Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas entre 15 y 30 años en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay.
18 de junio de 2024El estudio Ofertas educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas de entre 15 y 30 años en cuatro países de la región -Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay- busca identificar y analizar la oferta educativa pública existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en estos cuatro países; con el objetivo de brindar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de mujeres indígenas jóvenes y adultas. Además, el estudio busca contribuir al seguimiento de las recomendaciones del Marco de Acción de Marrakech y al trabajo de la Plataforma de Redes Regionales por la Educación de Personas Jóvenes y Adultas.
Entre los hallazgos encontramos que las políticas afirmativas y enfocadas a mujeres indígenas han estado limitadas a la alfabetización y concesión de becas, sin integrar un enfoque de género, no victimizante y decolonial, necesario para promover una educación transformadora y emancipadora más allá de la formación técnica profesional tradicional.
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Invertir en el futuro: Curso para una fiscalidad justa para una educación de calidad
26 de abril de 2024¿De dónde vienen los recursos para financiar la educación de niños, niñas, adolescentes, personas jóvenes y adultas de los países de América Latina y el Caribe? ¿Cómo ampliar los recursos públicos a la educación? Fue a partir de esas y otras cuestiones que la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en alianza con la Red para la Justicia Fiscal para América latina y el Caribe y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD) realizó entre febrero y abril el curso virtual “Invertir en el futuro: fiscalidad justa para una educación de calidad”.
Prevista para una dedicación de 40 horas, la formación en línea fue ofertada de manera gratuita y contó con más de 100 personas inscriptas. El objetivo de la iniciativa fue acercar a los principales conceptos del derecho humano a la educación y la justicia fiscal de forma interrelacional.
Autodirigido, el curso tuvo cuatro módulos que abordaron temas clave: (a) lo público y la educación, (b) justicia fiscal y su impacto en la educación, (c) financiamiento del Estado y reformas tributarias progresivas y (d) incidencia social e historias de cambio. A través de él, se actualizaron los marcos conceptuales, y el análisis estratégico del propio contexto identificando áreas de oportunidad que los Estados puedan asumir para garantizar el acceso pleno a educación pública de calidad.
Las organizaciones preveen la realización de más ediciones a partir del segundo semestre.
Justicia Fiscal para garantizar el derecho humano a la educación
El curso es resultado del Proyecto Justicia Fiscal y Educación, realizado entre 2022 y 2023 por la CLADE, Latinddad y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe e investigó la inversión en educación entre 2015 y 2022 en la región y en los países Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Según las organizaciones, el ejercicio investigativo sirvió para entender el origen de la “falta de recursos” para el sector educativo en los países participantes. “La mayoría de los sistemas fiscales de la región son altamente regresivos y cargan impuestos a toda la población sin diferenciar su nivel de ingreso, su riqueza y su capital. La búsqueda de sistemas fiscales progresivos es una lucha histórica que viene tomando fuerza; tanto así, que autoridades económicas se reunieron en julio de 2023 en Cartagena para discutir sobre la Convención Fiscal de Naciones Unidas, un espacio alterno a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que agrupa a los países ricos y responde a sus intereses”, afirman.
Lee más:
Justicia Fiscal para el Derecho Humano a la Educación – Una mirada regional desde América Latina
El sistema tributario en Argentina y el financiamiento en educación de 2015-2021
El sistema tributario y su impacto en la financiación de la educación en Colombia entre 2015 y 2021
El sistema tributario en Guatemala y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Paraguay y el financiamiento en educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en Perú y el financiamiento de educación entre el 2015 y 2021
El sistema tributario en República Dominicana y el financiamiento de educación entre 2015 y 2021
Evolución de la inversión en Educación en Argentina entre 2015 y 2021
Evolución del Gasto en Educación en Colombia entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Guatemala entre el 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en Paraguay entre el 2015-2021
Evolución del gasto en Educación en el Perú 2015-2021
Evolución del Gasto en Educación en República Dominicana entre el 2015 y 2021
Red por el Derecho a la Educación hace un llamado a la acción para garantizar derechos educativos en Paraguay
12 de abril de 2024En respuesta a las afirmaciones del ministro de Educación de Paraguay, Luis Ramírez, que culpabiliza a la población paraguaya por no entender el funcionamiento del Programa Hambre Cero, la Red por el Derecho a la Educación de Paraguay publicó esta semana una nota que insta al gobierno a tomar medidas concretas para abrir espacios de diálogo que atiendan a las preocupaciones de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a estudiantes, además de convocar a la sociedad a la acción por la defensa de la educación.
