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¿Cómo avanza la privatización de la educación en América Latina y el Caribe?
20 de octubre de 2019
Compartimos informaciones sobre el escenario del financiamiento educativo y del lucro en la educación en cuatro países de la región: Argentina, Chile, Colombia y Honduras
La garantía del derecho a la educación pública y gratuita en América Latina y el Caribe tiene como uno de los retos más importantes frenar a la privatización de la educación que, con la llegada o fortalecimiento de gobiernos con características neoliberales, ha avanzado en la región.
Se verifica en muchos países que el crecimiento de la privatización y del lucro en la educación vienen de la mano con recortes del gasto público en los sistemas educativos públicos y gratuitos, lo que precariza la educación pública y fortalece el discurso de que ella se encuentra en crisis, mientras las instituciones de enseñanza privada serían la mejor opción en calidad y resultados.
En el marco del 3º Encuentro Regional de la Red Mixta de Parlamentarias/os y Sociedad Civil por el Derecho a la Educación en América Latina y el Caribe, realizado del 15 al 17 de octubre de 2019 en San Salvador, El Salvador, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) impulsó un debate entre activistas y autoridades de diferentes países, sobre la problemática del lucro en la educación, sus impactos y cómo los marcos legislativos pueden fortalecer los sistemas educativos públicos, y a la vez establecer la reglamentación y garantizar el control social de la educación privada.
En aquél contexto, compartimos algunas informaciones sobre el escenario del financiamiento educativo y del lucro en la educación que era observado para cuatro países de la región: Argentina, Chile, Colombia y Honduras. Lee a continuación.
Argentina: Disminución real del 77% en inversiones en infraestructura y aparatos escolares
El gobierno de Mauricio Macri, actual presidente del país, fue responsable por el recorte de más de 55% en el presupuesto en ciencia y tecnología en Argentina. Además del recorte en el presupuesto, el préstamo de 50 mil millones de dólares hecho por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno argentino proyectó para el 2019 un ajuste de gastos públicos en programas de educación inicial y de enseñanza básica y secundaria, llevando a una disminución real de inversiones en infraestructura y aparatos escolares de 77%.
En ese contexto de ajuste económico, el gobierno macrista pasó a gastar más con el pago de la deuda pública que con la educación. Para cada peso invertido en la educación en el 2017, se gastó 1,55 peso con los acreedores del Estado, lo que significó un recorte de recursos para programas socioeducativos, infraestructura escolar, actividades culturales e informatización de centros educativos.
Del 2016 al 2017, los fondos públicos asignados a la área como parte del presupuesto nacional representaron una pérdida de participación del 13%, lo que implicó una desvalorización del sueldo de las y los docentes en 16% abajo de la inflación el 2017.
Solo en la provincia de Buenos Aires, hay más de 850 escuelas que no están funcionando por el mal estado de los edificios, debido a un financiamiento público insuficiente. La situación de las universidades del país no es mejor, y se realizan manifestaciones de estudiantes y docentes a nivel nacional, para demandar más inversiones públicas en la educación superior pública y gratuita.
Chile: proyecto busca reforzar la competitividad entre centros educativos
Desde marzo del año pasado, trabajadoras y trabajadores de educación del país han cuestionado el Ministerio de Educación por la falta de participación de las comunidades educativas en la definición de los rumbos de la política educativa, y por el uso de dinero público con fines propagandísticos. Según las trabajadoras y trabajadores, la ministra Marcela Cubillos utilizó estos recursos para realizar una gira por el país, con el objetivo de dar a conocer el proyecto “Admisión Justa”, proyecto que visa a incorporar la selección de estudiantes por mérito en los llamados “liceos de excelencia”, además de defender “la libertad de elegir escuelas”, enarbolando las familias a reforzar la competitividad entre centros educativos..
Las trabajadoras y trabajadores también se oponen a la gestión de la educación para la primera infancia en el país, la cual promueve iniciativas de alianza público-privada, con vouchers para la elección de escuelas privadas de primera infancia por las familias. Según ellos, el cambio en el artículo 203 del Código del Trabajo crearía un fondo financiado por el empleador o la empleadora para pagar por sala cuna universal de baja calidad a hijas e hijos menores de 2 años de madres trabajadoras. Además, dicen que este cambio implicaría en la disminución de fondos del Seguro de Cesantía, que se garantiza a las madres.
Respecto a la educación superior, las trabajadoras y trabajadores denuncian el retraso en la implementación de la Subsecretaría de Educación Superior, que se haría cargo de resguardar los derechos y obligaciones de las instituciones educativas y estudiantes de terciaria. Asimismo, critican el cambio de los requisitos en la gratuidad educativa, que ha generado la pérdida retroactiva de este derecho para alrededor de 28 mil estudiantes.
Colombia: Plan Nacional de Desarrollo favorece a la privatización de la educación y la pérdida de autonomía de cátedra
Activistas, integrantes de la comunidad educativa y representantes de pueblos indígenas afirman que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) no se tiene en cuenta el acuerdo firmado entre el gobierno y las organizaciones del sector educativo, y tampoco se definen metas e indicadores para cumplir con el mejoramiento de la educación del país, a la vez que se favorecen la privatización de la educación y la pérdida de autonomía de cátedra.
Otra problemática es la falta de acceso y cobertura a la educación de calidad en contextos rurales. Solo el 48,5% de los bachilleres colombianos consigue entrar en la universidad, y la deserción universitaria es superior al 45%. Esto significa que aproximadamente la mitad de los que acceden a la universidad no continúa. Solo alrededor del 24,2% de los bachilleres alcanza integrarse plenamente a la enseñanza universitaria.
El problema también lo sufren los estudiantes universitarios cuando obtienen una licenciatura y están endeudados con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). Su futuro queda automáticamente hipotecado, de modo que para pagar el crédito educativo, necesitan más de una vida dado los altos intereses.
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Honduras: tendencia a la privatización y a la participación de grandes corporaciones en la educación universitaria
Ante la denuncia de que el gobierno hondureño planeaba privatizar los servicios de salud y educación del país, médicas, médicos y docentes tomaron las carreteras y suspendieron clases y atenciones médicas en los hospitales y escuelas públicas de Honduras. Las movilizaciones exigieron la derogación de decretos de emergencia aprobados por el Poder Ejecutivo.
En este contexto, se generó un fuerte conflicto entre el sector educativo y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las y los docentes consideran que los nuevos decretos ejecutivos afectan la estabilidad laboral del magisterio en el país. Profesoras, profesores y estudiantes, así como la clase médica, presionan para que dichos decretos sean abolidos. Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes, como de las médicas y los médicos.
Según los movimientos, trabajadoras y trabajadores de Educación, hay una tendencia del gobierno a favorecer la privatización y la participación de grandes corporaciones en la educación universitaria, que vienen influenciando sobretodo en la formación docente y en la evaluación de estudiantes.
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