La igualdad y la inclusión constituyen pilares fundamentales del derecho humano a la educación. Sin embargo, millones de personas continúan siendo sistemáticamente excluidas de los sistemas educativos debido a estructuras sociales, económicas, culturales y políticas que reproducen desigualdades y limitan la participación plena en la vida social.
En América Latina y el Caribe, los avances normativos registrados durante las últimas décadas contrastan con la persistencia de profundas brechas educativas. Aunque la matrícula de estudiantes con discapacidad en la educación regular ha aumentado significativamente, diversos informes regionales muestran que las trayectorias educativas continúan marcadas por desigualdades estructurales que afectan especialmente el acceso a la educación inicial, la permanencia en la educación secundaria y la culminación de los estudios.
Las barreras se profundizan cuando la discapacidad se intersecta con otras formas de discriminación relacionadas con el género, la pobreza, la pertenencia étnico-racial, la ruralidad, la movilidad humana o la exclusión territorial. Las niñas y mujeres con discapacidad, por ejemplo, enfrentan mayores riesgos de exclusión educativa, violencia y limitaciones en el ejercicio de su autonomía.
La transformación de los sistemas educativos exige avanzar decididamente hacia modelos plenamente inclusivos que reconozcan la diversidad como un principio constitutivo de la educación. Para ello resulta fundamental fortalecer los marcos normativos y las políticas públicas orientadas a eliminar progresivamente todas las formas de segregación educativa. Los recursos públicos deben orientarse prioritariamente al fortalecimiento de la educación inclusiva, garantizando que todas las escuelas cuenten con las condiciones necesarias para atender la diversidad.
Es indispensable asegurar accesibilidad universal en infraestructura, transporte, materiales educativos, tecnologías y entornos digitales. Los ajustes razonables deben institucionalizarse como una obligación del sistema educativo y no depender de iniciativas aisladas.
La formación docente debe incorporar la inclusión como un eje transversal, fortaleciendo capacidades relacionadas con el diseño universal para el aprendizaje, la evaluación inclusiva, el trabajo colaborativo y la gestión de la diversidad. Paralelamente, es necesario garantizar condiciones laborales dignas y sistemas de apoyo interdisciplinarios.
La CLADE reafirma que la construcción de sociedades democráticas, justas y sostenibles requiere sistemas educativos capaces de reconocer y valorar la diversidad humana como principio fundamental. Garantizar una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad para todas las personas implica transformar las estructuras que producen exclusión y asegurar que nadie quede atrás. La inclusión educativa no es una aspiración futura: es una obligación presente y una condición indispensable para la justicia social y el pleno ejercicio de los derechos humanos.