Según la Red, la falta de información y comprensión pública sobre la Ley “Hambre Cero” no se debe a una deficiencia individual de las habilidades de lectura y comprensión, sino, más bien, a una carencia de democracia efectiva, canales de participación ciudadana, así como a una limitada capacidad de escucha y diálogo por parte del gobierno.
La nota también convoca a la sociedad a la movilización por la garantía del derecho humano a la educación en el país. “En este momento, celebramos el compromiso genuino de los y las estudiantes, quienes están mostrando un Paraguay diferente y ofreciendo señales de esperanza para un futuro más justo y equitativo, y convocamos a la sociedad en su conjunto a acompañarlos”.
Lee la nota completa: Respuesta de la Red por el Derecho a la Educación ante las declaraciones sobre la Ley ‘Hambre Cero’ y llamado a la acción para garantizar derechos educativos en Paraguay
Análisis de la brecha existente para alcanzar una educación de calidad en el marco del Objetivo de Desarrollo 4. Paraguay
2 de febrero de 2024La educación en Paraguay se encuentra en medio de un debate crucial. La denominada ‘catástrofe educativa’, resultado de la gestión durante la pandemia, ha suscitado posiciones contrarias en relación al derecho a la educación y su alcance. Estos puntos de vista se expresaron en los últimos meses, particularmente en el contexto del debate sobre el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE).
En este informe se examinan tres aspectos claves: la evolución del gasto en educación, el sistema tributario del país y la relación entre justicia fiscal y el derecho humano a la educación. Por último, se presentan recomendaciones con el objetivo de lograr un financiamiento sostenible de la educación con un enfoque de justicia fiscal. Por ejemplo, se recomienda aumentar la inversión en educación, fortalecer la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos, implementar políticas fiscales progresivas, promover la participación y el diálogo social en la toma de decisiones sobre el gasto educativo, entre otras sugerencias.
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Asia, África, América Latina y El Caribe: justicia fiscal es la respuesta para garantizar el financiamiento público educativo
15 de septiembre de 2023Las transferencias de riquezas al norte global mina nuestro derecho de tener un desarrollo sustentable. Fue lo que afirmaron especialistas de todo el mundo durante el Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia”, realizado durante los días 8 y 9 de septiembre en Santiago de Chile. En la ocasión, se debatió la importancia de luchar contra la evasión y elusión fiscal para garantizar el derecho a la educación.
Chenai Mukumba, de la Red de Justicia Fiscal en África (TJNA) mencionó que los países africanos están dando el 3% del PIB (Producto Interno Bruto), en contraposición con el 6% que exigen los compromisos internacionales. “En Ghana, con 20% de lo que se pierde en incentivos fiscales, si se invirtiera en educación, asistirían 300 mil niños y niñas más a las escuelas. Se podrían contratar 10 mil profesores más. Y se podrían repartir 557 mil comidas para niños y niñas en los comedores de los centros educativos”, afirma.
En ese sentido, Aida Jean Nacpil Manipon, de la Red de Justicia Fiscal en Asia, aseguró que “las transferencias de riquezas al norte global erosiona nuestra propia capacidad de tener un desarrollo sustentable”. La representante de Asia dijo ser necesario un llamado para mejorar los servicios públicos, con más inversión en educación y salud pública.
Desde América Latina y el Caribe, Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), habló sobre la correlación del derecho humano a la educación y la justicia fiscal: a corto plazo, la justicia fiscal posibilita que la sociedad disponga de más recursos para servicios públicos – como la educación – y a largo plazo, la educación pública fortalece la justicia fiscal.
