La CLADE realizó el evento “Entre cuadernos y armas: el Derecho Humano a la Educación en contextos de crimen organizado” co-organizado con el programa Educación en Voz Alta (EVA), para presentar el estudio aproximativo que vincula las relaciones entre crimen organizado y el Derecho Humano a la Educación, a fin de generar intercambios sobre la situación de alerta que se intensifica y complejiza en América Latina y el Caribe. Este espacio se pensó como un momento de socialización y reflexión alrededor de la investigación, con el propósito de visibilizar cómo las lógicas del crimen organizado influyen en las condiciones educativas en distintos contextos de la región.
El evento incluyó intervenciones de parte de la red y de EVA, además de un diálogo con participantes sobre los principales hallazgos del estudio y sus implicaciones para políticas educativas y derechos humanos. En este encuentro se enfatizó la importancia de fortalecer el conocimiento colectivo para avanzar en la garantía del derecho humano a la educación frente a las diversas dinámicas de violencia y control territorial que afectan a comunidades educativas.
De la vulnerabilidad a la potencia protectora de la educación
El Estudio aproximativo sobre las relaciones entre crimen organizado y Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe presenta un acercamiento analítico a las relaciones entre el crimen organizado y el derecho humano a la educación, con foco en identificar tendencias de análisis, hipótesis y reflexiones que se debaten en la región. La investigación de carácter aproximativo combina la revisión documental y las voces de actores clave de cuatro países, Bolivia, Colombia, Haití y Honduras, para ayudar a comprender cómo las dinámicas del crimen organizado afectan las condiciones educativas.
El informe parte del reconocimiento de que el fenómeno del crimen organizado impacta diversos aspectos de la seguridad humana y social en territorios donde las discriminaciones de género, edad, raciales y socioeconómicas configuran factores de exclusión y fragilidad institucional. Se exploran nociones fundamentales sobre qué es el crimen organizado, sus elementos estructurales como historicidad, fines, medios, control y formas de gobernanza, también propone un análisis conceptual que permita revisar los vínculos con la educación como derecho humano.
El diálogo con categorías clave del derecho humano a la educación se pregunta cómo registrar y valorar la producción de conocimiento empírico y teórico que realmente vincule las realidades de las violencias y los crímenes. Se plantea como desafío la identificación de factores de riesgo y protectores desde la educación que emergen tanto en investigaciones como en experiencias comunitarias o institucionales en contextos de alta presencia de crimen organizado.
Entre los hallazgos preliminares se identifican efectos que incluyen la interrupción de trayectorias educativas, condiciones de inseguridad que limitan la asistencia escolar y el aumento de vulnerabilidades estructurales en comunidades bajo control de grupos criminales. Así, el informe destaca la necesidad de profundizar las investigaciones que consideren cómo las distintas expresiones de violencia (directa, estructural y cultural) convergen con los sistemas educativos en diversas modalidades.
El estudio manifiesta con preocupación que no existe una producción sistémica y robusta de conocimiento que articule directamente la presencia del crimen organizado con la afectación del derecho humano a la educación, aunque sí existen enfoques y testimonios que permiten aproximarse a esa comprensión.
Promover prácticas adaptativas y estrategias protectoras en los ámbitos educativos con enfoque de derechos puede contener o mitigar los efectos adversos del crimen organizado, señala el estudio. Esto incluye el reconocimiento de factores de protección, como la vinculación de las y los estudiantes con la escuela y las familias; la identificación de barreras que impiden respuestas efectivas desde las políticas públicas o iniciativas comunitarias.
Se recomienda la propuesta de mantener una agenda de investigación, acción e incidencia que impulse el conocimiento sistemático y las respuestas institucionales y sociocomunitarias, orientadas a garantizar el derecho humano a la educación en contextos de desprotección y vulnerabilidades.
Categorías para comprender el fenómeno y sus impactos educativos
Ariadna Reyes, especialista investigadora y responsable del estudio explicó a través de su presentación que constituye “un primer esfuerzo de un estudio aproximado de las relaciones entre el crimen organizado y derecho humano en la educación”, colocando en el centro a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El trabajo combinó revisión académica desde el año 2000 con encuestas a la membresía de CLADE y entrevistas en profundidad con especialistas de Bolivia, Colombia, Honduras y Haití.
