Sistematizamos los principales debates del encuentro en esta página multimedios especial
El 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe tuvo lugar del 15 al 17 de octubre en San Salvador, El Salvador, y discutió entre otros temas: las políticas y marcos normativos referentes al financiamiento de la educación, la educación y el cuidado en la primera infancia, la participación social y la problemática de la creciente criminalización contra las comunidades educativas de la región.
Realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) y la Red Salvadoreña por el Derecho a la Educación (RESALDE), el encuentro contó con la participación de parlamentarias, parlamentarios, autoridades y activistas de 16 países: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, India y Dinamarca. También participaron del encuentro representantes de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC-SICA), del Parlamento Centroamericano (Parlacen), del Parlamento Latinoamericano (Parlatino) y ex-relatores de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación.
“El derecho humano a la educación debe desarrollarse a partir de acciones afirmativas que protejan derechos específicos de los pueblos históricamente discriminados, para que así se puedan romper las asimetrías y nivelar desigualdades históricas. Se necesita una educación que nos posibilite ‘desaprender’ el odio y la desigualdad. La educación debe ser liberadora, emancipadora, de manera que pueda contribuir para resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos”
Vernor Muñoz, ex relator de la ONU sobre el Derecho a la Educación. (mira aquí su ponencia completa)El encuentro se inauguró con un evento público, que tuvo la participación de Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE; Kishore Singh, ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y Vernor Muñoz, también ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y actual director de Políticas e Incidencia de la Campaña Mundial por la Educación (CME).
Los especialistas analizaron temas como: la privatización de la educación pública, la criminalización contra estudiantes y trabajadoras/es de la educación y la importancia de garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva emancipadora y de derechos humanos.
Privatización de la educación – Según Kishore Singh, hay que garantizar el acceso y calidad de la educación para todas y todos. “En muchos países, la educación se está convirtiendo en un negocio, con una fuerte tendencia a la privatización, cuyas consecuencias son la segregación y la marginación social”, afirmó.
Persecución de comunidades educativas – La coordinadora general de la CLADE apuntó como un obstáculo la represión y censura contra movimientos sociales, docentes, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de la educación en la región.
“Políticas y marcos legales, como la ley Aula Segura en Chile, presentan una perspectiva de criminalización de la protesta, y ponen a los estudiantes como peligrosos o criminales en potencia”, afirmó Camilla Croso.
Educación emancipadora – Para Vernor Muñoz, el derecho humano a la educación debe asegurarse desde acciones afirmativas que protejan los derechos de los pueblos históricamente discriminados, rompiendo asimetrías y nivelando desigualdades históricas. Para el ex relator, la educación debe servir para liberar y resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos.
Camilla Croso, a su vez, defendió el concepto de una educación emancipadora que responda a los marcos de derechos humanos: una educación que conlleve al pleno potencial de las personas, al trabajo digno, al fortalecimiento de las democracias, a ciudadanías activas. “Defendemos un enfoque humanista de la educación, que forme para la solidaridad, para aprender a ponerse en el lugar del otro, para el pensamiento crítico”.
"El sentido de la educación debe responder a los marcos de derechos humanos, una educación que conlleve al pleno potencial de las personas, al trabajo digno, al fortalecimiento de las democracias, a ciudadanías activas. Defendemos un enfoque humanista de la educación, que forme para la solidaridad, para aprender a ponerse en el lugar del otro, para el pensamiento crítico”
Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE
La Red Mixta de Parlamentarios/as y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe es una instancia suprapartidaria de debates legislativos y de fortalecimiento de las articulaciones entre parlamentarios/as y sociedad civil en ámbito nacional y regional en la defensa de la educación pública, gratuita, laica y para todos y todas como derecho humano fundamental.
Su propósito es impulsar la implementación de marcos legales que sean promotores del derecho humano a la educación y asegurar el derecho a la participación de la sociedad civil, y en especial de los sujetos de la comunidad educativa, en los marcos normativos, así como en el debate legislativo y presupuestario.
El rol de los parlamentos y del ejercicio del multilateralismo desde la acción parlamentar fue destacado, subrayando la importancia tanto de la acción parlamentar a nivel de cada país, como también la importancia de parlamentos subregionales y regionales, y del intercambio y alianzas entre parlamentos de distintas regiones del mundo.
Los parlamentos tienen un rol fundamental en la elaboración de leyes, presupuestos y en acompañar y exigir la rendición de cuentas por los Estados. Se destacó el rol de los parlamentos en establecer normas que se conviertan en políticas públicas adecuadas, y en garantizar recursos para los derechos humanos en el presupuesto general del Estado.
