La reforma de los sistemas tributarios globales, debatida actualmente en la Convención Marco de Cooperación Fiscal Internacional de la ONU, va más allá de las finanzas: es una cuestión de justicia social y de garantía de derechos humanos, entre ellos el derecho a la educación.
Desde la perspectiva de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, es indispensable articular cómo los recursos fiscales pueden y deben traducirse en inversión de la agenda de derechos humanos. El debate es vital para que las políticas públicas de los Estados aseguren la financiación de sistemas educativos públicos, gratuitos, inclusivos y de calidad, pilares centrales de la defensa del derecho humano a la educación.
La Convención Fiscal de la ONU representa una oportunidad histórica para repensar las reglas fiscales globales en favor del desarrollo sostenible y de la equidad educativa y como único camino para superar las brechas y desigualdades estructurales.
Comprender las implicaciones de la justicia fiscal exige educación fiscal y ciudadana, un proceso que fortalece la participación informada de estudiantes, docentes y comunidades educativas en la demanda de políticas tributarias justas.
La falta de recursos para la educación en la región está vinculada a estructuras fiscales regresivas y a la pérdida de ingresos por la evasión y elusión, lo cual limita la capacidad de los Estados para financiar escuelas, infraestructura y condiciones dignas para la labor educativa docente y de apoyo. En este sentido, la educación crítica sobre fiscalidad se convierte en una herramienta pedagógica para exigir rendición de cuentas y una asignación equitativa de recursos.
Vincular justicia fiscal con la educación implica reconocer que la real democratización del acceso a oportunidades educativas depende de un sistema tributario que redistribuya de forma progresiva y eficiente.
La CLADE y Latindadd coinciden en que la importancia de avanzar hacia sistemas tributarios más justos no es solamente un imperativo económico, sino un paso esencial para asegurar que la educación deje de ser un privilegio y sea, un derecho garantizado por los Estados para todos y todas a lo largo de la vida.
Compartimos el artículo:
Esta semana (3 febrero) inició la Cuarta Sesión de Negociaciones para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, que se desarrollará hasta el 13 de febrero (Nueva York). Este ciclo de negociaciones es una oportunidad para avanzar hacia un marco global de cooperación fiscal, que permita abordar desigualdades, impulsar el desarrollo sostenible y consolidar un sistema tributario internacional justo.
Latindadd participa como representante de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, con Nathalie Beghin, co-presidenta; Adrián Falco, coordinador del área de Justicia Fiscal; y Luis Moreno, chair de la Global Alliance for Tax Justice (GATJ) y director de Fiscalidad Internacional de la red latinoamericana. Su participación busca asegurar que las preocupaciones del Sur Global estén presentes en los debates de la Convención.
Lo que discutirá esta ronda
Durante estas dos primeras semanas se discutirán artículos centrales del texto preliminar de la Convención, así como los Protocolos 1 y 2. Entre ellos:
- Artículo 4 – Desarrollo sostenible: vincular la tributación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), derechos humanos, igualdad de género y mecanismos de monitoreo.
- Artículo 5 – Asignación de derechos tributarios: definir criterios de imposición basados en creación de valor y actividades económicas, cuidando riesgos de doble tributación y renegociación de tratados.
- Artículo 7 – Cooperación contra la evasión, la elusión y los flujos financieros ilícitos: fortalecer la cooperación internacional para prevenir y combatirlos mediante el intercambio de información, la transparencia y el apoyo mutuo entre Estados.
- Artículo 15 – Relación con otros acuerdos: garantizar coherencia con tratados fiscales existentes y seguridad jurídica.
- Protocolo 1 – Tributación de servicios digitales: establecer opciones para gravar ingresos derivados de servicios transfronterizos en la economía digital.
- Protocolo 2 – Prevención y resolución de disputas fiscales: definir mecanismos que faciliten la resolución efectiva de conflictos tributarios internacionales.
- Ambición contra cautela
La jornada inicial mostró diferencias de enfoque entre quienes buscan impulsar cambios más profundos en el sistema fiscal global y quienes priorizan mantener las reglas vigentes.
Los sistemas tributarios no son neutrales; si no incorporan un enfoque de derechos humanos y de género seguirán reproduciendo desigualdades.
Desde la sociedad civil, se planteó que la Convención no puede ser solo un documento “esquelético” o declarativo. Debe incluir mecanismos que generen impactos concretos en desarrollo sostenible y justicia fiscal. Los sistemas tributarios no son neutrales; si no incorporan un enfoque de derechos humanos y de género seguirán reproduciendo desigualdades.
Entre las demandas principales está la puesta en práctica del principio de “quien contamina, paga”, reforzado por propuestas de incorporar una tributación ambiental progresiva sobre actividades contaminantes, así como medidas para gravar de manera efectiva a las grandes fortunas, a las empresas multinacionales y a las industrias extractivas, y para combatir los flujos financieros ilícitos mediante mayor transparencia y un registro global de activos.
En contraste, los delegados estatales mostraron cautela frente a compromisos más concretos. Algunos países se mostraron reticentes a incluir mecanismos de monitoreo de derechos humanos en el texto base, mientras economías del Norte Global, como Suiza, Japón, Canadá y varios miembros de la Unión Europea, centraron sus intervenciones en la “seguridad jurídica”, rechazando cualquier formulación que implique renegociación automática de tratados o derechos de imposición sin presencia física, por riesgo de doble tributación.
Fricciones y limitaciones en la negociación
La sociedad civil expresó su desacuerdo frente a la estrategia de algunos países desarrollados de mantener la discusión en un nivel general. La insistencia en expresiones como “de conformidad con las leyes nacionales”, señalaron, impide que la Convención adopte cambios concretos que generen un impacto real en la justicia fiscal y el desarrollo sostenible.
Este reclamo se vincula con la preocupación por evitar que la Convención quede subordinada a acuerdos bilaterales o espacios no inclusivos, y con la demanda de eliminar prácticas como los acuerdos de precios anticipados secretos y la inclusión de mecanismos de arbitraje que refuercen tratamientos preferenciales a grandes corporaciones.
Al mismo tiempo, varias economías desarrolladas y jurisdicciones consideradas guaridas fiscales han bloqueado propuestas más ambiciosas, reforzando un enfoque que mantiene la Convención como un marco “de alto nivel” sin contenido concreto. Este enfoque corre el riesgo de convertir el proceso en un ejercicio simbólico mientras las desigualdades fiscales globales continúan creciendo.
Latindadd seguirá participando activamente durante estas dos semanas, promoviendo que los países de América Latina y el Caribe contribuyan a construir una Convención Fiscal capaz de transformar las reglas tributarias globales, orientándolas hacia el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del planeta.
Lee la nota original: Convención Fiscal de la ONU: la sociedad civil impulsa la transformación del sistema tributario frente a posiciones conservadoras
