El ciclo de webinarios “Financiamiento innovador en educación: tres sesiones sobre evidencia y perspectivas críticas” se ha convocado gracias al esfuerzo de la CLADE, la Federación Internacional de Fe y Alegría, la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) y NORRAG. Con un total de tres webinarios virtuales que se desarrollan entre el 17 de septiembre y el 15 de octubre se busca profundizar en torno a varias preguntas vinculadas al financiamiento educativo, entre ellas, ¿cómo se transforman las maneras de financiar la educación en América Latina y el Caribe? ¿Qué implicaciones tienen estos nuevos mecanismos para la educación como derecho?
La articulación entre estas organizaciones de la sociedad civil busca promover el financiamiento innovador de la educación desde una perspectiva de derechos humanos. Por ello, se reúnen organizaciones con trayectorias complementarias, por su lado la CLADE junto a Fe y Alegría aportan su experiencia de trabajo por el derecho a la educación y la incidencia en políticas educativas; GI-ESCR contribuye desde su trabajo en derechos económicos, sociales y culturales, justicia fiscal, financiamiento público y regulación de actores privados; mientras que NORRAG, el centro global de educación del Geneva Graduate Institute, aporta su experiencia en investigación, generación e intercambio de conocimiento sobre educación y desarrollo, con especial atención a cuestiones de calidad, equidad, participación de conocimientos y voces subrepresentadas del Sur.
Los webinarios expresan un trabajo conjunto de la alianza que busca hacer accesible un debate que suele estar marcado por un lenguaje técnico al tiempo que promueve una mirada crítica sobre los mecanismos de financiamiento que están ganando presencia en el sector educativo. Partiendo del reconocimiento sobre la diversidad de instrumentos como los bonos educativos, la financiación combinada, los canjes de deuda y los modelos basados en resultados se trata de mirar las implicaciones profundas que pueden repercutir en el derecho humano a la educación.
En este sentido el ciclo de webinarios ofrece herramientas conceptuales y evidencia para que organizaciones de la sociedad civil, especialistas, personas investigadoras, tomadoras de decisión y otros actores puedan comprender estos mecanismos, identificar sus alcances y límites, así como analizar cuestiones relacionadas con la equidad, la rendición de cuentas y el papel de los actores privados en el financiamiento educativo.
Desde esta perspectiva, hablar de financiamiento innovador implica también preguntarse en qué medida y quiénes participan en las decisiones, bajo qué condiciones se movilizan los recursos y qué efectos pueden tener estos mecanismos sobre las políticas educativas. El debate resulta especialmente relevante para América Latina y el Caribe, lugar en donde la discusión sobre sostenibilidad del financiamiento educativo se vincula con cuestiones más amplias como el espacio fiscal, la tributación y la necesidad de contar con recursos públicos suficientes, equitativos y sostenibles.
La propuesta del ciclo parte de la necesidad de hacer el debate accesible y, al mismo tiempo, examinar críticamente la evidencia disponible, de esta manera las organizaciones y movimientos de la sociedad civil contarán con elementos para participar en las discusiones sobre las formas en que se financia la educación y fortalecer sus estrategias de incidencia.
La primera sesión realizada el 17 de septiembre de 2026 constituye el punto de partida de un ciclo de tres encuentros. La segunda sesión, para el 1 de octubre, aborda el financiamiento sostenible de la educación y las posibilidades de construir consensos entre actores con distintos mandatos y perspectivas, situando el financiamiento innovador dentro de debates sobre espacio fiscal, tributación progresiva y sostenibilidad, eficiencia y equidad del gasto público educativo. El tercer y último encuentro, programado para el 15 de octubre, propone profundizar en las preguntas críticas sobre el financiamiento innovador en educación, incluyendo los impactos de estos mecanismos, los vacíos de investigación, su pertinencia para América Latina y el Caribe y los desafíos relacionados con la rendición de cuentas democrática. También busca reflexionar sobre cómo la sociedad civil puede utilizar la evidencia para incidir por un financiamiento educativo sostenible y equitativo.
Para la CLADE y las organizaciones participantes, generar herramientas para comprender estos mecanismos y analizar sus consecuencias constituye un aporte a una participación más informada de la sociedad civil en las decisiones que inciden sobre el financiamiento educativo.
Comprender el financiamiento innovador desde un enfoque de derechos
En el primer encuentro virtual ¿Qué es el financiamiento innovador? se abrió la conversación con conceptos y herramientas clave para comprender la financiación innovadora en educación desde un enfoque de derechos con preguntas centrales como ¿Qué significa hablar de financiamiento innovador para la educación? y ¿Qué mecanismos existen? ¿Cómo funcionan y qué implicaciones pueden tener para garantizar el derecho humano a la educación?
La sesión buscó acercar nociones vinculadas con las nuevas formas de financiamiento de la educación, poniendo el debate en relación con el derecho humano a la educación, entre los mecanismos abordados y el análisis de participación de distintos actores que requieren delimitar sus posibilidades y alcances.
Moira Faul, directora ejecutiva de NORRAG, explicó que bajo esta denominación conviven instrumentos muy diferentes y advirtió que movilizar inversión privada no equivale necesariamente a generar recursos adicionales para la educación. Su presentación planteó cinco preguntas para evaluar estas propuestas, a saber, si el mecanismo es apropiado, si aporta dinero adicional, cuál es su impacto medido, qué evidencia independiente lo respalda y si tiene la escala necesaria para responder al problema. En sus palabras, la inversión financiera supone un compromiso de dinero para recibir más dinero a cambio, mientras que, desde la perspectiva educativa, el retorno esperado es la propia educación.