Desde una mirada regional, Amparo Naranjo, de Unesco, plantea afirma que “una inversión en educación produce retornos importantes no solo el individuo sino en el planeta.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 [que trata del derecho a la educación] es apalancador como otros objetivos. Hay que pasar de las palabras a la acción”.
Sobre el evento
El Taller Regional-global “Justicia fiscal y derecho humano a la educación: experiencias y perspectivas para la incidencia” es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Adrián Falco, Chenai Mukumba, Amparo Naranjo y Aida Jean Nacpil Manipon, Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro contó con la participación de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME), Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Mariana Huepe, Dereje Alemanyehu y Seruwagi Jane Nalunga. También participaron las senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
¿Cuáles son los impactos de la fiscalidad en la educación mundial?
9 de septiembre de 2023En el marco del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, realizado el 8 y 9 de septiembre en Santiago (Chile), se presentaron una serie de exposiciones que graficaron las experiencias sobre justicia fiscal y su relación con el derecho a la educación pública.
En el primer bloque titulado “Estado de la Situación Mundial sobre Fiscalidad e Impacto en la Educación”, intervinieron Dereje Alemayehu, de la Alianza Global por la Justicia Fiscal (GATJ), Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La primera intervención fue realizada por Dereje Alemayehu, quien puso énfasis en la necesidad de la repartición equitativa del presupuesto público: “Respecto a la asignación de presupuestos es bueno que ya exista una torta para poder repartirla, pero debe ser dividida de forma justa”, señaló.
Por su parte Vernor Muñoz describió la cruda realidad de la discriminación y exclusión que sufre la población indígena en el norte global y como no basta con aumentar la recaudación sin darle un enfoque de derechos humanos: “El caso de Finlandia que es famosa por sus conquistas educativas, según un informe de la Unión Europea muestra casos de discriminación y acoso racista. El incremento fiscal y la consecución de los ingresos de forma eficiente no aseguran necesariamente mayores recursos para combatir la desigualdad”, concluyó.
Finalmente intervino Mariana Huepe de la CEPAL quien destacó que: “En promedio América Latina cumple con los mínimos acordados en la Declaración de Incheon con relación a los porcentajes del PIB como porcentaje del gasto público total” pero a la vez puso énfasis en que “para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal, aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación, esto tiene que ir de la mano de instituciones fortalecidas para utilizar más equitativa y eficientemente los recursos existentes”, comentó.
Sobre el evento
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz, Mariana Huepe y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”
8 de septiembre de 2023
El segundo momento del primer día del Taller Regional – Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación” se enfocó en las reflexiones sobre la situación mundial sobre fiscalidad e impacto en la educación.
“La justicia fiscal no involucra solamente el sistema de recaudación, sino que implica invertirlo adecuadamente”, afirmó Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por el Derecho a la Educación (CME). Según el representante de la Campaña Mundial por la Educación, incluso en países de altos ingresos, la educación universal y de calidad sigue siendo esquiva, ya que los fondos fiscales a menudo se desvían hacia sectores privados o se utilizan para pagar deudas públicas.
Para Vernor Muñoz, toda reforma tributaria debería responder a políticas de Estado basadas en derechos humanos. No es conveniente hablar de justicia fiscal, ni de ningún tipo de justicia, fuera del ecosistema de derechos humanos, pues es allí donde se definen los parámetros de distribución de la riqueza y de construcción de sociedades igualitarias y más precisamente donde se definen los fines de la educación y de su gobernanza. No interesa, por lo tanto, financiar cualquier educación, sino aquella en la que quepan todas las personas, en la que no se discrimine a nadie.
Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ, enfatizó la necesidad de aumentar los ingresos fiscales para garantizar la equidad en el acceso a la educación. Hizo hincapié en que la educación es la piedra angular para asegurar muchos otros derechos y desafió la percepción de que África depende de las contribuciones de otros países cuando, en realidad, África contribuye significativamente al mundo.
“Cobrar impuestos no es un fin en sí, sino recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una #educación de calidad. Existen los recursos, pero hay que repartirlos”, afirma.