Las parlamentarias y los parlamentarios deben formular los marcos legales en diálogo con otros actores y organizaciones, movimientos sociales, no solo a través de consultas, sino también involucrando a estas personas en todo el proceso de toma de decisiones.
Los parlamentos también tienen el rol de validar, fiscalizar y darle seguimiento a cómo son aplicados los presupuestos educativos, incluyendo a la sociedad civil en este monitoreo y revisión permanentes de los compromisos financieros de los Estados con la realización de derechos.
Se destacó la importancia de los espacios regionales y sub-regionales de parlamentarias y parlamentarios, como Parlacen, Parlasur, Parlandino y Parlatino, para dialogar y trabajar en temáticas comunes e intercambiar experiencias, desafíos y aprendizajes.
Durante el encuentro, se señaló que la educación debe atender la diversidad social, geográfica, cultural, sexual, de géneros, entre otras, garantizando un enfoque emancipador, de igualdad de género y respeto a la diferencia en los procesos educativos, que a la vez garantice la inclusión digital desde una perspectiva humanística.
Las evaluaciones educativas deben tener una perspectiva integral, con parámetros, valores y sentidos que de hecho puedan dirigir la mejora de los sistemas educativos (mirada que va más allá de las pruebas estandarizadas aplicadas en larga escala). En ese sentido, se recomendó trabajar por otro paradigma de evaluación y calidad educativa, que analice todo el sistema educativo y sea formativo, contando con la participación de los sujetos de las comunidades educativas en la formulación y aplicación de las evaluaciones.
Se defendió un enfoque humanista de la educación, que forme para la solidaridad, para aprender a ponerse en el lugar del otro, para el pensamiento crítico. A la vez, se destacó que la educación debe desarrollarse a partir de acciones afirmativas que protejan derechos específicos de los pueblos históricamente discriminados, para que así se puedan romper las asimetrías y nivelar desigualdades históricas.
También se destacó la necesidad de una educación transformadora y que nos posibilite ‘desaprender’ el odio y la desigualdad. La educación debe ser liberadora, emancipadora, y debe contribuir para resolver los problemas de fondo de nuestros pueblos, articulando la perspectiva de derechos humanos a la perspectiva de derechos de la naturaleza.
“El multilateralismo incluye la capacidad de las agendas multilaterales y de derechos humanos de limitar, disciplinar, o contener las acciones y abusos de los poderosos, con miras a transformar el sistema internacional actual. Resulta claro que la restricción de espacios de la sociedad civil, que se visualiza en todo el mundo, y las amenazas al multilateralismo tienen mucho en común y vienen del mismo lado. Allí hay un desafío enorme para las Naciones Unidas y para la propia democracia y la efectiva vigencia de los derechos humanos. Los logros de la ONU se miden por su capacidad de generar marcos legales, éticos, jurídicos para las relaciones entre los países para disciplinar a los poderosos”
Roberto Bissio, de Social Watch. (lee aquí su ponencia completa)Kishore Singh, indiano y ex relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación, fue uno de los participantes del encuentro de la Red Mixta. Durante su actuación en Naciones Unidas, Singh publicó diversos documentos en los que se subrayan los riesgos que la privatización de y en la educación implican para la garantía de este derecho humano.
En el informe que presentó ante la 68ª Asamblea General de la ONU en el 2014, Singh destaca que, en los años ochenta y noventa, las instituciones financieras internacionales obligaron los países en desarrollo a que llevaran a cabo recortes significativos en sus gastos en la educación pública, como parte de ajustes estructurales a sus servicios públicos. En consecuencia, se observó el crecimiento explosivo de la educación privatizada que aprovecha las limitaciones de las capacidades de los gobiernos para hacer frente a las crecientes demandas de la educación pública.
“La privatización está invadiendo todos los niveles de la educación, y el fenómeno de la educación como empresa atractiva está adquiriendo proporciones alarmantes, con escaso control de las autoridades públicas”, afirmó. Indicó, además, que los proveedores privados consideran especialmente lucrativo proporcionar atención y educación a la primera infancia, terreno escasamente abarcado por el sistema de educación pública.
Kishore Singh señala que la privatización está impregnando casi todos los aspectos de la enseñanza, desde el aparato administrativo hasta la formulación de políticas y actividades extracurriculares, como las clases particulares, lo que actúa en contra de la universalidad del derecho a la educación y de los demás derechos humanos, al aumentar la marginación y exclusión en la esfera de la enseñanza y profundizar las desigualdades. “La educación no es un privilegio de los ricos; es un derecho de cada niño y niña”, afirma el ex relator.
