Como resultado del encuentro “La educación no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe”, realizado este martes (24) y que reunión autoridades, estudiantes y representantes de organizaciones – entre ellas la CLADE – este llamado a la acción convoca a los Estados a la acción para que el derecho humano a la educación sea garantizado en América Latina y el Caribe.
La educación para todas y todos no puede esperar: Condiciones habilitantes e inversión para un mejor futuro en América Latina y el Caribe
Todas y todos -niñas, niños, jóvenes y adultos- tenemos derecho a la educación. En los espacios educativos desarrollamos competencias fundamentales, tanto cognitivas como socioemocionales, que nos preparan para la vida y el trabajo y para ser ciudadanos en nuestras comunidades y en el mundo.
Cuando las personas tienen acceso a una educación inclusiva, equitativa y de calidad, toda la sociedad se beneficia. La educación promueve los derechos humanos, la paz, la justicia social y climática, contribuye al empleo digno, al desarrollo sostenible y a una mayor productividad. Además, la educación viabiliza la construcción de sociedades inclusivas, democráticas y equitativas que respetan la diversidad cultural y promueven la igualdad de género. En este sentido, los avances hacia el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) posibilitan y aceleran el progreso en toda la Agenda 2030.
Sobre esta base, el financiamiento de la educación es consustancial al financiamiento para el desarrollo y las inversiones que hoy no se realicen tienen un costo de oportunidad difícil de subsanar. Por esto, el financiamiento de la educación tiene un lugar fundamental en los compromisos globales para el desarrollo. El Marco de Acción para la Educación 2030 reconoció que el logro del ODS 4 requiere un incremento de la inversión educativa. Asimismo, la Cumbre sobre la Transformación de la Educación (TES por sus siglas en inglés) instó a los países a invertir más y de manera más equitativa y eficiente en la educación.
Reconociendo que la educación es un derecho habilitador para el futuro sostenible de la sociedad y del planeta, y que hoy el 75% de estudiantes en la región no logran las competencias básicas en matemáticas y el 50% en lectura, los países de América Latina y el Caribe tenemos el desafío urgente de profundizar esfuerzos para ampliar el espacio fiscal y liberar más recursos para la educación pública.
La financiación de la educación es una inversión inteligente para salir de la trampa de desarrollo de bajo crecimiento, alta desigualdad y baja capacidad institucional y de gobernanza en la que se encuentra nuestra región. Avanzar hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad es una decisión política que se relaciona con el modelo de desarrollo que queremos. La sostenibilidad financiera de la educación es necesaria para implementar políticas estables en el mediano y largo plazo, que se enfoquen en los mecanismos de distribución para compensar desigualdades de origen de los estudiantes y garantizar el derecho a la educación para todas y todos. No obstante, hoy, en promedio, los países de la OCDE invierten por estudiante cerca de cinco veces más que el promedio de América Latina y el Caribe.
Frente a estos desafíos, en el marco del 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y luego de la celebración de la Cumbre del Futuro, el Gobierno de la República Dominicana, con el apoyo del Ministerio de Educación de Chile, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Fundación Varkey, instamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe, a la cooperación internacional, a la sociedad civil y al sector privado a asegurar las condiciones habilitantes y el financiamiento adecuado y sostenible en la educación, con equidad y eficiencia.
La educación para todas y todos no puede esperar en América Latina y el Caribe. Por eso, reiteramos nuestro compromiso en alcanzar las metas del ODS 4 para 2030 y avanzar con los compromisos de la TES en la región, para lo cual es necesario:
- Aumentar la inversión pública en la educación, priorizando la asignación de recursos en áreas donde la evidencia muestra mayores retornos y para estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad.
- Potenciar las estrategias de financiamiento sostenible para la educación, aumentando la movilización de recursos para la educación a través de instrumentos como las políticas fiscales progresivas. Además, complementar estos esfuerzos con medidas innovadoras como el fondo multiplicador del Global Partnership for Education (GPE), los canjes de deuda, el financiamiento mixto, entre otras.
- Incrementar la proporción de Ayuda Oficial al Desarrollo destinada a la educación, fomentando inversiones a largo plazo en los sistemas de educación pública.
- Fortalecer los sistemas de gestión e información que permitan planificar las inversiones y monitorear el impacto de la financiación en la educación, asegurando que sea suficiente, equitativa, eficaz, eficiente y transparente.
Sobre el encuentro: la educación no puede esperar
Convocado por el Gobierno de República Dominicana, con el apoyo de la CLADE, UNICEF, UNESCO, CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Educación de Chile, el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la Fundación Varkey, el evento fue realizado este martes, 24 de septiembre, con el objetivo convocar a las altas autoridades de la región para consolidar y movilizar una posición común para la garantía de las condiciones habilitantes y estrategias de financiamiento que permitan una transformación sostenible de la educación pública, el logro de las metas educativas de la Agenda 2030, y con ello el avance hacia la garantía del derecho humano a la educación para todas y todos.
“El derecho humano a la educación, como todos los derechos, es fundamentalmente, una cuestión de Estado. Son los Estados los llamados a garantizarlo. De ahí la centralidad de contar con sistemas públicos de educación robustos, accesibles, adaptables y aceptables. Sistemas habilitados para responder a las necesidades educativas y de aprendizaje de todos y todas, a lo largo de toda la vida”, dijo Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), en su presentación durante el evento.