América Latina y el Caribe
Mariana Huepe, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) enfocó su presentación en la región latinoamericana y caribeña. En su intervención afirma que “en América Latina en las últimas décadas han hecho esfuerzos para aumentar su carga tributaria e invertir en educación, pero aún son insuficientes”.
La representante de CEPAL destaca la importancia del financiamiento educativo adecuado y el camino para su incremento. Invertir en educación es invertir en el activo más importante que tienen los países para alcanzar un desarrollo social e inclusivo sostenible: sus personas. La educación no es un gasto, es una inversión, una inversión que beneficios privados y públicos, para el mundo del trabajo y la ciudadanía. Para aumentar la financiación nacional para la educación, se requiere: ampliar la base fiscal, prevenir la evasión fiscal y aumentar la proporción del presupuesto nacional asignado a educación.
Para Mariana Huepe, “cobrar impuestos no es un fin en si, sino [es necesario] recaudarlos para repartirlos, distribuirlos y garantizar que toda la población tenga acceso a servicios públicos como una educación de calidad”.
Sobre el evento
El encuentro se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile y es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
Además de Vernor Muñoz y Dereje Alemanyehu, el encuentro cuenta con la participación de Además de Nelsy Lizarazo, coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE); Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad); Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
El derecho humano a la educación solo se garantiza con justicia fiscal
Concentración de la riqueza y mantenimiento de la pobreza. Para cambiar este escenario, que ha estado presente en América Latina y el Caribe en los últimos tiempos, hay que garantizar los derechos humanos, entre ellos la educación. Para eso, es fundamental asegurar un sistema tributario justo, afirman especialistas y autoridades presentes en el Taller Regional-Global “Justicia Fiscal y Derecho Humano a la Educación”, que se realiza el 8 y 9 de septiembre en Santiago, Chile.
Nelsy Lizarazo: “En términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa”
El encuentro es una de las acciones del proyecto Derecho a la Educación con Justicia Fiscal que, desde 2022, busca promover el intercambio de experiencias de diferentes continentes sobre justicia fiscal y educación y propuestas de mecanismos para incrementar el gasto público en favor de la educación pública.
“Han sido dos años de aprendizaje súper interesante, no solamente en asuntos técnicos, sino también en construcción de posición política y también en términos humanos”, dice Nelsy Lizarazo, coordinadora de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) durante la apertura del taller.
Según ella, en términos de ejercicio pleno del Derecho a la Educación, no basta con el acceso a la educación, es necesario invertir en calidad educativa. “Son necesarios cuatro criterios para tener en cuenta: el primero, la proporción dedicada a la educación debe de ser suficiente; el segundo, que ese presupuesto debe de ser del tamaño adecuado, que responda a las necesidades educativas del país, a sus brechas, a sus desigualdades; el tercero, presupuesto ser sensible a los grupos históricamente excluidos; y el cuarto, que el presupuesto sea transparente, construido, evaluado de forma participativamente con la ciudadanía.
Adrián Falco: “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”
Para Adrián Falco, secretario ejecutivo de la Red Latinoamericana por Justicia Fiscal (Latinddad), la región latinoamericana y caribeña, mantiene 30% de pobreza y 19% de indigencia y, sin embargo, se concentra cada vez más la riqueza y los gobiernos dan cada vez más concesiones a los ricos y al gran capital. “Para superar la pobreza, la desigualdad, para dar y garantizar derechos a toda la población y dar acceso a servicios públicos de calidad a toda la ciudadanía, para eso promovemos la #JusticiaFiscal”, afirma.
Además de Nelsy Lizararo y Adrián Falco, el encuentro cuenta con la participación de Dereje Alemanyehu, de la Alianza Global por Justicia Fiscal -GATJ; Vernor Muñoz, de la Campaña Mundial por la Educación; Mariana Huepe, de CEPAL; de Chenai Mukumba, de TJNA; Seruwagi Jane Nalunga y Aida Jean Nacpil Manipon, además de senadoras y representantes de los seis países que son parte de la iniciativa, Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Sobre el proyecto
La iniciativa Derecho a la Educación con Justicia Fiscal tiene como objetivo incrementar la participación de organizaciones sociales de Argentina, Colombia, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana para incidir en las agendas de actores gubernamentales claves y promover demandas de mayor movilización de recursos internos en los países de América Latina y el Caribe, a través de la implementación de políticas tributarias más progresivas, con el fin de aumentar el financiamiento de los sistemas de educación pública de manera sostenible, justa y progresiva para que los gobiernos puedan alcanzar los objetivos de la Agenda 2030, especialmente el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado a la educación.