Por su parte, Jorge Luna, economista de Latindadd, analizó los canjes de deuda por educación y señaló que estos mecanismos pueden liberar una parte de los pagos previstos para destinarla a un sector específico, pero no resuelven por sí mismos el sobreendeudamiento ni garantizan un alivio fiscal neto. Como dato ilustrativo, indicó que 3.400 millones de personas viven en países que destinan más recursos al pago de intereses de la deuda que a salud y educación, una situación que evidencia la dimensión estructural del problema de financiamiento. Resumió su postura al señalar que “son instrumentos tácticos, son complementos más nunca sustitutos”, por ello, propuso comparar alternativas, asegurar el control nacional de los recursos y exigir auditorías independientes y transparencia en los acuerdos.
Frank Adamson, profesor de la Universidad Estatal de California en Sacramento, examinó las alianzas público-privadas en educación y cuestionó que se las presente como una vía necesariamente más eficiente para ampliar la cobertura o mejorar los aprendizajes. Expuso riesgos asociados con los costos ocultos, la selección y exclusión de estudiantes, la falta de consulta comunitaria y la capacidad del Estado para regular los contratos. Como dato relevante, señaló que la UNESCO estima una brecha anual de financiamiento educativo de 97.000 millones de dólares. Su intervención destacó que los Estados necesitan fortalecer sus capacidades públicas y que existen experiencias de innovación desde la educación pública que merecen mayor reconocimiento.
La investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona, Lara Pérez, presentó los bonos de impacto social y educativo, en los que la remuneración depende del cumplimiento de resultados previamente definidos y verificados. Su revisión de la literatura identificó posibles aportes en el seguimiento de resultados y la colaboración entre actores, junto con limitaciones relacionadas con los costos administrativos, la equidad y la atribución de los resultados.
Por su parte, Arushi Terway, investigadora de NORRAG, profundizó en la evidencia disponible y advirtió que todavía existen dificultades para determinar si estos mecanismos aportan recursos verdaderamente adicionales y cuánto riesgo asumen los inversionistas privados. Señaló que, al analizar 360 objetivos de 120 bonos de impacto, encontró que el 62 % se concentraba en resultados intermedios, como la participación y la matrícula, en lugar de centrarse en los aprendizajes. Ambas intervenciones reforzaron la necesidad de evaluar los resultados efectivos de estos instrumentos, sus costos y su contribución al derecho humano a la educación.
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Financiamiento sostenible de la educación: del diálogo al consenso
La segunda sesión Financiamiento sostenible de la educación: del diálogo al consenso, abordó la construcción de acuerdos regionales para fortalecer la inversión educativa en América Latina y el Caribe. El encuentro analizó cómo instituciones con perspectivas diversas lograron consensuar recomendaciones sobre financiamiento educativo, examinando el papel de los Estados en la garantía del derecho a la educación y los desafíos para llevar estos acuerdos a las decisiones de política pública.
Nelsy Lizarazo, coordinadora general de CLADE y moderadora del conversatorio, orientó el intercambio entre las personas invitadas, articulando las reflexiones sobre la construcción de consensos, las responsabilidades estatales y los desafíos para llevar las recomendaciones a la práctica.
La directora ejecutiva de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (GI-ESCR), Camila Barreto Maya, destacó que el financiamiento educativo debe analizarse desde un enfoque de derechos humanos y justicia fiscal, considerando cómo los Estados movilizan y distribuyen sus recursos. Subrayó la importancia del documento regional Sostenibilidad financiera, equidad y eficiencia de la inversión educativa como requisitos habilitantes para la transformación educativa en América Latina y el Caribe, que sitúa los mecanismos innovadores dentro de una agenda más amplia de financiamiento sostenible. El debate consiste en cómo conseguir más recursos, así como en preguntar por “quién financia la educación, con qué reglas y quién o quiénes salen beneficiados o excluidos”, señaló.
Durante el conversatorio, Mariana Huepe, oficial de asuntos sociales de la CEPAL, y Alejandro Vera, especialista de la UNESCO, explicaron cómo ocho instituciones con perspectivas diversas construyeron un marco común mediante el diálogo, la identificación de principios compartidos y la búsqueda de acuerdos sin eliminar las diferencias. Ambos resaltaron que el Estado mantiene la responsabilidad primordial de garantizar el derecho a la educación y que los mecanismos privados deben estar regulados y no sustituir un financiamiento público suficiente y sostenible. Se advirtió que persisten desafíos para cumplir los compromisos regionales, en cuanto a que “la inversión en el sector debía al menos alcanzar el 4% del producto o el 15% de los recursos fiscales”, señaló que un grupo creciente de países de la región no cumple ninguna de estas dos metas.
Por su parte, Juana Barragán, oficial de programa en derecho a la educación de GI-ESCR, estuvo a cargo de la apertura y el cierre de la sesión. Explicó la intención de acercar a un público amplio el debate sobre los mecanismos innovadores de financiamiento educativo, examinar la evidencia disponible y promover una discusión sobre el uso ético y responsable de estos instrumentos, desde la perspectiva de la educación como derecho humano y bien público. Al cierre de la segunda sesión destacó que el consenso constituye una primera etapa y que su incidencia depende de impulsar la difusión del documento y su incorporación en las decisiones políticas.
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