“No hay institución en Chile que realice un seguimiento de las vulneraciones de los derechos humanos en la educación. Las organizaciones de derechos humanos se encuentran precarizadas y no logran dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestras escuelas y liceos”. Esto afirmaron organizaciones y actores educativos durante el encuentro de la Mesa de Seguimiento de las vulneraciones al Derecho a la Educación, cuyos debates, reflexiones y recomendaciones fueron sistematizados en el informe “Derechos Humanos y Educación”. Mesa Seguimiento al Derecho a, de y desde la Educación en Chile, publicado en junio de este año.
Formada por organizaciones como la Red contra la represión a estudiantes y el Foro por el Derecho a la Educación Pública de Chile (FODEP), la Mesa de Seguimiento a las vulneraciones al Derecho a la Educación tiene el objetivo de monitorear las múltiples vulneraciones del derecho en las comunidades educativas, particularmente después del 18 de octubre de 2019, día del estallido social y posterior revuelta popular en Chile, donde toda forma de protesta social, particularmente en escuelas y liceos, se vio afectada por mayores medidas de represión y persecución.
Con análisis de entrevistas con especialistas y actores educativos, de información de medios de prensa y redes sociales y de datos de la Superintendencia de Educación, el informe afirma que la crisis estructural del sistema educativo en Chile está lejos de garantizar el derecho a, en y desde la educación. “A partir de este informe se puede dar cuenta de una vulneración diversa y sistemática desde la institucionalidad que ha impactado transversalmente a las comunidades educativas”, se sostiene en el texto.
El documento también presenta un diagnóstico de que el sistema educativo chileno actúa bajo una lógica autoritaria. “Esto impacta negativamente a las comunidades educativas, ya que no existen espacios de participación en la toma de decisiones en temas fundamentales, tales como: la convivencia escolar, el financiamiento, el currículum, la gestión y administración de un espacio educativo. En consecuencia, no existe una participación efectiva de la comunidad educativa, clave para el ejercicio pleno de un derecho humano fundamental como es la educación”.