Uno de los hallazgos centrales socializados en el evento, es la ruptura aspiracional juvenil. Las juventudes, especialmente al cumplir la mayoría de edad, enfrentan mayor vulnerabilidad y pérdida de protección institucional. Expuso la especialista que, en el siglo XXI se produce “una especie de ruptura aspiracional que también es enganchada por los grupos criminales”, lo que afecta directamente al sentido de la educación.
Ariadna enfatizó que el crimen organizado es un fenómeno histórico que adopta nuevas formas en el siglo XXI. Actualmente, explicó, el control territorial no se limita a negocios ilícitos, sino que “también se hace sobre las personas y las comunidades”, generando precariedad generalizada e incluso efectos letales en comunidades educativas.
La investigadora señaló que la literatura sobre crimen organizado en sí mismo ha crecido, mientras que hay vacíos cuando se realiza la convergencia con el derecho humano de la educación. Como se ha señalado, el estudio identificó seis categorías clave para analizar la relación: historicidad, medios, control y gobernanza, fines, estructuración y procesos de significación.
A partir de estas categorías, el estudio formula la hipótesis de que el crimen organizado impacta las cuatro dimensiones del derecho humano a la educación, a saber, disponibilidad también entendido como asequibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad (Ver Glosario CLADE), mediante diversas formas de violencia. A su juicio el fenómeno produce suspensión de clases, interrupción de trayectorias educativas, desplazamiento, violencia sexual y pérdida de legitimidad escolar.
La investigadora también destacó que el poder es percibido fuera de la comunidad educativa, “las comunidades están sintiendo que el poder reside en los márgenes y en el afuera”. la sensación de des-empoderamiento puede profundizar la erosión del derecho a la educación en territorios afectados.
Resaltó que existen buenas prácticas en la región, como acompañamiento en transiciones educativas, ampliación de jornadas o fortalecimiento sociocomunitario, pero reconoció que “no tenemos movilización de conocimiento ni sistematización que haga el foco en el derecho humano de la educación” vigente y oportuno frente al crimen organizado.
“No podemos esperar que la educación resuelva los problemas que los políticos no quieren resolver”
Vernor Muñoz
Repensar el concepto de crimen y los límites de la educación
Por su parte, el ex-relator para educación de Naciones Unidas, Vernor Muñoz inició su intervención destacando la importancia de abrir nuevos debates conceptuales. Señaló que la violencia y la criminalidad no son equivalentes; que el crimen es una construcción sociojurídica, porque “la ley define el crimen y el contenido de la ley es una manifestación del poder público”, además obedece a una contextualización y lectura de mundo, las definiciones pueden variar en el tiempo, para responder a intereses y valores determinados.
El especialista recordó que no todo lo ilícito es delictivo y que existen prácticas ilícitas corporativas que no siempre son penalizadas. Con esta referencia, buscó evidenciar la complejidad y multicausalidad del campo cuando se habla de crimen organizado y evitar abordajes simplificados.
Vernor afirmó que “hablar de crimen organizado sin caracterizar el crimen es una forma un tanto limitada de abordar el problema”, pues la organización criminal se concentra principalmente en actividades que generan riqueza, por lo tanto, la mayoría de las promesas aspiracionales del crimen están vinculadas a la generación rápida de bienestar económico y lo que implica socioculturalmente.
En esa línea, sostuvo que muchos jóvenes buscan ascenso económico inmediato y que, en contextos de exclusión, algunos prefieren “la oferta de una vida corta con riqueza a una vida larga en la pobreza”. Dicha lógica, explicó, está asociada al mandato capitalista y complejiza cualquier respuesta educativa que se desarrolla en dichos contextos. Asimismo, advirtió que medidas como la presencia policial dentro de escuelas han sido poco útiles y pueden abrir espacios para ser escenarios de vulneración derechos.
Sobre la relación con la educación, fue enfático al señalar que “no podemos esperar que la educación resuelva los problemas que los políticos no quieren resolver”, si bien la educación puede contribuir a mantener culturas de paz, no tiene como fin explícito erradicar el crimen organizado, y por lo tanto le excede en su competencia. La educación puede construir cohesión social, pero su función preventiva no es automática y depende de contenidos, prácticas pedagógicas y compromisos coherentes de gobernanza.
