Todos los Estados son responsables de garantizar el derecho a una educación pública digna para todas y todos, y, al hacerlo, deben proporcionar una financiación pública adecuada y sostenible para los sistemas de educación pública. La Agenda de Educación 2030, incluye el llamamiento a todos los gobiernos para que asignen el máximo de recursos disponibles a la educación.
En 21 países de América Latina y el Caribe, el porcentaje del gasto público destinado a educación cayó de 14,1% en 2019 a 12,9% en 2022, correspondiendo este último año a un 4,2% del PIB y a una inversión de 2.478 dólares por persona en edad escolar.
La falta de financiamiento público y sostenible de la educación pública se debe a múltiples factores y se ha agravado por diversas causas, como la prevalencia de sistemas fiscales regresivos, la deuda externa, las privatizaciones y la escasa cooperación internacional con los países de renta media y media baja, especialmente. Esta cifra puede variar según las diferentes fuentes, lo que sugiere que el déficit podría ser aún mayor. En este escenario, las iniciativas privatizadoras ganan fuerza y limitan la función rectora del Estado en el sistema educativo, dado que otorgan poderes ilegítimos a las entidades privadas y, en los casos en que la oferta privada también se comercialice, obliga a las familias a pagar por un servicio público que debería ser gratuito.
Los sistemas de recaudación en América Latina y el Caribe deberían ser progresivos, sin embargo, son altamente regresivos; es decir que la mayoría de su recaudación (50 %) proviene de los impuestos indirectos: aquellos exigibles a toda la población sin tomar en cuenta la capacidad contributiva de quien los paga.
La CLADE insiste en que la ayuda y la cooperación internacionales no están llamadas a definir los contenidos de las políticas públicas de los países en desarrollo y que uno de los principales retos actuales es el fortalecimiento de los presupuestos nacionales, para lo cual es necesario transformar la agenda de las finanzas adoptando un pacto mundial, que garantice que la agenda transformadora de financiamiento (que incluye medidas en materia de fiscalidad, deuda, austeridad, masa salarial del sector público y ayuda internacional y al desarrollo) enmarque los debates nacionales y mundiales sobre financiación en los próximos años.
La expansión de la privatización, impulsada por la desregulación y liberalización del sector educativo, ha favorecido el crecimiento de asociaciones público privadas en todos los niveles. Estas asociaciones, promovidas como soluciones financieras y de gestión, están cada vez más presentes en los sistemas educativos. Sin embargo, su impacto puede ser corrosivo si lleva a una reducción de la inversión pública en beneficio del sector privado o si el Estado delega su responsabilidad de ofrecer una educación pública de calidad. Las asociaciones público-privadas no deben comprometer los principios del derecho a la educación ni transformar la educación en un bien comercial. Los gobiernos deben asegurar que estas alianzas no perjudiquen la educación como bien público.
La CLADE pide a los gobiernos y a los responsables de la toma de decisiones a todos los niveles que:
La crisis de financiación educativa, agravada por la COVID-19, exige acciones urgentes de los gobiernos y socios de desarrollo para cumplir los objetivos actuales y prepararse para el futuro, superando los compromisos tradicionales (4-6 % del PIB y 15-20 % del gasto) y promoviendo soluciones sostenibles y universales que movilicen más recursos, mejoren la equidad y la eficiencia del gasto, y fortalezcan la rendición de cuentas y los datos de financiación. Además, es crucial abogar por la justicia fiscal como una herramienta clave para asignar mayores recursos al presupuesto educativo en los países.
La CLADE continuará abogando por estos objetivos, exigiendo rendición de cuentas a los Estados y a la comunidad internacional sobre la ampliación de las cuotas presupuestarias, reformas fiscales progresivas, renegociación lo más justa posible de la deuda externa, la perspectiva de derechos humanos en el gasto educativo, la promoción de condiciones favorables para alcanzar el 15 – 20%. del total del presupuesto nacional para educación.
El Costo Alumno Calidad (CAQ) desarrollado por la Campaña Brasileña por la Educación es un estándar de inversión mínima por estudiante basado en el costo real de la educación; considera variables como el tamaño de las clases (cantidad de alumnos por docente), la formación docente, los salarios y las carreras compatibles con la responsabilidad de los profesionales de la educación, instalaciones adecuadas, equipos e infraestructura, e insumos como laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas cubiertas y materiales didácticos, entre otros. Por tanto, el CAQ abarca las condiciones materiales y humanas mínimas, y los insumos necesarios para que los docentes puedan enseñar y los alumnos puedan aprender. Este estándar es una herramienta poderosa de incidencia con los gobiernos de la región.
La CLADE también exige mayor equidad y eficiencia en las inversiones educativas, priorizando a los grupos excluidos y fortaleciendo la planificación y presupuestación del sector. Es fundamental generar datos fiables sobre el gasto en educación; se apoyará la consolidación del Observatorio de la Financiación de la Educación – EFO, (dentro de la Campaña Mundial por la Educación) como una herramienta clave para recopilar datos desde la sociedad civil e influir en las políticas de financiación a nivel nacional e internacional.
Desde la CLADE y para la región América Latina y el Caribe (ALC) priorizamos el camino de la Justicia Fiscal, que consiste en promover una recaudación tributaria progresiva, equitativa y transparente.
Con estas acciones, buscamos aportar a un nuevo pacto mundial sobre la financiación de la educación, que vincule los compromisos nacionales renovados con una acción internacional que aborde temas clave como el incremento de la partida presupuestaria, el tamaño, la sensibilidad y el escrutinio de los presupuestos educativos.