Presentación de Kishore Singh en el Panel “Financiamiento del DHE: contextos internacional y regional”
Durante el encuentro se destacó la interferencia negativa de Instituciones Financieras, como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en las políticas educativas de los países en desarrollo, como condición para la concesión de préstamos y apoyo.
El debate sobre la calidad educativa se ve liderado por instituciones financieras, que influencian la concepción de calidad educativa desde perspectivas reduccionistas y economicistas que condicionan el financiamiento a dicha visión.
Rasgos del modelo neoliberal en la educación que se repiten en los países: el endeudamiento estudiantil y de los países; escuelas privadas concesionadas y subsidiadas, que generan segregación y lucro para la iniciativa privada en detrimento de los sistemas educativos públicos; visión empresarial de lo público; la búsqueda por reducir el déficit público desde reformas fiscales, medidas de ajuste fiscal, cortes del gasto público y austeridad; sistema elitista y formación para el mercado; definición de estándares mensurables de calidad bajo el discurso de que se persigue la excelencia educativa.
Los impactos son: exclusión de determinados grupos sociales de las escuelas; el impulso a la demanda por escuelas privadas; estándares de calidad que conllevan a la necesidad de contratar servicios educativos de empresas privadas; la financiación de la educación y de obras de infraestructura escolar favoreciendo la iniciativa privada, lo que incluye la implementación de tecnologías de información y comunicación en las escuelas, no necesariamente contribuyendo con la mejora de la calidad educativa.
Ponencia:
>> Privatización y lucro en los marcos normativos de educación – William Thelusmond (REPT Haití)
Se identifican como tendencias: el recorte de gastos públicos en la educación pública, presupuestos educativos insuficientes y los encargos que todavía recaen sobre las familias para financiar la educación de sus hijas e hijos. También se observa el creciente recorte de gastos públicos en las universidades públicas y en ciencia y tecnología.
Se subrayó la desigualdad en el financiamiento de la educación entre los países con más y menos ingresos y la reducción de la cooperación y la ayuda al desarrollo. Mientras se ampliaron los compromisos internacionales con la educación, se redujeron recursos financieros públicos para el sector público educativo, conllevando a la privatización y mercantilización de la educación, incluyendo el aumento de alianzas público-privadas.
Se necesitan estrategias y políticas para mejorar el financiamiento de la educación pública, considerando cuatro dimensiones clave: el monto absoluto de recursos dedicados a la educación; el porcentaje frente al PIB (que debe responder a los compromisos internacionales y los ya establecidos en ley); la calidad y equidad de los gastos; y el control ciudadano sobre los recursos públicos.
Para eso, se necesitan leyes, movilización de recursos adecuados, justicia tributaria, revisión de las prioridades presupuestarias, la superación de distintas modalidades de corrupción, mayor y mejor cooperación internacional y presupuestos de los Estados a favor de la garantía de la educación como un derecho humano fundamental.
Ponencias:
La garantía del derecho a la educación pública y gratuita en América Latina y el Caribe tiene como uno de los retos más importantes frenar la privatización de la educación que, con la llegada o fortalecimiento de gobiernos con características neoliberales, ha avanzado en la región.
Compartimos algunas informaciones que se destacan del escenario del financiamiento educativo y del lucro en la educación en cuatro países de la región: Argentina, Chile, Colombia y Honduras. Lee el artículo completo aquí.
Aunque las Leyes Generales de Educación en América Latina y el Caribe (ALC) reconocen a la educación como un derecho humano y la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI) es igualmente reconocida como un derecho, hay pocas legislaciones de financiamiento de la educación que incluyen a la AEPI con claridad. Por ello, los presupuestos AEPI son más vulnerables y menos priorizados. Este vacío a menudo se llena con programas comunitarios y/o por el sector privado con fines de lucro, lo que incrementa la estratificación y las desigualdades en el acceso a la educación de calidad, basadas en las condiciones económicas.
Dado que la gratuidad de la AEPI está vinculada, con algunas excepciones, a la educación obligatoria, el acceso de las niñas y los niños desde el nacimiento hasta los 3 años todavía depende en gran medida del nivel económico de las familias que pueden pagarlo.
La disponibilidad de instalaciones adecuadas y de calidad sigue siendo un desafío, especialmente para el grupo de edad desde el nacimiento hasta los 3 años. Faltan normas para las condiciones de seguridad y los requisitos de construcción, así como sistemas de supervisión e inspección, en particular para los centros administrados por el sector privado.
