos multilaterales de derechos humanos. Sus conclusiones deben reflejar la urgencia de sistemas de justicia accesibles con enfoque de género e interseccional y reconocer el papel fundamental de los movimientos de mujeres y feministas.
Educación feminista y acción colectiva para la democracia y la justicia
La educación popular feminista, histórica apuesta de REPEM, es una herramienta central para la construcción de conciencia crítica, organización colectiva, acceso a la ciencia y la cultura y fortalecimiento del poder popular. Permite disputar sentidos comunes, cuestionar jerarquías y fortalecer procesos de formación política a partir de los saberes y experiencias de las mujeres. En tiempos de discursos de odio y avance del autoritarismo, la educación feminista es también una estrategia de defensa democrática y clave para avanzar hacia sociedades justas y sostenibles.
Crear una pedagogía de resistencia entre mujeres migrantes, desplazadas, deportadas o afectadas por el racismo ambiental forma parte de la reconstrucción de la memoria colectiva frente a la impunidad. No puede haber transformación de los sistemas económicos, climáticos ni alimentarios sin la participación plena, efectiva y vinculante de los movimientos de mujeres y feministas, junto con la construcción de paz y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
En este 8 de marzo, y de cara a la CSW70, convocamos a fortalecer la educación popular feminista como base de la acción colectiva regional frente al avance autoritario y los ataques a los derechos.
Exigimos a los Estados garantizar acceso real a la justicia para mujeres y niñas en toda su diversidad, cumplir sus obligaciones internacionales y respetar el principio de no regresividad, asignar recursos suficientes y asegurar mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Rechazamos que la iniciativa UN80 de Naciones Unidas debilite la igualdad de género en nombre de la “eficiencia”: el multilateralismo debe fortalecerse, no vaciarse. Demandamos el fortalecimiento político y financiero de ONU Mujeres, con participación vinculante de los movimientos feministas.
Defendemos democracias que redistribuyan el poder y pongan la vida en el centro, democracias participativas no solamente representativas que coloquen la economía al servicio de los pueblos, de la justicia social y del cuidado de la Naturaleza. Exigimos garantías para organizarnos, educar, cuidar y resistir: fin de la criminalización de defensoras, financiamiento feminista sostenido y protección efectiva de los territorios.
Finalmente, expresamos nuestra profunda preocupación por el aumento de las violencias machistas, agravadas por los escenarios bélicos y por la expansión del crimen organizado en varios países de América Latina, que amenazan la vida, la seguridad y la dignidad de mujeres, familias y comunidades.
