“Lo que más se escucha cuando se pelea por más financiamiento para la educación en nuestra región es que no hay recursos. Esto es una falacia”
25 de septiembre de 2017
En el marco de la inauguración de la Semana Latinoamericana por el Derecho a la Educación, movilización regional impulsada por la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que se celebra bajo la consigna “¡Financien lo justo: Por una educación pública y gratuita para todas y todos”, la Agencia Pressenza dialogó con Camilla Croso, coordinadora general de la CLADE y presidenta de la Campaña Mundial por la Educación.
La entrevista aborda la lucha de la sociedad civil por más recursos para la garantía del derecho a la educación de todas las personas y los retos del financiamiento educativo en América Latina y el Caribe, relacionándolos con la necesidad de presionar también a los gobiernos para que establezcan la justicia tributaria.
¿Cuál es el foco de la lucha por el derecho a la educación en nuestro continente y en el mundo?
En este momento, estamos peleando principalmente por una educación que sea emancipadora, transformadora y garante de derechos. Por un lado, seguimos afirmando que la educación es un derecho humano fundamental. Eso desafortunadamente no es algo obvio, visto que hay una creciente tendencia a la privatización y al lucro en la educación, o de abordar la educación desde una perspectiva asistencialista, pero no como un derecho.
Sentimos que cada vez más el llamado por una educación emancipadora es fundamental, debemos seguir luchando por una educación que conlleve a sociedades más justas y una vida digna. Ese sentido de la educación está en jaque y, por eso, como CLADE queremos estar poniendo mucho más énfasis en los sentidos de la educación, [para resaltar que] la educación en nuestros sistemas debe llevar a cambios sociales.
Siguiendo esa agenda de luchas básicas y al mismo tiempo fundamentales, las estrategias para incidir en las decisiones políticas, tanto nacionales como internacionales, son múltiples. Un espacio clave son las Naciones Unidas. ¿Cuál fue la tarea que se cumplió tanto en el Foro Político de Alto Nivel (HLPF) como en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) y cuáles son los logros?
Esa semana, durante la 72ª Asamblea General de la ONU, fue la segunda vez en la que la CLADE estuvo en [espacios de] las Naciones Unidas en los últimos meses. El HLPF 2017 tuvo lugar en julio y en esta ocasión tuvimos la oportunidad de hablar en una sesión del ECOSOC. Consideramos la ONU un escenario muy importante para nuestra lucha política, siempre cuando la conectamos con nuestras pautas nacionales, y es ese el esfuerzo que hacemos.
Toda la red CLADE se involucra y se prepara para que podamos coordinar nuestros mensajes en esta instancia y compartir lo que estamos observando desde allá. Los planteamientos que llevamos en esas últimas ocasiones tienen tres ejes principales:
- El financiamiento a la educación. Es clave llevar esa pauta, sea en el sentido de un mayor financiamiento (tanto nacionalmente, como resultado de una cooperación internacional), como también toda una cuestión de justicia tributaria.
- La criminalización de las y los estudiantes y docentes. Sus protestas están siendo muy criminalizadas, así como las y los activistas que luchan por el derecho a la educación. Llevamos ese tema a las reuniones en Nueva York y también en Ginebra [Consejo de Derechos Humanos], ya que pudimos llevar la Dra. Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación de Naciones Unidas, a Honduras para que pudiese observar las problemáticas de la educación en el país y en especial lacriminalización estudiantil. La Relatora ha, inclusive, enviado una carta, en conjunto con el Relator Especial de Defensores de Derechos Humanos y el Relator Especial de Libertad de Expresión de la ONU, a las autoridades de Honduras demandando que adopten medidas para superar esta situación.
- Género y educación, donde vemos un retroceso gravísimo. Visibilizamos en la reunión de ECOSOC que en América Latina y el Caribe se está retirando la pauta de la igualdad de género de los currículos y planes de educación.
Sobre la primera de las pautas, ¿podrías profundizar un poco más? ¿Por qué insistir en eso? ¿Cuál es la relación entre la justicia tributaria y el financiamiento de la educación pública?
La relación es bastante grande en el sentido de que lo que más se escucha cuando los actores y los sujetos pelean por más financiamiento en la educación es que no hay recursos, que se está en crisis. Esto es una falacia.
Sabemos que existen recursos y que están destinados a otras prioridades, así que es una cuestión de voluntad política ubicarlos a la educación y otros derechos.. Existen recursos para financiar todos los derechos, el problema es que van destinados a gastos militares, corrupción, entre otras muchas cosas.
Queremos subrayar que si ponemos en marchas políticas de justicia tributaria, van a entrar recursos nuevos de una orden de grandeza importantísima. Entendemos por justicia tributaria la reforma de los sistemas para que las personas más ricas sean más tributadas. Lo que ocurre en la mayoría de los países es que los sectores más pobres son proporcionalmente mucho más tasados que los ricos.