Es necesario fortalecer los sistemas públicos universales de AEPI, superando desigualdades y discriminaciones. Esto implica: asegurar que la AEPI esté disponible, sea accesible, aceptable y adaptable para todos los niños y niñas desde el nacimiento hasta los 8 años, independientemente de las condiciones socioeconómicas; asegurar la provisión gratuita de la AEPI por parte del Estado, respaldada por una financiación sólida y con recursos; fortalecer los sistemas de información y recopilación de datos sobre la AEPI; garantizar el acceso a la justicia, así como la protección y el recurso ante la violación de los derechos.
Ponencia:
>> Aporte para el diálogo sobre el contexto de la primera infancia en El Salvador – EDUCO El Salvador
Se identificaron y compartieron como desafíos en esta temática:
– La tendencia al cierre del diálogo entre los Estados y los sujetos de la comunidad educativa en diversos países.
– La creciente criminalización de los sujetos de las comunidades educativas en contextos de protestas sociales, con situaciones de represión policial, persecución política, uso de armas letales, allanamientos, detenciones arbitrarias, judicialización, entre otras prácticas.
– Los instrumentos legislativos (leyes, decretos, protocolos y reformas a la normativa con la creación de nuevas figuras penales) que legitiman la criminalización y represión contra la protesta.
– La libertad de cátedra y autonomía de las universidades públicas está bajo ataque en Brasil, Argentina, Costa Rica, entre otros países de la región. En Brasil, hoy la presidencia interviene en las elecciones de rectores, mientras que los medios hegemónicos estigmatizan las universidades.
Se necesita mayor articulación entre diferentes sectores y una lucha más fuerte desde la sociedad civil para contrarrestar la criminalización y represión de la protesta, así como el autoritarismo represivo que es ascendente en diversos países de la región.
Se destacó también que es necesario llevar adelante una educación que vaya más allá de la escolaridad, que supere el adultocentrismo, involucre a las y los estudiantes y jóvenes en los debates sobre las políticas públicas, e impulse el pensamiento crítico, la reflexión política, la participación de la sociedad civil, el debate político y el libre diálogo.
Ponencias:
El Derecho a la Educación y el Cuidado en la Primera Infancia – Perspectivas desde América Latina – Laura Giannecchin (CLADE)
Ponencias:
>> La creciente criminalización de las y los estudiantes en América Latina y el Caribe – Jazmin Elena (RESALDE – El Salvador)
Al final del encuentro, fueron definidos los siguientes puntos y prioridades comunes:
Como parlamentarios y parlamentarias, nos convoca nuestra ineludible responsabilidad en asegurar el respeto, protección y realización del derecho humano a la educación en los países de la Región, desde nuestro accionar legislativo y reconociendo el Estado como garante de los derechos. Afirmamos la intersectorialidad, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos, siendo el derecho humano a la educación un derecho en sí mismo y la base para asegurar el ejercicio y disfrute de los demás derechos, así como condición necesaria para la consolidación de las democracias y sociedades igualitarias.
Descargue aquí la declaración final del encuentro[advanced_iframe src=”https://www.youtube.com/embed/A-uQNlUh2dE” width=”100%” height=”600″]
La CLADE participó en la última Reunión Extraordinaria de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), que tuvo lugar en Lima, Perú, representada en esta oportunidad por Madeleine Zúñiga, coordinadora de la Campaña Peruana por el Derecho a la Educación.
En el primer día de la reunión (7 de noviembre), Madeleine Zúñiga, al lado de Jorge Rivera, asesor técnico de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC/SICA), presentó a las parlamentarias y los parlamentarios la propuesta de “Protocolo Parlamentario para el Análisis de las Proformas Presupuestarias del Sector Educación”.
La propuesta, enfocada en ofrecer lineamientos para la elaboración y el análisis de los presupuestos de educación, resulta de un convenio de cooperación entre la CLADE y el CECC/SICA. El protocolo fue muy valorado por las parlamentarias y parlamentarios presentes en la reunión del Parlatino.
En su intervención durante el encuentro, Madeleine Zúñiga y Jorge Rivera mencionaron la Declaración de Hanói, sobre el rol importante que juegan los parlamentos en la realización de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible de número 4 (ODS 4), referido a la educación. También presentaron la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe y compartieron una síntesis de los principales diálogos que tuvieron lugar en el marco del III Encuentro de la Red Mixta.
