En las últimas semanas, estudiantes de secundaria de Costa Rica, principalmente que viven en zonas de mayor exclusión social, se han manifestado en contra de las políticas públicas y leyes promovidas actualmente por el gobierno nacional.
Las y los estudiantes se oponen a la propuesta del gobierno que quiere establecer la educación dual, por la cual empresas pasarían a escoger centros educativos públicos, para con ellos ejecutar programas de formación, condicionando estudiantes de secundaria a ser mano de obra barata.
Desde la Asamblea Legislativa se promueve el proyecto de ley para la Promoción y Protección de Personas Jóvenes que crea la figura de “contrato de aprendizaje”, con el objetivo de regular la relación laboral entre personas con entre 18 y 25 años, y empresas privadas empleadoras, las que obtendrán una serie de beneficios, claramente desproporcionados, con su implementación. Dichos beneficios se describen en el artículo 9 y son aplicables solamente a las remuneraciones correspondientes a los contratos de aprendizaje:
- Por la contratación de hasta un 25% de su personal bajo esta figura, se les reconocerá una deducción en el impuesto de la renta.
- No pagarán durante la vigencia del contrato lo correspondiente el aporte establecido en el artículo 15 de la Ley N.o 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
- No pagarán durante la vigencia del contrato lo correspondiente al aporte establecido en el penúltimo párrafo del artículo 15 de la Ley N.o 6868, Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje.
- Pagarán durante el primer año de vigencia del contrato el 25,0%, el segundo año de vigencia el 50,0% y durante el tercer año de vigencia el 75,0% de los aportes correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social y de la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, de 16 de febrero de 2000.
“Las personas jóvenes contratadas bajo esta modalidad laboral se convierten en aprendices y como tales recibirán como pago, durante la vigencia de toda la relación contractual, una remuneración mensual que el primer año será del 50,0%, el segundo año 65,0% y el tercer año será del 80,0% de un salario mínimo mensual de acuerdo con cada puesto y su respectiva categoría salarial. Esta situación les pone en una situación de discriminación laboral por condición etárea, respecto de otras personas trabajadoras”, afirma Nora González Chacón, coordinadora de la Agenda Ciudadana por la Educación (ACED), miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) en Costa Rica.
La población que sería objeto de la propuesta de ley serían jóvenes con entre 18 y 25 años de edad. Según datos de la Encuesta Continua de Empleo (EEC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica, el 14,62% de las personas de este grupo de edad están desempleadas, lo que en números absolutos se refiere a 95,333 jóvenes – 6 de cada 10 con un nivel de instrucción de secundaria incompleta o menos.
“Huelga agregar que esta población estaría en un grupo de edad en donde corresponde cursar estudios superiores, ello según la expectativa de una trayectoria educativa normada. Sin embargo, como los datos muestran, estas personas en su mayoría no han logrado concluir la secundaria. En este sentido, una ley que promueva la formación y/o aprendizaje laboral sin la conclusión de los estudios formales, agudizará la exclusión educativa observada en el país. El proyecto de ley buscaría atender a un sector con potencialidad de insertarse en ocupaciones que, por una parte, están precarizadas y, por otra, son elementales y no requieren de un proceso de formación de uno a tres años para ser aprendidas por quienes las desempeñan”, explica Nora González Chacón.
Sociedad dividida
Aunque las protestas defiendan derechos de las y los estudiantes, también destacan una línea moralmente conservadora. Las y los manifestantes se oponen a la creación de baños inclusivos en los liceos públicos, en los cuales no se especifique si son de género masculino o femenino. La medida, defendida por la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans), tiene como propósito la inclusión de personas transexuales y es una propuesta del Ministerio de Educación del país.
Tras las manifestaciones, el ministro de Educación, Edgar Mora, renunció a su cargo el lunes (1º de julio).
Nora González Chacón cuenta que las manifestaciones partieron de un contexto de fuerte polarización existente en el país desde el año pasado, cuando tuvieron lugar las elecciones nacionales para la presidencia y el poder legislativo.
Cuando se debatieron cuestiones como la aprobación del matrimonio igualitario a personas del mismo sexo, dividieron el país entre quienes defienden los derechos humanos y aquellas/os que están a favor de ideas defendidas por fundamentalistas neopentecostales, contrarios al debate sobre igualdad de género desde la educación y otros campos de las políticas públicas.
“Eso generó una fisura muy grande, a partir de la cual en las escuelas y colegios se han generado ideas que en América Latina han resurgido con el lema ‘a mis hijos los educo yo’, las cuales se oponen al aborto, por ejemplo. En estas condiciones, se han dado estas peleas. Me parece que [en Costa Rica] es algo particular porque, por un lado, a pesar de ser tan conservadores, están en contra de la educación dual, pero a nivel moral generan y reproducen estas condiciones fundamentalistas, contrarias a los derechos humanos”, dice Nora.
Escucha las declaraciones de la coordinadora de la ACED:
Protestas de docentes
Durante el mes de junio, se realizaron huelgas y protestas de docentes contra políticas consideradas neoliberales y dañinas para derechos de trabajadoras y trabajadores de la educación de Costa Rica. Al menos 56 estructuras regionales de agrupación del sector educativo en el país participaron en las manifestaciones callejeras y paros. Las educadoras y los educadores denuncian que se están consignando leyes que podrían eliminar el derecho a la huelga, criminalizar la protesta social y afectar pensiones, salarios y una serie de beneficios del magisterio.
De acuerdo a informaciones de la Agencia Prensa Latina, el 25 de junio, afiliadas y afiliados de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica impulsaron una quinta jornada de huelgas contra estas políticas y la reducción del presupuesto educativo en el país.
Un reportaje de Voces Nuestras, radio miembro de ALER en Costa Rica, informa que el gobierno y parlamentarias/os del país impulsan 7 proyectos de ley que buscan la flexibilización laboral, con la permisión a que se disminuyan costos para empresas en desmedro de derechos de trabajadoras y trabajadores, el recorte de la jornada laboral, y hasta la prohibición de la huelga.
