Permite dar cuenta, por un lado, si la educación que recibe la ciudadanía y los habitantes de una nación es pertinente para garantizarles una vida digna y por otro, de la forma en que el Estado crea las condiciones materiales e inmateriales para garantizar por medio de la educación el ejercicio de los demás derechos humanos de acuerdo al principio de indivisibilidad de los derechos. Implica una plena cobertura en toda la educación formal incluyendo primera infancia, preescolar, primaria, secundaria, universitaria, terciaria, técnico y no formal, adaptada a las necesidades de la población y su integración plena a la vida económica, social en su contexto y cultura. La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la sociedad y comunidades en transformación y responder a las necesidades de sus estudiantes en contextos culturales y sociales variados.