Para ello, utiliza como líneas prioritarias la investigación, la comunicación y realización de campañas, la incidencia política y el fortalecimiento de las organizaciones locales.
El proyecto es realizado por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe (RJFLAC)
En cada país, la iniciativa cuenta con la alianza de dos organizaciones, son ellas: Fundación SES y Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (CADE) en Argentina; Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación – CCDE y Centro de Estudios del Trabajo (CEDETRABAJO) en Colombia; Colectivo para la Educación de Todas y Todos de Guatemala y Tzum Kim-Pop en Guatemala; Decidamos y Red por el Derecho a la Educación (RED) en Paraguay; Campaña Peruana por el Derecho a la Educación (CPDE) y el Grupo Nacional De Presupuesto Público en Perú, además del Centro Montalvo y Foro Socioeducativo (FSE) en República Dominicana.
Paraguay: posicionamiento en defensa de la educación con perspectiva de género
2 de agosto de 2023La Red por el Derecho a la Educación de Paraguay manifiesta a través de un posicionamiento público su rechazo ante el avance del Proyecto de Ley que busca prohibir la promoción, fomento o enseñanza de la perspectiva de género en las instituciones educativas.
El posicionamiento expresa que “el proyecto de ley contradice los principios fundamentales de igualdad, libertad de expresión, libertad religiosa y el derecho a una educación integral y no discriminatoria establecidos en la Constitución”. En tal sentido, apela al respeto del marco constitucional, y señala que la prohibición de la educación con perspectiva de género constituye una limitación a la democracia, e impide una sociedad justa e igualitaria.
La red en su comunicación oficial afirmó que “es crucial prestar especial atención a la igualdad de género en todo el sistema educativo y en la educación familiar, abordando el acceso, contenido, contexto y prácticas de enseñanza y aprendizaje, así como los resultados educativos y oportunidades laborales”, e hizo un llamado a las autoridades para que sumen voluntades con firmeza por una educación inclusiva.
Ante el contexto de violencia que viven niñas y adolescentes la red manifiesta “Nos preocupa la alarmante situación de violencia de género en Paraguay, evidenciada por el alto número de feminicidios y la violencia sufrida por mujeres en diferentes aspectos de la vida. Estos actos extremos de violencia tienen consecuencias devastadoras para las familias y la sociedad en su conjunto”, también subraya que 7 de cada 10 mujeres en Paraguay han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida, información oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Se reitera la idea que un entorno educativo que cuestione los estereotipos y roles de género, que permita construir nuevas formas de socialización y relaciones humanas facilitará recursos para prevenir la violencia y el ejercicio pleno de derechos de niñas, adolescentes y jóvenes.
Educación con perspectiva de género
En Paraguay, la educación con perspectiva de género se trabaja a partir la reforma de 1992, desde entonces se analiza el rol fundamental del sistema educativo en la reproducción de las desigualdades entre hombres y mujeres, y se establecen formas de visibilización y superación de las diversas expresiones de violencia a través de prácticas no sexistas y no discriminatorias.
La Red ha manifestado su alerta por acciones que desde las instancias gubernamentales instan a retrocesos en derechos, considerando viables mecanismos que limitan el acceso a la educación sexual integral. Así lo hacían saber diversas organizaciones en un pronunciamiento público en diciembre de 2022 que denunciaban la activación de procesos de investigación a docentes que impartieron clases sobre educación sexual e integral.
Lee el Posicionamento Público – Red por el Derecho a la Educación de Paraguay
Cerrada. Convocatoria. Términos de Referencia para elaboración del informe nacional para el diagnóstico: Oportunidades educativas para mujeres jóvenes y adultas indígenas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay
11 de abril de 2023Antecedentes sobre la CLADE
La Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) es una red plural de organizaciones de sociedad civil con presencia en 18 países de América Latina y el Caribe (ALC), que impulsa acciones de movilización social e incidencia política para defender el derecho humano a una educación transformadora, pública, laica y gratuita para todos y todas, a lo largo de la vida y como responsabilidad del Estado.
