Este estudio parte de que no es posible alcanzar justicia educativa sin justicia fiscal. A través de un análisis jurídico, económico y fiscal, examina la relación entre el modelo económico panameño, la estructura tributaria, las finanzas públicas y la inversión en educación. El objetivo es identificar las limitaciones estructurales que enfrenta el Estado para garantizar el derecho a la educación y aportar elementos para el debate sobre una reforma fiscal orientada a la equidad, la sostenibilidad y el desarrollo humano. En este sentido, la justicia fiscal no es solo un asunto técnico, sino un debate político sobre el tipo de sociedad que se busca construir. Una educación pública de calidad, inclusiva y equitativa requiere un sistema fiscal capaz de redistribuir oportunidades y reducir desigualdades históricas.