La educación es un derecho de todas las personas que los Estados deben garantizar a lo largo y a lo ancho de la vida. Por su naturaleza, este derecho humano es fundamental para vivir una vida digna, en tanto habilita el ejercicio de los demás derechos que, por principio, son interdependientes e indivisibles.
Las vías institucionales para garantizar el derecho a la educación incluyen el funcionamiento de sistemas públicos, inclusivos y gratuitos que abarquen la educación para la primera infancia, el nivel preescolar, primario, secundario, técnico y universitario, pero también sistemas de educación popular, educación abierta y no formal, así como programas de alfabetización que respondan a las necesidades de cada población.
Una educación basada en derechos tiene el potencial de promover la igualdad, atender la diversidad, revertir las exclusiones y fomentar la relevancia, la pertinencia y el pensamiento crítico como criterios de calidad. De esta manera se genera conocimiento significativo para la persona, la comunidad y su entorno, favoreciendo su integración social.
En el contexto de América Latina y el Caribe, hablar del derecho humano a la educación evoca inevitablemente la figura de Paulo Freire, influyente pensador, educador popular y activista brasileño que introdujo un enfoque crítico mediante tres pedagogías fundamentales: la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la autonomía y la pedagogía de la esperanza. Estas propuestas son profundamente emancipadoras y se contraponen a lo que Freire denominó “educación bancaria” , basada en la mera transmisión pasiva de conocimientos. Su propuesta buscaba desmantelar la opresión estructural que perpetúa las desigualdades en la región, convirtiendo la educación en un vehículo para la emancipación y la transformación social.
Freire sostenía que la educación no transforma el mundo directamente, sino a las personas que habrán de transformarlo, subrayando así la importancia de una pedagogía crítica que fomente la conciencia y la acción transformadora. En su visión, educar no se reduce a la instrucción académica: significa empoderar a las personas para que se constituyan en agentes de cambio, capaces de cuestionar y reestructurar las condiciones de opresión que enfrentan en sus sociedades.