Además de trabajar por la afirmación de la educación como un derecho humano, la CLADE busca fortalecer las democracias activas y participativas en América Latina y el Caribe. Para cumplir con su misión y realizar su agenda política, la CLADE utiliza como estrategias: la incidencia en las políticas públicas; la movilización social; la exigibilidad política y jurídica; la articulación interinstitucional con actores nacionales, regionales e internacionales; la producción de conocimiento e investigación; y acciones de comunicación interna y externa.
Para calificar sus acciones de incidencia política, la CLADE suele desarrollar estudios de alta calidad. El presente estudio, que tiene el apoyo de Oxfam IBIS, investiga cuáles son las oportunidades educativas públicas para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Eso es relevante porque las evidencias muestran que aún hay mucho que hacer por la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA), especialmente por mujeres indígenas jóvenes y adultas.
Según estudio publicado por la Red de Educación Popular entre Mujeres (REPEM), las mujeres indígenas que viven en áreas rurales de Guatemala son excluidas del sistema educativo, completando menos de dos años de escolaridad (REPEM, 2022). El mismo problema se hace presente en Paraguay, donde además de la exclusión de mujeres de los espacios educativos, existe la percepción de que la educación formal excluye los saberes ancestrales indígenas (CECTEC, 2022). El fenómeno de alcance regional implica, por lo tanto, la necesidad de comprender mejor la oferta educativa pública disponible para mujeres indígenas jóvenes y adultas en los cuatro países mencionados.
Objetivos del Diagnóstico
Objetivo general
Realizar una investigación diagnóstica (cualitativa y cuantitativa) sobre la situación del derecho humano a la educación de mujeres indígenas jóvenes y adultas de Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay. Se indagará particularmente las dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género presente en las políticas y prácticas direccionadas a esa población desde los respectivos sistemas públicos de educación. Se incorporará al menos una buena práctica por país.
Objetivos específicos
- Indagar sobre la oferta educativa existente para mujeres indígenas jóvenes y adultas en Brasil, Colombia, Guatemala y Paraguay con énfasis en dimensiones de interculturalidad, neocolonialismo y de género.
- Desarrollar recomendaciones de políticas públicas que partan del reconocimiento de las particularidades encontradas para la plena realización de la educación intercultural bilingüe y transformadora de género de las mujeres indígenas jóvenes y adultas.
- Implementar una estrategia de comunicación, movilización e incidencia política a partir de los resultados encontrados con actores clave de CLADE y conjuntamente con Oxfam.
Metodología de trabajo
La investigación se realizará de manera dialogada con los miembros de CLADE en cada país (en este caso Paraguay), el equipo de Coordinación Ejecutiva de CLADE y responsables por la realización del informe regional.
El trabajo de investigación nacional se centrará alrededor de los siguientes componentes:
- Apoyo al refinamiento de la metodología del informe regional;
- Recolección sistemática de literatura sobre oportunidades educativas públicas en educación básica y superior para mujeres indígenas jóvenes y adultas a nivel nacional;
- Revisión de estudios, políticas y datos recientes en ámbito nacional;
- Ejecución de entrevistas a especialistas en el tema;
- Redacción del documento de investigación nacional, de acuerdo con la metodología regional desarrollada y la estructura acordada para los cuatro estudios.
Manifestación de interés
Personas interesadas en hacer el diagnóstico deben enviar correo con el título “Investigación sobre oportunidades educativas para mujeres indígenas” a seleccion@redclade.org, durante el mes de abril, su hoja de vida, mencionando investigaciones de su autoría ya realizadas.
También deben enviar una carta de motivación para hacer la investigación y la bibliografía de referencia que proponen para el estudio nacional.
La CLADE invita particularmente a personas indígenas, y especialmente mujeres indígenas, a que envíen sus propuestas.