Aún hay toda la cuestión de evasión fiscal. Teníamos que tener mecanismos mucho más firmes y claros para impedir ese tipo de situación. No hay una cobranza fuerte sobre las empresas que dejan de pagar impuestos, la cual haría una diferencia inmensa en la cantidad de recursos disponibles.
También peleamos por eso a nivel internacional, para que se cree un organismo intergubernamental y ese concepto de justicia tributaria pueda tener un objetivo más amplio. Para eso, el gobierno de Ecuador tiene actualmente un papel de liderazgo, queremos acercarnos a él para que podamos, como CLADE, unir nuestros esfuerzos en ámbito internacional.
¿Podrías establecer un diagnóstico de cuáles países están más avanzados o tienen más dificultades en ese camino del financiamiento seguro al derecho a la educación?
Los países que han logrado destinar una inversión mínima del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) para la educación, que es lo que los países han acordado en Lima en el 2014 y después en Nova York y París en el 2015, son Costa Rica, Venezuela, Cuba, Bolivia y Brasil hasta el año 2013, que es el último año con datos disponibles en las bases internacionales. O sea, muy pocos.
De esos países, todos han mantenido ese nivel de inversiones. La excepción es Brasil, donde el presidente en ejercicio cambió la constitución del país el año pasado, de manera a congelar el gasto público en salud, educación y asistencia social por 20 años. Desafortunadamente, la anterior tendencia positiva [de crecimiento de recursos] ahora empieza a retrocederse.
Lo mismo ocurre en Argentina, donde hasta el año pasado se venía subiendo la inversión en educación, llegando muy cerca del 6% del PIB, pero ahora también hay un revés en esa situación.
En términos de porcentaje, son muy pocos los países que alcanzan el acordado. Pero, en CLADE también miramos muchos otros indicadores, y uno de ellos tiene que ver con la disponibilidad de recursos por persona en la edad escolar, considerando pre primaria, primaria y secundaria.
Mirando esa situación nos quedamos muy preocupadas/os. Hay 8 países en América Latina y el Caribe en que observamos que ha aumentado la disponibilidad de recursos por persona en edad escolar entre 1998 hasta el último año reportado por cada país, que varía entre 2013 y 2015. Esos 8 países son Argentina y Brasil – que están revertiendo esa tendencia-, Chile, Costa Rica, Cuba, México, Uruguay y Venezuela. Sin embargo, todos eses países están todavía muy lejos de investir lo que la CLADE está tomando como un valor de referencia, para que podamos tener una base de comparación: US$7221,60, que es el promedio de recursos disponibles por persona en edad escolar para la mitad de los países de menores ingresos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el año 2010. El país mejor situado en nuestra región respecto a esta dimensión de análisis es Costa Rica, que destinó US$3.860,11 por año por persona en edad escolar durante el trienio 2013-2015, valor que apenas supera mitad del valor que tomamos como referente.
Centroamérica es la subregión que dispone de menos recursos por persona en edad escolar, llegando al caso extremo de Nicaragua, donde fueron destinados US$371 por año por persona en edad escolar (alrededor del 5% del valor de referencia) entre 2010 y 2012.
Es cierto que hay una brecha entre la educación de niñas y niños. En ese sentido, ¿podrías decirnos cuál país está mejor situado?
En Latinoamérica, tenemos poca brecha entre las tasas de asistencia escolar de niños y niñas en el caso de la primaria, y en secundaria alta observamos una brecha que desfavorece los niños en lo que toca el acceso. Pero, debemos tener mucho cuidado con este dado, pues puede darnos una impresión equivocada, a la vez que la cuestión de la igualdad de género debe ser tomada desde una perspectiva más cualitativa que cuantitativa. Se trata de los valores y, actitudes que se transmiten en las escuelas respeto a la igualdad de género.
No nos parece que la escuela logre ser transformadora, en el sentido de la superación del patriarcado. En nuestro continente, tenemos un nivel absurdo de feminicidio y una naturalización de las violencias y discriminaciones contra las niñas y mujeres. La escuela hoy no da cuenta de lograr una transformación de pensamiento y conductas en términos de igualdad de género.
Lo que más nos preocupa es que en Brasil, Colombia, Perú y México, entre otros países de la región, avanza una pauta promovida por sectores ultraconservadores respecto a lo que llaman de “ideología de género”, distorsionando lo que es de hecho la igualdad de género, un derecho humano fundamental consolidado en tratados y convenciones, con amplia legislatura en todos los niveles. Son grupos con mucha influencia política que están logrando retirar de los currículos referencias a la igualdad de género, llegando a impedir que se hagan discusiones sobre género y educación en las escuelas. En el caso de Perú, el Ministerio de Educación quiere promover ese derecho, desde el currículo de la educación básica nacional, pero sectores de la sociedad civil del país quieren impedirlo, moviendo acciones judiciales en su contra. Este es un gran motivo de preocupación en nuestra región.
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