Centroamérica enfrenta una emergencia educativa vinculada a la expulsión, el desplazamiento y la movilidad forzada de adolescentes, especialmente en El Salvador, Guatemala y Honduras. Miles de jóvenes migran, retornan o permanecen en tránsito en condiciones que vulneran su derecho a una educación segura y de calidad, mientras las respuestas resultan insuficientes. La publicación realizada por la Campaña Mundial por la Educación en España muestra que las trayectorias son diversas. La huida de la violencia, las deportaciones, los desplazamientos de pueblos indígenas, todas comparten un denominador común: la exclusión educativa y social agravada por la fragmentación institucional, la falta de políticas y programas contextualizados.
La exclusión va más allá del acceso escolar, manifestándose en la ausencia de apoyo psicosocial, la violencia de género, la discriminación hacia poblaciones indígenas, rurales y con discapacidad, y la falta de mecanismos de integración educativa. Factores como la pandemia y las crisis climáticas han profundizado estas brechas, mientras los recursos para educación se reducen o se desvían. Esto impacta la exclusión educativa, las oportunidades de inserción laboral, la autonomía y el ejercicio de ciudadanía, perpetuando ciclos de pobreza. El informe advierte sobre el riesgo de normalizar esta crisis y plantea la urgencia de una respuesta integral y sostenida que articule sistemas de identificación, educación flexible, financiamiento estable, formación docente con enfoque interseccional y cooperación internacional efectiva.