Significa reconocer que los impactos de la crisis climática y las acciones ligadas al ambiente no afectan a todas las personas de la misma manera, poblaciones históricamente vulnerabilizadas sufren más intensamente con los fenómenos climáticos extremos y violaciones de sus derechos vinculadas a la explotación del ambiente. El concepto fue consolidado por resoluciones de las Naciones Unidas en 2021 y 2022 y reafirmado por el Comité de los Derechos del Niño en 2023, afirmando que todas las personas tienen el derecho a un medioambiente seguro, limpio y saludable, y que los grupos más afectados deben tener voz activa en las decisiones sobre sus territorios y sus futuros. Promover la justicia ambiental también implica responsabilizar a quienes más han contaminado y se han beneficiado a lo largo de la historia, y por otro lado, garantizar que la transición ecológica sea justa y democrática. Así, la justicia ambiental se define típicamente como justicia distributiva, es decir, la distribución equitativa de los riesgos y beneficios ambientales. Algunas definiciones abordan la justicia procesal, que es la participación justa y significativa en la toma de decisiones. Otras enfatizan la justicia de reconocimiento, que es el reconocimiento de la opresión y la diferencia en las comunidades de justicia ambiental.