Vernor propuso ampliar el debate mirando la agenda hacia tres temas prioritarios: educación de jóvenes en conflicto con la ley penal, derecho a la educación de personas privadas de libertad y la relación entre adicción y contextos educativos.
“La escuela no puede seguir siendo tratada como un espacio neutral”
Lisset Cardoso
La educación en contextos de crimen organizado como emergencia sostenida
La asesora regional para educación en emergencias de Plan Internacional, Lizeth Cardoso, afirmó que el estudio es “profundamente oportuno y necesario” porque confirma lo que equipos humanitarios y comunidades educativas ya viven en los territorios, pero que aún no ha sido plenamente reconocido como una crisis educativa regional. Subrayó que el crimen organizado no es solo violencia visible, sino un fenómeno con historicidad, estructura y control territorial, lo que implica que la escuela muchas veces no se encuentra únicamente en riesgo, sino “dentro de un territorio controlado donde el crimen define tanto las reglas como los límites, como los silencios, como los comportamientos”. En ese contexto, la interrupción educativa no ocurre únicamente cuando la escuela cierra, sino también “en silencio, a través del miedo, las rutas inseguras, las fronteras invisibles y la autocensura familiar”, generando ausentismo progresivo y abandono acumulativo.
Las afectaciones son diferenciadas y atravesadas por género: las niñas enfrentan mayor riesgo de violencia sexual y coerción, mientras que los niños y adolescentes varones están más expuestos al reclutamiento y vinculación a economías ilegales. En general, las respuestas estatales tienden a enfoques securitistas que no necesariamente reducen la violencia al mismo tiempo que las políticas no se implementan adecuadamente en los territorios más fragmentados. Frente a ello, sostuvo que “la escuela no puede seguir siendo tratada como un espacio neutral” y que se requieren respuestas integrales y territoriales; incorporar la violencia criminal como riesgo educativo estructural; activar mesas intersectoriales y fortalecer rutas escolares seguras. Concluyó Lizeth que cuando una familia decide no enviar a su hijo o hija a la escuela por miedo, “no estamos ante un problema educativo, estamos ante una violación estructural del derecho humano a la educación”.
Fortalecer institucionalidad y capacidades comunitarias
Desde la experiencia colombiana Programa Somos Comunidad, Lucas Uribe felicitó la investigación y destacó su pertinencia en el contexto regional actual. Señaló que el estudio es “súper importante para este momento histórico que estamos viviendo”, reconociendo la necesidad de abordar el fenómeno con profundidad. Desde su experiencia en procesos de desarme y fortalecimiento comunitario, subrayó la importancia de fortalecer institucionalmente los espacios educativos y comunitarios frente a los retos planteados en contextos que parecen dominados por el crimen organizado.
Articulación regional para la educación y crimen en la agenda pública
Vivian Carolina Orellana, coordinadora regional para América Latina y el Caribe del programa Educación en Voz Alta (EVA) en su intervención durante el evento destacó la importancia del estudio como un esfuerzo conjunto para visibilizar una problemática que impacta a la región. Señaló que se trata de “un esfuerzo conjunto en la región para poder posicionar la temática tan importante de este estudio que sabemos que nos afecta como región”, subrayando la necesidad de analizar la situación de manera articulada desde organizaciones de la sociedad civil, comunidades y espacios de incidencia tanto a nivel local como nacional e internacional.
La especialista también agradeció a las experiencias que participaron en el proceso de investigación, aportando miradas desde sus contextos nacionales para enriquecer el análisis. El estudio representa una oportunidad para fortalecer el trabajo regional en defensa del derecho humano a la educación, reconociendo la necesidad de abordar conjuntamente los desafíos que plantea el crimen organizado en los sistemas educativos.
Agenda sobre educación y crimen organizado
Nelsy Lizarazo, coordinadora regional de la CLADE destacó que el estudio es aproximativo y se plantea en la red como el inicio de un camino que se debe profundizar cada vez más. Señaló que no siempre las investigaciones vinculan directamente la presencia del crimen organizado con el derecho humano a la educación, pese a que sus efectos ya se están produciendo en la región.
Nelsy advirtió que el fenómeno del crimen organizado constituye “otro actor en el escenario y pone en riesgo la garantía del derecho a la educación”. Por ello, expresó el deseo colectivo de que este trabajo sea el primer paso en una agenda regional sostenida que permita analizar y enfrentar esta amenaza desde un enfoque de derechos humanos.
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